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27jun06
¿A quiénes pertenece Bolivia?
Hace unos meses, Evo Morales se convirtió en el primer jefe de Estado indígena democráticamente elegido de Bolivia. Los grupos indígenas constituyen el 62% de la población de Bolivia, y los mestizos forman otro 30%, pero durante 500 años los bolivianos han sido gobernados por potencias coloniales y sus descendientes. Hasta bien entrado el siglo XX, los grupos indígenas estaban privados de voz y voto. Sus idiomas, el aymará y el quechua, ni siquiera eran reconocidos como instrumentos válidos para el ámbito de los asuntos públicos. De modo que la elección de Morales hizo historia, y el entusiasmo en Bolivia es palpable.
Sin embargo, la nacionalización de los yacimientos de petróleo y gas emprendida por Morales causó conmoción en la comunidad internacional. Durante su campaña, Morales manifestó claramente su intención de aumentar el control estatal del petróleo y el gas nacionales. Pero había dejado igual de claro que no tenía intenciones de expropiar las propiedades de las empresas de energía y que deseaba que la inversión extranjera permaneciera en el país. (Por supuesto, nacionalizar no significa necesariamente expropiar sin una compensación adecuada). Morales cumplió su palabra, lo cual tal vez sea sorprendente si se mira la generalidad de los políticos modernos. Con una genuina preocupación por elevar el ingreso de su pueblo, que es desesperadamente pobre, reconoció que Bolivia precisa de los conocimientos de los extranjeros para lograr crecer, y que eso implica pagar un precio justo por sus servicios. Sin embargo, ¿están los propietarios extranjeros recibiendo lo justo a cambio?
Las medidas de Morales tienen un amplio apoyo entre los bolivianos, que ven las así llamadas privatizaciones (o "capitalizaciones") realizadas en el gobierno del ex presidente Gonzalo Goni Sánchez de Lozada como un robo: ¡Bolivia recibía apenas el 18% de las ganancias! Los bolivianos se preguntan por qué unas inversiones que ascienden a cerca de US$3 mil millones, deberían dar derecho al control por parte de los inversionistas del 82% de las vastas reservas de gas del país, cuyo valor hoy se estima en US$250 mil millones. Si bien aún no se divulga la información completa sobre las utilidades ni se audita el verdadero valor de las inversiones, parece que –considerando los términos originales– los inversionistas habrían recuperado todo su dinero en apenas cuatro años.
Los bolivianos también se preguntan por qué los extranjeros cosechan todos los beneficios de los actuales altos precios del petróleo y el gas. No cuesta más extraer petróleo o gas hoy día que cuando los precios estaban a un tercio de su nivel actual. No obstante, las compañías petroleras extranjeras obtienen el 82% del aumento. En el caso del petróleo, esto equivaldría a la generosa cifra de 32 dólares por barril o más. No es de sorprender que los bolivianos pensaran que se les estaba engañando y exigieran un nuevo trato. El 2 de mayo, Morales simplemente dio vuelta a los porcentajes, mientras se espera la renegociación de los contratos: las compañías que manejan los dos mayores yacimientos obtendrían el 18% de la producción. Como parte de este nuevo trato, Bolivia debería obtener también una mayor parte cuando los precios suban. (Por supuesto, Bolivia puede no desear cargar con el riesgo de una caída en los precios y llegar a un acuerdo para transferir parte del riesgo a la baja a compañías extranjeras, dándoles a cambio una mayor parte del potencial al alza.)
Para la mayoría de los bolivianos, lo que está en juego es una cuestión de justicia: ¿Deberían las compañías extranjeras de petróleo y gas recibir un rendimiento justo sobre su capital, o un rendimiento mucho mayor que el normal? ¿Debe recibir Bolivia un valor justo por sus recursos? ¿Y debería Bolivia, o las compañías extranjeras, beneficiarse de la mayor parte de las enormes ganancias por los aumentos de los precios de los recursos energéticos?
Más aún, aparentemente una buena cantidad de tratos fueron hechos en secreto por los gobiernos anteriores, y parece ser que sin la aprobación del Congreso. De hecho, la Constitución boliviana exige la aprobación del Congreso para tales ventas, por lo que no está claro que Morales esté nacionalizando nada: los recursos nunca se vendieron de forma correcta. Cuando a un país se le roba un tesoro artístico nacional, no llamamos "re-nacionalización" cuando éste es devuelto, ya que le perteneció todo el tiempo.
Como en el caso de muchas privatizaciones realizadas en otros puntos del planeta, existen cuestionamientos sobre si los inversionistas han cumplido su parte del trato. Bolivia contribuyó a estas alianzas no sólo con recursos, sino también con inversiones previas. Se suponía que la contribución de las compañías extranjeras sería una mayor inversión. Pero, ¿cumplieron a cabalidad sus compromisos? ¿Se está recurriendo a artilugios contables para exagerar el verdadero valor de las contribuciones del capital extranjero? Hasta ahora, el gobierno de Bolivia simplemente ha planteado interrogantes y puesto en marcha un proceso para llegar a las respuestas.
El problema en Bolivia es una falta de transparencia, tanto cuando se firman contratos como después. Sin transparencia, es fácil que los ciudadanos sientan que se les está engañando. Y frecuentemente es así. Cuando las compañías extranjeras llegan a un trato para un negocio demasiado bueno para ser verdad, a menudo hay algo turbio detrás. En todo el mundo, las compañías petroleras y de gas no pueden culpar a nadie más que a ellas mismas: con demasiada frecuencia se han resistido a las exigencias de una mayor transparencia. En el futuro, las compañías y los países deberían ponerse de acuerdo en torno a un principio sencillo: debería haber –parafraseando las memorables palabras del presidente Woodrow Wilson– "contratos abiertos a los que se llegue de manera abierta y transparente".
Si los bolivianos no logran un valor justo por la riqueza natural de su país, sus perspectivas son sombrías. Incluso si lo obtienen, necesitarán ayuda, no sólo para extraer sus recursos, sino también para mejorar la salud y la educación de todos sus compatriotas, con el fin de asegurar un crecimiento económico de largo plazo y el bienestar social.
Por ahora, el mundo debería celebrar el hecho de que Bolivia tenga un gobernante elegido democráticamente que intenta representar los intereses de los pobres de su patria. Se trata de un momento histórico.
[Fuente:Por Joseph E. Stiglitz, El Espectador, Bogotá, Col, 25jun06. Joseph E. Stiglitz es Premio Nobel de Economía, profesor en la Universidad de Columbia]
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