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29ago06
La Paz dice que también puede denunciar ante los tribunales los “saqueos” de Repsol y rechaza sus “bravuconadas”.
El Gobierno de Evo Morales ha respondido a Repsol YPF que no acepta "bravuconadas" de la petrolera que preside Antonio Brufau, después de que este fin de semana amenazara a las autoridades bolivianas con emprender acciones legales en los tribunales locales e internacionales tras el registro de las oficinas de su filial Andina y la detención y posterior arresto domiciliario de su auditor.
"El Gobierno no va a aceptar estas bravuconadas", afirmó anoche en declaraciones a la prensa el viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, quien advirtió que el Estado boliviano también podría recurrir a "estrados internacionales" para demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que "saquearon" el país en complicidad con "gobiernos carroñeros".
La petrolera hispano argentina aseguró este fin de semana que ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos si continúa la "injustificada y reiterada persecución" de la Fiscalía en contra de la compañía, al tiempo que denunció que el registro a sus oficinas de Andina constituye una "medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional".
Tras reiterar su voluntad de prestar, "como ha hecho hasta ahora", toda su colaboración para el "total esclarecimiento de los hechos", y expresar su "plena disposición" a la negociación, confió en que las últimas declaraciones de Morales se traduzcan en hechos concretos que permitan volver a un "clima de total normalidad y seguridad jurídica en Bolivia".
Sin embargo, la compañía expresó su preocupación ante "la falta de seguridad jurídica" que en la actualidad existe en el país andino. En estas condiciones, estimó "muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia".
La Fiscalía de Santa Cruz acusa a la filial boliviana de Repsol YPF de pactar en el año 2002 con Petrobras un acuerdo para exportar gas natural a precios menores de los establecidos, lo que supuso un perjuicio de 161 millones de dólares para el Estado boliviano. Sin embargo, la petrolera brasileña comunicó hace un par de semanas que el contrato se ha dejado sin efecto.
En el marco de sus investigaciones, la Fiscalía registró el pasado viernes las oficinas de Andina en Santa Cruz. Además, fue detenido Saúl Carlos Encinas Miranda, auditor de la compañía, que tras prestar declaración quedó bajo arresto domiciliario sin custodia, pero deberá presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de evitar "su fuga" para no obstaculizar la investigación.
Cambios en YPFB
El principal partido opositor boliviano, el conservador Poder Democrático y Social (Podemos), calificó ayer de "una batalla ganada contra la corrupción" el relevo del presidente de la petrolera estatal YPFB, Jorge Alvarado. El senador de Podemos Oscar Ortiz dijo que "más vale tarde que nunca", porque el cambio llegó un mes después de "comprobarse serias irregularidades" en la gestión de ese funcionario. Alvarado fue reemplazado ayer en la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por Juan Carlos Ortiz, hasta hoy vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de la misma compañía.
El ex presidente de YFPB fue acusado de haber infringido la nacionalización de los hidrocarburos por haber firmado un contrato con una empresa intermediaria para vender crudo a Brasil. La acusación fue respaldada por informes del ministerio de Hidrocarburos, la Contraloría General y la Superintendencia del sector, aunque el presidente, Evo Morales, dijo ayer que cree en la inocencia de Alvarado y lo tachó de "incorruptible".
No obstante, aceptó que tiene responsabilidades administrativas. Al respecto, el senador de Podemos agregó que la oposición espera que el Gobierno "no proteja, ni encubra" a Alvarado y permita llevar adelante las investigaciones que correspondan al caso. "En el Senado se ha conformado una comisión que actuará como cabeza del Ministerio Público, para asegurar una investigación que llegue a conclusiones que esclarezcan lo sucedido y, de corresponder, que aplique sanciones ejemplares", indicó Ortiz.
Según el senador opositor, contra Alvarado hay "serios indicios" de que cometió irregularidades en la firma del contrato con la empresa boliviano brasileña Iberoamérica, que era la intermediaria contratada para exportar el petróleo a Brasil. "De no ser por la acción de la Superintendencia de Hidrocarburos, (Alvarado) habría causado inmensos daños económicos al Estado. No los causó porque se lo impidieron. Esperamos que sea procesado, con la defensa correspondiente por ley", agregó el senador Ortiz.
Según un informe avalado por el ex superintendente de Hidrocarburos Víctor Hugo Sainz, ese contrato para exportar petróleo iba a provocar perjuicios al Estado por 38 millones de dólares. Sainz también fue reemplazado por el abogado Santiago Berríos, y el viceministro de Exploración Julio Gómez por Guillermo Aruquipa. Igualmente fueron destituidos el director jurídico de la Superintendencia, Ramiro Ergueta, y la directora de análisis económico, Tatiana Genucio, que elaboraron el informe contra Alvarado.
[Fuente: Estrella Digital, Madrid, Esp, 29ago06]
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