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04abr11
Los imputados en ‘Malaya’ se frotan las manos por las ‘absoluciones’ del caso Ballena Blanca
La sentencia del caso Ballena Blanca va a sentar jurisprudencia. Los letrados que defienden a los imputados del caso Malaya acudieron este lunes por la mañana a la Ciudad de la Justicia para seguir la vista del proceso por blanqueo de capitales. Y terminaron frotándose las manos. Era el primer día después de que la Audiencia Provincial convirtiera el gran escándalo de blanqueo en la costa del Sol en una las providencias judiciales más polémicas que se recuerdan: solo cinco de los procesados deberán cumplir penas leves.
El letrado de uno de los acusados más relevantes del proceso, Horacio Oliva, definió el varapalo judicial a la perfección: “¿Recuerda usted que le dije que la Ballena Blanca se iba a quedar en Chanquete? -afirmó, sonriendo-. Pues bien, después de esta sentencia, la del caso Malaya solo va a ser una leve tormentita de verano”.
Las defensas lo tienen claro. Tan claro, que abruma. De hecho, Rocío Amigo, la abogada de Juan Antonio Roca, aprovechó para verter ríos de tinta al cuestionar las intervenciones telefónicas que se practicaron a su defendido y espetó sobre los indicios que llevaron a la Policía a hablar de "estructura criminal". La letrada se escudó en la sentencia de Ballena Blanca, donde han quedado invalidadas todas las escuchas telefónicas.
Los pasillos de la Ciudad de la Justicia se convirtieron en un hervidero: era día de firma de todos los imputados y los chascarrillos estaban asegurados. Había buen ambiente, y las zonas comunes se masificaron. Por el jolgorio entre los presentes, parecía que el dictamen de la sentencia de Ballena Blanca hubiese sido la propia sentencia de los acusados de Malaya. Uno de los concejales procesados decía socarronamente: “Quillo, pero si al final lo mejor que nos ha podido pasar es tener “al intelectual de Torres como Juez. Gracias a sus “cagadas” ahora no tienen por donde coger esto. San Miguel Ángel bendito…”.
En otros corrillos más serios algunos comentaban que no basta con que un equipo policial o un fiscal tengan sospechas de que alguien ha cometido un delito. Se deben aportar pruebas consistentes para convencer al tribunal de que dichas sospechas responden a la realidad; en “el caso de la Ballena las pruebas eran pura gelatina”.
El juez Torres por los suelos
Desde que comenzó el proceso de Malaya, las defensas han pedido por activa y pasiva la nulidad de las escuchas. Pero ahora se reafirman con más firmeza en base a la sentencia de Ballena Blanca. En ella, la Audiencia reprocha al juez Miguel Ángel Torres haberse guiado por sospechas no probadas, insuficiente documentación y valoración excesiva de las labores de Inteligencia. El peor golpe es la anulación las escuchas telefónicas contra los implicados. En su día, Ballena Blanca fue presentado como el mayor golpe al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas jamás realizado en España: 50 detenidos, 250 propiedades inmobiliarias intervenidas y una estimación de 250 millones de euros lavados por la trama.
Sin embargo, todo este enjambre se ha quedado sin miel. La Audiencia de Málaga, con las pruebas inculpatorias que tenía en su haber, ha tenido que dictar sentencia condenando a penas menores a cinco de los diecinueve acusados y absolviendo a los restantes. El juicio ha terminado en agua de borrajas. La Sala que juzgó el caso ha criticado la labor del juez instructor Torres, el mismo del caso Malaya. Tampoco ha dejado en buen lugar al fiscal López Caballero, ni siquiera a los propios investigadores policiales que se encargaron de la causa. Los ánimos están caldeados contra la Policía y en la vista se notó. El mismísimo juez José Godino tuvo que regañar varias veces a uno de los letrados, por el trato airado que le daba a uno de los policías que prestaba declaración. El magistrado tuvo que recordarle que era "un testigo y no un procesado”, y que debía moderase.
Las pruebas de la Fiscalía que no dejaron ver
La Fiscalía sabe el agravante que puede suponer la sentencia de Ballena Blanca en relación con el caso Malaya. Es por ello que va recurrir el caso ante el Tribunal Supremo. El recurso de casación se basara en la interpretación jurídica que ha hecho el tribunal de los delitos que planteaban. El Ministerio Publico se queja de que la Sala de Ballena Blanca no les dejo utilizar determinados elementos de prueba, tal como el material del procedimiento que se halló con posterioridad al inicio del juicio entre la documentación del caso Malaya o el uso de las pruebas tecnológicas, entre ellas, el contenido del ordenador del letrado Fernando del Valle.
La Fiscalía es consciente de que este recurso de casación ante el Supremo tiene pocas oportunidades de prosperar. Los hechos que se consideran probados en la sentencia ya son prácticamente inamovibles, por lo que la discusión tiene necesariamente que quedar circunscrita a cuestiones meramente jurídicas. El principal implicado en la trama, el abogado Fernando del Valle, también recurrirá la condena ante el Tribunal Supremo. El letrado alega que dicha reclamación ira en base a que no existen los delitos que se le imputan. Del Valle considera que la sentencia ha supuesto un "varapalo importantísimo para la Fiscalía", ya que le reclamaba 17 años de prisión por 13 delitos continuados de blanqueo, ocho fiscales, 142 falsedades y otro contra la Administración de Justicia. Finalmente, ha sido condenado a seis años de prisión.
[Fuente: Por Amparo de la Gama, Marbella, El Confidencial, Madrid, 04abr11]
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