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11may06
Aguas Argentinas acusa al Gobierno de confiscación.
Todo parece indicar que la Justicia será, finalmente, el lugar donde el Gobierno y la empresa Aguas Argentinas, del grupo francés Suez, terminarán arreglando sus cuentas pendientes, por lo menos si se mantienen las acusaciones cruzadas que ya forman parte de un expediente judicial que se inició en el fuero comercial porteño.
En duros términos, Aguas acusa al Estado de haberle confiscado (quedarse con bienes sin pagar indemnización) sus activos en el país e incumplido el contrato de concesión y advirtió que intentará percibir una compensación por los daños que los actos del Gobierno le causaron en su patrimonio. Las afirmaciones de la compañía se encuadran en el contexto del concurso preventivo que ya tramita en el fuero comercial porteño. Allí, la empresa de capitales franceses acompañó una copiosa documentación de la que se permite inferir cuál será su estrategia.
El Gobierno rescindió en marzo el contrato de concesión de agua potable y cloacas de la Capital Federal y de 17 distritos del Gran Buenos Aires, y acusó a Aguas Argentinas de no cumplir con el plan de obras comprometido para la expansión y mejora del servicio, y de poner en peligro la salud de la población por el nivel de nitratos encontrado en algunas localidades del conurbano.
Según consta en el expediente al que accedió La Nación, el 6 del mes pasado se realizó en París una asamblea de accionistas en la cual se decidieron los próximos pasos judiciales. Entre los mandatos a sus apoderados pidió "solicitar que se concluya con el contrato de concesión por culpa del concedente [el Estado]", además de pedir que se restituya la garantía de cumplimiento del convenio.
"Para Aguas Argentinas, el procedimiento desconoció los cánones previstos para el caso de concluir la concesión y constituye un verdadero procedimiento ilegal de confiscación de bienes, lo que impidió organizar una transferencia ordenada del servicio y de los bienes afectados acorde con las normas del contrato", relata un documento que aportó la empresa concesionaria. En la misma asamblea la empresa advirtió que "la sociedad deberá tomar todas las medidas necesarias para defender sus derechos e intereses frente al comportamiento adoptado por el Poder Ejecutivo y principalmente realizar toda las acciones tendientes a solicitar una indemnización por la extinción del contrato por culpa del concedente".
Además de los intercambios de acusaciones que la empresa y el Estado mantuvieron desde septiembre pasado hasta días antes de la rescisión del contrato, Aguas Argentinas critica la toma de la compañía que el Gobierno, por medio del secretario de Obras Públicas, José López, y el presidente del Ente Regulador de Aguas (Etoss), Carlos Vilas, protagonizaron el 21 de marzo al mediodía.
"El modo arbitrario de accionar del Estado tuvo su culminación con la emisión de los decretos 303 y 304 [mediante los que se rescindió el contrato y se creó Aguas y Saneamiento (AySA)] y la abrupta transferencia del servicio, ocurrido el 21 de marzo", indicó la empresa mediante un escrito judicial. Desde fines de abril, en el juzgado comercial 17, secretaría 34, ya se tramita el concurso preventivo pedido por la empresa. Allí deberán presentarse los acreedores de la compañía para tratar de cobrar sus créditos.
La empresa creada por el Gobierno para seguir con la explotación del servicio, AySA, se quedó con todos los activos de la concesión, además del flujo de caja que se le crea al empezar a cobrar las facturas por las tarifas. Uno de los activos con los que contaba la empresa concesionaria era el reclamo en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), que la compañía tramitaba junto con los otros reclamos de los accionistas mayoritarios -la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona- por la pesificación de sus activos.
Sin embargo, en febrero, la filial local desistió del reclamo. No son pocos quienes especulan en el sector que la empresa podría volver a recurrir por una indemnización al Ciadi, esta vez no por la pesificación sino por la confiscación de la que ahora acusa al Estado.
La compañía indicó que desde la reestatización del servicio de agua potable y cloacas, Aguas Argentinas "se vio privada de su sede social, de la totalidad de su personal en función del traspaso general a AySA, a excepción de su director general, que pudo utilizar su despacho por poco menos de una semana".
[Fuente: Por Diego Cabot, De la Redacción de La Nación, Buenos Aires, Arg, 11may06]
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