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08mar06
ENCE procura tener el apoyo del gobierno español para continuar la inversión en las papeleras.
Con discreción, pero también con inocultable interés, el gobierno español está siguiendo muy de cerca el conflicto político planteado entre Argentina y Uruguay por la instalación de las papeleras. Así lo admitió aquí ante periodistas argentinos un alto ejecutivo del grupo ENCE.
La administración de Rodríguez Zapatero tiene al menos dos fuertes razones para dirigir su atenta mirada hacia Sudamérica: Néstor Kirchner y Ta baré Vázquez son dos amigos ubicados en las cercanías ideológicas del PSOE y, además, una de las empresas involucradas está integrada por capitales españoles.
Hasta que dejó de ser semi pública en 2001 para convertirse en sociedad anónima, ENCE era la sigla de Empresa Nacional de Celulosa de España. La privatización la transformó en ENergía CElulosa, pero como toda compañía con radicaciones en el exterior, sus contactos con el gobierno son fluidos y permanentes. Más aún en este caso, donde el conflicto superó el plano de las razonables dificultades de una inversión industrial y escaló políticamente hasta la cima del poder de dos países entrañables para España.
Esto supone que, ante la eventualidad de decisiones trascendentes de la empresa, como podría ser la temporaria paralización o no de las obras que solicitó el presidente Kirchner a su colega uruguayo, la opinión del gobierno español no estará ausente.
Por ahora, ENCE sostiene que sigue trabajando de acuerdo con lo que establecen los permisos de radicación otorgados por Uruguay, y que no ha recibido ningún pedido formal de nadie para detener las obras. Pero sus directivos advierten con énfasis que cualquier modificación en las características o plazos del proyecto deberá ajustarse a lo que contempla la seguridad jurídica para garantizar los intereses de la inversión, sin pérdidas de ningún tipo.
Para ENCE, que se muestra sorprendida por la dimensión que ha adquirido el conflicto, el debate carece de toda seriedad técnica. Y asegura que, como se lo dijo a Clarín su vicepresidente Juan Villena la semana pasada, en el plano técnico la discusión se resuelve en no más de 10 minutos.
La empresa afirma que está abierta a todo tipo de monitoreos de sus mecanismos de producción, que utiliza en sus plantas la mejor tecnología disponible en el mundo y que se ajusta a las severas normas internacionales en materia de controles para evitar la contaminación. Pero se niega a hacer comentarios sobre las alternativas políticas que pueden evaluarse para diluir la crisis.
Los ejecutivos españoles despotrican abiertamente contra Greenpace de Argentina porque tiene una postura diferente a otras delegaciones de la misma organización en el mundo, y también se advierte en ellos una incomodidad por la cercanía del emprendimiento de Botnia, con su planta ubicada justo al frente de la costa entrerriana. Consideran que los finlandeses han tenido algunas actitudes que han exacerbado el conflicto.
En celulosa de eucaliptus, ENCE es la empresa líder con el 21 por ciento de las ventas en el mercado europeo y es el segundo mayor productor mundial con un 12 por ciento de la torta. "Nosotros somos responsables. Si no presentáramos todos los certificados de cumplimiento de las exigentes leyes medioambientales que hay en Europa, nadie nos compraría nuestra celulosa", dicen los ejecutivos españoles. Y mientras siguen esperando que se realicen estudios "serios y objetivos" de impacto ambiental, se preguntan una y mil veces por qué la situación alcanzó este punto crítico.
Botnia salió a desmentir coimas.
La empresa finlandesa Botnia aclaró ayer que no pagó coimas a tres ambientalistas uruguayos para desactivar movilizaciones en su contra. "Botnia no paga sobornos, ni acepta chantajes y niega enfáticamente haber participado de ningún intento de coima en el pasado o en el presente", dice un comunicado de la empresa, en el cual, sin embargo, aceptan haberle pagado al denunciante Marcel Kayrús. Agrega que el mismo "fue contratado para gestionar la organización de una reunión con la Asamblea de Gualeguaychú, gestión por la que recibió el pago de los honorarios y reintegro de gastos correspondientes".
El lunes, Canal 9 difundió una denuncia de Kayrús en la que afirma haber recibido una coima de Carlos Faroppa, vocero de Botnia. La empresa habla de "tergiversación" y "manipulación de la información" y anunció acciones civiles y penales.
Romina Picolotti, asesora legal de la gobernación en la cuestión de las celulosas, señaló: "no estoy segura de que sea cohecho". Pero sí resaltó que lo importante de la difusión de la cámara oculta es que las imágenes "muestran como se manejan estas empresas".
También la fiscal de Estado entrerriano, Claudia Mizawak, opinó que "si resultara cierto, el hecho de infiltrar personas en una Asamblea de ciudadanos para perturbar su actividad, sería una conducta reñida con los principios democráticos".
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 08mar06]
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