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17ene07
El Constitucional debatió un informe favorable al recurso de amparo de los Albertos.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional que preside el magistrado Guillermo Jiménez Sánchez examinó este lunes el recurso de amparo presentado en abril de 2003 por Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, contra la sentencia del Tribunal Supremo que el 14 de marzo de 2003 les condenó a tres años y cuatro meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de los terrenos propiedad de Urbanor en los que se levantan las Torres KIO.
De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, el ponente del caso, el magistrado Pascual Sala (ver El Confidencial del lunes 15 de enero), leyó su informe y lo distribuyó entre los cinco restantes magistrados que componen la Sala Segunda, que ahora disponen de dos semanas para estudiarlo y adoptar una posición al respecto, antes de la votación definitiva que se producirá con toda probabilidad el lunes 29 de enero.
Sentencia, pues, en 15 días, y sentencia favorable a los Albertos, según todos los incidios. En efecto, y de acuerdo con las fuentes, el informe de Pascual Sala –propuesto en su día por el PSOE- es favorable a la pretensión de los Albertos, lo que equivale a decir que el Constitucional concederá el amparo solicitado por los primos, que así alejarían definitivamente el riesgo de ingresar en prisión, algo que les atenaza desde que se hiciera pública la sentencia condenatoria del Supremo.
Según las fuentes, parece muy probable que a la hora de la votación se reproduzca el resultado de 4 a 2 que marcó el rumbo de la polémica sentencia 63/2005 de la misma Sala Segunda y que, en contra de la jurisprudencia del Supremo existente al respecto, abrió la vía para la concesión del amparo a los Albertos.
Una sentencia cogida con alfileres
Los cuatro magistrados que dieron su apoyo a aquella infausta sentencia fueron el ya citado Jiménez Sánchez, vicepresidente también del Constitucional, además de presidente de la Sala, Elisa Pérez Vera, Pascual Sala Sánchez y Eugenio Gay Montalvo, que a la sazón actuó de ponente.
Presentaron voto particular contra la resolución mayoritaria los magistrados Vicente Conde Martín de Hijas y Ramón Rodríguez Arribas. Ambos señalaron la incongruencia de aludir al final de la sentencia, y como de pasada, a la posible prescripción del delito que había sido juzgado en la Audiencia Provincial de Orense, y que claramente parecía cogida con alfileres para preparar el camino a los Albertos.
De acuerdo con las fuentes, la Sala Segunda tiene ante sí dos vías de actuación, ello en el marco de un fallo favorable a los primos: Por un lado, anular íntegramente la sentencia del Tribunal Supremo atendiendo el argumento de la prescripción. Por otro, anular el llamado ius puniendi, la potestad de castigar que desde el punto de vista penal corresponde al Supremo, no obstante lo cual, y habiendo quedado probados los hechos que se les imputan, se mantendría la responsabilidad civil que les compete.
Prisas por el nuevo Código Penal
Cuando todo parecía indicar que el alto tribunal dejaría el caso para después de la entrada en vigor del Código Penal reformado, además de los cambios en marcha en el propio Constitucional, los Albertos han conseguido pisar el acelerador a fondo sin esperar a esas novedades legales que, en teoría, perjudican sus planes.
En efecto, el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, aprobado por Consejo de Ministros el pasado diciembre, aclara el régimen de prescripción de los delitos fijando criterios legales inequívocos para determinar cuándo se interrumpen los plazos, al establecer que, con carácter general, la presentación de una denuncia o querella suspende la prescripción del delito hasta que el juez se pronuncie sobre su admisión a trámite.
Lo que equivale a decir que el Código Penal reformado negaría de forma taxativa la prescripción que reclaman los Albertos, una circunstancia que tal vez explique la prisa que el poderoso lobby que apoya a los Albertos se ha dado para que, después de tres años y medio de espera, ahora el caso entre a toda prisa en el orden del día del Tribunal Constitucional.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, Esp, 17ene07]
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