EQUIPO NIZKOR |
|
11nov06
Orden de Captura contra tres congresistas colombianos por vinculacion con paramilitarismo.
Mientras las autoridades intensificaron la búsqueda de los tres congresistas de Sucre sindicados de nexos con las AUC, dos de ellos quieren negociar las condiciones de su entrega y uno más acudió a la tutela para evitar su detención. Fiscalía investigará a otros cinco políticos de la región.
La crisis política desatada tras la medida de aseguramiento contra tres congresistas de Sucre es peor que la ocurrida hace 10 años por la infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña del ex presidente Ernesto Samper y que pasó a la historia como el “proceso 8.000”. Así lo reconoció el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, en el primer pronunciamiento público del gobierno sobre el escándalo por la orden de captura contra los congresistas Álvaro García, Erick Julio Morris y Jairo Merlano, aún prófugos de la justicia.
Las palabras del ministro coinciden con el enfoque del Fiscal General, Mario Iguarán, quien había señalado que el caso es más grave porque ya no se trata exclusivamente de dineros calientes en las campañas, sino de homicidios, masacres y apropiación de recursos del erario.
Este viernes se conoció que en la misma providencia que ordena la captura de los congresistas la Corte le pidió a la Fiscalía que investigue a dos ex gobernadores y tres dirigentes políticos del departamento. Se trata de Salvador Arana Sus (ex diplomático en Chile), Miguel Nule Amín (ex gobernador y ganadero de la región), Ángel Daniel Villarreal (ex presidente de la asamblea de Sucre), Octavio Botero y José Joaquín García. El primero de ellos fue señalado desde hace más de un año por el senador Gustavo Petro como uno de los principales miembros del ala política de los paramilitares en la zona y hasta de tener responsabilidad en el crimen de un ex alcalde del municipio de El Roble, Sucre.
Coincidencias macabras La tragedia de San Onofre La sala penal de la Corte Suprema no quiso nombrar un solo ponente para el caso de los políticos relacionados con paramilitares. Prefirió actuar con nueve ponentes para evitar presiones a favor o en contra de los legisladores investigados. Las masacres de los paramilitares en Sucre ocurrieron desde finales de los noventa: Macayepo, Chengue y El Salado fueron solo unas de ellas. Después de asesinar a sus víctimas los paramilitares las descuartizaban o enterraban en fosas comunes, de las cuales han sido encontradas más de 80. Semana reveló hace dos meses los secretos del computador de alias "Jorge 40" que comprometen a políticos de la Costa Atlántica con los paramilitares. El alto tribunal también solicitó copia de los archivos del computador de Jorge 40, que comprometen a dirigentes políticos de otros departamentos en acciones delictivas de los paramilitares incluido un complot para repartirse electoralmente la región.
Entre tanto los tres congresistas con orden de captura hicieron saber, a través de sus abogados, que no se entregarán por el momento. El apoderado de Merlano interpuso acción de tutela para evitar su captura y las defensas de Morris y García dijeron que sólo se someterán a la justicia cuando les garanticen que serán recluidos en un lugar con condiciones “dignas”. Las autoridades ya los buscaron en sus residencias en Sucre, pero ni sus familiares ni sus amigos dan razón de ellos. En las oficinas del Congreso se respira ambiente de nerviosismo y sus asistentes guardan silencio cada vez que son interrogados sobre el paradero de los legisladores, que en las próximas horas serían suspendidos de sus partidos políticos.
La crisis
El panorama político y jurídico del país se despertó agitado este viernes. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención de tres congresistas por vínculos con el paramilitarismo desató una tormenta política sin antecedentes en la historia nacional. Los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, y el representante Erick Julio Morris -todos de la bancada uribista y dirigentes políticos del departamento de Sucre- son los primeros legisladores del país vinculados formalmente a una investigación por paramilitarismo en Colombia.
La sala penal de la Corte profirió la medida 17 días después de escuchar en indagatoria a los tres congresistas y tras analizar las ponencias que los nueve magistrados presentaron sobre el estudio de la denuncia radicada hace un año por la ex candidata al Congreso Clara López Obregón. En su denuncia, López le pedía a la Corte investigar los supuestos nexos de políticos de la Costa Atlántica con paramilitares de la región, en especial los denunciados por el hoy senador Gustavo Petro en un sonado debate sobre paramilitarismo celebrado en la Cámara de Representantes en junio de 2005.
El sólo hecho de que alguien se atreviera a denunciar la supuesta participación de políticos en las masacres de los paramilitares sobre las que todo el mundo prefería guardar silencio ya era importante. Pero aún más destacable resulta que la Corte se haya dado la pela de asumir una investigación a la que ni los denunciantes le tenían mucha fe. Las medidas especiales tomadas por los magistrados (como la de designarse ponentes colectivos para darle mayor peso a la decisión y para autoprotegerse frente a presiones externas) son una muestra de las dificultades que tuvieron para manejar el espinoso asunto.
La decisión
La medida de aseguramiento contra los legisladores es un hecho inédito y trascendental por la dignidad de los personajes sindicados, por los delitos que se les imputan y por el contexto político en que ocurre: en pleno inicio del proceso judicial para los paramilitares desmovilizados.
Más allá de que los sindicados resulten culpables o no, la justicia parece estar dando muestras de que quiere poner su grano de arena en el esclarecimiento de los crímenes del paramilitarismo. En mucho han servido, hasta el momento, las denuncias ventiladas en el Congreso, así como las revelaciones del computador de Jorge 40 publicadas por Semana. El caso más grave parece ser el de Álvaro García, senador por Colombia Democrática, quien no sólo es investigado por paramilitarismo, sino también por homicidio agravado y peculado por apropiación. Según la Corte, está acusado de "organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley" desde 1997 e incluso de participar como determinador en la masacre de Macayepo, en la que 20 campesinos fueron asesinados a piedra y garrote por los paramilitares.
Una de las pruebas en su contra es el testimonio de Jairo Antonio Castillo Peralta que lo señala de haber participado en una reunión celebrada en la finca Las Canarias, en Sucre, a finales de 1997, para planear una masacre de campesinos. A esa reunión habrían asistido también el ex gobernador Salvador Arana Sus, los desmovilizados jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Salomón Feris Chadid (alias 08) y Diego Vecino, así como Rudolf Panther (ciudadano alemán y que oficiaba como tesorero de las AUC Sucre y quien luego fue asesinado), un mayor Barrero, un mayor Parra de la Sijin y el comandante de la Policía de Sucre del momento, Enciso Barón.
Igualmente se le sindica del asesinato Georgina Narváez Wilchez (el 19 de noviembre de 1997) y de la apropiación de $ 17.281.393 de un contrato de obra del municipio de Sucre (Sucre) para financiar su campaña
La situación del senador Merlano también es complicada, ya que, según la Corte, "le fue impuesta la medida de aseguramiento como integrante del grupo paramilitar encabezado por alias "Diego Vecino" y "Cadena", que promovió su campaña al Senado de la República en las elecciones del 2002, particularmente en el municipio de San Onofre". Lo que en principio era una acusación por nexos con los paramilitares ahora es por pertenecer a esa organización.
Al mismo tiempo la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra la ex representante conservadora Muriel Benito Rebollo, también del departamento de Sucre, por los mismos hechos.
Mientras las autoridades políticas del departamento lamentaron la situación de los congresistas y pidieron “que todo se resuelva a favor de ellos” (esas fueron las declaraciones del gobernador, Jorge Anaya), el senador Petro consideró que “por fin se está haciendo justicia en el país” y pidió al presidente Álvaro Uribe que expulse de su bancada a los citados legisladores.
Para el Fiscal general, Mario Iguarán, el caso está tomando tintes más graves que los del proceso 8.000, porque no sólo se trata de financiación ilegal de campañas, sino de asesinatos y apropiación de recursos del erario.
Hasta el momento el gobierno mantiene su silencio sobre el tema y Mario Uribe, director de Colombia Democrática, no ha querido pronunciarse sobre la situación de García y Morris, elegidos al Congreso por ese partido.
Quienes si dieron la cara ante los medios fueron las directivas del Partido de la U, encabezadas por los senadores Luis Guillermo Vélez y Martha Lucía Ramírez, que este viernes definirán si suspenden temporalmente al senador Merlano de su calidad de miembro de la colectividad.
Para los familiares de las víctimas de las masacres de los paramilitares en Sucre, el testimonio de los congresistas investigados es clave para reconstruir los hechos y buscar que se cumplan los postulados de verdad, justicia y reparación en el proceso de desmovilización de las autodefensas.
La ley de justicia y paz establece que los paramilitares deben contar todo lo ocurrido para acceder a los beneficios de penas mínimas, pero existe una duda generalizada sobre hasta qué punto lo van a hacer. Ahora, cuando importantes dirigentes políticos aparecen vinculados con su accionar, la esperanza es que las nuevas versiones permitan acopiar información sobre los delitos de las AUC para que las víctimas sean reconocidas como tales y los paramilitares no le hagan conejo al proceso de paz.
[Fuente: La Semana, Bogotá, Col, 11nov06]
 | This document has been published on 13Nov06 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |