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30dic04
Salamanca valla el archivo y anuncia una «dura y larga» batalla judicial.
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El portavoz del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, explicó ayer que las vallas que rodean la fachada del Archivo de la Guerra Civil y que ahora mismo impedirían un acercamiento de vehículos hasta las puertas del centro documental se han colocado para proceder a la «reparación de baldosas del suelo».
Rodríguez confirmó que operarios del Ayuntamiento habían comprobado el mal estado de las baldosas por lo que han procedido a su reparación en el «ejercicio de sus competencias». La protección que se ha colocado solo permite el paso de peatones a través de un espacio estrecho y hacia el interior del museo por una zona libre de vallado frente a la puerta principal. Detrás de las vallas, se pueden apreciar algunas baldosas que han sido retiradas y otras que están apiladas a la espera de que se realice el cambio que ha ordenado el Ayuntamiento.
Fernando Rodríguez también ha augurado que la salida de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil estará precedida «de una batalla y un panorama político, judicial e institucional tremendamente duro y largo».
Rodríguez advirtió que «se mirará todo con lupa, hasta el último detalle», por lo que el ministerio de Cultura tendrá «importantes dificultades para plasmar la fórmula en que se van a devolver los documentos» a Cataluña. Rodríguez avanzó que «habrá una batería de medidas para impedir físicamente la salida de los documentos».
Según él se iniciará un proceso judicial que puede dilatarse varios años, lo que «tendría que impedir la salida de los documentos». Cualquier movimiento tendrá que respetar la Constitución, las leyes estatales y autonómicas en materia de Patrimonio y la normativa municipal de Salamanca, subrayó.
También recordó que el Consistorio está obligado a preservar «su patrimonio frente a agresiones, y por lo tanto la decisión del ministerio puede abrir el camino hacia la desaparición del Archivo, que aunque nacional, forma parte de nuestro patrimonio».
Entre las medidas no descarta la defensa física: «No queremos llegar a lo que dijo Málaga», en alusión a Jesús Málaga, alcalde del PSOE en 1995, «de que si se llevaban documentos sería con violencia».
La convocatoria de una manifestación popular es otra de las opciones: «Es un cartucho que sólo se puede usar una vez y se hará en el momento oportuno». El portavoz criticó el dictamen de la comisión que «ha seguido una ruta política». También se ha referido a Federico Mayor Zaragoza, porque la actuación del ex director general de la Unesco «es muy negativa, y un señor que ha desempeñado un cargo como ese no debe prestarse a esta mascarada».
Y señaló que «ha habido irregularidades en la comisión por todos los lados, y será un tema que se verá en los tribunales».
La ministra de Cultura, Carmen Calvo declaró ayer que «el Gobierno cierra un conflicto» que permanecía abierto desde hace más de 20 años. Luego afirmó que no teme las acciones judiciales del PP ni una «avalancha» de reinvidicaciones por parte de organismos públicos y particulares. Calvo recordó asimismo que el primero que demandó la devolución de documentos de este tipo fue Manuel Fraga a Adolfo Suárez.
Según informa «Abc», la propia ministra de Cultura cuando era consejera en la Junta de Andalucía hizo con el Archivo de Medinaceli lo que hoy ve «inconstitucional» en el de Salamanca. El 29 de julio de 1997, la consejera de Cultura resolvió inscribir con carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en la categoría de Monumento, el inmueble denominado Casa de Pilatos, en Sevilla y sus bienes vinculados: los fondos documentales del Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli para impedir su traslado a Toledo. Calvo llegó a promulgar dos años después una modificación en la Ley de Archivos de Andalucía por el cual se evitaba cualquier traslado de documentación fuera del territorio andaluz con independencia de su origen o titularidad.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, consideró ayer una «pésima decisión que viene a confirmar que es un Gobierno débil e inestable» y criticó que Jesús Caldera, ministro de Trabajo, se pliegue a los intereses partidistas y que olvide lo que dijo en el pasado: «Tendrán que pasar por encima de mi cadáver antes de que salga ningún documento».
Rajoy dijo que «es una «demostración de que hay quien quiere crear problemas donde no los ha habido», además de «humillar al conjunto de un pueblo como es el de Salamanca y Castilla y León». Asimismo, insistió en que «es un error» que a su juicio «no beneficia a Cataluña, ya que va a generar muchas tensiones, protestas y manías que nada tienen que ver sobre el conjunto de Cataluña».
Y acusó al Gobierno de estar sujeto «a los caprichos de unos señores a los que sólo les importa sus propios intereses», así como de «estar condicionado por las genialidades que se le ocurran a Carod Rovira».
[Fuente: La Razón, Madrid, Esp, 30dic04]
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