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26jun10
Declaración de la Asamblea de AGE 2010
Ante los recientes acontecimientos sociales, políticos y judiciales en referencia a la defensa de los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, y especialmente a las manifestaciones públicas del pasado mes de mayo, el procedimiento judicial abierto contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la reciente aprobación de la nueva normativa legal regulando diversos aspectos referentes a la memoria histórica y los derechos de las víctimas, la Asociación AGE quiere denunciar públicamente el deplorable espectáculo que ente la ciudadanía de todo el mundo están dando las autoridades y el sistema judicial español, que con su actitud profundamente injusta está dejando al descubierto no ser sino la principal herencia no resuelta de la dictadura franquista.
Sin embargo AGE desea hacer notar nuestra profunda satisfacción ante el hecho de que esta situación esté poniendo en claro ante la opinión pública nacional e internacional la miseria moral de quienes se niegan a reconocer los derechos de las víctimas de la dictadura, prefiriendo ocultar bajo penosas triquiñuelas legalistas lo que no es sino la causa profunda de esta situación: El hecho de que la transición de la dictadura a la democracia se realizara bajo la espuria legalidad franquista y no con una firme y clara ruptura con los métodos represivos de la misma y su ilegítimo sistema judicial represivo.
Esta situación permite además visualizar claramente los problemas heredados que ni las fuerzas políticas ni el sistema judicial mismo quieren corregir:
- En primer lugar la declaración de nulidad de raíz de todos los juicios realizados y sentencias dictadas por los tribunales de la dictadura sobre las víctimas que defendieron los derechos ciudadanos y las libertades cívicas, la nulidad de raíz de la preconstitucional ley del punto final de 1977, declarando nula tanto la amnistía a los presos y condenados por tribunales de la dictadura, las víctimas no queremos ser amnistiadas sino reconocidas, como la declarada sobre los jueces, policías, militares y otros agentes de la represión que participaron de torturas, desapariciones, sentencias condenatorias, etc.
- En segundo lugar la presencia en la constitución de 1977 de los artículos 8 y 56 que conceden poderes antidemocráticos a las fuerzas militares y declaran la impunidad de los actos del jefe del Estado.
- En tercer lugar la realización de urgentes e imprescindibles cambios en el sistema judicial que incluyan al menos:
- La supresión de un Tribunal excepcional residuo de la dictadura como es la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista.
- La supresión de un Tribunal de todo punto innecesario y explícitamente político como es el Tribunal Constitucional, figura desconocida en la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno.
- La más profunda reforma del Consejo Supremo del Poder Judicial que inhabilite de forma clara al mismo para exculpar causas judiciales de manifiesta irregularidad.
- La imposición de jurado popular en todas las causas de prevaricación, tanto las que afectan a simples ciudadanos como especialmente las que pudieran afectar a jueces y fiscales.
- La supresión de la llamada Doctrina Botín, según la cual no pueden prosperar causas surgidas de acusaciones populares si no tienen el apoyo de la Fiscalía.
- La creación de una legislación radical sobre los delitos de prevaricación cometidos por jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones, con la inclusión de expulsión de sus cuerpos de todo juez o fiscal que sea sentenciado por prevaricación.
- La imposibilidad de acceder a la carrera judicial o fiscal en el caso de haber pertenecido a las mismas durante la Dictadura y haber ejercido en tribunales especiales o haber sentenciado juicios de tipo represivo aún en causas penales de los tribunales ordinarios.
AGE considera que el fuerte movimiento social en exigencia de los verdaderos derechos ciudadanos y la supresión de sentencias venales por parte del aparato judicial, en tantos sentidos heredero de la dictadura, es un indudable éxito de la sociedad española, y que ahora que el fracaso económico de un sistema cuyos fundamentos han sido la corrupción económica y judicial, una economía basada en modelos marcadamente antisociales, y un poder desmedido e incontrolado de la banca y las grandes corporaciones financieras, es el momento en que se hace más necesario revisar la más grave cuestión pendiente desde el final de la Dictadura, el reconocimiento de los derechos de las víctimas especialmente en el terreno judicial, con la declaración por las Cortes españolas de la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales de la represión.
La actual crisis económica es también el resultado de un sistema en el que se ha desarmado a la ciudadanía de la necesidad de defender todos sus derechos y cumplir con todos sus deberes.
Las libertades no son divisibles, o las hay o no las hay, y ahora estamos en el momento en que se hace más preciso que nunca rescatar las libertades públicas y los derechos ciudadanos pisoteados no sólo por la pasada dictadura sino también por sus herederos en el aparato judicial español.
AGE hace un llamamiento a todas las asociaciones de la memoria histórica para que de consuno exijamos a nuestro parlamento, a los parlamentos autonómicos, e incluso a los ayuntamientos que se manifiesten con claridad sobre este conjunto de temas que lastran nuestra convivencia ciudadana de forma incluso peligrosa. Exigimos que se reconozcan todos nuestros derechos, y eso incluye necesariamente la condena explícita de la Dictadura con todas sus consecuencias, políticas, sociales y desde luego judiciales.
Venta de Contreras (Cuenca) 26 de Junio 2010
Informes sobre la impunidad en España
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