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12abr05
El Gobierno podrá vetar el retorno de algunos papeles de Salamanca.
El primer borrador del anteproyecto de ley que prepara el Gobierno para hacer efectiva la devolución de los papeles catalanes de Salamanca garantiza tan sólo la restitución de los 507 archivadores que contienen los documentos incautados a la Generalitat republicana. La Administración catalana, según la propuesta del Ministerio de Cultura, recibirá únicamente estos legajos y la devolución del resto de fondos --la documentación privada incautada a particulares, partidos, sindicatos y asociaciones de diverso tipo-- será decidida caso por caso por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, que podrá denegarla.
Pendiente de Negociación
La propuesta de texto legal elaborada por el Ejecutivo central --que consta de ocho artículos y varias disposiciones adicionales-- fue librada el pasado jueves por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, a su homóloga en la Generalitat, Caterina Mieras, y está todavía en fase de negociación. También los socios catalanes del PSOE en Madrid, ERC e ICV, han recibido el texto, que han acogido con preocupación e intentarán que sea enmendado antes de que el Consejo de Ministros le dé su visto bueno, probablemente el próximo día 22. Tanto estos partidos como la Comissió de la Dignitat mantienen la reivindicación de que todos los papeles sean entregados a la Generalitat y que sea luego ésta la encargada de gestionar y establecer los criterios para la restitución a sus legítimos propietarios.
Pero, de momento, la posición del Ministerio de Cultura está lejos de satisfacer estas demandas. Al contrario, el anteproyecto de ley, según fuentes conocedoras del actual borrador, margina a la Administración catalana de toda decisión sobre los fondos que no le son propios. En su lugar, será el director general de Archivos el encargado de dirigir el proceso de devolución de documentos pertenecientes a partidos, asociaciones y particulares. Y la intención es que lo haga fijando limitaciones.
En primer lugar, los propietarios de la documentación dispondrán de un plazo acotado --un año desde la aprobación de la ley-- para presentar ante la dirección general una solicitud argumentada para la restitución. El director general tendrá nueve meses para comunicar su resolución, antes de lo cual pedirá un informe al Servicio Jurídico del Estado. En caso de silencio administrativo, la demanda se considerará denegada, según explicaron las fuentes consultadas, que expresaron su especial preocupación por este hecho.
Devolución de Fotocopias
Algunas de las personas que han tenido acceso al borrador del Gobierno expresaron ayer a este diario su temor a que los originales de la Generalitat republicana sean los únicos en retornar a Catalunya y que, al final, la Dirección General de Archivos acceda sólo a devolver fotocopias de los documentos que reclamen los particulares expoliados, una posibilidad que ya ha insinuado la consellera Mieras. Además, interpretaron que, en el actual borrador, el Gobierno pasa de puntillas sobre las demandas de los ayuntamientos catalanes que también reclaman documentos depositados en Salamanca e intenta impedir otras posibles reivindicaciones procedentes de comunidades como la valenciana.
Otras fuentes criticaron, además, "los errores de bulto" que contiene el anteproyecto de ley al describir el origen del expolio. éste fue posible gracias a una orden del ministro de Gobernación de Franco Ramón Serrano Suñer, que el 26 de abril de 1938 creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), autora después de las requisas. Sin embargo, el anteproyecto describe las incautaciones como consecuencia de otras leyes de responsabilidad política posteriores.
[Fuente: Andreas Gonzalez, El Periódico, Barcelona, 12abr05]
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