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10abr12
La intervención de España conllevaría una perdida de soberanía, un aumento de la tasa de paro y una larga recesión
'Los enviados especiales de la 'troika' -el FMI, el BCE y la Unión Europea- ya están aquí. Ayer llegaron a Madrid procedentes de Bruselas, y lo primero que hicieron fue acudir al palacio de la Moncloa para despachar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo reiteró a la delegación extranjera el compromiso de España con las reformas económicas y con el euro. Rajoy insistió en que el Gobierno cumplirá a rajatabla con el Memorando recientemente firmado con Bruselas'.
Así podría comenzar cualquier crónica periodística elaborada tras una hipotética intervención de la economía española por parte de las autoridades europeas. La crónica no sería muy distinta a las que se debieron escribir en septiembre de 1958 en los periódicos de la época, cuando la incorporación de España a las instituciones de Bretton Woods despejó el camino para que misiones del FMI y del Banco Mundial visitaran periódicamente el país en el marco del programa de asistencia técnica.
Detrás de este término aparentemente inocuo y de presunta neutralidad política -'asistencia técnica'- se escondía en realidad una intervención en toda regla, y, paradójicamente, es la misma que utilizan ahora los burócratas de Bruselas para describir los viajes de sus funcionarios a los países intervenidos: Grecia, Portugal e Irlanda.
Aunque suene a chanza, la UE asegura que el Grupo Especial para Grecia "no tiene poderes ejecutivos y no puede imponer al Gobierno ninguna decisión jurídica ni financiera". No es, por lo tanto, un Gobierno en la sombra. Pero lo cierto es que esta task forcé -formada por 45 funcionarios de los cuales una tercera parte reside de forma permanente en Atenas- es la que decide lo que se hace en Grecia en términos de política económica. Por supuesto que con el visto bueno de los países acreedores: Alemania y Francia. Aunque para salvar las apariencias, la coordinación de la asistencia técnica se realiza mediante reuniones de alto nivel celebradas periódicamente en Bruselas, y la última tuvo lugar el 6 de marzo.
Aunque formalmente es el parlamento heleno quien aprueba los distintos paquetes de ajuste, realmente quien dirige tanto la velocidad como la intensidad de las reformas son los funcionarios de la 'troika'. Y lo hacen con un instrumento imbatible que doblega cualquier intento de 'rebelión', salvo suicidio colectivo. Los paquetes de rescate financiero sólo se entregan a medida que avanzan las reformas; y si no hay reformas, no hay dinero. Así de fácil.
La Gran Recesión
El caso de España, por su tamaño y su arquitectura institucional, es muy diferente al de Grecia. Pero lo que está claro es que un duro programa de ajuste -más exigente que el aprobado hasta ahora por el Gobierno Rajoy- provocaría en el corto plazo un deterioro significativo de la actividad, desconocido en nuestra reciente historia económica. Exactamente igual que ha sucedido en Grecia, donde el PIB se contrajo el año pasado un 6,9% (cuatro años consecutivos con tasas negativas).
Esta recesión, lógicamente, provocaría un aumento adicional del desempleo (en Grecia ya ha escalado hasta el 20%), pero también de la recaudación fiscal derivada de la fuerte caída de la actividad económica. Mientras que el gasto tendería a dispararse por el crecimiento de los estabilizadores automáticos, principalmente desempleo. Y como en estas condiciones ningún Gobierno está en condiciones de acudir a los mercados para financiarse, sólo hay una solución: acudir a los organismos multilaterales para que nos presten dinero, con el riesgo de caer en la espiral de la deuda. Es decir, la economía española estaría en manos de los organismos multilalaterales, con mínimo margen de maniobra nacional para hacer política económica.
A mayores necesidades de financiación para cubrir los abultados déficits, mayor endeudamiento, hasta que haya un momento en el que el volumen de pasivos en circulación alcance un punto sin retorno. Y es, en ese momento, cuando emerge el fantasma del 'default', aunque sea pactado. Como ha sucedido en Grecia, donde el nivel de endeudamiento público ha llegado a ser simplemente insostenible. Y lo sigue siendo pese a la multimillonaria quita.
Y todo en un contexto financiero endiablado. El Fondo Monetario ha estimado que las inquietudes por la solvencia del sistema bancario han provocado una masiva retirada de depósitos: superior a los 32.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 16% de los depósitos existentes.
Se salva la Acrópolis
Este es, en realidad, el horizonte que tiene por delante España en caso de una intervención 'clásica'. Es decir, a la griega. Aunque hay una amplia gama de modelos de intervención en función de las circunstancias y del tamaño de cada país. En Grecia, por ejemplo, los salarios de todos los funcionarios han bajado un 10%, se ha subido la edad de jubilación dos años, se han incrementado el IVA y los impuestos especiales (tabaco, alcohol e hidrocarburos), se han despedido a 150.000 empleados públicos -el 25% de las plantillas-, y se piensa privatizar casi todo (salvo la Acrópolis y pocas cosas más) para recaudar 50.000 millones de euros.
En suma, un plan de ajuste de los de 'toda la vida'. En esto, como se ve, no hay muchos cambios, aunque se hable de 'nueva economía' o de 'sociedad del conocimiento'.
El caso de España, y no sólo por el tamaño, es mucho más complejo. Entre otras cosas porque el entramado institucional otorga muchas competencias a las comunidades autónomas, que ahora son las responsables de las dos terceras partes del gasto público. Sería, por decirlo de una manera directa, una doble intervención, poniendo en cuarentena el mandato constitucional que otorga a las regiones amplios poderes.
El tamaño, igualmente, también importa. Y mucho. Y está por ver si se cumple el principio que ha hecho furor en esta crisis en relación a la gran banca: Todo big to fall (demasiado grande para caer). El tiempo lo dirá.
Dinero disponible, desde luego, no hay. Ni el Fondo de Estabilización ni el Mecanismo de Rescate cuentan con recursos suficientes (poco más de 200.000 millones) para financiar la intervención española, por lo que habría que 'rascarse' el bolsillo. Y no está claro que Merkel y Sarkozy (o su sucesor) tengan fuerza suficientes para pedir nuevos sacrificios a alemanes y franceses. Bendito tamaño.
[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 10abr12]
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