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30jun12
La Cumbre Europea impone más recortes a España
Las recientes recomendaciones de la Comisión Europea a España comienzan a tomar carta de naturaleza. Los jefes de Estado y de Gobierno han incluido esas recomendaciones en las conclusiones definitivas aprobadas por el Consejo Europeo, lo que significa que el Gobierno español -como anticipó hace algunos días el comisario Almunia- está obligado a cumplirlas.
Este es, en realidad, el punto más concreto del comunicado del Consejo Europeo, en el que no se precisan los términos del acuerdo para recapitalizar la banca de forma directa sin pasar por los Estados. Sólo está claro que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) podrá ser el instrumento utilizado, y en todo caso una vez que pierda su condición de acreedor preferente para el caso de España.
Esa decisión de utilizar el Mede, en cualquier caso, no entrará en vigor hasta que el BCE estrene sus nuevas competencias de supervisión bancaria, previsiblemente durante el último trimestre de 2012. Las condiciones específicas del rescate de la banca española -alrededor de 60.000 millones de euros-no se conocerán, igualmente, hasta el día 9 de julio, que es cuando se reunirá el Eurogrupo. Esto supone que el rescate bancario se articulará en primera instancia a través del Gobierno, que sufrirá un incremento del endeudamiento al ser el responsable último de que los fondos prestados por la Eurozona se devuelvan. Y sólo en el momento en que se ponga en funcionamiento el nuevo Mede -pendiente de ser ratificado por algunos parlamentos- el Estado estará en condiciones de quitarse el peso de la deuda
Hay, por lo tanto, un tiempo intermedio entra la formalización del préstamo (con la forma del memorando) y el momento en que el BCE asuma sus nuevas competencias, lo que significa que el proceso de recapitalización bancaria puede retrasarse unos meses, ya que en el momento en que se concrete la cantidad entregada a España (cerca del 6% del PIB) computa como deuda pública, lo que puede ser penalizado por los mercados. La UE, en todo caso, entrega el dinero no de una sola vez, sino en función de un calendario previamente pactado de acuerdo con las condiciones (estrictas, según Mario Draghi) que se exijan. Hay todavía, por lo tanto, demasiadas incógnitas. "Nada es gratis", dijo en tono aclaratorio el presidente Van Rompuy.
Incluso se desconoce la naturaleza de la supervisión bancaria. Tan sólo se sabe que se entrega esta competencia de acuerdo con el artículo 127.6 del Tratado de la Unión Europeo, que faculta al Consejo a "encomendar" al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros. Todo esto es lo que discutirán ahora los ministros del Ecofin
Vuelta de tuerca
El Consejo Europeo lo que ha hecho, por el contrario, es ratificar las propuestas de la Comisión, que suponen una nueva vuelta de tuerca al ajuste. Hasta el punto de que la UE obliga a los Estados miembros a plasmar "en sus próximas decisiones nacionales sobre presupuestos, reformas estructurales y políticas de empleo". O dicho en términos más directos, el Gobierno está obligado a aplicar nuevas medidas de ajuste, ya que se trata de una decisión del Consejo Europeo, y no una mera recomendación de la Comisión.
Aunque ayer el presidente Rajoy se negó a hablar de 'condicionalidad', y menos de calendarios de aplicación, las recomendaciones de la Comisión Europea son precisas. Y entre otras cosas proponen aumentar la edad de jubilación (ahora hasta los 67 años en 2027) de acuerdo con la esperanza de vida. Introduciendo, al mismo tiempo, un factor de sostenibilidad. La ley actual obliga a revisar la edad de jubilación cada cinco años, pero los funcionarios de Bruselas quieren ir más allá y que se haga de forma automática, en función de la evolución de la esperanza de vida. De hecho, el Gobierno ya estudia fórmulas para acelerar los actuales plazos.
Las recomendaciones de la UE, igualmente, reclaman un sistema fiscal "coherente" con el escenario de reducción del déficit público. Y, en este sentido, piden menos impuestos directos y más indirectos, y, en particular, una subida de las bases imponibles del IVA y la introducción de impuestos medioambientales (el llamado céntimo verde).
Poner en marcha un plan de empleo juvenil y mejorar la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral forman también parte de las recomendaciones de la Comisión Europea, que reclama una mayor liberalización de los servicios profesionales. Mejorar las interconexiones eléctricas con el exterior y abordar el déficit de tarifa (cerca de los 30.000 millones de euros al acabar este año) forman también parte de las recomendaciones de la Comisión Europea.
La Unión Europea, por el contrario, aplaza nuevamente la aplicación de la tasa sobre transacciones financieras. Y, en concreto, se explicita que la propuesta "no será adoptada por el Consejo dentro de un plazo razonable". Las conclusiones se limitan a señalar que "varios Estados miembros presentarán una solicitud de cooperación reforzada en este ámbito, con vistas a su adopción antes del final de diciembre de 2012".
[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 30jun12]
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