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02sep08
Truculenta garzonada
Preguntado sobre si la Ley de Memoria Histórica había resucitado los fantasmas del pasado, Zapatero respondía el pasado domingo a este periódico: "No ha pasado nada porque no era contra nadie".
Resulta difícil saber si esta ley ha influido en Baltasar Garzón, pero el hecho es que el juez de la Audiencia Nacional vuelve a agitar esos duendes macabros al abrir una especie de macroinvestigación judicial sobre los crímenes cometidos por el llamado bando «nacional» durante la Guerra Civil y la primera época del franquismo. Por la forma como está redactado su escrito, se puede deducir que Garzón excluye los asesinatos cometidos bajo cobertura del régimen republicano.
Garzón ha enviado providencias a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Córdoba y Granada y ha pedido la colaboración de nada menos que 22.800 parroquias y diversas instituciones, solicitando las listas de desaparecidos durante ese periodo. No explica con qué propósito, pero se supone que su petición se inscribe en el marco de una investigación penal a raíz de varias denuncias presentadas en la Audiencia Nacional.
La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931. La Causa General de Franco fue, sobre todo, un acto propagandístico para intimidar a los vencidos. Es difícil saber qué se propone Garzón, pero todo indica que intenta recuperar el protagonismo perdido en los medios de comunicación.
Ni que decir tiene que estamos ante una iniciativa truculenta sin ninguna posibilidad de prosperar. En primer lugar, porque Garzón no es competente para investigar estos crímenes. Y, en segundo lugar, porque la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en octubre de 1977, ponía punto y final a cualquier tipo de responsabilidad penal por delitos políticos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976, fueran de la gravedad que fueran. Así se lo ha recordado un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Además, la investigación de esas desapariciones exigiría ingentes recursos humanos y materiales, de los que el sistema judicial no dispone.
A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales. La realidad es que, entre sus viajes a Latinoamérica para denunciar los crímenes de las dictaduras, sus conferencias, sus libros y la realización de documentales, apenas le quedan ya horas para realizar su trabajo. Seguramente por eso ha sido incapaz de investigar quién dio el chivatazo a los recaudadores de ETA, no tuvo tiempo de transcribir la cintas de los islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M y ha dejado enormes lagunas en casi todos los sumarios que ha instruido.
Esta última de sus garzonadas ni siquiera puede ser tomada en serio. Es un puro disparate sin opción alguna de salir adelante. Sería cuestión de olvidar este despropósito si no fuera porque hace un tremendo daño a la Justicia y a la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial debería intervenir para poner en su sitio a Garzón, al que le han permitido ya demasiados excesos.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, Esp, 02sep08]
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