EQUIPO NIZKOR |
|
Junio de 2006
Otra mirada al acuerdo tripartito para la creación de la oficina permanente de la OIT en Colombia.
El gobierno colombiano desde hace no menos de 20 años, ha sido llamado ante la Comisión de aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT (Comisión de normas) a dar explicaciones por diversos incumplimientos a las obligaciones asumidas en el marco de esta organización. En el 2006 no fue seleccionado en la lista de países que de manera especial estudia la comisión de normas, o no incluido en la lista negra, como lo dijo públicamente el presidente de la ANDI, pero las razones de su no inclusión no son para nada las dadas por el vocero de los empresarios colombianos y el propio gobierno.
Su no inclusión en esa lista no significa que le hayan dado certificado de buenas prácticas en materia de libertad sindical, tampoco le asegura que el año entrante no sea llamado a rendir cuentas, ni mucho menos que cese el estudio que cada año hace el Comité de expertos sobre el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de su condición de miembro de la OIT y de haber ratificado 59 de sus convenios. Tampoco implica que el Comité de expertos deje de formular observaciones sobre discordancia normativa y práctica con los convenios, ni que cese su obligación de cumplir con las múltiples observaciones que los distintos órganos de control le han hecho en los últimos años, ni que el Comité de libertad sindical detenga el estudio de las quejas de sindicatos en trámite de resolución ante ese comité, ni que se suspenda la admisión de nuevas quejas que presenten los trabajadores.
Si en algún año Colombia merecería ser incluida, es este, no solo por el nivel alto de violencia que persiste contra el sindicalismo,- 70 asesinatos en el 2005 y 27 en lo corrido del 2006, inclusive con un incremento del 8% y una impunidad casi total-, sino ante todo por la política antisindical que gobierno y empresarios han desatado. En muchos años no se habían aplicado prácticas antisindicales como las usadas por este gobierno: una acción intencional y premeditada de limitar la creación de sindicatos, de manera reiterativa y generalizada esgrimen argumentos jurídicos bien controvertibles y valoraciones políticas para impedir la fundación de sindicatos, sus propios datos lo muestran: negaron la creación a 71 sindicatos, hecho no visto en la historia laboral del país. Otra forma de corroborar esta política es mirando los sindicatos que publicitan su creación en el Diario Oficial, mientras durante los gobiernos de Samper y Pastrana el promedio de organizaciones que publicitan su creación por este medio fue de 98 por año, durante lo corrido del gobierno de Uribe es de 12 por año. Este gobierno no solo limita la creación de sindicatos nuevos, impide que adecuen sus estatutos a las nuevas realidades sindicales y laborales o que expresen en ellos sus políticas y sus formas de organización (a la CGT le negó la reforma que habilitaba la afiliación directa a la central), sus propios datos también evidencias esta política: negaron 163 reformas de las 259 que fueron solicitadas. Estas prácticas expresan una indebida e ilegal interferencia en la autonomía de las organizaciones sindicales.
El mismo gobierno anima la creación de cooperativas de trabajo asociado como condición para vincular trabajadores, en especial en las instituciones de salud, y avala esta práctica entre los empresarios. Con esta forma fraudulenta de cooperativismo ha terminado con sindicatos y negociación colectiva. Los datos están a la vista, mientras en el bienio 1994-1995 se acordaron 1013 convenciones colectivas en el bienio 2004-2005 se firmaron 634. Para hacer todo lo anterior incumple con la Constitución y la ley, que expresamente dicen que los sindicatos no necesitan autorización previa para constituirse y también incumple los convenios de OIT, ratificó el convenio 151 que garantiza el derecho a la negociación colectiva de los empleados del Estado y les niega ese derecho. (Los datos gubernamentales son tomadas de información suministrada por el coordinador del grupo de archivo sindical en abril de este año.)
Otras son las razones y los antecedentes que explican la no inclusión de Colombia en la lista negra de la Comisión de Normas de la OIT este año. El gobierno y los empresarios llegaron a Ginebra con la carta de la reelección de Uribe en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y la pusieron como muestra de su legitimad. Su prepotencia era evidente, tanto que intentaron sugerir que era un despropósito poner en el banquillo de los acusados a un gobierno al que se le renueva su mandato, como si un triunfo electoral diera patente de corzo o autorización para violar derechos e incumplir compromisos internacionales, y amenazaron con convertir la discusión en la Comisión de normas en un acto de desagravio contra los empresarios y el gobierno colombiano. Un elemento que preocupaba al gobierno y que era la carta fuerte del sindicalismo este año en la discusión, era la comprobación de la participación de la agencia de inteligencia del gobierno colombiano – Departamento Administrativo de Seguridad - en acciones de violencia contra el sindicalismo, a esto se agregaba el hecho grave de Jamundi que pone en evidencia no solo la corrupción, también los vínculos de las fuerzas militares con el narcotráfico.
La dirigencia sindical sopesó la importancia entre una discusión en dicha Comisión por la violación a la libertad sindical o la instalación de una representación permanente de la OIT en Colombia, como lo recomendó la Comisión Tripartita de alto nivel que visitó el país en octubre del año pasado, para hacer seguimiento a la situación de las libertades sindicales y a la impunidad con ocasión de la violencia contra el sindicalismo. Y optó por la segunda, a todas luces es de mayor significancia una representación de la OIT con mandato para hacer seguimiento al comportamiento del gobierno y de los empresarios y para hacer pronunciamientos públicos sobre él, además de cumplir otras funciones como la de animar el diálogo entre los actores laborales y la cooperación técnica en temas del mundo del trabajo y de implementación de recomendaciones de los órganos de la OIT.
El cumplimiento de la recomendación de la comisión de alto nivel requería del beneplácito del gobierno de Colombia, y en principio en el Consejo de Administración de marzo de este año donde se presentó el informe de la Comisión, el gobierno por intermedio de su vicepresidente, expresó su desacuerdo con tal recomendación, en igual sentido se pronunciaron los empresarios. Por ello en una política inteligente de negociación, la dirigencia sindical renunció para el 2006 a su solicitud de incluir a Colombia, entre los casos especiales de estudio, a cambio del beneplácito del gobierno y del apoyo de los empresarios a la instalación de la representación permanente de la OIT en Colombia. Esta estrategia la entendió perfectamente la dirigencia sindical internacional quien dio su pleno respaldo al acuerdo y los otros actores en la OIT que lo valoraron y aplaudieron con efusividad.
Ahora sigue la implementación del acuerdo tripartito para hacer efectivo el mandato que se asignó a la representación permanente:
- 1 Cooperación técnica para promover el trabajo decente.
- 2 Promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones, en especial en temas que conciernen a la vida, la libertad de asociación, expresión y negociación colectiva.
- 3 La lucha contra la impunidad de los delitos cometidos contra la vida y la libertad de los sindicalistas, en el marco del grupo especial de investigación de la fiscalía.
- 4 Impulsar el dialogo social a través de la comisión de nacional de concertación de políticas laborales y salariales y la definición de una agenda permanente de trabajo.
Independiente del debate de clarificación del sentido y alcance del acuerdo tripartito, el movimiento sindical debe abocarse con prioridad a ayudar a crear las condiciones, tanto internas como externas, para que la representación permanente de la OIT opere lo más pronto posible en el país con autonomía, publicidad, eficacia y seguridad. El movimiento sindical debe mirar esa delegación como un espacio de suma importancia para la promoción de la libertad sindical, la exigencia de cumplimiento de las obligaciones internacionales del gobierno en materia laboral y sindical, tribuna de denuncia de las arbitrariedades de gobierno y empresarios y lugar de corroboración de la justeza y validez de las quejas y requerimientos que por años se han hecho a empresarios y gobiernos. Un buen ejemplo lo tiene en el papel que ha cumplido la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia.
Ginebra, Junio de 2006.
Por Luís Norberto Ríos Navarro
Director académico, Escuela Nacional Sindical
 | This document has been published on 19jun06 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |