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10dic10
El Gobierno utiliza a la Fiscalía para amedrentar a los controladores
La guerra ha comenzado. Es una batalla abierta, con luz y taquígrafos. La maquinaria judicial se ha puesto en marcha para castigar a los controladores por el boicot que el pasado sábado paralizó el espacio aéreo español. El proceso puede resultar lento, tan lento que la Fiscalía ha iniciado una guerra paralela; no va a esperar a que la investigación de sus frutos: el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer que va a solicitar para todos aquellos que faltaron a su puesto de trabajo el día 4 penas de hasta ocho años de cárcel por un delito de sedición, recogido en el Código Penal de Navegación Aérea.
El jefe del Ministerio Público hizo este anuncio de manera pública antes de que comenzaran las declaraciones de la primera docena de controladores ante la Fiscalía de Madrid. Conde-Pumpido se lanzó a anunciar esta acusación cuando ni siquiera hay abierta una investigación, dado que la Fiscalía ha abierto una serie de diligencias. Dentro de éstas, está realizando pesquisas junto a la Policía y ha citado para tomar declaración a los controladores. Si a raíz de todos estos datos considera que se puede abrir una investigación, entonces les denunciará ante un juez. Pero hasta que no llegue ese momento, la causa no está judicializada y, por tanto, no existe causa.
El fiscal general del Estado lo sabe, pero aún así ha decidido decir públicamente que van a ser acusados cuando ni siquiera hay un proceso abierto. El fiscal encargado de las diligencias, Eduardo Esteban, le rectificó inmediatamente, al afirmar que no se puede hablar de penas cuando, efectivamente, ni siquiera se ha abierto una investigación.
"Imputados"
Ahora bien, este fiscal se encargó de calificar de "imputados" a los controladores a lo largo de toda la rueda de prensa que ofreció ayer. Y lo hizo en repetidas ocasiones, a pesar de que el juez es el único capacitado para imputar a una persona.
La causa no está judicializada, la Fiscalía ha iniciado las primeras pesquisas y, sin embargo, ya habla de "imputados" y de acusaciones. Y todo esto, después de que Esteban y Conde-Pumpido hayan hablado estos días para unificar doctrina entre las fiscalías, según reconoció el primero.
Es evidente que se trata de una guerra abierta. Los doce primeros controladores citados para declarar ante el fiscal se negaron ayer a responder; se acogieron a su derecho a no declarar porque sólo van a hablar ante un juez. El fiscal recordó que éstos están identificados por la Policía por participar el pasado sábado en una reunión celebrada en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas.
Los controladores contraatacan
Mientras tanto, los controladores también han iniciado su propia batalla. Mientras algunos de ellos acudieron ayer a la Fiscalía, un procurador presentó en nombre de USCA (Unidad Sindical de Controladores Aéreos) dos recursos en el Tribunal Supremo contra los reales decretos acordados por el Consejo de Ministros, en los que se declaró el estado de alarma y se militarizó a los controladores.
Al estar ahora bajo el régimen militar, el primer paso que han dado ha sido solicitar al Alto Tribunal el permiso para presentar un recurso. Una vez que les dé el visto bueno, podrán recurrir de manera formal. Ahí, alegarán, principalmente, que la Constitución ha sido atacada. El Ejecutivo declaró el estado de alarma a pesar de que la ley es clara cuando dice que únicamente, según el artículo 117 de la Constitución, se puede decretar en caso de que se paralicen los servicios esenciales o, a su vez, haya alguna catástrofe natural o crisis sanitaria. Además, sólo se podrá militarizar a civiles cuando se declare el estado de sitio. Los controladores están regulados por la Ley Orgánica de de Navegación Aérea, decretada en 1964. En ella, quedaban regulados por la Jurisdicción Militar, pero en 1986 dicha disposición quedó derogada.
[Fuente: C. Guindal, El Confidencial, Madrid, 10dic10].
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