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01ago12


En España el servicio de la deuda es ya un 23% superior al gasto en empleados públicos


La economía española continúa con su proceso de ajuste. Pero los resultados, en términos de reducción del déficit público, siguen siendo magros. Muy magros. Hasta el extremo de que en el primer semestre del año -en Contabilidad Nacional-, los gastos del Estado -lo que realmente se ha comprometido a gastar aunque todavía no lo haya pagado- han crecido un 17,6% respecto del mismo periodo de 2011.

O lo que es lo mismo, la administración central ya tiene obligaciones contraídas por valor de 87.967 millones. Los recursos, por el contrario, apenas han ascendido a 44.879 millones (-4,1%), lo que significa que durante los primeros seis meses del año el Estado se ha gastado prácticamente el doble de lo que ha ingresado.

A destacar el incremento del servicio de la deuda que, de largo, se consolida como la segunda partida del presupuesto público (tras las prestaciones por desempleo). De hecho, el pago de intereses -12.239 millones de euros- supone ya un 23% más de lo que destina el Estado a pagar a los empleados públicos (9.953 millones). Esto no quiere decir, sin embargo, que el servicio de la deuda sea el causante del desequilibrio presupuestario. De hecho, el déficit primario (sin el pago de intereses) asciende a 30.839 millones en sólo medio año.

La partida destinada a satisfacer la remuneración de los empleados públicos, en todo caso, lejos de menguar continúa creciendo, aunque sea muy ligeramente: un 0,7% frente al primer semestre del año pasado.

En términos relativos, sin embargo, no es así, ya que hay otras partidas que crecen mucho más. La remuneración de los asalariados públicos supone el 11% del total del gasto público, dos puntos menos hace un año.

El aumento de los gastos del Estado también se deriva del hecho de que el Gobierno central ha tenido que salir a socorrer al resto de administraciones públicas. Ya sea mediante anticipos de los pagos a cuenta o para tapar agujeros del desempleo. En concreto, el aumento del paro ha obligado al estado a hacer unas aportaciones adicionales de 4.404 millones al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), mientras que la Seguridad Social ha recibido otros 2.575 millones.

La administración central, igualmente, ha tenido que hacer anticipos a cuenta a las comunidades autónomas por valor de 5.476 millones, y otros 865 millones han ido a parar a las corporaciones locales. En total, 13.320 millones de gastos adicionales que sesgan al alza los datos de déficit correspondientes a la primera parte del año. En la segunda parte del año se corregirá este efecto. El Gobierno, en todo caso, lo ha compensado con un fuerte ajuste en el capítulo de inversiones. La formación bruta de capital fijo cae un 13%, mientras que las transferencias de capital hacia otras administraciones se desploman casi un 60%.

Los ingresos no tiran

En todo caso, el problema de fondo continúan siendo los ingresos públicos, fuertemente influidos por el deterioro de la actividad económica. Según el informe mensual de recaudación que elabora la Agencia Tributaria, los ingresos tributarios en términos homogéneos caen a un ritmo interanual del 1,4%. Ni siquiera las subidas impositivas aprobadas por el actual Gobierno están teniendo un potente efecto sobre la recaudación.

Según la Agencia Tributaria, el impacto de las medidas de consolidación fiscal (tanto en ingresos como en gastos) asciende hasta el pasado 30 de junio a 1.963 millones, de los cuales casi la mitad corresponden a la subida de las rentas del trabajo. En concreto, 1.101 millones, algo más de los doble de lo que ha dejado de recaudar Hacienda (525 millones) por la rebaja del IVA de la vivienda al 4%, y que ahora se eliminará. Los ingresos por IVA, de hecho, están cayendo a un ritmo del 8,6% en términos homogéneos, mientras que en Sociedades se ha producido un notable aumento del 25%, aunque sobre bases muy bajas.

Pese a la debilidad de la recaudación, los expertos consideran probable que tanto en 2012 como en 2013 el Gobierno logre cumplir con el calendario de consolidación fiscal impuesto por Bruselas. Según los 18 institutos de coyuntura que forman parte del Panel de Funcas, el déficit fiscal se situará este año en el 6,3% del PIB, y bajará hasta el 4% el año que viene.

Ahora bien, los panelistas estiman que el PIB caerá este año un 1,7% (media anual) y un 1,1% en 2013, lo que provocará una importante reducción de puestos de trabajo. Prevén la destrucción de algo más de 300.000 empleos el año que viene, el 2% de la fuerza laboral. Es decir, diez veces más de lo que estima como más probable el Gobierno. El paro se situará el año que viene en nada menos que el 25,2% de la población activa.

[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 01ago12]

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