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16sep05
El Senado aprueba la devolución a Cataluña de los 'papeles' de Salamanca.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los votos en contra del Partido Popular, el proyecto de ley para devolver a la Generalitat de Cataluña los documentos aprehendidos durante y tras la Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca. "Una restitución justa para la Generalitat", dijo la ministra de Cultura, Carmen Calvo. En el mismo sentido se expresó la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, que aseguró que espera que los papeles lleguen a Barcelona en Navidad, y que apoyará la devolución de todos los documentos a los ayuntamientos y otras entidades en la ley de la memoria histórica.
Tras conocerse el resultado de la votación -193 votos a favor y 134 en contra-, los diputados de los grupos que habían votado a favor se pusieron en pie aplaudiendo en dirección a la tribuna donde se encontraba la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, y la veintena de miembros de la Comisión de la Dignidad, la plataforma cívica que ha capitalizado la reivindicación de los papeles en Cataluña. Se ponía así punto final a un contencioso "prolongado durante 30 años", según añadió la ministra de Cultura nada más aprobarse la ley, que incluye también las reivindicaciones individuales de los ciudadanos que así lo requieran y la creación de un Centro Documental de la Memoria, que servirá para reunir nuevos documentos sobre la represión franquista.
La ley por la que se establece la devolución de parte del archivo salmantino a la Generalitat pasa ahora al Senado, donde podrían presentarse nuevas alegaciones, pero el tono general ayer era de confianza total en que prosperará. Salvo el PP que, una vez más, se quedó solo en el Parlamento, en esta ocasión argumentando que se desmantela un archivo por la necesidad de cumplir con el tripartito, el resto de los grupos presentes en la Cámara expresaron su satisfacción por lo que consideran "un acto de justicia" y un "momento histórico".
Quizá lo fuera, pero apenas un puñado de diputados escuchó las enmiendas presentadas por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios antes de la aprobación de la ley, y algunos parecían más ocupados en hablar por el teléfono móvil que en escuchar al adversario político.
Para el Grupo Mixto, el texto de la ley se queda corto porque no reproduce la misma situación de justicia para otras comunidades. Y el grupo vasco tampoco da por cerrado el caso: "Seguiremos reclamando en el futuro lo nuestro para que en el plazo más corto posible esa documentación pueda estar en el Archivo Histórico Nacional Vasco".
'Papeles' para todos
Los bancos del Gobierno y la oposición se llenaron después para la votación final. Calvo no intervino en el pleno en el que participaron los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para explicar sus enmiendas y su posición ante la ley, pero al concluir la votación aclaró que el escenario parlamentario es el mejor para debatir cualquier cuestión y criticó duramente al PP en lo que calificó como "demagogia". "Han desoído la historia y han enfrentado a castellano-leoneses con catalanes".
La ministra se mostró tajante al asegurar que el Gobierno va a aplicar esta ley, pero en ningún caso las enmiendas que fueron denegadas y en las que se pedían, según los grupos de que se tratase, papeles para todos. "Lo que pide la Generalitat son documentos esenciales de su memoria y su identidad como comunidad autónoma. Devolvemos los papeles a una institución que existía durante la II República", añadió. La posición de la ministra sobre las peticiones de nuevas devoluciones de documentos al Gobierno vasco o a los ayuntamientos de Cataluña, Valencia y Aragón fue tajante. "Damos el tema por cerrado; si hubiéramos querido aceptar otras peticiones, las hubiéramos realizado. El Gobierno vasco pide documentos que tienen que ver con el País Vasco, pero no con su Estatuto de Autonomía, parte esencial de existencia como comunidad autónoma".
Frente a las acusaciones del PP, que califica la devolución de los papeles como la desmembración del archivo, la idea de la responsable de Cultura es que en adelante se mejorará el Archivo de la Guerra Civil con la creación del Centro Documental de la Memoria, que empezará por duplicar su capacidad y su personal. "No es verdad que sólo vayamos a aportar copias de documentos, aunque lógicamente los rusos no nos van a dar fondos originales. Tampoco nosotros se los daríamos a ellos", zanjó Calvo, quien se apresuró a aclarar que, en el caso de la Generalitat, "sí se entregan documentos originales porque van de Salamanca (España) a Barcelona (España), y lo justo es que tengan los originales".
Su idea es que en adelante la ley no se va a parar: "Quien decide es el Gobierno. Ya en su día, la Audiencia se pronunció en contra de la inmovilización de los fondos". Los papeles que deben partir hacia Barcelona "están acumulados ya y son fáciles de trasladar".
Las palabras de Calvo fueron ratificadas por la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, con la que se cruzó en los pasillos y a la que felicitó efusivamente. Para Mieras, todos los plazos están marcados por la ley y, en su opinión, los papeles podrían estar en Barcelona en un plazo de tres meses, y, en menos de un año, los que, en compensación, aportará la Generalitat de Cataluña al Archivo de Salamanca.
Los populares "acatan" la decisión
El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, declaró que la aprobación del proyecto de ley "es una mala noticia incluso para los socialistas", y atribuyó su "voto disciplinario" a las presiones de los socios del Gobierno, informa Efe. Zaplana lamentó que "la primera ley cultural que aprueba este Gobierno sea para deshacer un archivo nacional y que se haya aprobado, dijo, "por presiones políticas y sin contar con los informes de los técnicos". "Es un atropello", dijo Zaplana que trasladó la "mala noticia" también a los socialistas y aseguró que "así lo han manifestado en privado" algunos diputados del PSOE. Para Zaplana, sin la "presión" de ERC e IU-ICV "no se hubiera aprobado".
Respecto a las manifestaciones que se celebraron en Castilla y León en protesta por el traslado de los documentos a Cataluña, el portavoz popular dijo que a cualquier Gobierno se le aconseja "escuchar a la calle". "Antes se decía que a la calle hay que escucharla, y ahora se la desprecia y se hacen bromas sobre ello".
A preguntas de los periodistas sobre si el PP tiene previsto emprender alguna acción para que no se lleve a cabo este proyecto de ley, Zaplana señaló que "no queda otra vía que el acatamiento", ya que, afirmó, el PP "cree en las instituciones, no como el PSOE, y creemos que han de respetarse sus decisiones".
En distinto sentido se pronunció la Junta de Castilla y León. "Si cabe recurso de inconstitucionalidad, lo interpondremos", declaró la vicepresidenta y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz. El Gobierno regional estudiará "qué armas puede tener en sus manos" para evitar "legalmente" la salida de documentos del Archivo de Salamanca.
El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez (PP), dijo también ayer que el Ayuntamiento empleará todos los medios que procedan en un Estado de derecho. Para Rodríguez, el proyecto de ley "pone patrimonio de Castilla y León y de los españoles en manos de quienes se sienten más cercanos a los terroristas de ETA que a los españoles".
[Fuente: El País, Madrid, Esp, 16sep05]
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