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22dic14
Sonia Castedo, citada a declarar como imputada el 16 de enero
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pasará por el juzgado a declarar como imputada el próximo viernes 16 de enero. Así lo ha decretado el magistrado del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, que a petición de la Fiscalía ha citado a Castedo pero también al empresario Enrique Ortiz. A ambos se les imputan los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación de la llegada de la multinacional sueca mueble, Ikea, a los terrenos adjudicados al promotor en Rabasa.
El constructor comparecerá ante el juez dos semanas después que la alcaldesa, el 30 enero. Antes, también declararán el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus Tormo, y la funcionaria Isabel Campos García, supuesta encargada de cumplir con los encargos que el constructor necesitaba.
La fecha de esta declaración llega en un momento de debilidad de Sonia Castedo, cuando el partido ya le ha sacado de las listas municipales por su doble imputación y la empuja a no acabar la legislataura.
Es la segunda ocasión en que la alcaldesa del PP, a quien se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, es citada por el caso Rabasa ya que inicialmente tenía que haberlo hecho el pasado 27 de noviembre.
Sin embargo, en aquella ocasión el juez lo pospuso por un incidente de nulidad presentado por la representación legal de Ortiz.
En esta rama también estaban imputados el predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi (PP), y la exsecretaria autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, aunque el juez decretó el pasado octubre el archivo para ellos dos.
El plan urbanístico Rabasa preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados en una zona de expansión de la ciudad en cuyo entorno está previsto situar una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.
La investigación se activó a raíz de una denuncia presentada hace dos años por Esquerra Unida, y a los imputados se les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Asimismo, Castedo está imputada en otra pieza separada del caso Brugal: la relativa al supuesto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lleva el juzgado de Instrucción número 5 y donde, al igual que en la anterior, la investigación apunta que pudo beneficiar al empresario Ortiz.
[Fuente: Por Daniel Moltó, Alicante, El Mundo, Madrid, 22dic14]
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