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10sep13

La juez Alaya imputa a Chaves y Griñán en el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya acaba de emitir un auto en el que imputa finalmente a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía en la trama de los ERE falsos. La decisión de Alaya supone un golpe en la línea de flotación del socialismo andaluz y a todos los intentos por evitar que el mayor escándalo de corrupción salpicara a las más altas instancias.
En el auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada comunica la imputación de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009 y actual diputado por Cádiz; José Antonio Viera, consejero de Empleo ente 2000 y 2004, y ahora diputado por Sevilla; José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y actualmente parlamentatrio andaluz por Sevilla; Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera y consejera de Economía y Hacienda desde 2009 hasta hace unos días, y actualmente parlamentaria por Sevilla; Manuel Recio, secretario general de Economía y luego consejero de Empleo hasta mayo del año pasado, y también parlamentario por Almería; Francisco Vallejo consejero de Innovación hasta 2009 y acual parlamentario por Jaén; y Antonio Ávila secretario de Economía y consejero de la misma cartera hasta hace unos días, actualmente parlamentario por la provincia de Jaén.
Tras conocerse la noticia, Emilio de Llera, consejero de Interior y Justicia de la Junta, se mostró incrédulo durante la toma de posesión del Ejecutivo Díaz."¿Es verdad que lo ha sacado [el auto de imputación] hoy? Será otra casualidad. Yo no conozco el auto. Me parece increíble. Hoy el protagonismo es del Gobierno, no de la juez. El Gobierno es más importante que cualquier juez de Andalucía".
En el citado auto, Alaya admite que no puede realizar con los imputados aforados "un juicio formal de imputación o inculpación (términos que en la practica forense se utilizan como sinónimos) y que obligaría a la sujeción de los mismos al presente procedimiento". Lo que sí ha hecho la magistrada es imputar a estos aforados lo que "permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", según el escrito judicial.
Eso sí, la juez recuerda que seguirá investigando a estos cargos y ex altos cargos. "Lo que debe realizar esta instructora, tras agotar la diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, es remitir testimonio de la causa al Tribunal Superior competente para la instrucción y enjuciamiento de la misma mediante exposición razonada", indica la magistrada.
Alaya resalta que en sus actuaciones no ha existido "ninguna solicitud de personación por ningún aforado apuntado a lo largo de la documentación que obra en la causa, la cual como sabemos tiene una notable repercusión en los medios de comunicación", como señala la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Desde hace tiempo se venía especulando con la inevitabilidad de que, finalmente, la juez imputara a José Antonio Griñán. De hecho, su abandono de la presidencia de la Junta de Andalucía y su decisión de asumir como senador para seguir manteniendo el privilegio del aforamiento, podía dar muestras de una estrategia para evitar que el fraude de los ERE afectara al presidente en ejercicio de la Junta y, al tiempo, poder preparar su estrategia de defensa.
La espada de Damocles pendía sobre Griñán y Manuel Chaves desde finales de julio, como informó Agustín Rivera. Desde entonces sabían que en
cualquier momento la juez Mercedes Alaya podía pedir la imputación en el caso de los ERE falsos. Sólo Alaya sabía el día que lo haría y ya se especulaba que sería en septiembre. Pero era inelufible tras tomar declaración a imputados relevantes como la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez. Lo que ya nadie duda es que Chaves y Griñán (que anunció su marcha por razones personales y para no tener que dimitir tras una posible acusación de Alaya) están de lleno salpicados.
Aunque de manera oficial Alaya se tomó vacaciones desde el pasado 1 de agosto, fuentes judiciales consultadas por El Confidencial confirman que la magistrada cuenta con medios en el juzgado para emitir un escrito para solicitar al Tribunal Supremo la imputación en la primera quincena de agosto. "En la segunda quincena ya es mucho más difícil, porque los funcionarios que están a su cargo cogerán unos días de descanso", añaden estas mismas fuentes. Al final, ha sido en la segunda semana de septiembre.
El PSOE-A ya ha dado por amortizada la imputación de Griñán y no se ha pronunciado por la de Chaves. Es más, el partido en Andalucía, en boca de su vicesecretario general, Mario Jiménez, sostiene que era deseable que el caso llegue ya cuanto antes al Tribunal Supremo, una instancia judicial que los socialistas andaluces ven mucho más fiable que la instrucción de Alaya, sobre todo, tras los casos de José Blanco y Jaume Matas.
Viera fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004. Durante su etapa y la posterior (la de Antonio Fernández), Viera logró 51 millones de euros de ayudas para los municipios de la sierra Norte de Sevilla, frente a los 31 millones del resto de Andalucía. "Pero no he dado ayudas a familiares directos", declaró en la comisión de investigación de la ERE.
Lo bueno para Viera, el diputado más ocioso (cobra más de 5.600 euros al mes sólo por acudir al Congreso), es que Alaya ha centrado su investigación en la Consejería de Empleo y que carecería de sólidos argumentos jurídicos para vincularle al resto de la trama, sobre todo teniendo en cuenta que algunos fueron sus subordinados. Viera niega ser el ideólogo de los ERE. En la comisión de investigación defendió la legalidad del convenio para la partida 31 L de ayudas.
Manuel Recio fue consejero de Empleo del 22 de marzo de 2010 al 5 de mayo de 2012. Parlamentario andaluz por la provincia de Almería, defendió a ultranza la labor del que fuera el director general de Empleo de la Junta, Daniel Rivera, que ha situado "siempre dentro de la legalidad". "La Junta de Andalucía fue quien impulsó la investigación sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos y Rivera ha actuado con el mejor criterio", según declaró Recio en mayo de 2012.
El "Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010" apunta a que el exdirector de Trabajo "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" de Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Francisco Vallejo está imputado en esta causa tras haber sido consejero de Innovación desde el 24 de abril de 2004 hasta el 23 de abril de 2009. Entre esta fecha y el 23 de mayo de 2012 fue senador en representación de la comunidad andaluza. Actualmente es parlamentario por la provincia de Jaén. Vallejo fue quien en su calidad de consejero ordenó otorgar la subvención de 10,1 millones de euros a Matsa, la empresa en la que es apoderada Paula Chaves Iborra, la hija de Manuel Chaves. En el caso de las ayudas sociolaborales, Vallejo atribuye la responsabilidad del fondo de los ERE a Empleo. "No se hicieron las cosas como se debía: con transparencia", indicó el exconsejero durante su intervención en la comisión de investigación del Parlamento andaluz.
El caso Invercaria también ha pasado factura a Vallejo. Juan Gutiérrez Casillas, magistrado del Juzgado número 16 de Sevilla, pidió información el pasado mes de junio sobre el posible aforamiento de Vallejo. Se trata de una obviedad (es diputado en el Parlamento de Andalucía), pero es un trámite judicial indispensable de cara a una posible imputación por un presunto delito de malversación de caudales, tráfico de influencias y falsedad, la gestión de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria.
La Junta de Andalucía respaldó sin fisuras a Vallejo. "Aquí se cree en la honorabilidad de las personas y yo creo en la honorabilidad, por supuesto, y en el esfuerzo que ha realizado por el bien de Andalucía mi compañero Francisco Vallejo, claro que sí", respondió el actual consejero de Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, también imputado. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, también valoró ayer el trabajo de Vallejo en la consejería.
¿Y Antonio Ávila? También parlamentario por Jaén, fue consejero de Presidencia y luego de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo desde el 5 de mayo de 2012, hasta hoy que ha dejado su cartera al catedrático José Sánchez Maldonado. Ávila se llegó a quejar de "la injusta criminalización de los ERE". Y ofreció datos: 81.464 trabajadores andaluces se vieron afectados entre 2001 y 2010 por expedientes de regulación de empleo; el 7,9% de estos ERE fueron subvencionados y sólo fueron irregulares el 0,29% del total.
[Fuente: Por Agustín Rivera y Javier Caraballo, El Confidencial, Madrid, 10sep13]

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