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03jun13
El PSPV pide 15 años de cárcel y 30 de inhabilitación para Rafael Blasco
El PSPV pide 15 años de cárcel para el ex conseller de Cooperación, Rafael Blasco, y otros 42 de inhabilitación por su presunta implicación en el desvío de fondos públicos destinados a ayudas al Tercer Mundo.
Blasco, conseller con todos los gobiernos de la Generalitat (incluido el del socialista Joan Lerma), ex portavoz parlamentario del PP valenciano y aún diputado autonómico en el grupo 'popular', está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por su presunta participación en la trama.
Por el delito de tráfico de influencias los socialistas piden una pena de un año de prisión, una multa de 1.900.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de 6 años.
Por el delito continuado de prevaricación, 10 años de inhabilitación, y por el de malversación de caudales públicos, 8 años de cárcel y otros 20 de inhabilitación absoluta.
Por último, solicitan para Blasco 6 años de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros e inhabilitación especial durante 6 años.
Los socialistas reclaman la misma condena para la ex secretaria general administrativa de la extinta Conselleria, Agustina Sanjuán.
El PSPV también pide 6 años de prisión y multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros e inhabilitación especial por 6 años para el ex subsecretario de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, Alejandro Català, y para el director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep Maria Felip.
Para el empresario Augusto César Tauroni, señalado como el cabecilla de la trama, los socialistas valencianos, piden también 15 años de cárcel: 4 por un delito continuado de fraude de subvenciones, 3 por falsedad documental y 8 por malversación de caudales públicos.
Fin de la instrucción
El pronunciamiento de los socialistas valencianos, que son la acusación popular en el proceso, llega diez días después de que la juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Pía Calderón cerrara la instrucción de la primera de las dos piezas del llamado caso Cooperación con un auto que ya era demoledor para el ex conseller de Cooperación.
La magistrada le acusa de autorizar, en colaboración con otros altos cargos de la Conselleria, "la creación de las condiciones necesarias para que se sustrajeran importantes cantidades de dinero y permitido por acción u omisión dicha sustracción".
Se refiere a los 1,8 millones de euros que la Fundación Cyes -que no tiene ninguna relación con la constructora del mismo nombre- recibió en 2008 para la ejecución de dos proyectos solidarios en Nicaragua y de los que sólo un 3% alcanzaron su destino final.
En calidad de inductor, el ex conseller está imputado también por un delito de falsedad documental ante la constatación de alteraciones de documentos oficiales y expedientes que ejecutaron otros altos cargos de este departamento, también procesados.
Dentro de la propia Conselleria, según el relato de la juez, "se diseñó una actuación compleja" para sortear los controles internos para la concesión y justificación de ayudas. Entre ellos, la Comisión Técnica que debía valorar las propuestas de las ONG que optaban a éstas.
'Perseguir y denunciar a Blasco
La secretaria general del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, ha pedido a los diputados del PP que "persigan y denuncien" a Blasco hasta tirarlo del grupo 'popular' en las Cortes.
Según explica Barceló, "es Fabra a quien le corresponde echar a Blasco, porque es repugnante lo que ha hecho con los fondos de Cooperación". En esta misma línea, critica que el presidente de la Generalitat "no sea capaz de tomar ni una sola decisión sin esperar a que actúen los tribunales".
Así, ha recordado que la instrucción del caso ha concluido con el procesamiento de nueve personas, entre ellas el ex conseller Rafael Blasco, cinco funcionarios de la misma conselleria y tres responsables de las fundaciones. "Todos ellos organizaron ad hoc un entramado para desviar fondos de cooperación de los legítimos fines a los que estaban destinados para obtener un rendimiento propio", ha apuntado Barceló, quien ha afirmado que "la ciudadanía condena y ha condenado estos hechos y a los autores, quienes sin escrúpulos utilizaron dinero destinado a los más necesitados para engrosar sus patrimonios".
[Fuente: Por Héctor Sanjuan y Rodrigo Terrasa, El Mundo, Madrid, 03jun13]
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