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29dic09
La acusación popular pide la destitución de Sáenz de su cargo en el Santander
"Un banquero no puede estar imputado". Ésta era una de las máximas que el sector de la banca asumió durante años y años. Se trataba de lo que se conoce en algunos círculos, como la ética banquera. Hasta que, ante las evidencias, se hizo necesario flexibilizar las opciones y ofrecer manga ancha a los directivos de la banca. Nació entonces la teoría de que no se toleraba al banquero que fuese condenado, siempre y cuando el delito o la falta tuviesen que ver con su administración al frente de la entidad. La evolución, según algunas fuentes, es paralela a la visualización de los banqueros en los ecos de sociedad que publicaba la prensa, ya que la discreción era la máxima que imperaba en el sector. En la sociedad de información actual, saturados los canales y las fuentes de información, estas máximas pueden quedar reducidas a cenizas.
La Audiencia de Barcelona acaba de emitir una sentencia en la que condena a varios directivos del Banco Español de Crédito (Banesto) por denuncia falsa contra cuatro empresarios barceloneses. Los condenados con Alfredo Sáenz, ex presidente de la entidad y actual vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Rafael Jiménez de Parga, abogado del banco, y Miguel Ángel Calama, delegado en Cataluña de Banesto. La pena es de seis meses y un día de prisión, además de una multa de 300 euros diarios durante tres meses al primero y de 200 euros a los otros dos, y a una indemnización simbólica (lo que habían pedido) los acusadores, de un euro de indemnización a tres de ellos y de 100.000 euros al cuarto. En este proceso, ejercían la acusación particular los empresarios Pedro Olabarría, Luis Fernando Romero García, José Ignacio Romero García y Modesto González Mestre, que dieron con sus huesos en la cárcel por un delito que jamás cometieron.
"Es una condena moral. Todo esto comenzó con el tema del proceso contra Lluís Pascual Estevill. No se podía permitir que hiciese lo que hizo", señala a El Confidencial Pep López, abogado que inició el proceso contra la cúpula de Banesto. Lo cierto es que han pasado quince años desde que ocurrieron los hechos por los que los directivos de Banesto fueron condenados, pero ello no implica que se desvirtúe la naturaleza de los mismos. La propia sentencia reconoce que "concurre la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas (...), pues los hechos que hemos enjuiciado datan de julio de 1994, habiendo durado la fase instructora un elevado número de años hasta que el día 8 de mayo de 2008 ingresó en este tribunal, celebrándose el juicio oral en el segundo trimestre de este año 2009 (...) debido, sobremanera (...) a la carga de trabajo y la naturaleza de asuntos de preferente tramitación y urgentes que ingresan en la misma [se refiere a los expedientes de la Audiencia]". Por ello, las sentencias son más benévolas, ya que, en su escrito inicial, López pedía la inhabilitación para ejercer cargos de consejeros o directivos en el sector bancario, crediticio o financiero. "Pasados quince años, ¿qué se puede exigir, cuando se debería haber dilucidado antes? Los medios son los que son y no podemos pedir más", advierte Pep López. Aunque admite que, al menos, el fallo "es ejemplarizante".
Sin embargo, Iván Hernández, abogado de Rafael Pérez Escolar, que ejerció la acusación popular en el proceso, ha ido más allá y ayer mismo dirigió un escrito al gobernador del Banco de España pidiendo "el cese y la destitución inmediata de don Alfredo Sáenz Abad como consejero delegado de Banco Santander". Un escrito que, al margen de lo que dicta la ley, tan sólo recoge el espíritu de lo que se entendía por ética banquera, porque no existe aún sentencia firma sobre el particular, máxime si tenemos en cuenta que Banesto tiene intención de recurrir la sentencia de la Audiencia que condena a sus ex directivos. Pérez Escolar, que fue consejero del BSCH, se sumó al proceso una vez iniciado y falleció hace poco más de dos años.
Algunas fuentes señalan a este diario que las relaciones actuales entre Alfredo Sáenz y la actual cúpula de Banesto -que preside Ana Patricia Botín- son distantes. El poder del vicepresidente del BSCH, sin embargo, es enorme. Asimismo, Banesto afirmó ayer en un comunicado que recurrirá ante el Tribunal Supremo para interponer "un recurso de casación contra la sentencia, que no es firme".
[Fuente: Por Antonio Fernández, Cotizalia, Madrid, 29dic09]
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