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01ene10
El Constitucional francés obliga a las empresas a pagar por las emisiones de CO2
El presidente francés Nicolas Sarkozy ha cumplido con su palabra para frenar el calentamiento global por el efecto de la emisión de gases contaminantes. Pero sólo en parte, poque el Consejo Constitucional ha dado un fuerte revés al proyecto de ley de creación del nuevo impuesto ecológico que debía entrar hoy en vigor. Sarkozy había conseguido que el Ejecutivo que preside François Fillon incluyera en el proyecto de los Presupuestos Generales para este año la instauracion de la polémica tasa del carbono, que obliga a particulares y empresas a pagar un impuesto progresivo en función del uso de los carburantes más contaminantes derivados del petróleo. El problema es que tal y como estaba redactado el texto legislativo los particulares eran los que asumían la mayor carga fiscal de la tasa ecológica porque gravaba la compra de carburantes y dejaba fuera del pago a las empresas del transporte y a las grandes empresas industriales.
Sin embargo, el pasado 29 de diciembre, el Consejo Constitucional tumbó por sorpresa la totalidad de la ley al considerar que "existen demasiadas exenciones para las empresas contaminantes, lo que contribuye a crear una situación de discriminación con la mayoria de particulares franceses, que deberán asumir la mayor carga del impuesto", explica a El Confidencial el ponente del Consejo Constitucional, Jean-Louis Debre.
Con el dictamen vinculante del Consejo, el Gobierno francés presentará un nuevo legislativo el próximo 20 de enero. De lo que no cabe duda, según han asegurado a este diario fuentes gubernamentales francesas, es que "la tasa del carbono seguirá adelante, porque es una prioridad del Gobierno francés contribuir a que las empresas se den cuenta de sus compromisos medioambientales. El nuevo texto recogerá las condiciones que ha impuesto el Comite de Sabios al Ejecutivo".
Dicho Comité se ha mostrado en contra de que las grandes empresas del sector aéreo y del transporte por carretera, asi como las industrias, estén exentas del pago del impuesto, como pretendia el texto original. "Esta claro que ahora deberemos buscar fórmulas que les incluyan en la parte que les toca por sus niveles de contaminación de dióxido de carbono, porque el 93% de las emisiones a la atmósfera las provocan las grandes empresas », asegura a este diario un portavoz del Gobierno en París.
"Lo que pretendemos es dar un ejemplo a la mayoría de países de la Unión Europea que se plantean instaurar nuevos impuestos para revertir los recursos en la lucha contra el calentamiento de la Tierra, como ocurre en los paises nórdicos", afirma el portavoz.
Patronal y sindicatos, en contra
Sin embargo, esta tasa no ha producido entusiasmo alguno ni entre las patronales francesas, que juzgan la medida de inapropiada en estos tiempos de crisis económica, ni entre los sindicatos, que creen que penalizará el empleo que generan actualmente gasolineras y distribuidoras de carburante en toda Francia.
El impuesto gravará, entre otros, el consumo de gasolina y gasóleo de particulares y empresas, y toda aquella fuente energética que provenga de la quema del carbón, del procesamiento del gas y del refino del petroleo. El Ejecutivo francés que dirige el primer ministro François Fillon espera recaudar el próximo ejercicio con esta nueva tasa 2.700 millones de euros. Cada vez que una persona decida repostar gasolina de 95 o 98 octanos (actualmente la primera tiene un coste de 1,33 euros el litro y la segunda 1,45 euros el litro) deberá pagar entre 0,04 euros y 0,05 euros suplementarios en concepto de la nueva tasa.
La incorporación de la fiscalidad ambiental llega días después de la recomendación hecha a España por el director de la Agencia Internacional de la Energía, Nobuo Tanaka, para que elimine las subvenciones a la extracción del carbón y eleve los impuestos sobre la gasolina.
"La fiscalidad ambiental persigue gravar las actividades que comportan un impacto ambiental, con la convicción de que, al encarecerse aquello que tiene un efecto ambiental negativo, se incentivan cambios de comportamientos que reducen estos problemas ambientales. Pero la filosofía no es recaudar dinero, sino incentivar cambios de comportamiento en el consumo y la producción industrial", recuerda Jordi Roca, catedrático del departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona.
En los países escandinavos, el impuesto sobre el CO2 ha servido para penalizar el uso de la energía fósil, pero, como contrapartida, esta medida ha ido acompañada de una reducción de impuestos sobre las rentas del trabajo para no cargar la presión fiscal sobre los asalariados.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, 01ene10]
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