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06mar08
Defensa ocultó un mes el hallazgo de la fosa común en Alcalá de Henares
El Ministerio de Defensa se ha visto obligado a confirmar a ABC el hallazgo de una fosa común con restos humanos en Alcalá de Henares, que pudiera pertenecer a la Guerra Civil, como desveló ayer este periódico. Defensa, que, en un primer momento no quiso admitir los hechos, asegurando que los desconocía, ha ocultado durante casi un mes este hallazgo.
Este departamento ministerial se limitó ayer a afirmar que el asunto estaba «judicializado» y que un juez togado militar se había hecho cargo de la investigación de los «huesos y restos encontrados». Además, puntualizó que hay que esperar a que finalice la investigación para conocer la procedencia de los restos. No quisieron confirmar si los restos encontrados pertenecían al menos a cinco o nueve personas.
Sin embargo, ABC sí que ha tenido acceso al acta que levantó la Policía Judicial el pasado día 11 de febrero, cuando se descubrieron estos restos. En dicha acta se constata que el descubrimiento tuvo lugar mientras se realizaban unas obras en la Unidad de Servicios de Base (USBA) «Primo de Rivera» de la Brigada Paracaidista (Bripac) en Alcalá de Henares. Los trabajos se concretan en la construcción de un muro perimetral en el noroeste de esta base militar. La obra se estaba realizando con una máquina excavadora, pero los operarios que se encontraban presentes no se dieron cuenta, en un primer momento, de la presencia de estos restos. Fue posteriormente cuando un civil y un soldado, destacados en el acuartelamiento, los descubrieron.
En manos de un juez militar
Estos hechos se pusieron en conocimiento de los mandos de este cuartel, que dieron traslado al Juzgado Togado Militar Territorial número 11, cuyo titular se personó en la zona, junto con agentes de la Policía Judicial, un médico forense y un secretario judicial de Alcalá de Henares.
El magistrado procedió a recoger los restos óseos y ordenó la paralización de las obras para que se realizara un análisis profundo del terreno, que ahora está cubierta con plásticos. Además, ha abierto unas diligencias previas para esclarer las circunstancias de este hallazgo.
Uno de los datos que más llaman la atención de las circunstancias que están rodeando la investigación de estos hechos es que, según fuentes judiciales consultadas por ABC, otra irregularidad que se podría cometer es que el asunto esté en manos de un juez togado militar, y no civil. Según la Ley Orgánica de Jurisdicción Militar 4/1987 de 15 de julio, los jueces militares sólo son competentes para juzgar los delitos del Código Penal Militar cometidos por militares. En este caso, no se trata de un delito recogido por esta legislación militar, según las mismas fuentes.
Las primeras impresiones sobre el terreno apuntan a que podría tratarse de una fosa común de la Guerra Civil y que los cuerpos habrían sido arrojados a la fosa y no colocados ordenadamente en el fondo de la misma. Incluso, se baraja la hipótesis de que se trate de una fosa abierta y cerrada sucesivamente varias veces, para acumular en ella nuevos cadáveres.
La importancia de este hallazgo es que Alcalá de Henares fue durante la contienda zona republicana y en esta zona fueron asesinados más de cuatrocientos sacerdotes, seminaristas y seglares. Igualmente, en Alcalá de Henares, en junio de 1937, fue detenido, torturado y asesinado el líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (Poum), Andreu Nin, y cuyo paradero se desconoce.
El silencio oficial sobre el descubrimiento de esta fosa común abre una serie de incógnitas sobre el incumplimiento, por parte del Gobierno socialista, de la Ley de Memoria Histórica, en la que el Ejecutivo de Zapatero se comprometía a facilitar toda la información disponible sobre los terrenos en se localicen restos de víctimas de la Guerra Civil.
Acceso de los ciudadanos
En su artículo 12, la Ley indica que el Gobierno «elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones». Igualmente, «elaborará y pondrá a disposición de todos los interesados mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos, incluyendo toda la información complementaria disponible sobre los mismos».
Finalmente, y entre otras disposiciones, este texto legislativo afirma que «el Gobierno determinará el procedimiento y confeccionará un mapa integrado que comprenda todo el territorio español, que será accesible para todos los ciudadanos interesados y al que se incorporarán los datos que deberán ser remitidos por las distintas Administraciones públicas. Las áreas incluidas en los mapas serán objeto de especial preservación por sus titulares en los términos que reglamentariamente se establezcan».
[Fuente: Por Paloma Cervilla, ABC, Madrid, Esp, 06mar08]
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