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15abr06
Conflictos y expectativa por nacionalización en Bolivia.
El asedio de diversos conflictos sobre la administración del presidente Evo Morales y otros acuciantes temas, relativizaron el carácter tradicionalmente apacible de la Semana Santa católica en Bolivia.
Al mismo tiempo, el largo feriado religioso fue marcado por la expectativa desatada por la aparente inminencia de un esperado decreto de nacionalización de los hidrocarburos, estelar promesa electoral del gobernante.
El llamado Jueves Santo, cuando muchos empacaban para excursionar, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, las cortes departamentales (provinciales) y otras instancias judiciales emitieron un fuerte ataque contra el gobierno.
El pronunciamiento acusaba al ejecutivo de violentar la autonomía del Poder Judicial como supuesta garantía de la democracia y la legalidad y usar para ello la intromisión con fines de ajuste salarial, en el marco de una gran campaña de austeridad.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, consideró inaceptable y carente de solvencia moral la declaración de los magistrados, nombrados por anteriores parlamentos controlados por partidos tradicionales.
El vocero presidencial, Alex Contreras, señaló que las quejas de los jueces son solamente un pretexto para no rebajar sus sueldos en proporción a la reducción aplicada al del Presidente, sus ministros y otros altos funcionarios y parlamentarios.
Por otra parte, un paro de 48 horas de la Confederación de Trabajadores de la Salud expresó la impaciencia social por mejores salarios y otros reclamos, aunque la acción fue considerada injusta por el jefe de Estado.
El mandatario y sus ministros argumentaron haber otorgado a ese gremio y a los maestros -que preparan un paro para la semana próxima- un incremento de sueldos del siete por cierto, el más alto en muchos años.
La respuesta dice que el gobierno ha atendido en lo posible el reclamo de más personal en ambos sectores y que el mandatario y los altos funcionarios, así como diputados y senadores, redujeron sus sueldos en beneficio de la salud y la educación.
El ejecutivo ha advertido a trabajadores de la salud y profesores que su oferta de mejora salarial es innegociable porque el Estado carece de fondos para un aumento mayor.
También mantuvo presión sobre el ejecutivo la Confederación de Choferes, que en la semana previa había cumplido un paro de 24 horas contra un decreto que obliga a los empresarios del transporte por carretera a emitir facturas y pagar impuestos como cualquier negocio.
En este conflicto, las autoridades establecieron un diálogo positivo con los llamados transportistas urbanos libres -ajenos a la referida organización- y con una agrupación de choferes asalariados, pues la confederación agrupa a los dueños de unidades de transporte.
Tras amenazar con otro paro de 48 horas, la Confederación de Choferes accedió a dialogar con el gobierno desde el lunes próximo, mientras los empresarios del transporte carretero pidieron flexibilizar el decreto oficial para que paguen impuestos los dueños de más de dos autobuses.
Otro problema social importante, la virtual quiebra de la privatizada compañía Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), motivó un paro general de 24 horas en la ciudad central de Cochabamba, por la intervención estatal en la empresa con fines de salvataje.
El ejecutivo se niega a intervenir porque en tal caso el Estado tendría que asumir deudas acumuladas en casi una década de administraciones privadas, las cuales ascienden a unos 170 millones de dólares, y la aerolínea podría colapsar en los próximos días.
También en el campo social, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, convocó a un paro nacional de 24 horas para la semana próxima, por diversos reclamos incluida la nacionalización de los hidrocarburos sin compensaciones.
El tema del gas y el petróleo motivó gran expectativa por una declaración del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, en el sentido que entregó el proyecto de decreto al presidente Morales, en cuyas manos quedó la decisión final.
El ministro Quintana y el vocero Contreras aclararon que la medida no será inmediata, pues es analizada por un equipo técnico gubernamental.
Para diversos medios de prensa, el proceso de nacionalización se inició el viernes, cuando el experto Víctor Hugo Sáenz, un partidario decidido de esa medida, tomó posesión como superintendente de Hidrocarburos.
El gobierno sostiene que la recuperación del gas y el petróleo, no expropiará los bienes de las transnacionales que operan en el país, sino que recuperará la propiedad estatal de los yacimientos y el control por el Estado de la producción, transformación y comercialización de esos recursos y sus derivados.
[Fuente: Prensa Latina, La Paz, Bolivia, 15abr06]
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