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02nov14
El problema de Francia es el euro
Todo era cuestión de tiempo. Antes o después, los efectos perversos del euro terminarían también por hacer estragos en la economía francesa. Esta, sin duda, tiene un potencial mucho mayor que el resto de las economías mediterráneas. Es la quinta potencia mundial y la segunda de la eurozona y, además, no ha cometido el error de aplicar las políticas de austeridad, al menos no con la misma intensidad de las impuestas a Grecia, Portugal, Irlanda, España, e incluso a Italia, lo que ha permitido que hasta ahora funcionase la demanda interna.
También le ha servido de defensa el tamaño de su sector público, lo que paradójicamente se le critica y se pone como causa de sus actuales dificultades económicas. El gasto público alcanza el 56,6% del PIB, 12 puntos superior a Alemania y 7 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Tres son las partidas que marcan esta diferencia, pensiones, sanidad y educación, y que configuran una red de seguridad en las crisis económicas para ayudar a mantener el consumo privado. Se podría argumentar que Francia, como es lógico, presenta como contrapartida una de las presiones fiscales más elevadas de la Unión Europea; pero es que la política redistributiva del Estado, además de incrementar la equidad, suele tener -tal como ya afirmó Keynes en su día-un efecto positivo sobre la demanda, y por lo tanto sobre el crecimiento, al transferir recursos de los colectivos con menor propensión a consumir a aquellos que la tienen más elevada.
Por el contrario, en la actualidad, el talón de Aquiles de nuestro país vecino lo constituye el sector exterior, fruto de su pertenencia a la Unión Monetaria, al no poder devaluar frente a Alemania y al tener que mantener como moneda un euro fuerte que le ha hecho perder competitividad respecto a los países que no pertenecen a la eurozona. Si bien es verdad que una economía no puede confiar en exclusiva su crecimiento al sector exterior, olvidándose de la demanda interna, no es menos cierto que tampoco es posible atender únicamente a esta, prescindiendo de la competitividad exterior.
Desde el año 2000, Francia ha perdido tres puntos en su participación en el comercio mundial. Por una parte, las exportaciones se han reducido o apenas se han incrementado y, por otra, la pérdida progresiva de competitividad ha aumentado las importaciones, originando que parte de la demanda interna se desvíe hacia los productos y servicios foráneos perjudicando la producción nacional. El país galo viene presentando desde 2005 un saldo negativo en la balanza por cuenta corriente que se ha incrementado con el tiempo. Este deterioro progresivo por fuerza tenía que extenderse a la propia demanda interna.
La situación actual comienza a ser muy preocupante: con un consumo débil y una inversión privada negativa, un crecimiento estancado en los dos primeros trimestres de este año; un nivel de deuda pública alarmante (no más, sin embargo, que otros muchos países europeos) de dos millones de euros, superior ya al 95% del PIB. En cuanto al déficit, en 2014 los gastos superarán a los ingresos en 87.000 millones de euros, el 4,4% del PIB, incumpliendo los compromisos con Bruselas, situación que apenas se corregirá para 2015 (4,3% del PIB).
Francia se va acercado a una encrucijada parecida a la que desde hace tiempo atenaza al resto de países mediterráneos. De ahí que haya quien pida que se afronte una terapia similar a la aplicada a estas economías. Los empresarios, con el pretexto de ganar competitividad, plantean las medidas de siempre: rebaja de impuestos y de cotizaciones sociales, mayores recortes presupuestarios y reducción del tamaño del sector público, eliminación de la ley de 35 horas, abaratamiento del despido y flexibilidad laboral, con la correspondiente reducción salarial. En buena medida, coinciden con Alemania, y con Bruselas que exigen que se cumplan los compromisos del pacto de estabilidad y que se acometan las reformas adecuadas.
Para defender esta estrategia, sus partidarios, y especialmente Alemania, ponen de ejemplo a España y las medidas acometidas por nuestro país, afirmando que gracias a ellas ha salido de la crisis, lo que no deja de ser un cuento de hadas, porque lo cierto es que nuestra economía, al igual que las de Grecia, Portugal e Irlanda, es una economía zombi, un muerto viviente. Las escuálidas tasas de crecimiento al igual que los reducidos incrementos de empleo cosechados en los últimos meses, únicos datos positivos, ocultan mal las debilidades internas y los peligros a los que está expuesta. Un nivel de paro insoportable, sin que se vislumbre ni a corto ni a medio plazo su remisión en grado sustancial; salarios por los suelos; destrucción parcial del raquítico Estado de bienestar del que disfrutábamos, desmantelamiento del sector público. Todos estos factores hacen poco creíble el mantenimiento sostenido de la demanda interna.
Difícilmente mientras permanezcamos en el euro, el sector exterior puede convertirse en motor de crecimiento. A pesar de los enormes sacrificios a los que se ha sometido a las clases medias y bajas para ganar la tan cacareada competitividad, ha bastado que el crecimiento de la eurozona se estancase para que las exportaciones perdiesen fuelle, y sobre todo, ha sido suficiente que la economía española se adentrase en tasas, aunque sean nimias, positivas, para que las importaciones se disparasen. Todo hace prever que el sector exterior, sin posibilidad de devaluar, actuará una vez más de estrangulamiento del crecimiento. A ello hay que añadir el ingente endeudamiento exterior acumulado durante la burbuja inmobiliaria que no se ha reducido un ápice y los niveles preocupantes y nunca conocidos en nuestro país que está alcanzando la deuda pública, con el agravante de que continuará incrementándose en el futuro. No es de extrañar que, por una parte, el crédito prosiga sin llegar al sector privado y que, por otra, en cualquier momento puedan dispararse los miedos y las especulaciones en los mercados con la consiguiente subida de los tipos de interés, lo que, sin un banco central que respalde, sería insoportable para nuestra economía.
Aun cuando no se quiera reconocer, la economía española, la griega, la portuguesa, la irlandesa y, en cierta forma, también la italiana, cada una con sus características especiales, son economías zombis y se encuentran al borde del precipicio. Es lógico por tanto que Francia no quiera seguir el consejo de los que "piadosamente" le empujan a tener a España como ejemplo.
El ministro Valls se ha situado en tierra de nadie, a medio camino, y si bien ha porfiado con el gobierno alemán y se ha negado a aceptar las imposiciones, sobre todo en materia de déficit, que vienen de Europa, anuncia medidas que van en la misma línea. Ha plantado, sí, cara a Merkel y a Bruselas, negándose a someterse a sus requerimientos, quizás más que por convencimiento por las presiones de la sociedad e incluso de su propio partido y también, por qué no, por un cierto orgullo nacionalista o chovinista, de no permitir presiones foráneas y mostrar de forma clara que la soberanía se halla en Francia y que es al gobierno francés a quien corresponde decidir sobre los presupuestos.
La política de Valls no es tan original como pretende hacernos creer y está poniendo en práctica una reforma, quizás con menor intensidad, pero en la misma línea equivocada que la aplicada en otros países. Para los tres ejercicios futuros se prevén unos recortes en total de 50.000 millones de euros, en su mayoría en gastos sociales, pensiones, sanidad, ayudas a las familias, etc. Pero junto a esto se sitúa el llamado pacto de competitividad, por el que el gobierno se obliga a dedicar 41.000 millones de euros a reducción de impuestos y cotizaciones sociales a los empresarios, mientras que estos se comprometen a crear 200.000 puestos de trabajo, lo que no deja de ser un brindis al sol porque, aparte de lo escaso de la cifra, no hay ninguna seguridad de que los empresarios cumplan su parte del contrato, puesto que la creación de empleo depende sobre todo de la existencia o no de demanda. Es más, es muy posible que la medida sea contraproducente, ya que lo que es seguro es que habrá una transferencia de recursos de las clases bajas, con una elevada propensión de consumo, a las altas con más capacidad de ahorro.
Valls se está equivocando, tal vez menos que otros mandatarios europeos, pero de ninguna manera se puede afirmar que esté siguiendo una política distinta. No es de extrañar que una buena parte de sus propios diputados se le hayan enfrentado negándose a suscribir la reforma, y que el primer ministro francés se esfuerce por justificar su posición, afirmando esas patochadas que tanto nos recuerdan otras épocas de terceras vías con Blair, González y Schroeder. "La izquierda puede morir si no se reinventa", afirma, y como toda elaboración intelectual, propone quitar el apelativo de socialista al partido, denominándolo "pragmático, reformista y republicano". Pura ideología. La rémora de la izquierda es que se reinventó hace ya tiempo, dejando de ser izquierda. Valls ni huele donde está el problema de la economía francesa; que al igual que el de las economías de algunos otros países, se encuentra en el diseño neoliberal de la Unión Monetaria.
[Fuente: Por Juan Francisco Martín Seco, República de las ideas, Madrid, 02nov14]
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