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30dic04
El jardín del archivo.
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La decisión del Gobierno de devolver a la Generalitat catalana los documentos de la Guerra Civil, que se encuentran en el Archivo de Salamanca, ha lanzado por una pendiente una bola de nieve de posibles agraviados. Comunidades autónomas -como el País Vasco-, ayuntamientos, partidos políticos o particulares ya se disponen a reclamar «lo suyo».
Aunque en muchos de los casos no sepan exactamente qué es lo que demandarán y con qué argumentos, ya que, por ejemplo, en el caso de los particulares deben de tener la declaración de herederos, representantes de la ciudadanía como la ministra de Cultura, Carmen Calvo, afirma ufana que «se ha cerrado un conflicto de más de 20 años».
En realidad, lo que parece claro es que se han abierto, de par en par, las puertas del jardín del Archivo para todo tipo de reinvidicaciones. La unidad se ha perdido. La disgregación de los documentos está servida. Al igual que Calvo, otros intentan argumentar que «las cosas ahora serán mejor», como el presidente de la llamada Comisión de Expertos sobre el Archivo de Salamanca, Federico Mayor Zaragoza, que apuntó ayer que la «devolución» de los documentos a Cataluña «abre la posibilidad de tener un gran archivo» si se recuperan los papeles sobre el conflicto que se encuentran fuera de España.
Los «expertos», que dieron una solución política a un problema político, por más que el Gobierno quiera hacer creer que se comportaron con exquisita independencia, han dado una de cal a la unidad del Archivo, y ahora, por boca de su presidente, Mayor Zaragoza, dan la de arena al afirmar que «buena parte» de los documentos de la Guerra Civil se hallan fuera de España, y «lo que hay que hacer, es recuperarlos todos y hacer un gran Archivo de Salamanca».
Desde el Ejecutivo se ha decidido rebajar la tensión sobre este asunto, argumentar que no es tan importante lo que se ha cedido ante ERC. Una estrategia que pretende desdramatizar el contencioso de la mano de la tecnología, cuando subraya Mayor Zaragoza que, a través de copias digitales, se puede mantener unido el Archivo. Se supone que ese argumento vale también para la otra parte. ¿O éso no contenta a ERC?
La Junta, el alcalde charro y la Universidad salmantina han denunciado la «encerrona» de la comisión de expertos y anunciado respuestas políticas, legales y jurídicas. Más allá del supuesto cientifismo con que el Gobierno y sus socios de ERC pretenden adornar la «vuelta» de los «papeles», resulta evidente que todo esto es pura política cuando se recuerdan las palabras del salmantino ministro Jesús Caldera en las que afirmaba que los documentos saldrían por encima de su cadáver.
Está en las hemerotecas.
[Fuente: La Razón, Madrid, Esp, 30dic04]
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