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31mar12
El Gobierno español busca con su 'amnistía' aflorar 25.000 millones de dinero oculto
A grandes males, grandes remedios, debe pensar el Gobierno. Y eso explica que ayer anunciara una medida de carácter "excepcional" o "extraordinaria" como es abrir un periodo de regularización fiscal. Un hecho inusual en la mayoría de los países de nuestro entorno, y que, como sugirió el ministro Montoro, pone de manifiesto hasta qué punto ha fallado el sistema fiscal español.
El objetivo es aflorar capital que ahora está oculto a los ojos de Hacienda por más de 25.000 millones de euros. Es decir, nada menos que el 2,5% del PIB. ¿Mucho o poco? En todo caso, apenas el 10% del ajuste fiscal que necesita el Gobierno para cumplir la senda de consolidación fiscal. Nada menos que 27.300 millones de euros. Un cantidad que incluso es mayor en términos estructurales debido a que la economía estará en recesión buena parte del año. Y sin actividad económica, los ingresos se resienten.
O dicho en otros términos. Hacienda hará la vista gorda con aquellos contribuyentes que disponen de dinero no declarado a cambio de que paguen un 10% al Fisco. Pero cuando se trate de sociedades con filiales en el extranjero, permitirá repatriar capitales si pagan previamente un 8% de esos beneficios depositados actualmente en cualquier territorio de baja tributación.
En el primer caso, el plazo acaba el 30 de noviembre, y obligará a presentar ante Hacienda una declaración complementaria de carácter 'confidencial"; mientras que en el segundo, las empresas con beneficios no repatriados tendrán hasta el 31 de diciembre para ponerse al día con Hacienda. El objetivo es lograr unos 2.500 millones de euros que servirán para reducir el déficit del Estado hasta el 3,5% del PIB, lo que supone una disminución de 17.800 millones de euros. El resto del ajuste (hasta los 35.000 millones que exige Bruselas) saldrá de los entes territoriales.
El Gobierno está obligado a actuar tanto sobre el gasto como sobre los ingresos para cumplir con Bruselas (situar el déficit del conjunto de las AAPP en el 5,3% este año). Y al final ha repartido casi al 50% ese esfuerzo. Según sus estimaciones, el recorte del gasto no financiero del Estado será del 9,6%, lo que supone un 'tijeretazo' equivalente a 12.900 millones de euros que saldrán, fundamentalmente, de las inversiones (con una caída del 19,6%) y las transferencias de capital, el dinero que da el Estado al sector público (sociedades mercantiles y todo tipo de entes) para gastar. El recorte, en este caso, será del 46%, lo que pondrá en peligro la supervivencia de un buen número de programas de gastos.
No son, desde luego, las únicas partidas. El ajuste alcanza a las políticas activas de empleo (1.500 millones), Defensa (351 millones), Vivienda (322 millones) o Educación (530 millones), aunque no se tocan las becas. No hay partida que se salve del 'hachazo'. Sólo las pensiones, el gasto en desempleo y el servicio de la deuda, al que se destinarán cerca de 30.000 millones de euros. Estas dos últimas rúbricas se comen más de 60.000 millones, la mitad del gasto no financiero del Estado. O expresado en otros términos. Todos los ministerios juntos tienen para gastar apenas 5.000 millones más de los que se destinan a desempleo y deuda.
Buena parte de estos ajustes, en todo caso, no son nuevos. Ya se aprobaron el 30 de diciembre pasado, y ahora lo que se hace es integrarlos en los Presupuestos de 2012, que se presentarán el martes en el Congreso. Es el caso de RTVE, que contará con casi 200 millones menos, o el apoyo al vehículo eléctrico, cuyo presupuesto cae de 80 millones a sólo 10. Mientras que el Fondo de Integración de Inmigrantes (70 millones) desaparece.
La presentación de los PGE 2012 no aclara, desde luego, todas las dudas sobre su cumplimiento. Ni siquiera sobre su tramitación, toda vez que está previsto que dure nada menos que tres meses, que es el periodo ordinario. Un tiempo demasiado largo para los mercados y la estabilidad del euro, y de ahí que ayer el representante alemán en el BCE pidiera tramitar el proyecto de ley por la vía de urgencia.
La incógnita de la recaudación
Desde el lado de los ingresos, el Estado piensa recaudar 12.314 millones de euros más este año por distintas modificaciones legales; pero, y aquí está lo más difícil, sin subir el IVA, ya que ello hundiría aún más el consumo.
¿Y cómo lo hará? Pues básicamente, al margen del aumento del IRPF ya aprobado el pasado 30 de diciembre, metiéndole mano a las deducciones en el Impuesto de Sociedades, por las que pretender recaudar 5.350 millones de euros. Otros 2.500 millones saldrán de la citada regularización fiscal, 150 millones por cambios normativos en los impuestos especiales y 214 millones por las tasas que se impondrán en reclamaciones por vía civil o del contencioso. Las de orden penal quedan exentas y las relacionadas con asuntos laborales, sólo se pagarán en segunda instancia. (Ver gráfico, página 13).
En cuanto al Impuesto de Sociedades, estas son las novedades.
Diferimiento de beneficios fiscales. Se reduce del 5% al 1% el límite anual máximo deducible del inmovilizado intangible correspondiente al fondo de comercio, tanto por adquisición de entidades, como por reestructuraciones.
Se elimina la libertad de amortización para grandes empresas, tal y como está regulada en la disposición adicional 11ª de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esta permite tal libertad, incluso si no se mantiene o crea empleo. Para las pymes se mantendrá la libertad de amortización siempre y cuando vaya vinculada a la creación de empleo.
Gastos financieros. En la actualidad se pueden deducir sin límites, un aspecto que contrasta con otras legislaciones nacionales, que han ido protegiendo sus bases imponibles en los últimos años. Con la nueva norma no serán deducibles en el año los gastos financieros que excedan del 30% del resultado (EBITDA) del ejercicio. En todo caso, será deducible un millón de euros. Los gastos que no fueran deducibles en el año sí lo serán en períodos futuros, con un máximo de 18 años. No serán deducibles los gastos financieros derivados de la compra de participaciones de entidades de un mismo grupo, salvo que la entidad justifique motivos económicos para la compra de estas participaciones. La medida tiene carácter indefinido.
Pago fraccionado mínimo para grandes empresas. Se fija un pago fraccionado mínimo para aquellas empresas cuyo resultado contable supera los veinte millones al año, como nueva obligación tributaria. Será del 8%del resultado de su cuenta de pérdidas y ganancias. Será del 4% si, al menos el 85% de sus ingresos corresponden a rentas exentas o dividendos con derecho a deducción por doble imposición. En el próximo pago fraccionado, a ingresar antes del 20 de abril de este año, se aplicará un tipo del 4% sobre resultado contable. La medida solo afecta a 2012 y 2013.
Límite de deducciones. Se reduce el actual límite general desde el 35% al 25% y está incluida la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. Se reduce del 60% al 50% para el caso en que la deducción por actividades de I+D supere el 10% de la cuota. Son reducciones temporales, que afectan sólo a 2012 y 2013.
Exención parcial en la venta de participaciones. Con el fin de apoyar la internacionalización de la empresa española, se flexibiliza el régimen de exención en la venta de participaciones en entidades no residentes y se establece un criterio de proporcionalidad en función del tiempo en que se cumplen los requisitos.
El Gobierno se basa para tomar estas decisiones en que elevar en términos efectivos (sin tocar los tipos) el Impuesto de Sociedades tiene un efecto más neutral sobre la actividad económica que lo que hubiera sucedido si se elevan el IVA o los impuestos especiales. De hecho, y según sus estimaciones, pese a que el anterior Ejecutivo subió los tipos del IVA, lo cierto es que este año se recaudará un 3,3% menos que en 2011. Mientras que la caída será del 2,9% en los especiales por el retroceso del consumo, pese al reajuste de los impuestos que gravan el tabaco. Reajuste que esconde, en realidad, una subida.
El objetivo, como se ha dicho, es que el déficit público total baje del 8,5% al 5,3%, un recorte que ningún país ha logrado en tan escaso tiempo. Algo que explica la excepcionalidad de las medidas. La administración central será responsable de 3,5 puntos de déficit; las comunidades autónomas, del 1,5%; las corporaciones locales, de 0,3 puntos, y el Gobierno estima que la Seguridad Social acabará en equilibrio. Algo verdaderamente extraordinario en un contexto como el actual. El propio Ejecutivo estima que este año se perderán más de 630.000 puestos de trabajo, lo que socava los ingresos del sistema público de protección social.
[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 31mar12]
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