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10abr12
Adiós a tratamientos, subida de tasas y más alumnos por clase para recortar 10.000 millones
El Gobierno afronta, seis días después de presentar al Congreso los Presupuestos Generales, un recorte adicional en Sanidad y Educación de 10.000 millones de euros. El 'anuncio', de tapadillo, ha provocado las iras de la oposición y las críticas de los sectores afectados, que avisan que ni las aulas ni los hospitales "pueden afrontar ese nuevo tijeretazo". El Ejecutivo, de momento, aplaza el contenido de las medidas a las reuniones sectoriales con las Autonomías, que finalmente son quienes deben llevarlos a cabo porque tienen transferidas las competencias. Sin embargo, aumento de tasas universitarias, del ratio de alumnos, de las horas lectivas de los profesores, la eliminación de ciertas prestaciones como los tratamientos de infertilidad o el cambio de sexo, así como el pago de medicamentos por renta son los principales elementos que pondrá el Gobierno central encima de la mesa.
Bruselas quiere tener este mes el plan de reformas de España para 2012, y como los mercados no han recibido de buena gana los Presupuestos (más bien al contrario, con la prima de riesgo disparada desde entonces) el Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva tanda de recortes para sacar otros 10.000 millones de ahorro. En Sanidad, donde se deben 15.000 millones de euros, el Ministerio que encabeza Ana Mato baraja dos escenarios, o una combinación de ambos: quitar prestaciones que ahora cubre la Seguridad Social y que considera 'supérfuas', e instaurar la idea adelantada por Esperanza Aguirre desde el verano pasado de cobrar los medicamentos según la renta de los pacientes. La 'lideresa' lo resumió en su día a su peculiar manera: "Mientras la ley me obligue a no cobrar las medicinas a Botín, así seguiré haciéndolo". Parece que la crisis fuerza por fin a replantearse la ley.
En cuanto a los servicios 'a suprimir', el Ministerio de Mato ya ha debatido eliminar, por ejemplo, los tratamientos de infertilidad porque considera que la infertilidad no es una patología y el Estado no está en condiciones de sufragar este tipo de tratamientos que los consejeros de salud de las diecisiete comunidades autónomas incorporaron al calor de la bonanza económica, en algunos casos con el beneplácito del Consejo Interterritorial, en otros por voluntad propia, hasta hacer de la sanidad española una de las más completas y sofisticadas de Europa. Entre esos tratamientos que ahora están en el alero están la vacuna para prevenir el virus del papiloma humano, las vacunaciones (contra el neumococo) a mayores de 65 años y pacientes de riesgo, el cambio de sexo, la atención bucodental a niños, adolescentes y personas en exclusión social, los planes de detección de la sordera en recién nacidos y las terapias para dejar de fumar (la entonces ministra Leire Pajín llegó a anunciar que se gastaría 3.000 millones de euros en lograr que todos los fumadores españoles abandonaran ese vicio tan nocivo).
Ahora, todas las partidas sanitarias están en entredicho. De hecho, algunas comunidades autónomas ya habían empezado a tomar medidas por su cuenta. Navarra, por ejemplo, recortó su programa de atención bucodental para niños y adolescentes, y Murcia, Asturias y Cataluña han puesto freno a los programas de fertilidad, un problema que afecta a 800.000 parejas y que cada año suma 16.000 nuevos casos. Así, Murcia deniega (desde 2009) la prestación a mujeres sin pareja o lesbianas, Asturias exige (desde 2010) el pago de la medicación a las solteras y ha registrado varios casos en que ha denegado la prestación a parejas del mismo sexo, y Cataluña, que pagaba los fármacos a todas las catalanas, tanto si eran atendidas en centros privados como públicos, sólo sufragará íntegros los tratamientos del Clinic, San Pau y Vall d'Hebrón para ahorrarse 9 millones de euros (Informe Adeces de Reproducción Asistida 2011).
La segunda vía para lograr el ajuste en Sanidad es en la factura farmacéutica que asciende a 6.300 millones de euros. En este sentido se impone la idea de que los pacientes con rentas más altas paguen por medicamentos una parte del mismo, mientras que las rentas más bajas accedan a los medicamentos básicos como hasta ahora. La principal complicación de este sistema procede del sistema que hay que adoptar para 'baremar' a cada paciente para que en el momento de acudir a por el medicamento se establezca claramente en qué tramo se halla y qué porcentaje debe pagar. En este supuesto se eximiría de pagar a los parados sin subsidio y dar una atención especial a los medicamentos con mayor coste/efectividad.
La voluntad del Ejecutivo en materia de copago farmacéutico coincide con las voces críticas de numerosos expertos en economía de la salud que desde hace años vienen calificando la regulación vigente (40% de copago para activos, gratuidad para jubilados, sea cual sea su nivel de renta, y 30% para mutualistas, tengan o no 65 años) de nada equitativa. De hecho, el copago actual, que no alcanza ni al 5% del gasto sanitario público, se concentra en el 5% de unos usuarios que no son precisamente lo más ricos.
Educación: tasas y más horas lectivas para los profesores
En cuanto a los recortes en Educación, el ministro José Ignacio Wert planteó recientemente a las comunidades autónomas gobernadas por el PP aumentar las horas lectivas de los profesores en primaria y secundaria así como el ratio de alumnos, mientras que en la enseñanza universitaria habló del incremento de tasas de grado y máster. Básicamente, lo que Esperanza Aguirre lleva haciendo en la Comunidad de Madrid en los últimos tiempos con la oposición de los sindicatos y los partidos de izquierda en las calles.
En la próxima reunión sectorial de las comunidades autónomas, además de 'vender' el nuevo bachillerato de tres años y la apuesta por la formación profesional, Wert planteará a las regiones que no hayan incrementado las horas lectivas del profesorado que las suban de 17 ó 18 actuales a las 21 ó 22, detrayéndolas de las que dedican a tutorías. Esta medida ya se aplica en Madrid, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha, todas gobernadas por el PP, y empezará a aplicarse el curso que viene en el resto de regiones 'populares': Castilla y León, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana. También les planteará aumentar el ratio actual de alumnos por aula.
En educación superior se pondrá sobre la mesa la subida de las tasas de grado y máster, una medida que cuando la recomendó Esperanza Aguirre en plena precampaña electoral provocó una salida en tromba de todo el PP, 'barones' incluidos, en su contra.
[Fuente: Por E.C., El Confidencial, Madrid, 10abr12]
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