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23feb07
La familia de Alas reconoce que la ley de Memoria Histórica no favorece la anulación de la pena
El catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo David Ruiz emplazó en su discurso al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que clausure de una vez por todas «la caja de los truenos abierta en 1936», subsane la «omisión» de los cuatro presidentes anteriores de la democracia e «impulse» la nulidad de los juicios sumarísimos abiertos contra el único rector republicano que ha tenido hasta la fecha la Universidad de Oviedo.
Numerosas personalidades se han adherido en los últimos días a la petición de David Ruiz, que está casado con Ana Cristina Tolivar, nieta del rector asesinado. Pero la empresa no es nada sencilla. De hecho, puede toparse con un obstáculo insalvable: la ley de Memoria Histórica. El jurista Leopoldo Tolivar, hermano de Cristina y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad asturiana, reconoció, a preguntas de este periódico, que el anteproyecto de ley de Memoria Histórica del Ejecutivo central excluye la revisión de los consejos de guerra franquistas, lo que dificulta las pretensiones de la familia de Leopoldo Alas Argüelles: «La ley debería aclarar este asunto, pero sin un impulso político es muy difícil plantear la nulidad jurídica del proceso».
¿Quiénes están legitimados para formular dicha petición? La familia, como parte perjudicada, y el Estado, a través del ministerio fiscal. Los familiares de Leopoldo Alas, aseguró su nieto, son los primeros interesados en que se repare jurídicamente la memoria de su abuelo, pero no quieren lanzarse sin red a un proceso judicial que puede ser muy largo y espinoso.
Su cuñado David Ruiz, sin embargo, entiende que «muy pocas decisiones como la que se pide (la nulidad del juicio) tendrían mayor carga simbólica de reconciliación nacional» y cree que el recurso contra la decisión del consejo de guerra franquista podría tener muchas posibilidades de prosperar. El historiador se ampara en un novedoso fallo de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que acaba de anular por primera vez, y en una decisión adoptada por unanimidad, una sentencia dictada por un consejo de guerra que condenó a muerte a un republicano que dirigió Radio Málaga por un delito de rebelión militar, pena que posteriormente le fue conmutada por seis años de prisión. Uno de sus hijos promovió la revisión de esta condena, alegando con éxito que su padre había sido juzgado cuatro meses antes por los mismos cargos y había resultado absuelto.
De la misma forma, Ruiz señala que en el caso de Alas Argüelles hubo dos procesos judiciales: el que condujo al rector a un pelotón de fusilamiento el 20 de febrero de 1937 y otro menos conocido: tres años después de su asesinato legal, su viuda Cristina Rodríguez se vio obligada a pagar 250 de las 623 pesetas que entonces tenía en su cuenta familiar por el segundo procesamiento abierto a su marido, el 31 de enero de 1940, al amparo de una ley de Responsabilidades Políticas.
Para el historiador, lo más vergonzoso fue que en este segundo juicio se le inculpara de «inducción» a la rebelión militar de octubre de 1934 (a la que se había opuesto) en aplicación de lo que después se conocería como la justicia al revés, «engendro penal ideado por la Fiscalía Militar del bando vencedor de la guerra civil para legitimar ante las democracias la dictadura surgida de la sublevación militar de julio de 1936». David Ruiz considera que las nuevas pruebas de la «flagrante» injusticia que se cometió contra el rector republicano deben llevar al Gobierno a impulsar la nulidad de ambos juicios.
El delegado del Gobierno Antonio Trevín expresó la voluntad política del Gobierno central de reparar administrativamente a Leopoldo Alas. Con respecto a las posibilidades jurídicas sobre la revisión del caso, se limitó a señalar: «Habrá que estudiarlas».
También el rector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez se pronunció sobre este asunto para reclamar «a quien corresponda» la reparación civil y administrativa de la figura de Alas Argüelles. La reparación, dijo, debería incluir la necesidad de revisar «su injusta condena». El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León Francisco Sosa Wagner se adhirió a la propuesta: «Me parece muy bien, aunque sinceramente no sé cómo se hacen los trámites». El arzobispo de Oviedo Carlos Osoro, en cambio, se abstuvo de hacer comentarios al respecto: «Debo mantenerme al margen».
Tanto el consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre como el vicerrector y profesor de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde reconocieron la complejidad del caso. Para Riopedre, «es difícil anular una sentencia de un Tribunal Militar». Para Villaverde, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo es muy poco proclive a la revisión de sentencias judiciales ya ejecutadas.
¿Y qué opina Cristina Alas, la hija del rector fallecido? ¿Es partidaria de la revisión del caso? «De eso no sé nada; yo sólo soy partidaria de irme a casa a dormir», confesó la mujer, profundamente cansada tras superar con nota «una de las jornadas más emocionantes» de su vida.
[Fuente: La Nueva España, Oviedo, Asturias, 23feb07]
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