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06dic10
El Gobierno planea prorrogar el estado de alarma hasta 2 meses
Para sustituir por controladores militares a los que sean despedidos o imputados penalmente. Fomento abre 442 expedientes disciplinarios
El Gobierno está dispuesto a ampliar el estado de alarma hasta dos meses. Es el periodo que considera necesario para preparar a un primer grupo de controladores militares que sustituyan a los primeros profesionales civiles despedidos, gravemente sancionados o imputados penalmente.
La determinación del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para acabar con la rebelión de los controladores es irrevocable. En parte, porque no tiene otro remedio. El Gobierno no se plantea levantar en 15 días la situación de excepción, ya que quedaría a merced de los mismos controladores en plena época navideña.
Así las cosas, el presidente Zapatero explicará el próximo jueves en el Congreso los motivos que le llevaron, el pasado sábado, a decretar el estado de alarma. Y en dos semanas pedirá autorización a los grupos de la Cámara Baja para extenderlo.
«Las fichas cantan».
Esta escueta frase es la que se emplea en el argot aeronáutico cuando un controlador civil se va de su puesto de trabajo sin explicarle a su sustituto militar el funcionamiento básico del centro. El Gobierno tiene decidido que el grupo de cabecillas que provocó el caos aéreo el fin de semana no vuelva a pisar una torre en España, aunque tenga que poner a los militares a escuchar cómo las fichas -el pequeño soporte que contiene la información de cada vuelo- se ponen a trinar.
«Ahora toca hacer justicia», dijo ayer el ministro de Fomento, José Blanco, tras anunciar la apertura de 442 expedientes disciplinarios a los presuntos controladores que se ausentaron de su puesto de trabajo el pasado viernes. La plantilla total de personal de control aéreo asciende a 2.400 personas. Estos trabajadores podrán ser sancionados, suspendidos de empleo y sueldo o expulsados definitivamente de su puesto de trabajo, según los detalles que facilitó ayer Blanco.
En este sentido, el ministro advirtió de que los jueces investigarán también el comportamiento de los integrantes de la Junta Directiva de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca).
El problema que tiene el Gobierno es el tiempo. El estado de alarma decretado por el Ejecutivo el sábado expira el 20 de diciembre. Y en 13 días los ministerios de Defensa y Fomento no pueden capacitar a los controladores del Ejército para que releven a los huelguistas.
La situación de excepción se tendrá que dilatar, forzosamente, con el acuerdo mayoritario de la Cámara Baja, según informaron ayer fuentes próximas al Ejecutivo. Hasta el momento, y pese al debate político, sólo Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han pedido expresamente el regreso a la normalidad constitucional, por lo que, en principio, el Gobierno no prevé tener grandes dificultades para sacar adelante su plan. Eso sí, será entonces cuando tenga que especificar el tiempo concreto por el que se mantiene el estado de alarma.
El otro gran problema es la integración de los controladores militares en las torres de control civiles. Actualmente, hay en España un millar de miembros del Ejército con formación de control aéreo, de los que 280 están en activo y hasta 100 con casi todos los requisitos exigidos para dirigir el tráfico aéreo.
Ante las bajas laborales de controladores que se produjeron el pasado verano, el Gobierno ya inició la preparación de personal militar para sustituir a los civiles. Sin embargo, hoy en día ninguno de estos controladores tiene el título homologado, principalmente porque el Ministerio de Defensa dejó expirar, el pasado 16 de octubre, el plazo que tenía para dar a sus controladores la Licencia de Regulador de Tránsito Aéreo.
Este título es necesario para que los miembros del Ejército puedan trabajar en centros aéreos civiles, pero también les abre las puertas a reclamar ciertos derechos que les distancian del resto del sector.
Lo que distingue a un controlador militar de uno civil es el sueldo y las condiciones de trabajo. El primero suele ser un suboficial con un salario medio anual de 20.000 euros, mientras que el segundo cobra cerca de 200.000, es decir, 10 veces más.
En cualquier caso, fuentes militares indicaron ayer a este periódico que será necesario que el Ejecutivo resuelva en primer lugar la homologación del título para que los controladores capacitados puedan pasar un proceso denominado de habilitación, es decir, de aprendizaje y adaptación. «Muchos militares han sido formados en la escuela de Salamanca, en el Servicio de Navegación Aérea e incluso en el extranjero, por lo que estarían perfectamente capacitados para trabajar sin más formación», destacaron ayer fuentes militares.
Tanto en el Ministerio de Fomento como en el Ejército del Aire son conscientes de que se van a producir conflictos con los controladores civiles. Y más cuando dependerá de éstos el periodo de aprendizaje en cada centro de control, ya que éste es básico para la homologación del título. «Si esto se hubiera previsto con tiempo, se habría aprobado la creación de un cuerpo común de controladores», lamentaron ayer fuentes militares, que revelaron que el Congreso ha rechazado dos veces este proyecto.
En alguna ocasión, los controladores militares han tenido que poner en marcha un procedimiento denominado de autoaprendizaje. En ese caso, los funcionarios se hacen cargo de un aeródromo pequeño y se ponen a escuchar cómo cantan sus fichas.
[Fuente: F. Pascual/M. Recuero, Diario El Mundo, Madrid, Esp, 06dic10].
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