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25ene05
Que el TLC se le consulte a los colombianos.
Existe confusión sobre los alcances del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pues muchos piensan que sus gravísimas amenazas se limitan al sector agropecuario y los medicamentos genéricos. Pero, en realidad, modificará negativamente un sinfín de aspectos claves de la vida del país, y lo hará mientras dure su vigencia, que está pensada sea para siempre.
Lo que se firme sustituirá aspectos fundamentales de la Constitución Política de Colombia, al reglamentar muchas de las actividades del país en su relación con los ciudadanos estadounidenses y los de los otros países con los que Estados Unidos suscriba acuerdos similares. Para hacerse a una idea de la amplitud de los cambios debe saberse que el TLC entre Estados Unidos, México y Canadá ocupa 450 páginas de letra menuda, definiendo una maraña de reglamentaciones. Y reemplazará la Constitución, porque en el ordenamiento jurídico colombiano los acuerdos internacionales, una vez ratificados por el Congreso y aprobados por la Corte Constitucional, adquieren vigencia de orden superior. En adelante, cuando se vaya a aprobar una ley o expedir una norma, más que mirar la Constitución para saber de su legalidad, habrá que observar si lo autoriza el TLC.
Si Estados Unidos logra clavarle a Colombia lo que no pudo imponerle a la mayoría de los países del mundo en la Organización Mundial del Comercio, que es de lo que se trata con el TLC, el país perderá una parte medular de su soberanía y, en especial, la que le permite emplear las mismas palancas que usaron las naciones desarrolladas para llegar a ser tales. Por ejemplo, desaparecerán los aranceles y demás mecanismos que protegen al agro, como se sabe, pero también a la industria, cuyas pérdidas serán aún mayores, como se deduce de lo ocurrido en los pasados catorce años. Al dárseles “trato nacional” a los gringos, Colombia no podrá utilizar sus propias normas para privilegiar los intereses de sus nacionales. Tampoco podrá el Estado colombiano reservar sectores claves de la economía para su control o el de los colombianos. Con los tribunales de arbitraje, a las transnacionales se les creará una juridicidad especial y hecha a su medida. La suma de los aranceles de cero por ciento más el incremento de los estándares en propiedad intelectual y patentes intensificará el grado de barbarie científica y tecnológica en el que ya se encuentra el país. Al convertirse en “servicios”, es decir, en vulgares mercancías, no podrán ser derechos ciudadanos la educación, la salud, la cultura y el medio ambiente. Y pegadas de cambios legales y económicos tan grandes, vendrán consecuencias sociales todavía peores que las sufridas en la primera etapa del neoliberalismo.
Para empeorar las cosas, una vez se firme el TLC será muy difícil echar para atrás las normas lesivas aprobadas a partir de 1990, pues para hacerlo habría que denunciar el Tratado. Por ejemplo, durante su vigencia no podrá derogarse el contenido principal de las leyes 100 y 142, sobre salud, pensiones y servicios públicos domiciliarios, pues la privatización es una de las políticas que ratificará y amarrará el acuerdo.
Si lo que se pretende deroga aspectos fundamentales de la Constitución Política de Colombia o los torna insustanciales, haciéndoles daño a tantos, ¿por qué se tramita como si fuera un tratado internacional corriente? Si solo una Asamblea Constituyente puede hacerle cambios medulares a la Constitución, y ella implica un gran debate nacional y una elección popular, ¿por qué no se somete el TLC a un referendo? Y con más razón aún si se considera que el candidato Uribe Vélez dijo tan poco sobre el tema en su campaña, que su “Manifiesto Democrático” ni siquiera menciona un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Los próximos 9 y 10 de febrero, los indígenas del Cauca le van a dar otro ejemplo de democracia y valor civil al país. Convocados por sus alcaldes, los habitantes de Jambaló, Toribío, Caldono, Silvia e Inzá votarán sí o no a la pregunta: “¿Está Usted de acuerdo con que Colombia firme un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?”. ¿Cuánto tiempo demorará el gobierno en advertir que no les preguntará lo mismo a todos los colombianos?
Bogotá, 25 de enero de 2005.
Senador Jorge Enrique Robledo
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