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22mar07
Argentina expresó su "más profundo desagrado" por la quejas de representantes de Petrobras por el nivel interno de precios.
El Gobierno reaccionó ayer con manifiesto malestar ante los cuestionamientos que, un día antes, había hecho el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, sobre los precios de los combustibles líquidos y del gas en la Argentina. Una vez más, fue el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el emisario de una queja que partió del propio presidente Néstor Kirchner.
De Vido llamó por la mañana al embajador brasileño en la Argentina, Mauro Luiz Lecker Vieyra, para decirle que lamentaba las declaraciones, que había tomado con "sorpresa". También habló con Radio 10 y con la agencia oficial Télam y sentó el argumento oficial: si las empresas no invierten, "tendrán que irse", porque no son dueñas de las concesiones. "Ninguna empresa está obligada a quedarse en la Argentina." El canciller Jorge Taiana hizo el mismo reclamo ante diplomáticos brasileños.
"De ninguna manera nosotros iríamos a Brasil a sugerir que Lula tenga una determinada política de precios", dijo De Vido en el Aeroparque Jorge Newbery, antes de partir hacia Venezuela y Ecuador como integrante de la delegación que acompaña a la senadora Cristina Kirchner. Agregó que las declaraciones de Gabrielli resultaban "absolutamente inapropiadas para una empresa que solamente es concesionaria en la Argentina".
"Ya me comuniqué con el embajador de Brasil y entiendo que el canciller argentino está haciendo lo mismo, para presentar nuestra más profunda disconformidad, nuestro más profundo desagrado por las declaraciones del señor Gabrielli", dijo. Anoche, en Quito, el ministro dijo que estaba "esperando una disculpa" de la empresa.
El presidente de Petrobras había cuestionado el control de precios oficial en Río de Janeiro, durante el Foro sobre Inversión en América Latina, organizado por la agencia Reuters. "Creemos que el sistema de precios no es de los que hoy estimulen muchas inversiones. Creemos que hay necesidad de algunas alteraciones en ese sector, especialmente en el área de derivados, pero también en el área de gas natural, para que haya una señalización más adecuada de la escasez relativa de esos productos", había dicho Gabrielli, antes de manifestar preocupación por la caída en las reservas de hidrocarburos en la Argentina.
La empresa brasileña ya había tenido un conflicto con el Gobierno hace un mes, cuando se le rechazó la propuesta de venta de su participación en Transener al fondo de inversión norteamericano Eton Park.
De Vido contestó con dureza. "Las consecuencias que según él [Gabrielli] va a tener la política de precios de la Argentina, nosotros decimos que la política de combustibles es producto de consensos y la fija el gobierno nacional [sic]."
El precio cuestionado, según De Vido, "es producto del costo de producción más una rentabilidad. Esos señores quieren hacernos pagar lo que vale en Alemania, España, países que no tienen petróleo".
El ministro se mostró molesto porque la crítica surgiera de una empresa que tiene una concesión en el país. "Esto parte también de un error común de los empresarios petroleros, de Gabrielli en particular -con quien yo tuve una charla respecto de este tema-, de creer que las áreas de hidrocarburos son de su propiedad. Las empresas tienen obligación de invertir; no es que pueden invertir o no hacerlo en función de determinadas políticas que aplique el Gobierno. Las empresas deben invertir; si no lo hacen, tanto el Estado nacional como los provinciales procederán a la reversión de las áreas y, en ese caso, tendrán que irse. Ninguna empresa está obligada a quedarse en la Argentina."
La reacción del ministro motivó un comunicado de acercamiento de Petrobras, que dijo anoche que las declaraciones de su principal ejecutivo habían sido malinterpretadas. "El presidente Gabrielli entiende que sus declaraciones, publicadas por la prensa argentina, fueron interpretadas de forma equivocada y en ningún momento señaló una reducción de inversiones en la Argentina o incumplimiento de compromisos asumidos ni dejar de cumplir con las políticas internas legítimamente establecidas por el gobierno argentino." La compañía brasileña agregó que tiene una fuerte disposición a mantener su presencia en el país.
La contestación de De Vido era tratada anoche en el directorio de Petrobras. El Palacio Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, confirmó anoche el llamado de funcionarios argentinos, aunque no dio cuenta de ningún malestar. "Fue un llamado cordial, que le hizo el ministro De Vido al embajador", dijo a LA NACIÓN una fuente diplomática que prefirió no pronunciarse sobre el incidente.
No es la primera vez que una compañía queda enfrentada con el gobierno argentino. Entre los petroleros aún está latente el recuerdo de la suerte que corrió Shell cuando, en los primeros días de marzo de 2005, se apartó de las pretensiones oficiales.
En ese momento, la petrolera aumentó sus combustibles hasta un 4,2%. Dos días después Kirchner llamó a la población a no comprarle a la firma "ni una lata de aceite" y piqueteros cercanos a la Casa Rosada bloquearon más de 30 estaciones de servicio de la marca angloholandesa, incluso aquellas que no pertenecían a la petrolera, sino a empresarios nacionales que, en ese momento, elevaron quejas porque quedaban al borde de la quiebra.
Pocos días después, mientras las ventas en sus surtidores caían, Shell volvió sobre sus pasos y retrotrajo los precios de la nafta, pero no los del gasoil.
Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez, también fue blanco de la ira oficial. Después de ser la primera empresa privatizada en firmar un acuerdo de revisión de su contrato, que duró seis meses, la francesa Suez y su controlada, Aguas Argentinas, se convirtieron en una de las citas habituales en los discursos del Gobierno.
Hace un año, la saga terminó con la rescisión del contrato que le daba a la compañía francesa la explotación del servicio de agua potable y cloacas de la Capital Federal y de 17 distritos del conurbano bonaerense.
También el empresario supermercadista Alfredo Coto fue destino de la ira presidencial durante el coloquio de IDEA de hace dos años, aunque finalmente las relaciones entre el Gobierno y el propietario de la cadena se suavizaron.
[Fuente: La Nación, Bs As, Arg, 22mar07]
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