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La década del Genocidio
Capítulo III 1985 -1996
Las expectativas por la apertura de una vía política y democrática para impulsar reformas sociales que desde tiempo atrás se veían urgentes, alimentaron muchos sueños durante los primeros años del gobierno de Betancur (1982-86) y se manifestaron en una cierta efervescencia de movimientos, propuestas, plataformas, grupos y partidos que empezaron a diseñar un futuro menos discriminatorio y con mayores posibilidades de justicia social. Una de esas propuestas nació en el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno de Betancur, a través de la Comisión de Paz, y era la de crear un nuevo partido político que ensayara la vía de la participación electoral democrática, en lugar de la vía armada, para promocionar las reformas que habían encarnado los sueños más fundamentales de los comunistas, de las mismas FARC y de otras fuerzas históricas de la izquierda política. La apuesta o reto central que tuvo ese primer proceso de negociación con las FARC fue poner a prueba a la clase política y dirigente del país, a los poderes reales del Establecimiento, para ver si eran capaces de tolerar un partido político legal con una plataforma "de izquierda", sin ilegalizarlo, sin estigmatizarlo, sin considerar a sus militantes como "delincuentes" para hacerles soportar la cárcel, la tortura, la desaparición y la muerte violenta.
Estas expectativas, sin embargo, duraron muy poco. Ya en el capítulo introductorio se recordó cómo las fuerzas armadas, a través de dos cartas circulares internas que posteriormente se conocieron, manifestaron muy claramente su decisión de no tolerar esas propuestas. Pero también las fuerzas decisorias del Establecimiento: gremios económicos, partidos políticos tradicionales, Parlamento, Iglesia y medios masivos de comunicación, fueron manifestando progresivamente su decisión de no apoyar la apuesta y su oposición cada vez más afirmativa frente a la misma.
El "Diálogo Nacional", o proceso democrático para discutir las reformas fundamentales que propuso otro grupo guerrillero (el M-19) en proceso de negociación en el mismo período, también fracasó por la falta de apoyo y participación de los diversos estamentos. Los continuos asesinatos o desapariciones de los guerrilleros que se iban acogiendo a la Ley de Amnistía (Ley 35 del 20 de noviembre de 1982); el incremento permanente de hostilidades por parte de las fuerzas armadas a las zonas escogidas para las negociaciones; las campañas de estigmatización a las propuestas políticas que inundaban los mass media; todo fue dando al traste con la apuesta, llevando al desenlace del Holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. En medio de todas estas frustraciones y condiciones adversas, la apuesta política que habían hecho las FARC y que tuvo acogida en pequeños sectores liberales o de otras fuerzas políticas minoritarias, no fue retirada, y por encima de todo, LA UNIÓN PATRIÓTICA vio la luz, como partido político legal, en 1985.
Ya antes de que se realizara la ceremonia de su lanzamiento oficial, en noviembre de 1985, la U.P. contaba 70 víctimas fatales de entre su incipiente militancia. Se inicia así el proceso de un GENOCIDIO que no ha terminado, pero que tiene su desarrollo más intensivo en la década 1985-1996.
Para noviembre de 1985 la víctima y el victimario tienen ya sus perfiles completamente definidos. Es válido presentarlos antes de entrar en el recuento escalofriante de los episodios de ese Genocidio que tuvieron lugar en la Zona 7, una de las que lo sufrieron con mayor intensidad.
1. La Víctima
Ciertamente la UNIÓN PATRIÓTICA surge por iniciativa de las FARC dentro de su proceso de negociaciones de paz de 1984. Algunos podrían mirarla simplemente como una "máscara legal de la guerrilla", y así la miraron los militares y muchos otros sectores partidarios exclusivamente de una solución militar al conflicto social. Sin embargo, quienes reconocían en el trasfondo del conflicto armado un conflicto social profundo, encontraban justamente en ese origen su valor. No podía leerse sino como una apuesta por una paz real y no ficticia.
Nicolás Buenaventura y un grupo de investigadores del CEIS la definieron así: "La UP es una confluencia de fuerzas, es un proceso que tiene su raíz profunda no solo en el campo, en la lucha armada, sino también en la ciudad, en la lucha cívica, obrera y popular. He allí en qué consiste la amplia convocatoria de este movimiento" (1)
Estos mismos investigadores militantes hacían allí mismo estas reflexiones estratégico-tácticas con miras a las primeras elecciones en que participaría la UP, en 1986: "Necesitamos mucha amplitud y flexibilidad en la política de alianzas de la Unión Patriótica. Sin barreras, sin limitaciones, dentro y fuera del ámbito del bipartidismo. Tenemos un programa único: asegurar en las manos del pueblo, del movimiento popular, la bandera de la paz. Esto es claramente posible por el desarrollo de los acontecimientos ocurridos desde 1982 hasta hoy. Tenemos la iniciativa y la posición más clara frente a la paz. Asegurar la paz contra el militarismo, contra el terrorismo, sea militar o paramilitar, es la condición suprema de las alianzas. Y en esto no puede haber equivocaciones. En las elecciones presidenciales de 1982 ya la bandera de la paz dominaba la contienda electoral. Pero entonces eran los candidatos del bipartidismo, sobre todo los señores López y Betancur, quienes se la disputaban, quienes decidían sobre ella. La diferencia esencial en el 86 es que esta bandera está pasando a manos del pueblo. Sin embargo, claro está, las condiciones objetivas no crean por si mismas los hechos políticos. Es necesario tomar conciencia de ellas. Hay que crear no centenas sino miles de juntas patrióticas en barrios y sindicatos, en escuelas y cooperativas, en veredas, en muchas veredas campesinas, en campos y ciudades.." (2)
Para las organizaciones autoras del libro "Ceder es más terrible que la muerte", en el contexto nacional, el surgimiento de la Unión Patriótica "implicó una oxigenación de las fuerzas de izquierda a nivel regional y nacional: el nuevo proyecto político parecía ser más organizado, consistente y coherente que antiguos proyectos. Además aglutinaba a diversos sectores defensores de la paz, con deslindes claros frente a la insurgencia armada, hasta el punto que muchas figuras de la izquierda se fusionaron en una fuerza partidista con algunos sectores liberales" (3).
En el caso concreto del Meta, departamento de tradicional mayoría liberal, basada en el clientelismo y la corrupción, bien pronto se hizo evidente que en las zonas de tradición organizativa de influencia comunista, el naciente movimiento tendía a aglutinar el respaldo del conjunto poblacional. Así, en el proceso electoral de 1986 logró las mayorías en los concejos municipales de La Macarena, Vista Hermosa, Mesetas, San Juan de Arama, Lejanías, El Castillo y Puerto Rico, lo que de acuerdo con las costumbres políticas de la época, se tradujo en el nombramiento de alcaldes de la Unión Patriótica. Incluso, para la primera elección popular de alcaldes, en 1988, a pesar de las sistemáticas agresiones de que ya eran víctimas, los candidatos de la U.P. lograron abrumadoras mayorías en El Castillo (84%), Mesetas (72%) y Vista Hermosa (66%); también lograron la alcaldía de Lejanías (58%).
En el Guaviare, donde el poder político era compartido por los dos partidos tradicionales, en 1986 se dio una doble situación, que evidenciaron el que podría ser a largo plazo, el potencial de la U.P. en la vida política del país: en primer término, el número de votantes, respecto de la elección anterior, se triplicó, pues pasó de 2.633 en el año 1.984, a 8.285 en 1.986; en segundo término, la votación a favor de sectores políticos de izquierda, se incrementó del 23% (por el Frente Democrático), al 76% (por la Unión Patriótica), en tanto que la votación de liberales y conservadores disminuyó al 8% y 11%, respectivamente.
Pero este proceso tiene antecedentes desde el comienzo de la década, por lo menos en la zona de influencia de la Reserva de La Macarena, que cubre cinco municipios: "Desde 1980 en que es posible desglosar los datos electorales, se observa un crecimiento sostenido en cuanto a electorado para el Partido Comunista y las coaliciones que promueve. A nuestro modo de ver como claro índice de que interpretó las necesidades regionales, y que sus consignas redistributivas en materia agraria y reformistas en los que hace al status de la Reserva se tradujeron en apoyo electoral. En particular es clara la relación que existe entre el planteamiento del realinderamiento de la Reserva como una reivindicación regional y una creciente movilización del electorado". (4)
Sin embargo, como se anotó, incluso antes del primer acto público ya se había iniciado el proceso de exterminio físico de la Unión Patriótica. Los análisis disponibles permiten establecer por lo menos tres razones que derivaron en "un profundo malestar al interior de los sectores tradicionales, privados e institucionales, de nivel nacional y regional, y en diversos terrenos" (5)
1. La incidencia en las relaciones de clientela, características de la distribución del poder entre liberales y conservadores, las cuales, de consolidarse una opción alternativa, se verían seriamente afectadas.
2. La posibilidad de que el nuevo movimiento de izquierda canalizara e impulsara reivindicaciones de los sectores históricamente excluidos, la reforma agraria, por ejemplo, como se expresó para el caso de la Reserva de La Macarena.
3. En el evento de una real apertura democrática, que constituya una de las principales exigencias de las FARC para su posible desmovilización, el tratamiento del conflicto armado sería necesariamente político más no militar: por esto, el papel de las Fuerzas Armadas se vería relegado a un segundo plano. Adicionalmente, sectores económicos y políticos influyentes eran definitivamente partidarios de la solución militar del conflicto.
La UP era, pues, algo que comenzaba a caminar a contracorriente de la política tradicional corrupta y gestora de la injusticia. Por eso no fue tolerada. Como lo afirmó la Defensoría del Pueblo en su Informe de octubre de 1992, al analizar 717 casos de homicidios de dirigentes y militantes de la UP: "Existe una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes y dirigentes en regiones donde la presencia de este partido fue interpretada como un riesgo al mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos" (6) No hay duda de que la Zona Séptima era una de esas reglones.
2. El Victimario
Como se dijo antes, la reacción del Establecimiento ante el crecimiento la Unión Patriótica, no se hizo esperar. A partir de 1985 incluso, se dio inicio a una escalada de crímenes contra quienes hacían parte de la Unión Patriótica, que si bien es cierto tuvo como escenario los departamentos de Guaviare y del Meta, se concentró principalmente en los centros urbanos donde la población apoyó mayoritariamente al nuevo movimiento, por su tradición política de izquierda (Vista Hermosa y El Castillo). La primera oleada del exterminio también tuvo como escenarios aquellos municipios que eran los centros de operaciones de las estructuras criminales, Puerto López y San Martín. Granada, sede del Batallón Aerotransportado 21 Vargas y finalmente las capitales, tanto del Meta como del Guaviare, donde las votaciones expresaban, entre otras cosas, un evidente cuestionamiento a la corrupción característica del cotidiano accionar de liberales y conservadores.
Todavía en este período actúan el Ejército y la Policía en mayor medida, sin recato alguno. Las diversas unidades adscritas a la Brigada VII, así como las Brigadas Móviles I y II, aparecen por toda esta región en actividad frenética ejecutando el Genocidio, sin temor alguno a explicarle a los pobladores aterrorizados el porqué de las agresiones: la población debe asimilar sin ambigüedades el mensaje de que pertenecer a la UP o a grupos similares de izquierda tendrá como desenlace la cárcel, la tortura y la muerte, y las comunidades o municipios que elijan a candidatos de esos movimientos tendrán que sufrir la política de "tierra arrasada". Por tanto, nadie debe en adelante pensar en adherir a ese tipo de propuestas ni asimilar ese tipo de ideologías. Los más identificados con ellas deben ser eliminados. Los que solo son adherentes pero con posibilidad de recapacitar, tendrán una oportunidad para desertar e integrarse al sistema político tradicional. Si no lo hacen, deben esperar la misma suerte de los convencidos.
Pero Ejército y Policía ya no actuaban "solos". Como se vio en la introducción y en los capítulos previos, en esta época la estrategia paramilitar del Estado, adoptada desde los años sesentas por presión del gobierno estadounidense e Implementada a través de instrumentos legales (Ley 48/68) y de los manuales operativos de contrainsurgencia del Ejército, pasó a una nueva fase: la intervención progresiva de la comunidad internacional hizo que el paramilitarismo fuera pasando de una estructura abierta y de una práctica confesa, a una estructura encubierta y a una práctica inconfesa. Al aparecer las primeras siglas que encubrían este tipo de accionar del Estado integrado con capas civiles criminales (la "Triple A" y el "MAS"), la estrategia se aplicó inmediatamente en el territorio de la Brigada VII, bajo la comandancia del General Fernando Gómez Barros (1982-83), actuando el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega como comandante del Batallón "Guías del Casanare" y el Mayor Carlos Meléndez Boada como comandante de la Base de Arauca (ver capítulo introductorio). Pero, avanzando los ochentas, el paramilitarismo de la región tuvo su más acabada expresión en la alianza entre el Ejército, la Policía, muchas otras autoridades administrativas y judiciales, y los narcotraficantes de la región, encabezados por Gonzalo Rodríguez Gacha y luego por Víctor Carranza Niño.
Para esta década del genocidio el VICTIMARIO tiene ya un perfil muy bien definido. Ya se ha producido la ruptura entre Rodríguez Gacha y el Secretariado de las FARC, al no permitirle la guerrilla al narcotraficante construir un aeropuerto en La Uribe, y por lo tanto ya se ha consolidado la alianza de este último y su estructura con la fuerza pública en una misma CAUSA CONTRAINSURGENTE. Pero también se había producido ya la llegada de Carranza desde Boyacá y la constitución de su imperio terrateniente/paramilitar que se expandía en Meta, Guaviare, Casanare y Vichada.
Una de las víctimas fatales de esta estrategia, el Abogado Josué Giraldo, militante de la UP y fundador del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, pocos meses antes de ser asesinado relató en su último testimonio que:
"En San Martín, en la hacienda Matupa, de más de 50 mil hectáreas, de propiedad de Hernando Duran Dusán, dirigente nacional del Partido Liberal. Jorge Ariel Infante Leal, dirigente departamental liberal, Leovigildo Gutiérrez, dirigente departamental del Partido Conservador y otros dirigentes de ambos partidos del Meta. se reunieron, a finales de 1986, con los comandantes de la IV División y de la VII Brigada del Ejército para decidir el exterminio físico y político de la Unión Patriótica". (7)
Y más adelante afirmaba: que el paramilitarismo de Meta correspondía a "un modelo de cooptación entre élites políticas regionales, sectores estatales y ejércitos financiados y armados por actores privados (mafias coqueras y esmeralderas), compuestos por sicarios profesionales, miembros y exmiembros de organismos de seguridad del Estado" (8)
Por ello, aunque desde mediados de la década, Víctor Carranza Niño se fue erigiendo como el terrateniente más poderoso e influyente del departamento, y desde Puerto López construyó su imperio; es en esta época en que se va evidenciando el tránsito de sus ejércitos privados, de la función de custodia de sus enormes propiedades a la función paramilitar, la cual es referida incluso desde 1986, en la región de la inspección departamental El Dorado. (9) La consolidación del modelo paramilitar como tal, su gran capacidad de acción y sobre todo, la decisión de eliminar todo lo que fuera considerado obstáculo para el Establecimiento, sólo era posible con la activa participación de los demás sectores interesados, y en particular de los organismos de seguridad del Estado, depositarios mediante la labor cotidiana de «inteligencia», de la información necesaria sobre los sectores a eliminar.
De acuerdo con la declaración de uno de los miembros de la estructura paramilitar, Camilo Zamora Guzmán. de la misma hacían parte, o tenían estrechas relaciones con ella. varios miembros del Ejército, entre quienes figuran: un coronel de apellido Rodríguez, de la VII Brigada de Villavicencio, un sargento de apellido Martínez' (10), del B-2, un mayor de apellido Aldana, de Melgar (X Brigada) "que saca armas", un capitán Castillo, de Bogotá, a quien "le dieron diecisiete millones de pesos de manos de don VÍCTOR CARRANZA para sacar cuarenta salvoconductos de treinta y seis pistolas nueve milímetros y cuatro ametrallados UZI, de las cuales han cogido ya varías y no han salido en pantalla", y "un sargento del Ejército que manda en Puerto Gaitán".
También relaciona a varios miembros de la Policía, algunos de ellos, de alto rango." "el mayor Forero que era el que daba los permisos para toda clase de asesinatos en el Meta cuando estaba de Comandante del F-2 y prestaba la policía1'; un mayor de Puerto López, quien "era el que recogía la policía en Puerto López cuando se iba a hacer algún trabajo y tomaba mucho en la finca con nosotros", los cabos del F-2 de la Policía Grajales y Mosquera, este último conocido como "El Mosco", quien ha participado "en la mayoría de todos los casos que han pasado en Villavo y Puerto López', y finalmente, un agente del F-2, apodado "El Boyaco", "uno de los de más confianza de don VÍCTOR". A los anteriores se suman varios de los jefes de policía municipales.
Adicionalmente, el confeso paramilitar confirmó la vinculación con esta estructura criminal, de "la Secretaria privada del Gobernador del Departamento del Meta. de nombre MARÍA", y del entonces alcalde de Puerto López, RICARDO BRAVO, de quien afirmó que "él es consciente de todo lo que se hace allí, es más, la campaña de él le fue pagada toda por el patrón de nosotros VÍCTOR CARRANZA, y él está enterado de todo lo que se hace'.
Ya como autores materiales de los crímenes, sobresalen personajes como Arnulfo Castillo alias "Rasguño". Antonio Guzmán alias "Comandante Corlico". Ángel María Roa alias "Cagarruta", José Ezequiel Liberato alias "El Gobernador", Alberto Lozano, o individuos conocidos únicamente como alias "El Costeño", alias " Saraviado", alias "Tomachipán" ó alias "El Grillo, y serán éstos los más mencionados en las denuncias, pero su criminal actuar no será posible sin la participación activa, de los miembros del Ejército y la Policía referidos antes, así como de los demás altos funcionarios departamentales.
Hoy es posible comprender lo que en principio tenía la apariencia de ser "hechos aislados" o "fruto de la intolerancia de algunos sectores", pero que en realidad hacía parte de una estrategia encaminada a recuperar, al costo que fuera necesario, el espacio ganado por la Unión Patriótica. Entre 1985 y 1990, aunque por razones diferentes, fueron cometidos la mayoría de los crímenes de toda la década, en los municipios de Vista Hermosa , Granada y Puerto López.
De otra parte, tos hechos criminales se incrementaron sobre todo en los años de elecciones. No fue gratuito que la referida reunión en la que se definió el genocidio de la Unión Patriótica haya sido después de varios procesos electorales, en efecto, "en las elecciones de ese año los liberales habían perdido un senador y los conservadores un representante a la Cámara; también tuvieron tres diputados menos; habían perdido el control sobre diez alcaldías y más de cien concejales. Era el capital democrático recogido por el nuevo partido político. De la participación política departamental, la Unión Patriótica alcanzó el 40% del respaldo popular en las urnas, con posibilidades ciertas de seguir creciendo" (11). Esta característica se ratificó dos años después, aunque duplicándose la cantidad de crímenes cometidos, sobre todo mediante la modalidad de masacres, y se reiteraría en la década siguiente, después de un evidente "receso" en 1.990, en los primeros años de la década de los noventa, como se aprecia en la gráfica correspondiente.
3. Desarrollo del Genocidio
A continuación se presentan los casos constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona, en la década 1985 1996. Han sido organizados por municipios o subregiones con elementos característicos; aunque el eje central es el exterminio de la Unión Patriótica, se incluyen los hechos en contra de las diferentes organizaciones sociales y contra las comunidades, porque la represión contra éstas se dio en el contexto del crecimiento del movimiento político.
1. Granada
Para esta década. Granada, conocida anteriormente como Boca de Monte, se ha consolidado como la segunda ciudad del departamento del Meta, en términos poblacionales, aunque es de los municipios que menos área geográfica ocupan. Su población se concentra en el casco urbano.
Económicamente también es la segunda ciudad en importancia, principalmente por su carácter de centro de acopio de la región del Ariari, tanto de productos agrícolas como de la ganadería. Es el centro comercial de la región, por su ubicación privilegiada entre el alto Ariari y las zonas medias y bajas del río, además de ser paso obligado para quienes se desplazan desde y hacia la serranía de La Macarena y hacia San José del Guaviare.
Otra de las razones del poderío económico de esta ciudad tiene que ver con el auge del tráfico de narcóticos en el departamento de! Meta, en particular la zona del bajo Ariari y de la Serranía de la Macarena. Como epicentro de la subregión, en Granada eran legalizados muchos de los dineros provenientes del narcotráfico, razón por la cual se ha convertido en uno de los bastiones del paramilitarismo en la zona.
Por las periódicas dinámicas de violencia en la región del Ariari, numerosas familias se han desplazado hacia esta población, originando procesos de urbanización desordenados, pero también se eleva notablemente el nivel del consumo con todos los efectos inflacionarios secundarios, en cuanto a precios, atracción de gentes de otras zonas del país en busca de fortuna, etc.. de forma tal que el decaimiento del precio de los alucinógenos redundó en procesos de descomposición social, como organización de bandas delincuenciales. Incremento del sicariato y surgimiento e implementación de procesos de "limpieza social".
Adicionalmente, desde comienzos de la década de los sesenta, esta localidad es la sede del Batallón Aerotransportado Nro. 21 Vargas, de cuya existencia se tiene referencia desde los años cincuenta, y que a lo largo de los últimos treinta años se ha constituido en uno de los bastiones en los que se sustenta el desarrollo de las estrategias de represión en contra de los sectores poblacionales y políticos organizados en el departamento del Meta. Para esta época es frecuente también el accionar de estructuras paramilitares, las cuates se consolidarán en la década de los noventa.
Otra característica de Granada es el fuerte control de las expresiones sociales organizadas. Un ejemplo lo constituye el proceso de debilitamiento a que ha sido sometido el Sindicato de Trabajadores de la Administración Municipal, al punto de impedirse la afiliación de los trabajadores que van siendo incorporados. Aunque políticamente es una población de mayoría liberal, como en el resto del departamento, fue muy rápido el crecimiento electoral de la Unión Patriótica, lo que se expresó en participación en cargos de la administración, poniendo en peligro la tradicional estructura de clientela. En este sentido, una situación muy clara la experimentó José Vicente Delgado, militante de la Unión Patriótica, quien fue nombrado Tesorero municipal. El 24 de septiembre de 1987 recibió una llamada proveniente del Batallón 21 Vargas, mediante la cual le solicitaron algunos datos personales, como número de cédula, pues le iban a hacer una "invitación". En efecto, cuatro días después a su vivienda le fue enviada una amenaza en la que le "invitaban" a desaparecer de la población, acusándolo de ser auxiliador de la guerrilla. La amenaza estaba firmada por un supuesto grupo llamado "MALAVI".
El registro de crímenes en la población durante la segunda mitad de los años ochenta, se remonta al 6 de julio de 1985, fecha en la que el campesino Fidelino Cantor fue asesinado por un agente de la policía de apellido Valderrama y a quien se le conoce por el alias de "El Costeño», quien le disparó en tres ocasiones.
Dos semanas después fue cometido el primer crimen contra los militantes de la Unión Patriótica, en lo que al Meta y Guaviare se refiere. En efecto, el 19 de julio de 1985, Joaquín Ernesto Toro Posada, de 28 años, quien se desempeñaba como conductor, fue asesinado por militares del Batallón Aerotransportado No. 21 Vargas, al mando del Teniente Coronel Ariel Guillermo Valdez Gil. El militante de la organización política se encontraba en su residencia durmiendo en compañía de su esposa, hijos y un sobrino, cuando llegaron cuatro policías con sus respectivos uniformes. pero sin identificarse, penetrando violentamente a la residencia para allanarla; luego de requisar la casa y no encontrar nada procedieron a llevarse detenido sin orden judicial a Joaquín y a su sobrino, para interrogarlos en las Instalaciones del Batallón.
Según testimonio del sobrino, "a eso de las 3:00 p.m. llegaron a la celda unos señores que preguntaron por Joaquín Ernesto Toro, lo sacaron y a partir de ese momento no se volvió a sabe nada más de él. (...) A eso de las 6:00 p.m. se hizo presente en la casa de la esposa de Joaquín, un señor que se identifico como agente del F-2, le preguntó que si su esposo sufría del corazón, a lo que respondió que no; dicho agente le manifestó que su esposo había fallecido mientras era sometido a interrogatorio. Doña Reinalda se dirigió inmediatamente al hospital de la localidad donde el portero le informó que a su esposo lo habían llevado hacia unos pocos minutos pero que ya se encontraba muerto. Al tratar de reclamar el cadáver le informaron que este ya se encontraba en el anfiteatro ubicado en el cementerio que quedaba a 15 minutos de Granada, y tan solo se lo entregaron al día siguiente." A los familiares no se les permitió comunicación alguna con Joaquín durante el tiempo que duró retenido.
El Teniente Coronel Valdez Gil fue acusado por varias personas ante autoridades judiciales de ayudar y proteger a los integrantes del grupo paramilitar conocido como "El Grupo del Gobernador", el cual operó en los municipio de Lejanías, El Castillo, Mesetas y El Dorado (jurisdicción del Batallón 21 Vargas) y dirigido por el inspector de policía de El Dorado. Dicho grupo fue el autor del asesinato y desaparición de varios militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (12).
A finales del año, fue asesinado el primer dirigente departamental del recientemente creado movimiento político Unión Patriótica. El 28 de noviembre de 1985, en horas de la noche, cuatro hombres dispararon contra Hernando Yate Bonilla, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, presidente del Concejo de San Juan de Arama, concejal de Granada y dirigente comunista. Hacía parte de la dirección regional de la Unión Patriótica en el Meta.
Seis meses después, el 23 de junio de 1986, en la inspección departamental de policía Canaguaro, el agente de policía Javier Ramírez asesinó al campesino José Gil e hirió gravemente al activista de la Unión Patriótica, Hermes Velasco Torres, quien, de acuerdo con el diagnóstico de la época, podría quedar inválido de por vida
Al mes, el 29 de julio, Eliecer Sánchez Agosta, dirigente de la Unión Patriótica, fue víctima de un atentado, cometido en horas de la mañana.
Un día después fue asesinado el diputado a la Asamblea Departamental del Meta por la Unión Patriótica, José Rafael Reyes Malagón, de 60 años de edad, por dos paramilitares que se movilizaban en motocicleta. El crimen fue cometido hacia las 10 a.m, en la Clínica Nueva, a donde había ido con la finalidad de requerir atención médicaLa noche anterior había llegado a Granada, sin previo aviso, por lo que se cree que nadie estaba enterado de sus planes de ir a esa ciudad. Se presume entonces que desde la clínica fueron avisados los victimarios, José Rafael Reyes quienes fueron vistos entrar, después de cometer el crimen, a la sede del Batallón 21 Vargas. (13)
Reyes Malagón fue fundador -junto con Luis Morantes del Sindicato Agrario del Alto Ariari, a comienzos de la década de los años 60s. en la inspección departamental Medellín del Ariari, del municipio de El Castillo, población de la cual se trasladó a Granada, con el fin de ampliar su actividad política. A la fecha de su asesinato, era también concejal de Granada y miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista, regional Meta. En los últimos años había recibido reiteradas amenazas de los paramilitares, razón por la cual sus compañeros de dirección regional lo habían trasladado de Granada hacia Bogotá, hacía dos semanas aproximadamente.
Un hermano, Pedro Malagón, también diputado a la Asamblea Departamental, sería asesinado el 20 de junio de 1996. en Villavicencio, junto con una hija de 17 años.
A los dos meses, el 9 de octubre 1986, en la inspección departamental Puerto Caldas, fueron asesinados por paramilitares, José Roselino Rosero Morales, dirigente local de la Unión Patriótica y Gregorio Rivadaneira Rosero, cabo de la Policía, comandante de la subestación local, cuando dialogaban en un establecimiento de billares, propiedad de Rosero.
Posteriormente, el 7 de diciembre, Esteban Portela, campesino simpatizante de la Unión Patriótica fue asesinado por paramilitares en la inspección departamental La Playa. La zona estaba militarizada.
El 16 de febrero de 1988, fue asesinado Leónidas Cuenca Parra, de 54 años, militante de la Unión Patriótica y candidato al Concejo municipal.
Cinco meses después, el 3 de Julio, en el sitio conocido como Caño Sibao, ubicado entre El Castillo y esta población, a 10 minutos de la Base Militar de Granada, seria cometida la primera de una serie de masacres contra indefensos pobladores o contra los dirigentes de la Unión Patriótica, radicados en El Castillo.
Salvador Mazo Correa, quien había sido elegido el 13 de marzo anterior y se había posesionado el primero de junio, y a los principales miembros de la administración municipal, quienes tenían que dirigirse a Villavicencio, y habían convenido con el conductor de un campero de servicio público que hacia esa ruta, para que les reservara cupos, pero finalmente no viajaron en el vehículo, el cual de todas formas completó el cupo de pasajeros, en su mayoría campesinos.
"Los sicarios se informaron de que él [el alcalde] salía en ese carro y llamaron a Granada para describirle al grupo paramilitar el carro en el que viajaba el alcalde. Por razones de su trabajo éste no pudo tomar el campero que había anunciado, sino que se fue en el siguiente. Cuando el prime! carro llegó a Caño Sibao lo bombardearon, le lanzaron granadas y fusilaron a sus ocupantes. (...) La masacre era un operativo coordinado con el ejército y se evidenció cuando a los cinco minutos de los hechos, el comandante de la VII Brigada, Harold Bedoya Pizarro, produjo un comunicado atribuyéndole la matanza al XXVI frente de las Farc, con el objetivo de encubrir a los verdaderos autores y desprestigiar a la guerrilla'' (14).
En total, de las dieciocho personas que salieron hacia Villavicencio. sólo una niña de ocho años sobrevivió. Los demás ocupantes del campero murieron salvajemente asesinados; las víctimas de esta masacre fueron:
José Arcesio Rodríguez Hurtado, Ana Belén de Rodríguez, Luz Darv Rodríguez, de 10 años, Leonor Ortiz Cervera, Hernando de Jesús Gómez Restrepo, Gladys Niño de Gómez, Gilmer de Jesús Patino Arias, Adán Afanador Nieto, Luis Alberto Duran Martínez, De 16 Años, Hijo de un Concejal de El Castillo, Lili Valencia Gómez, Adriana Avila Alfaro, Sandra Avila Alfaro, Neftalí Quimbaya Malagon, Soledad del Carmen Cardenas, esposa de Neftalí, Wilson Elexis Quimbaya Solorzano. De 5 años, Nieto de Neftalí y de Soledad, Yorley Rodríguez Rodríguez y Jairo Duran Barreto.
Uno de los miembros de la estructura criminal que ejecutó el hecho, fue reconocido por los pobladores como Wilson Quimbaya, y contribuyó, sin saberlo, en la muerte de sus padres, Neftalí Quimbaya y Soledad del Carmen Cárdenas, y su hijo de 5 años. Wilson Elexis.
La indagación preliminar por la masacre fue iniciada el15 de julio de 1988, por el Juzgado 17 de Instrucción Criminal de Granada, pero a finales de septiembre, la investigación pasó al Juzgado Cuarto de Orden Público, con el radicado No. 019; su curso varió completamente a partir del momento en que William Góngora Sierra se entregó al DAS, el 3 de abril de 1989, confesando inicialmente ser integrante de la estructura criminal que cometió la masacre, además de numerosos crímenes y desapariciones. Con base en los datos aportados por Góngora, al día siguiente (abril 4), este organismo realizó varios allanamientos, uno de ellos en el barrio Marsella, al sur occidente de Bogotá, en el cual detuvieron a nueve paramilitares, muriendo otros dos. Entre los detenidos estaba Camilo Zamora Guzmán, alias "Travolta", quien al igual que Góngora, reconoció ser miembro del grupo paramilitar y decidió confesar.
En sus confesiones, los dos paramilitares, describieron numerosos crímenes hasta entonces sin nexo aparente, que estaban siendo investigados por diferentes despachos judiciales, evidenciando la directa relación entre esos hechos, por la caracterización de los victimarios y de las víctimas: Los victimarios hacían parte de una estructura paramilitar financiada y dirigida por Víctor Carranza, que operaba no solo en el departamento de) Meta, en tanto que las víctimas casi siempre eran simpatizantes, militantes o dirigentes de la Unión Patriótica, o quienes ellos consideraban como tales.
Esas revelaciones permitieron visualizar con claridad la manera como el proceso de exterminio contra la Unión Patriótica estaba siendo realizado, en el departamento del Meta y otras regiones del país. los profundos niveles de participación de funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, en lo local, en lo departamental e incluso en ¡o nacional, y sobre todo, posibilitaron acceder a pruebas indiscutibles de la veracidad de las propias confesiones: seis cuerpos fueron encontrados en propiedades de Carranza (cuatro de ellos lograron ser identificados), también fueron encontradas armas, caletas para esconderlas, cuadernos en que se relacionaba a quienes estaban asignadas esas armas, y sitios usados para entrenamiento de los paramilitares.
Los dos paramilitares aportaron importantes elementos que permitieron el avance de las demás investigaciones, que seguían en los despachos que originalmente las habían iniciado, a pesar de lo cual, el 15 de agosto de 1989 el Juzgado Cuarto de Orden Público solicitó al Juzgado Primero, el envío del proceso que allí se adelantaba por la desaparición de Ramiro García Briñez, solicitud negada en principio por este despacho, proponiendo colisión positiva de competencias, la cual fue decidida por el Tribunal Superior de Orden Público, favorablemente a la acumulación, el 18 de diciembre de 1989. Con base en este fallo, la defensa de Víctor Carranza solicitó la acumulación de los otros 17 procesos, petición que le fue aceptada a pesar de la renuencia de algunos jueces, teniendo como factor de conexidad la responsabilidad de la estructura paramilitar de Víctor Carranza. La acumulación se realizó entre enero y lebrero de 1990, excepto el proceso por el atentado contra Humberto Orjuela, que fue acumulado el 5 de abril del mismo año, fecha para la cual ya estaba en fase de fallo, pues había finalizado incluso el plazo de presentación de alegatos de conclusión.
A pesar de la evidencia probatoria lograda, tres meses después de la acumulación, el 18 de mayo de 1990, la Juez Cuarta de Orden Público, Marcela Fernández Carvajal, falló absolviendo a la totalidad de los implicados, tanto a quienes estaban detenidos como a quienes habían sido declarados reos ausentes. En su argumentación, la juez se contradice expresamente en relación con pronunciamientos suyos hechos en fases anteriores de la investigación, principalmente en lo referente a la credibilidad que le merecen los relatos de los dos paramilitares, pues inicialmente sería tanta, que en reconocimiento a la colaboración eficaz con la justicia, para el esclarecimiento de los hechos y para la determinación de responsabilidades, les decretó libertad provisional, a pesar de la gravedad de los hechos en que los confesantes reconocían haber participado. Sin embargo, ya en la sentencia, descalifica totalmente a los dos testigos claves, y con base en la descalificación, fundamenta la absolución.
En efecto, de William Góngora afirma que su "personalidad psicópata y mitómana (...), la registra su propia mamá, cuando en declaración juramentada, nos cuenta los innumerables problemas que ha tenido desde su niñez y que ameritó un extenso tratamiento psicológico y que no le permitió superar el primer año de estudio primario que repitió consecutivamente.„" (15), concepto totalmente arbitrario, dado que en ningún momento se le practicó a Góngora examen psiquiátrico o psicológico alguno; luego, de Camilo Zamora hace una recopilación de su historial delictivo, enfatiza la relación de su hermano Humberto Zamora con la Unión Patriótica, por la cual lo considera parle de ella, agregando que "se dice y no se desconoce, es el brazo político de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC" (16), y concluye afirmando: todo lo anterior implica una primera conclusión: no surge elemento valedero alguno que haga creerá la administración de justicia sobre la sinceridad de CAMILO ZAMORA GUZMAN y cuanto tenga de cierto sobre su ingreso al grupo civil armado y su militancia allí". (17)
Según la juez, por todo lo anterior, "ningún otro camino le queda a esta oficina judicial, que declarar la imposibilidad de la administración de justicia de encontrar a los responsables de todos y cada uno de tos hechos que acumulados se investigaron en estos procesos, pues pese al agotador recaudo probatorio, no se pudo aportar la prueba necesaria que demuestre. con certeza plena, la autoría o participación criminal de ninguno cualquiera de los procesados vinculados, ni siquiera del señor CAMILO ZAMORA GUZMAN, quien confesó su participación en alguno de estos hechos, porque habrá de decirse que si su versión no se puede tener como testimonio de cargo en contra de los demás imputados o señalados, tampoco lo será en contra suya: así que nos hallamos al frente de esa indestructible duda que consagra el principio universal del in dubio pro reo y ante el cúmulo de dudas que surgen sobre la responsabilidad de los acusados, se habrá de resolver a su favor, produciéndose entonces sentencia absolutoria en su favor" (18).
La decisión absolutoria fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia, a donde llegó por consulta, validando el argumento presentado por la defensa de Víctor Carranza Niño. según el cual, se ajustaba a derecho porque en la primera instancia no fue apelada por la parte civil, desconociendo las múltiples situaciones extra procesales, que tenían por finalidad garantizar el reinado de la impunidad. Algunas de esas situaciones dan cuenta que de los procesos acumulados, en sólo dos se había constituido representación formal de los familiares de las víctimas (por los asesinatos de Luis Eduardo Yaya y de Carlos Kovacs), y adicional mente, que los apoderados fueron sometidos a todo tipo de presiones y agresiones, con el evidente fin de impedirles actuar dentro del proceso. Uno de ellos, Ricardo Rodríguez Henao, fue víctima de un atentado dinamitero del que sobrevivió, pero tuvo que abandonar el país en cuestión de días. Quien le sucedió. Franklyn Pérez también tuvo que salir de la ciudad como consecuencia de las amenazas y los hostigamientos". (19)
El 1 de agosto de 1988 fue asesinado por el Ejército, Alberto González, militante de la Unión Patriótica, El 31 de agosto de 1985, cuando realizaba tareas electorales de la Unión Patriótica, fue detenido, también por miembros del ejército.
El 1 de noviembre, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, asesinaron a Alfonso Meneses, de 45 años, director del Noticiero La Voz del Ariari, militante de la Unión Patriótica y recientemente posesionado como presidente del concejo de este municipio.
Pocos días después, el 11 de noviembre, el dirigente sindical de esta zona del departamento, Bernardo Cardona Salazar, fue desaparecido por varios desconocidos.
El 21 de noviembre fueron cometidos varios crímenes: Jesús Bocanegra, de 30 años, fue asesinado por desconocidos que llegaron hasta el establecimiento público donde se encontraba. Una persona que le acompañaba fue herida; en la vereda Guayabal, sobre la antigua carretera al municipio de San Martín, fueron asesinados los campesinos Oliverio Ruiz García y otro No Identificado; los victimarios usaron pistolas calibre 7.65 mm. Por último, desconocidos irrumpieron en la vereda Los Mangos, en la vía que conduce al municipio Fuente de Oro, y dieron muerte a los campesinos Hernando Muñoz, de 28 años, Jorge Aroca y otro No Identificado; los cuerpos se encontraron totalmente desnudos y con varios impactos de arma 7.65 mm.
El 1 de enero de 1989, Nhora López de Sánchez, militante de la Unión Patriótica y de la Juventud Comunista, y esposa de un destacado dirigente de la Unión Patriótica, fue asesinada en la puerta de la residencia de unos familiares, por paramilitares de los grupos que operan en la región del Ariari.
El 11 de enero, Vladimir Cañon Trujillo y Jimmer Arley Leiva, ambos militantes de la Unión Patriótica, viajaban desde Vista Hermosa hacia Villavicencio; en jurisdicción de Granada, un grupo de paramilitares tenía montado un retén y se los llevaron a la fuerza con rumbo desconocido, estando desde entonces desaparecidos. En una de sus denuncias, la coordinadora departamental del movimiento político expresa que los dos jóvenes salieron a las 11 de la noche de Vista Hermosa, y que "fueron bajados del bus y retenidos en el CAI de San Martín" (20)
Vladimir era hijo de Julio Cañón, alcalde de Vista Hermosa, quien fue asesinado por paramilitares el 8 de septiembre de 1988. Desde 1986. la familia Cañón ha sido víctima de numerosos asesinatos y/o desapariciones, por parte de las organizaciones paramilitares que actúan en el departamento del Meta, ante la total pasividad de los organismos estatales de investigación. De otra parte, Jimmer Arley era hijo de la concejal de Vista Hermosa por la Unión Patriótica, Erisinda Leiva, quien en diciembre de 1991 tuvo que abandonar esa población, por las reiteradas amenazas de muerte y además porque el Ejército le quemó su vivienda.
El 25 de julio fue asesinado por sicarios en la inspección departamental Puerto Caldas. Reynaldo A. González Ruiz, militante de la Unión Patriótica.
Dos días después, el 27 de julio, Manuel Serrano Meneses, empleado de la firma Empresas Metálicas Modernas y concejal de este municipio por la Unión Patriótica, fue asesinado por paramilitares, dentro del casco urbano. El día 23. uno de sus hermano fue detenido por agentes de la Policía quienes luego lo dejaron libre, aunque amenazándolo de muerte.
El 30 de agosto, fue asesinado de 11 balazos Federico Taborda Mejia, conocido como "El Poeta de la Paz", integrante del conjunto musical "Génesis", quien se desempeñaba como jefe de disciplina del centro agropecuario del Sena. Había recibido amenazas de muerte.
Un año después, el 25 de agosto de 1990, Federico García Parra, José Alberto Castaño Quintero, Luis Antonio Navarro Y Luis Alberto Cubides Ruiz, fueron asesinados en la inspección departamental Aguas Claras, por sujetos encapuchados y armados con fusiles Galil. quienes se movilizaban en dos camperos. El cuádruple crimen fue cometido hacia las 4 p.m.
En los dos años siguientes se terminaría de consumar el genocidio contra la Unión Patriótica, pues después de la muerte de 25 militantes de esta organización, entre los años 91 y 92, ya nadie mas cometería se presentaría como miembro de este movimiento político en público.
El 4 de febrero de 1991, Miguel Bocanegra. militante de la Unión Patriótica, fue sacado de su residencia por seis paramilitares fuertemente armados y luego asesinado; el hecho fue cometido en la inspección departamental Canaguaro aproximadamente a las 8:30 de la mañana.
El 2 de Julio, Leonardo Lozano Franco, tesorero municipal de Mesetas y miembro de la Unión Patriótica, fue asesinado por dos hombres cuando esperaba un bus en el terminal de la flota La Macarena.
El 29 de octubre Rafael Moya Hernández, Luis Eduardo Martínez, y Jorge Elias Sosa Ramos, empleados de Obras Públicas del municipio de Mesetas, y militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados en la inspección de policía departamental Puerto Caldas, por un grupo de seis paramilitares, entre ellos el soldado adscrito a la Brigada Móvil Nº 1, Fernando Sánchez, alias "Parafina" y José de Jesús Acevedo, alias "Toriado" por orden de Luis Eduardo Romero Cárdenas alias "Quitapenas", en complicidad con la Policía de Granada. Los paramilitares portaban armas automáticas y se movilizaban en un campero negro, el hecho ocurrió cerca de una base militar del batallón 21 Vargas.
Las victimas se movilizaban en una volqueta oficial que sufrió una avería al chocar con un lote de ganado, situación propiciada al parecer por los victimarios, a la altura del kilómetro 4 de la vía a Mesetas, cerca a la escuela La Holanda, lugar en donde fueron atacados. Los victimarios los obligaron a internarse en el monte, a orillas de la carretera, donde los asesinaron e hirieron a otro obrero. Otra persona se encuentra desaparecida. (21)
Ese mismo día. el 29 de octubre Gregorio Moya y Rosendo Jeremías Plaza Matoma, militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados por paramilitares.
Este año terminaría con el asesinato el 11 de diciembre, de Pedro Méndez Barrios, Inspector de la inspección departamental de policía La Playa, asesinado por dos desconocidos que, sin mediar palabra, le dispararon en momentos en que recibía una demanda en su oficina. El crimen fue cometido hacia las 10:30 de la mañana.
Ya en el año 1992, el 3 de junio, fue cometida una nueva masacre en el sitio Caño Sibao, contra los principales funcionarios de la administración municipal de El Castillo, todos militantes de la Unión Patriótica: William Ocampo Castaño, alcalde entrante. María Mercedes Méndez De García, alcaldesa saliente, quienes iban en compañía de Rosa Peña Rodríguez, tesorera municipal, ERNESTO ZARALDE, zootecnista coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA-, y Armando Sandoval, conductor al servicio de la Alcaldía. Esta masacre fue cometida por un grupo combinado de militares y paramilitares" (22), al mando del Teniente Rojas, comandante de la base militar de El Castillo, según denunciaron en esa época, voceros de la Unión Patriótica, en carta al Ministro de Gobierno.
Un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, los atacaron, aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando se movilizaban en un vehículo por el sitio Caño Sibao, ubicado a 10 minutos de la Base Militar de Granada. Dos horas antes de la masacre, los funcionarios municipales habían salido de Villavicencio, después de cumplir labores propias de la Administración pública de El Castillo. También estuvieron en las instalaciones de la VII brigada, reclamando condiciones de seguridad; para ingresar debieron mostrar sus documentos de identidad.
El área donde ocurrió el múltiple asesinato tiene una fuerte presencia militar con el acantonamiento de la base militar de El Castillo y del Batallón 21 Vargas en Granada, a pesar de lo cual, numerosas masacres fueron cometidas allí. Incluso, al enterarse el gobernador. Armando Baquero Soler, solicitó tanto a la Policía como al Ejército que se dirigieran al sitio, para atender a quienes hubieran quedado heridos y se pudieran salvar. Sin embargo, dos horas después, "Ni la Policía, ni el Ejército se habían hecho presentes pese a los llamados del Gobernador, lo que indicaba su responsabilidad en la matanza. Cuando se les reclamó por qué no habían ido, dijeron que posiblemente era una celada de la guerrilla. (23)
A pesar de estas afirmaciones para desviar la atención, se ha establecido "que en esta masacre participaron entre otros 'Rasguño', 'Puntillón', los hermanos Silva, paramilitares de El Dorado.
Luego de la matanza se refugiaron en el Batallón 21 Vargas, en Granada". De otra parte, una informante del Ejército, Isabel Martínez, quien se desempeñaba como secretaria de los diputados de la U.P. en la Asamblea del Meta, fue quien comunicó a la VII Brigada sobre el viaje de la comisión de El Castillo y solicitó que su esposo -integrante también de la misma-, no fuera asesinado. De hecho, él fue el único sobreviviente. Tiempo después, un miembro activo de la VII Brigada, dio a conocer a algunos miembros de la Unión Patriótica, la participación de la secretaria, no solo en esta masacre, sino también en el crimen de José Rodrigo García -esposo de María Mercedes-, en la desaparición de Delio Vargas y Adolfo Silva, defensores de derechos humanos, y en la desaparición de Julio Serrano Patino, personero de Mesetas, entre otros Hasta donde se conoce, el esposo de Isabel Martínez, estaba totalmente ajeno a la actividad paralela de la funcionaría.
Después de las elecciones para Concejo y alcaldía, a "El Castillo llegaron miembros de la Policía y del Ejército a indagar por los datos familiares del nuevo mandatario y de las personas que lo acompañarían en ia dirección de su gestión gubernamental. Sin reparos le solicitaron la información a la propia María Mercedes. Ella por supuesto que los rechazó con base en los antecedentes de las masacres anteriores, preguntándoles si era que también los querían matar; les recordó que en esas muertes había sido evidente la participación de la Fuerza Pública". (24)
El día de la posesión de alcaldes (dos días antes de la masacre) fue visto en el casco urbano de El Castillo un reconocido jefe paramilitar conocido como "Lechona", acompañado por ocho hombres, también reconocidos paramilitares de la región. Seis meses después, fue asesinado en Villavicencio José Rodrigo García, vicepresidente de la Asamblea Departamental y esposo de Mercedes Méndez quien se había propuesto que «el múltiple crimen no quedara impune».
En el mes de julio se recrudeció el accionar para estatal contra los militantes de la Unión Patriótica:
El 7 de julio Héctor Sánchez, militante de la Unión Patriótica e hijo de una ex-concejal por el mismo movimiento político, y su esposa, Graciela Rodríguez, fueron desaparecidos por miembros de un grupo paramilitar; sus cadáveres fueron encontrados en el sitio conocido como «Los Mangos", en la vía al municipio de El Castillo, el día 14 del mismo mes. HÉCTOR era distribuidor del semanario Voz. Las dos victimas antes habían recibido amenazas de muerte.
El 12 de julio, el obrero Walter Norman Stoher Quintero, miembro de la Unión Patriótica, fue desaparecido luego de que fuera llevado por varios paramilitares, que lo sacaron del taller donde trabajaba, Al mes siguiente se presentó denuncia ante la Policía Judicial por su desaparición.
El 26 de julio William Villalba, joven militante de la Unión Patriótica. fue desaparecido por varios hombres armados, miembros de un grupo paramilitar que lo sacaron de la Taberna Alemana, ubicada en el centro de la localidad y lo obligaron a abordar un campero Toyota blanco, desde entonces se desconoce su paradero. Su padre, Félix Villalba, quien era concejal de El Castillo, fue asesinado junto a la base militar de Puerto Esperanza, en 1988.
El 12 de septiembre, Jorge Isaac Naranjo, profesor de ta Escuela San Juan Bosco, ubicada en la Inspección Departamental de Medellín del Ariari del municipio de El Castillo, miembro de la Coordinación Educativa del Ariari, militante de la Unión Patriótica y destacado colaborador de la alcaldía, fue asesinado por paramilitares en el parque principal de la localidad, a pesar de estar totalmente militarizado el casco urbano.
La serie de crímenes contra miembros de la Unión Patriótica se incrementaría en los dos meses siguientes de 1992, pues el 2 de octubre fue asesinado Enrique Narvaez; al día siguiente, Ovidio Hernández, quien había estado encarcelado por cuatro años; el primero de noviembre fue asesinado por paramilitares Bernardo Velasquez, y luego, a mediados del mes, caerían asesinados por paramilitares Jorge Armando Sánchez, de 37 años, el día 17; Luis Noe González García, de 41 años, el día 18, y Gabriel Pérez Torres, de 31 años, el día 19.
El 14 de julio de 1993, Ignacio Zorrilla, de 45 años, Pablo Antonio Gutiérrez Muñoz, de 22 años y José Reinaldo Gutiérrez Muñoz, quienes trabajaban como "paleros en una volqueta", fueron desaparecidos por seis soldados, quienes allanaron la vivienda donde estaban, ubicada en el barrio Amparo, procediendo a alarlos y a golpearlos . Después se los llevaron en un vehículo de color rojo con rayas blancas. Los soldados, que vestían de civil y cubrían sus rostros con ponchos preguntaban permanentemente por una supuestas armas que tendrían escondidas en la vivienda. En desarrollo de la acción, los seis hombres dejaron abandonado un proveedor que fue encontrado por un niño, quien lo tiró al pasto. Posteriormente, dos soldados profesionales llegaron a la vivienda buscando "algo que se les había perdido"; después llamaron a la Policía Judicial, la cual revisó cuidadosamente el lugar, encontrando el proveedor.
El 6 de noviembre de 1995, fue asesinado Exenover Quintero Celis, militante de la Unión Patriótica y ex personero de El Castillo, quien después del éxodo se vio obligado a renunciar debido a las amenazas: fue asesinado a las 9:30 de la mañana, en zona urbana de este municipio, por dos paramilitares que se movilizaban en una motocicleta, quienes le propinaron 15 disparos en diferentes partes del cuerpo, cuando caminaba junto con su madre y su esposa hacia la plaza de mercado, a pocas cuadras del Batallón 21 Vargas, Voceros de la organización política manifestaron que: "en repetidas ocasiones... había acudido al Ministerio de Gobierno, a la Procuraduría General de la Nación y a otras dependencias oficiales de derechos humanos para pedir protección para los campesinos del Ariari. Fue promotor de los éxodos en El Castillo precisamente para proteger a los ciudadanos del vandalismo paramilitar". Ante la Personería municipal de Vista Hermosa formuló denuncia contra los militares de la base de dicho municipio: "desde el mismo momento en que se me nombró como alcalde del municipio, postulado por el movimiento Político Unión Patriótica, se originó una invasión militar de la zona realizando toda clase de operativos, retenes, requisas, guerra sicológica, propaganda anticomunista, a través de unos altoparlantes que funcionaron en la escuela Vencedores del Vargas y posteriormente en la casa cural, denominado Voz Vencedores del Vargas y Voz de los Héroes, donde se difundía afirmaciones calumniosas, tendenciosas y temerarias contra los movimientos de izquierda, incluso llegando al extremo de distorsionar aires autóctonos colombianos, incitando a la población para que colabora con el Ejército, señalando y entregando a los subversivos de la Unión Patriótica." (25)".Había hecho parte del listado presentado por al Unión Patriótica a la comisión interamericana de derechos humanos de la OEA, en el parte de amenazados.
2. EL CASTILLO, CUBARRAL Y EL DORADO
De arraigada tradición comunista es el municipio de El Castillo, "porque allí nació un poder social con los sindicatos agrarios; porque desde allí se abrió el proceso colonizador de todos los Llanos: por tener una base social tan sólida, la más organizada del movimiento popular del Meta, donde hay un proceso de asentamiento familiar de dos o tres generaciones" (26). Por el contrario, Cubarral es de marcada influencia conservadora, y es considerado como la frontera de los movimientos de colonización, y una de las primeras sedes del paramilitarismo en el departamento del Meta.
Sin embargo, están muy relacionados estos municipios en cuanto a la comisión de crímenes de lesa humanidad, ya que muchos de los crímenes cometidos en Cubarral y en el recientemente creado El Dorado (antes inspección departamental de Cubarral), fueron contra habitantes de El Castillo, o contra quienes eran considerados enemigos u obstáculos para el proyecto paramilitar.
Partido Comunista. El crimen fue cometido en un camino por "desconocidos" que le propinaron disparos de escopeta.
Incluso, según denuncia de concejales del municipio, el día 8 de agosto, un grupo de 19 personas vestidas con prendas militares, la mayoría miembros del Batallón 21 Vargas, incursionaron en el sitio la Bodega, ubicado en la vereda La Unión, maltrataron física y verbalmente a quienes allí se encontraban y hurtaron algunos enseres. La denuncia hace énfasis en que haciendo parte del grupo, estaban 3 civiles, quienes también vestían uniformes y portaban armas de uso exclusivo de los militares; eran Ezequiel Liberato, inspector de policía de El Dorado, conocido como "El Gobernador", Joaquín Silva, "jefe de la denominada autodefensa campesina de El Dorado y Cubarral y José Sierra, "esposo de una concejal de Cubarral". Era esta la primera aparición de la que se configuraría como una de las estructuras criminales, responsables del genocidio contra la Unión Patriótica y el campesinado proclive a las organizaciones de izquierda, o considerado así por los paramilitares o militaras.
Para esta época ya se rumoraba con insistencia la reciente formación del grupo paramilitar, lo cual era negado por el entonces alcalde de Cubarral, Bernardo Aristizábal. Sin embargo, en los primeros días de abril de 1987, en declaraciones a un reportero de un noticiero de televisión, invitado por ellos mismos. Aristizábal, "ya ex alcalde, confesaba la existencia del grupo de autodefensa en número de ochenta 80 hombres bien armados y entrenados conformando ocho (8) grupos, dizque para evitar el avance de la Unión Patriótica en el Alto Ariari" (27)
Durante los últimos meses de 1986 fueron cometidos varios crímenes en la zona. El 29 de octubre, en la inspección departamental El Dorado, (Cubarral) fue asesinado por dos paramilitares, el dirigente conservador Elías Cabezas. En esta misma población en el mes de noviembre, fue asesinado por miembros del grupo paramilitar de la inspección departamental El Dorado, Alfonso Garzón, militante de la Unión Patriótica.
Menos de un mes después, el 22 de noviembre, paramilitares asesinaron al campesino Gilberto Ramírez, militante de la Unión Patriótica. El crimen fue cometido en la inspección San Isidro (El Castillo).
El mismo día fue cometida la primera masacre de que se tenga conocimiento en El Castillo. Hacia las 3 de la madrugada, un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas armadas comandados por el paramilitar Marcos Silva, incursionaron en la vivienda del campesino José Antonio Guerra, quien vivía con su familia y unos amigos que habían llegado procedentes del municipio de Viola (Cundinamarca) en busca de trabajo en las actividades agrícolas.
Luego de golpear a los hombres y de inmovilizar a las mujeres y a los niños, asesinaron en presencia de todos, a Vidal Ramírez y a Ángel María Rodríguez. Posteriormente, amarraron a Mario Huertas. Manuel Galindo, Miguel Montoya y a José Antonio Guerra y los arrastraron en dirección desconocida, llevándose con ellos los cadáveres de las dos personas que momentos antes habían asesinado en el interior de la vivienda. Antes de salir, el grupo inscribió en las paredes con dentífrico las siglas del E.P.L.
Dos de las personas que dejaron en la casa. lograron zafarse de las ataduras que les fueron colocadas en la vivienda y liberar de estas a los otros habitantes de la finca, y emprendieron el viaje hasta la inspección de Medellín de Ariari en busca de las personas retenidas por el grupo de victimarios.
Muy cerca, en un potrero de una finca vecina, encontraron un campamento del Ejército y más adelante encontraron otro campamento del ejército, donde los militares trataron de detener la marcha de los campesinos.
Sólo hasta el día siguiente (23 de noviembre} lograron llegar a Medellín de Ariari, donde el inspector de policía se comprometió en la búsqueda de las personas retenidas. Al regresar al lugar de los hechos constataron que en cercanías al sitio donde se encontraba el campamento militar, estaban los seis cuerpos, con visibles señales de tortura causadas con armas corto punzantes, rociados con ácido y degollados. Los cadáveres fueron abandonados en una hondonada a doscientos metros de la casa, no sin antes robar la suma de $55.000 que Ángel María llevaba consigo guardados en una chuspa. Los victimarios olvidaron en el sitio dos toallas verdes marcadas con la leyenda "Ejercito Nacional" y una gorra camuflada de las fuerzas militares.
Este hecho provocó inmediatamente el éxodo masivo de más de dos mil campesinos hacia la cabecera municipal de El Castillo. Posteriormente, un grupo de 200 de ellos se tomó las instalaciones de la Asamblea Departamental del Meta buscando salida a su pliego de peticiones consistente en la desmilitarización de la región y la investigación penal y disciplinaria de los autores de la masacre. El día 3 de diciembre de 1986 se firmó un acuerdo con los labriegos, luego de la intermediación de los dirigentes de la Unión Patriótica que presionaron a la Cámara de Representantes para la conformación de una comisión de verificación y al. Gobierno Nacional y departamental.
El Comandante del Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional los días 16 y 18 de noviembre expidió las ordenes de operaciones Nros-, 064/86 y 065/ 86 para la zona de Medellín de Ariari, El Teniente John Jairo Uribe Cárdenas y los Subtenientes Luis Enrique Andrade Ortiz y Delmo Williams Alba Rincón comandaron las patrullas militares que el día 22 de noviembre se encontraban en la zona donde fue cometida la masacre.
Marcos Silva Beltrán perteneció en 1982 al cuarto contingente de soldados del Batallón de Infantería No. 21 Vargas y era reconocido como guía de las patrullas de esa Unidad Militar. Al parecer, las FARC días antes habían asesinado a un hermano suyo por tener vínculos con los grupos paramilitares.
Esta masacre fue investigada en tas jurisdicciones penal ordinaria, penal militar y disciplinaria, pero al final el caso fue archivado, argumentando que no había mérito para investigar a ningún uniformado, aunque se hizo evidente la falta de actividad investigativa tendiente al esclarecimiento de los hechos, y por ende, al juzgamiento de los responsables. (28)
El mismo día de la masacre de los campesinos, fue asesinado, también por paramilitares, el militante de la Unión Patriótica, Francisco Granda.
A finales de 1986, el 20 de diciembre, fueron desaparecidos John Jairo Forero y Cundisalvo Forero Páez, según denuncias ante la Procuraduría General de la Nación Ya en 1987, el 7 de marzo. José Nelson Jaramillo, campesino, líder agrario del departamento del Meta y militante de la Unión Patriótica, fue detenido en la inspección departamental Medellín del Ariari, donde fue asesinado por miembros de la Policía, al mando de un cabo de apellido Flórez.
Al día siguiente, el 8 de marzo, fue asesinado un activista de la Unión Patriótica, de apellido Osorio.
Un mes después, el 4 de abril, en la vereda Campo Alegre de la inspección departamental Medellín del Ariari, fueron asesinados Belisario Hernández y Eustaquio Barriga, ambos de aproximadamente 23 años, campesinos y militantes de la Unión Patriótica, cuando se encontraban en la finca de propiedad del ganadero Francisco Silva, recogiendo un lote de becerros para llevarlos al corral, cuando incursionó una patrulla del Batallón 21 Vargas, comandada por el Teniente Carlos Rubiano Fonseca; luego de penetrar hasta el lugar donde se encontraban los labriegos, los asesinó sin que mediara ninguna orden. Eustaquio también hacía parte de la Juventud Comunista.
En el informe oficial, la patrulla justificó el doble asesinato, afirmando que los campesinos habían sido dados de baja en un enfrentamiento entre la guerrilla y las tropas regulares.
Luego, el 10 de mayo fueron desaparecidos en Cubarral, Antonio Apache Avala, militante de la Unión Patriótica, y Un Hijo, por tropas del Ejército y civiles que patrullaban conjuntamente. Después se supo que habían sido asesinados.
Por estos hechos, el Juzgado 25 de instrucción criminal radicado en el municipio de Cubarral, adelantó investigación que vinculó en los hechos a Roque Torres y Fulgencio Albino, quienes fueron favorecidos con cesación de procedimiento el 25 de septiembre de 1989.
Miguel Rojas, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado en jurisdicción de El Castillo, por tropas del Ejército Nacional, el 19 de julio.
El último crimen durante 1987, fue el día 2 de noviembre, contra el dirigente Arnulfo Vargas Cuellar. vicepresidente del Concejo de la población. militante de la Unión Patriótica y líder agrario. El hecho fue cometido en la Inspección departamental Medellín del Ariari, hacia las 6 a.m., a dos cuadras del puesto policial, por un grupo de aproximadamente diez paramilitares, quienes se movilizaban en dos camperos y dispararon ráfagas de subametralladora, contra una comitiva de la Unión patriótica que salía hacia el casco urbano de Vista Hermosa, al funeral de Alfonso Perdomo, concejal por la Unión Patriótica, asesinado el día anterior.
El atentado fue preparado por Pedro Barrete, comandante del puesto policial de Medellín del Ariari, junto con paramilitares de la estructura de Víctor Carranza que actúa desde la inspección departamental El Dorado (Cubarral), y estaba dirigido contra el presidente del Concejo de El Castillo, Pedro Malagón (29) , quien resultó herido de dos disparos, lo mismo que los otros tres acompañantes, entre ellas, una hija de Malagón, de 15 años. Posteriormente, se tuvo conocimiento de que Barrete estaba buscando a Pedro Malagón en el barrio Las Cruces, de Bogotá.
Después del crimen, un grupo de extrema derecha, autodenominado Frente Revolucionario Campesino, se adjudicó la autoría de los asesinatos de Alfonso Perdomo, Arnulfo Vargas Cuellar, y otros seis militantes de la Unión Patriótica, cuyos cadáveres corresponden, al parecer, a los encontrados en un paraje cercano a la vía que de Cubarral conduce a El Castillo.
Arnulfo era hermano del parlamentario Octavio Vargas, quien fuera asesinado el año anterior en San José del Guaviare.
En el año 1988, el primer caso registrado corresponde a la masacre de 6 Campesinos No Identificados, cometida el 13 de febrero, en zona rural.
El 29 de febrero fueron encontrados los cadáveres de Regli García Leal, de 16 años, William Falla García, de 22 años y Ramiro Hernández, campesinos y militantes de la Unión Patriótica, quienes ocho días antes habían sido sacados de sus casas, en la inspección departamental Medellín del Ariari. El triple crimen fue cometido por paramilitares.
En el mes de marzo fue asesinado el campesino, Gratiniano Moreno habitante de la vereda La isla, ubicada en la inspección departamental San Isidro, y amenazada su Esposa. En el mismo mes, fue desaparecido el labriego Yesid Mora, habitante de la misma vereda. Gratiniano había denunciado, junto con otros campesinos, amenazas por hacer parte de la Unión Patriótica.
El 13 de abril, Baldomero Useche y Silvano Morales, militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados en la inspección departamental Medellín del Ariari, por paramilitares. Mientras se desarrollaba su velación, militares adscritos a la base militar de Brisas, agredieron a los pobladores y realizaron varios allanamientos ilegales.
Dos semanas después (abril 27), en la inspección departamental Medellín del Ariari. fue asesinado el campesino Vicente Culma, y al día siguiente. fueron sacados de una finca de su propiedad -ubicada en ia misma inspección y asesinados, los campesinos Luis Eduardo Ramírez Devia y Mario Tapia López.
En el mes siguiente, el 3 de mayo, fue asesinado en la vereda Meseta, el labriego Olivo Agudelo y quemada una vivienda.
Luego, el 14 de mayo fue desaparecido José Ángel Cante, de la tinea del paramilitar Nepomuceno Rojas, donde laboraba.
Posteriormente, el 31 de mayo fue desaparecido el campesino y militante de la Unión Patriótica, Gilberto Vargas Pinto -sobrino del asesinado representante a la Cámara, Octavio Vargas-, quien residía en la inspección departamental Medellín del Ariari, Al labriego lo detuvieron en la base militar de la inspección departamental Pueblo Sánchez (El Castillo), cuyo comandante era el teniente Torres Chitiva, aunque el responsable del retén fue el teniente Niño Gilberto "alcanzó a enviar un papel a sus laminares en un bus que pasaba", informando que lo habían detenido. Se afirma "que fue entregado a los paramilitares y que antes te hicieron firmal una constancia de que había sido dejado en libertad'. Desde entonces no se volvió a tener noticia de Gilberto, a pesar de las gestiones que desde el día siguiente realizó su esposa, inicialmente en el sitio donde fue detenido y después en las bases militares de Cubarral y en la sede del Batallón 21 Vargas, pero siempre los militares negaron tenerlo en su poder. En vista de que no lograba resultado alguno, la esposa presentó la denuncia ante las instancias de control a nivel nacional, además en los medios de comunicación, lo que le generó una inmediata persecución por parte de los victimarios así que tuvo que salir de ta región, junto con sus dos pequeñas hijas, para salvar su vida.
Mediante comentarios no oficiales, a la esposa le hicieron saber que probablemente Gilberto fue asesinado la misma noche en que fue retenido, luego de crueles torturas, en la finca del jefe de los sicarios del Alto Ariari, de nombre Benjamín Hernández, quien habría participado, junto con Nepomuceno Rojas, en el crimen. Sin embargo, a la fecha no se tiene certeza sobre su paradero y estado, ni su familia ha recuperado el cadáver. Una denuncia de la Coordinadora Departamental de la Unión Patriótica, expresa que "campesinos de la región nos informan que su cadáver fue encontrado con señales terribles de torturas y numerosos impactos de bala"
Cuatro días después (septiembre 4) fueron asesinados los jóvenes Wilson Rodríguez Arenas y Wilmer Hernández Merchán, de 21 años aproximadamente. Ambos eran integrantes de la Juventud Comunista (JUCO) y de la Unión Patriótica y también líderes estudiantiles y juveniles. El doble crimen fue cometido por sujetos que se transportaban en un auto blanco, cuando se movilizaban en un bus intermunicipal, a la altura de la inspección departamental El Dorado (Cubarral); por las placas del vehículo se logró establecer que su propietario era Nepomuceno Rojas, "reconocido dirigente de grupos paramilitares en el Meta".
Los dos jóvenes cursaban el grado once de educación básica en Villavicencio, y se dirigían a la inspección departamental Medellín del Ariari, donde residían sus familias, a pasar vacaciones.
El día 3 de octubre, Ernesto Campos Campos, de 54 años, odontólogo y ex candidato a la alcaldía de este municipio por el Partido Liberal, fue asesinado por dos sujetos que llegaron hasta su consultorio y le dispararon con arma calibre 9 mm. El crimen fue cometido a una cuadra de la Base Militar.
El 18 del mismo mes fueron encontrados en la vereda Tururuy, jurisdicción de Cubarral, los cuerpos de Carlos Gómez Díaz, 30 años, ganadero propietario de la hacienda La Esmeralda, ubicada en la vereda Santa Lucia, y de los campesinos Medardo Herrera Sánchez, Humberto Aguilar Torres y 2 Hombres No Identificados. Las cinco personas habían sido secuestrados una semana antes, en el predio de Gómez Díaz. Los cuatro campesinos eran trabajadores de la hacienda La Esmeralda
Casi una semana después, el día 23, fue asesinada Alba Eniz Ariza, de 22 años, por paramilitares comandados por Nepomuceno Rojas, quienes interceptaron el bus en que se movilizaba, entre la inspección departamental El Dorado y el casco urbano de Cubarral, y la balearon delante de los demás pasajeros. La joven cursaba el grado once en el Colegio Agropecuario Concentración de Desarrollo Rural, con sede en la inspección departamental Pueblo Sánchez (El Castillo). Era una de las estudiantes más sobresalientes y hacia parte del comité estudiantil del colegio; también era integrante de la Juventud Comunista (JUCO) y de la Unión Patriótica en Mesetas, donde residía.
En su declaración, Camilo Zamora Guzmán relató que en el crimen de Alba participaron dos paramilitares, conocidos con los alias de "El Costeño" y "La Muerte", además de un agente del DAS, de nombre Héctor Gutiérrez, "quien saca información del DAS para sustraer digamos direcciones. nombres o cómo se integra la Unión Patriótica en el Meta" (30).
El día 26 de octubre a las 9 p.m., una patrulla militar incursionó en la vereda San Pedro; los militares sacaron de su vivienda a la señora Ofelia Cárdenas De Galindo. golpearon a sus hijos Carmen Galindo, de 15 años. y Hensir Galindo, de 7 años, en tanto que su esposo, Armando Galindo, fue amenazado de muerte. Aunque los agresores dijeron a los familiares de Carmen que podían ir al día siguiente a recogerla, en la Base Militar de El Dorado, la señora fue desaparecida.
En los primeros días del mes de noviembre fueron cometidos varios crímenes en El Castillo: El día 5, Parmenides Cuenca, esposo de una concejal de la población por la Unión Patriótica y militante de la misma organización, fue asesinado en su residencia, en atentado dirigido contra la dirigente política, quien resultó herida.
El día 6, fue cometida una masacre contra cinco campesinos, militantes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, en un paraje de la vía que conduce al municipio de Granada. Las víctimas fueron Pedro Ortegon Pinilla. Rafael García Ricardi, de 22 años e hijo de un concejal y militante de la Unión Patriótica, José Delio Orjuela, de 50 años, Erminson Céspedes Pérez, de 23 años y Ramón Nonato Pineda. Recientemente, Ortegón Pinina había testimoniado ante una Delegación de Pax Christi Internacional y del Parlamento Europeo, sobre crímenes cometidos por la VII Brigada del Ejército en la región.
Un día después, el 7, Jesús María Salcedo Fontalvo, inspector de policía de la inspección departamental Medellín del Ariari y miembro del Partido Liberal, fue asesinado por paramilitares de la inspección departamental El Dorado, cuando se encontraba dentro de un establecimiento publico, junto con el concejal por la Unión Patriótica, Félix Antonio Villalba, contra quien estaba dirigido el atentado, del cual salió ileso.
Sin embargo, Félix Antonio Villalba, de 54 años. fue asesinado una semana después (el 16) en la inspección de policía Puerto Esperanza, hacia las 5:30 p.m,, cuando se encontraba sentado en el andén, frente a su vivienda. La zona estaba completamente militarizada por una patrulla acantonada en el Puerto desde hacía varios días.
Un poblador se enteró de que los militares acantonados en el sitio estaban preparando el crimen, y le comunicó que miembros de la tropa, vestidos de civil, atentarían contra él y le instó para que se resguardara, pero Villalba hizo caso omiso de estos ruegos. Había sido victima de constantes amenazas de muerte y el día 7 de noviembre había salido ileso de un atentado en el que murió el Inspector de Medellín del Ariari, Jesús María Salcedo Fontalvo.
Félix Antonio Villalba era un pequeño comerciante; tenía un negocio en la inspección departamental Medellín del Ariari y otro en Puerto Esperanza. a donde se trasladaba los fines de semana. En el momento del crimen, era el líder más sobresaliente de la Unión Patriótica en la región; se caracterizó además por ser líder cívico: presidió la asociación de padres de la escuela Jorge Eliecer Gaitán (en Medellín del Ariari), integró la Asociación de Padres del Colegio Agropecuario y era miembro de la Junta de Acción Comunal.
Dos semanas después, el 29 de noviembre fueron asesinados los campesinos María Elvira Galindo, de 30 años, Aristides Castañeda Samudio, de 32 años, Gilberto Alvarado Torres, de 28 años y Ángel Tobías Beltrán. de 53 años, en la inspección departamental Medellín del Ariari. Los tres primeros en la tinca La Perfidia, en tanto que Ángel Tobías fue acribillado en la finca El Reposo.
El 3 de enero de 1989, hacia las 11 a.m., se desplazaban los campesinos y militantes de la Unión Patriótica, Henario Chavez González y Hernán Jiménez Gantiva, por la vereda San Pedro, hacia la vivienda de un vecino, cuando fueron retenidos por una patrulla militar, desconociéndose su paradero hasta el día 6, a pesar de haber averiguado en el Batallón 21 Vargas y en la VII Brigada. Un coronel de apellido Rodríguez comentó a sus familiares que estaban bien, pero por la intervención de un funcionario de un organismo de control, se enteraron que Henario estaba recluido en un hospital de Villavicencio. herido de 4 disparos, en tanto que de Hernán les dijeron que se encontraba en una base militar, pero les negaron cualquier comunicación con él, así que se mantiene en condición de desaparecido. Cuando Henario estuvo en condiciones de hablar, expresó que quien le hirió fue un paramilitar de la inspección departamental El Dorado.
A pesar de lo anterior, tos militares acusaron a Henario de ser guerrillero y el Juzgado Segundo de Orden Público de Villavicencio le inició proceso penal. Mientras permaneció hospitalizado fue victima de reiteradas amenazas que le eran proferidas por individuos que en horas de la noche entraban al centro hospitalario. Además, aunque estaba herido, en diversas ocasiones fue esposado en las piernas. El día 24 de enero, cuatro amigos que le fueron a visitar, fueron detenidos, y al día siguiente, después de trasladarlo a una estación policial, la mamá, María Lucila González, junto con otro hijo de 9 años, fueron conducidos por varios policías, quienes los llevaron a las afueras de la ciudad de Villavicencio, y cuando intentó pedir auxilio a una persona que transitaba por allí, la golpearon en la cara y la boca. La llevaron a un lugar en el que había más policías y le dijeron que la dejarían allí e intentaron separarla del niño, para obligarla a subir nuevamente al vehículo, a lo que ella se negó. Finalmente, la obligaron a subir, golpeándola con brutalidad por la espalda y la llevaron a la sede del F-2, donde le recriminaron el que se la pasaba en la Unión Patriótica, le lomaron algunos dalos y la dejaron ir. La tuvieron retenida entre las 11 a.m. y las 4 p.m.
El día 9 de enero, Virginia Apera, simpatizante de la Unión Patriótica fue detenida y torturada por una patrulla del Ejército Nacional.
En la segunda quincena de enero, la Coordinadora departamental de la Unión Patriótica denunció que el Batallón 21 Vargas estaba implementando un proceso de carnetización de la población: "Este Batallón a través de un seguimiento y ubicación de veredas, viviendas y sitios de trabajo de los habitantes del municipio, trata de ejercer una presión sicológica que conlleva a la ubicación de personalidades y dirigentes demócratas para de esta manera presionar el exilio." (31)
El día 5 de febrero, cuando los hermanos José Alexi y José Merchan Cárdenas se movilizaban en un transporte intermunicipal, entre Villavicencio y El Castillo, fueron obligados a descender del vehículo, a la altura de la base militar de la inspección departamental Pueblo Sánchez. Desde entonces desaparecieron; sus familiares indagaron a los coman-dantes de las bases de Medellín del Ariari y El Castillo, sin obtener respuesta positiva.
El 24 de febrero de 1990 fue cometida otra masacre en la vereda Bajo Cumaral, inspección departamental Medellín del Ariari, contra campesinos y militantes de la Unión Patriótica: Jacinto Zea, de 60 años, aserrador y dirigente comunal, Bernardino Prieto, de 55 años, cultivador de cacao y dirigente comunal, y los jóvenes Horacio Prieto, Eugenio Prieto, hijos de Bernardino; Umerly Montoya, trabajador agrario, y José Antonio Zea, hijo de Jacinto.
Hacia las 6 a,m., un grupo de unos 15 paramilitares incursionaron en dos fincas, rodearon las viviendas de los dos dirigentes comunales, a quienes sacaron a la fuerza y se los llevaron, después de ordenar a las mujeres permanecer encerradas. Se dirigieron luego hacia el río, donde se divertían los 4 hijos de los dirigentes comunales, Jóvenes entre 15 y 17 años, los obligaron a juntarse en un lugar vecino a las dos fincas y los acribillaron con disparos de fusil. Fuentes oficiales presentaron a las victimas como integrantes de "un grupo de autodefensa".
Finalmente, el 22 de julio, el campesino Felipe Castañeda Bravo fue asesinado por soldados del Batallón de Infantería Nro. 20 General Serviez, al mando de un teniente de apellido Cogollo, quienes irrumpieron en la vivienda y además golpearon a sus moradores, acusándoles de ser guerrilleros; a la víctima le colocaron una escopeta para presentarlo como guerrillero. Al día siguiente un grupo de encapuchados abordaron a dos hermanos de la víctima interrogándolos en forma amenazadora por sus padres.
En los primeros días del mes de noviembre de 1991, cuatro militantes de la Unión Patriótica, serían victimizados:
El día 2, Vidal Molano, dirigente del Partido Comunista y de la Unión Patriótica fue asesinado por un grupo de paramilitares, en las afueras de la inspección departamental Medellín del Ariari.
Al día siguiente, el 3 de noviembre, Yenny Paola Caro, Eugenio Quevedo, Blanca Romelia Beltran y Melida Ramírez fueron desaparecidos en la vía al municipio de Cubarral, a la altura de la Inspección Departamental de Medellin del Arari, cuando los miembros de la familia se transportaban en un camión Dodge de placas 5058, cargado con 10 toneladas de café. Los tres adultos eran militantes de la Unión Patriótica. Para la época, en la zona se habían presentado varias desapariciones y asesinatos como consecuencia de operativos realizados por la Brigada Móvil.
Mélida era esposa de Jairo Caro Cundí, mediano comerciante asesinado años antes, por la policía de la inspección departamental Medellin del Ariari, junto con su guardaespaldas.
Como consecuencia del proceso de exterminio, para el proceso electoral de 1992, El Castillo, fue el único municipio, junto con La Uribe, en el cual la Unión Patriótica mantuvo el poder en las alcaldías, a pesar del asesinato en el mes de junió, de Mercedes Méndez y Willian Ocampo, alcalde entrante y saliente respectivamente, en el vecino municipio de Granada
El 7 de enero de 1992, Dubadier Rodríguez, campesino, fue detenido, torturado y mantenido en calidad de desaparecido durante casi mes y medio, por tropas del Batallón 21 Vargas,. Él y cuatro campesinos más fueron detenidos por una patrulla del mencionado Batallón luego de allanar dos fincas de la región. Los tuvieron atados a un palo durante 32 horas y posteriormente liberaron a uno de ellos, a otros tres los pusieron a órdenes de la Policía local y a Dubadier lo hicieron subir a un automóvil y se lo llevaron. Los militares dijeron que se lo llevaban al Batallón 21 Vargas, las autoridades militares negaron tenerlo bajo su custodia. Posteriormente, la última semana de febrero, apareció vivo.
El 29 de abril fue asesinado el campesino Héctor Obando Díaz, por paramilitares. El crimen fue cometido en la inspección departamental Pueblo Sánchez.
El 3 de Junio, Pedro Agudelo, dirigente de la Unión Patriótica, fue asesinado por paramilitares.
El 20 de junio, los agricultores Juan Duarte Zarate, de 22 años, Ángel Alberto Bocanegra, de 30 años y Edilberto Bernal Barrera, de 34 años, fueron asesinados por un grupo de aproximadamente 30 paramilitares, en la inspección departamental San Isidro. Los campesinos se encontraban en un bazar para recoger fondos para la construcción de la escuela en la vereda La Isla de la inspección departamental de San Isidro, cuando llegaron 30 hombres fuertemente armados disparando contra las personas que participaban del evento. Seis personas más resultaron heridas. La zona se encontraba altamente militarizada y los habitantes habían denunciado constantes atropellos por parte de la Brigada Móvil Nº 1, al igual que la presencia de grupos paramililares que actúan con total impunidad.
El 13 de septiembre, Luis Felipe Beltran Ariza. de 40 años, simpatizante, fue encontrado asesinado en el sitio conocido como Caño Sibao; presentaba un impacto de arma de fuego. Residía en Granada.
El 17 de septiembre, un conductor conocido como José, fue desaparecido de la vereda Puerto Esperanza por paramilitares
El 15 de noviembre de 1992, Javier Jiménez, campesino, fue asesinado de varios impactos de bala disparados por efectivos de una patrulla militara la altura de la vereda Puerto Unión, cuando se dirigía a la zona urbana con una carga de café. El campesino encontró con la patrulla de militares, con quienes estaban algunos encapuchados, los cuales tenían a varios campesinos boca abajo. Al ver esto el labriego se asustó y trató de regresar, pero le dispararon varias veces hiriéndolo. Varios campesinos lo recogieron y lo trasladaron a la inspección departamental Medellín del Ariari, donde falleció por ios impactos de fusil que recibió.
El 15 de noviembre, Herson Javier Caro, campesino conocido como "Javier Apache", fue asesinado de varios impactos de bala por efectivos de una patrulla del Batallón 21 Vargas, cuando se dirigía a la zona urbana con una carga de café.
A la altura de la vereda Puerto Unión se encontró con la patrulla militar y varios encapuchados, los cuales tenían boca abajo a varios campesinos. Al ver esto el labriego se asustó y corrió, pero le dispararon causándole la muerte. Los uniformados tenían detenido al profesor José Gabriel Ocampo Gallego al cual lo maltrataron propinándole golpes con la culata del fusil y lo interrogaban por el paradero del también profesor Eveiro Umaña Ortiz. (32)
El 19 de noviembre, José Del Carmen Guerrero, de aproximadamente 50 años, labriego, fue asesinado por dos paramilitares cuando se dirigía en un campero de servicio público hacia Granada, en compañía de un hijo de 9 años; al llegar al río Ariari, los victimarios, que se movilizaban en una molo, le dispararon varias veces, luego de preguntar por él.
La comunidad ha denunciado la activación en la zona, de una banda compuesta por reconocidos paramilitares de la región de El Dorado y Cubarral, algunos de los cuales realizan patrullajes conjuntos con el Ejército.
El 20 de diciembre de 1992, Gustavo Jaramillo, Leovigildo Castellanos. Dumar Castellanos y José Ignacio Gutiérrez, campesinos, integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Embarrado, fueron asesinados por un grupo de aproximadamente 20 paramilitares conocidos como Los Carranceros, quienes hacia las 10 de la mañana irrumpieron en el sitio conocido como Caño Embarrado en el corregimiento de Puerto Unión, en dos camperos de línea gritando e insultando a quienes allí estaban presentes en el lugar estaban unas 40 personas que se disponían a viajar a ta inspección departamental Medellín del Ariari. Los victimarios, que estaban encapuchados, algunos vestidos con prendas militares, oíros con uniformes policiales y otros de civil, seleccionaron -lista en mano- a los labriegos, los llevaron hacia la parle posterior de la casa. los obligaron a tenderse en el suelo y los acribillaron. (33)
El 24 de marzo de 1993, el conductor Arquimedes Palacios, de 30 años, fue asesinado en la inspección Medellín del Ariari, por presuntos paramilitares de la inspección departamental El Dorado. El campero en que se movilizaba la víctima, junto con otros dos conductores, por la vía
que de Medellín del Ariari conduce a Puerto Esperanza, fue ametrallado con fusiles. En el hecho resultaron heridos los otros dos conductores. El 15 de abril de 1993, Jorge Eliecer Martínez, campesino y padre de siete hijos, (ue asesinado por tropas de la Brigada Móvil Nº.1 que realizaban ametrallamientos en las veredas La Cumbre, Los Alpes, Alto Brisas del Jordán, Alto Cumaral y Caño Embarrado.
El hecho sucedió en una finca de la vereda Los Alpes. Una fuente indica que mientras realizaba labores agrícolas, estalló junto a él una granada que le destrozó el cuerpo, "... del cual sólo se encontró la parte inferior"; otra fuente sostiene que "... el ejército ametralló y bombardeó un lugar por donde querían pasar, apuntándole con una bomba al mencionado agricultor, destrozando su cabeza y sólo se encontró de la cintura para abajo".
La muerte del labriego ocurrió en la vereda La Cumbre. El 25 de abril Héctor Díaz, campesino de 20 años de edad, fue desaparecido por tropas militares, quienes se lo llevaron junto con su hija de 9 meses, a quien devolvieron a su familia, seis días después. De Héctor no se supo más.
El 23 de octubre de 1993, Albeiro Ruiz Molina, Wilmer Ramírez Rodríguez y Héctor Ruiz, campesinos, fueron torturados, luego de ser detenidos en la vereda La Cima por tropas de la Brigada Móvil Nº 1, fueron sometidos a tratos inhumanos, así como obligados a patrullar por espacio de 8 días con los militares, vistiendo uniformes camuflados. A pesar de haber sido torturados, los obligaron a firmar un acta donde manifestaban haber recibido buen trato. Ese mismo día Ramiro Guzman, campesino, fue sacado violentamente de la vivienda de sus abuelos, ubicada en la misma vereda por las tropas de la Brigada Móvil Nº 1. y luego asesinado. El cadáver fue trasladado al municipio de Granada y sepultado en una fosa común como NN. Los militares saquearon varias viviendas y se comieron algunos semovientes.
El 14 de mayo de 1994, el campesino Erasmo de Jesús García, fue torturado por el Subteniente Leonardo Adolfo Vargas Villegas, y los soldados Didimo Campo Yandi y Ramón Pérez Gallardo pertenecientes a la contraguerrilla Sucre adscrita a la Brigada Móvil Nº 1, en hechos ocurridos en la vereda La Cumbre.
La víctima se encontraba en el interior de la vivienda de Jorge Huertas, cuando luego de escucharse la explosión de unas bombas y las ráfagas de una ametralladora, llegó la tropa e hicieron una requisa de la casa, aprehendieron a la víctima y procedieron a colocarle una toalla mojada en la cara y a echarle agua para asfixiarlo, mientras le preguntaban por la procedencia de unas armas halladas en su poder y la presencia de grupos guerrilleros en el sector. Después apareció un helicóptero que trasladó a la víctima a las instalaciones del Batallón 21 Vargas, donde solo 4 días después fue puesto a disposición de las autoridades jurisdiccionales de la localidad, durante estos cuatro días permaneció desaparecido ya que las autoridades militares negaron su paradero.
La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, solicitó la destitución del Subteniente. Sin embargo en la apelación, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, la revocó, no solo dejando en la impunidad el crimen, sino que abrió las puertas a los militares para que sean cautos en los procedimientos de torturas, admitiendo la posibilidad de practicar "pequeñas torturas" que no dejan huella y que por lo tanto no se convierten en falta disciplinaria. (34)
Para finales de 1994 se presenta en este municipio una arremetida conjunta del Batallón de Infantería Aerotransportado 21 Vargas, la Brigada Móvil Nº 1 y los paramilitares de Víctor Carranza, que utilizaron durante esta ofensiva el nombre de Serpiente Negra. En desarrollo de esta acometida fueron asesinados varios militantes de la Unión Patriótica y campesinos de la región.
Los hechos comenzaron el 13 de noviembre en las horas de la noche cuando los paramilitares. según testimonios compuestos por unos 100 hombres y liderado por un terrateniente de la zona de apellido Ramírez, quien al parecer había tenido que abandonarla por amenazas de las FARC, incursionaron en la Inspección de Medellín del Ariari donde amenazaron a los habitantes del caserío, instalaron un retén en la vía que conduce a la cabecera municipal de El Castillo y otro en la Inspección de Pueblo Sánchez, donde existe un puesto del Ejército y difundieron una lista con los nombres de las personas amenazadas.
"Este hecho motivó a la comunidad a realizar un cabildo abierto al que asistieron la Secretaria de Gobierno del Meta, y miembros de la Procuraduría Provincial y de la Defensoría Regional. Vicente Prieto, un dirigente campesino miembro de la Unión Patriótica, denunció ante los asistentes la presencia paramilitar en la zona". (35)
A inicios de diciembre, el municipio sería completamente militarizado por las tropas del 21 Vargas, para asegurar la movilización de los paramilitares sin restricción alguna.
El 17 de diciembre, Ever Lara sería desaparecido a manos de Miguel Serrano y los hermanos Alape, reconocidos paramilitares de El Dorado. quienes instalaron un retén en la vereda Caño Embarrado ubicado entre la inspección departamental Medellín del Ariari y Puerto Esperanza, el retén se realizó desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En los mismos hechos fue retenido otra persona a quien dejaron posteriormente en libertad, también se iban a llevar con ellos al concejal por la Unión Patriótica Lucio González, a quien sólo por las súplicas de su esposa no se lo llevaron, pero le advirtieron que "en el próximo encuentro acabarían con su vida".
El 24 de diciembre José Vicente Prieto Peñuela, fue asesinado en su vivienda, por Ernesto Céspedes, paramilitar que ingresó a su vivienda y lo acribilló de 4 disparos, dos de ellos en la cabeza. El hecho fue cometido hacia las 8:30 de la noche, en momentos en que cerca de allí, se celebraba un baile de Navidad, organizado por la Junta de Acción Comunal. La fuente indica que el victimario se movilizaba en un campero, junto con otros tres paramilitares, y que huyeron tranquilamente, después de cometer el asesinato. Pobladores aseguran que con este asesinato, Ernesto Céspedes fue aceptado en el grupo paramilitar mencionado.
A finales del año de 1994 y comienzos de 1995, el Ejercito y los paramilitares lanzaron una ofensiva contra labriegos y militantes de la Unión Patriótica del municipio, la cual generó un desplazamiento masivo de los habitantes de la zona rural, a la cabecera municipal, luego de los acuerdos con el gobierno, algunos de los participantes y promotores del éxodo, fueron asesinados.
De otra parte, aunque a comienzos de 1995 se realizó un consejo de seguridad en la zona con el fin de tomar medidas para la prolección de civiles y para los miembros de la Unión Patriótica, las acciones violentas continuaron. El 14 de enero, Ricaurte Pulido Merchan, fue asesinado en el sitio El Planchón, de la inspección de policía departamental Medellín del Ariari, por los paramilitares. Cuatro hombres fuertemente armados detuvieron el Jeep donde se movilizaba Ricaurte y pidieron a los ocupantes que se identificaran y preguntaron quienes vivían en Medellín del Ariari; luego lo bajaron del automóvil y le dispararon. Otro pasajero también fue obligado a descender pero un amigo que viajaba con él afirmó a los agresores que era habitante de El Castillo y por esta razón lo dejaron continuar.
Dos días después, el 16 de enero, José Belisario Penagos Chiquen, de 20 años, y Alfonso Bohorquez, de 49 años, campesinos y militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados en la inspección departamental Medellín del Arlan, por un reconocido paramilitar conocido como "sicario Ramírez" con la complacencia del Batallón 21 Vargas. Un grupo fuertemente armado, compuesto aproximadamente por 12 hombres, se presentó a eso de las 9:00 p.m., a bordo de dos vehículos Toyota de color Rojo y Blanco, provenientes de los municipios de El Dorado y Cubarral, vestían prendas civiles y después de penetrar a algunos establecimientos públicos dieron muerte a los dos militantes. Según la fuente, Penagos, minutos antes de ser asesinado por la espalda, fue visto conversando con el reconocido paramilitar de la región. Testigos del doble homicidio identificaron a dos de los asesinos, que son oriundos de la inspección y viven en el municipio de El Dorado.
El18 de enero Hugo Triviño, de 45 años, y su hijo, Andre Triviño Vargas, de 15 años, serian víctimas de los militares pertenecientes a la Brigada móvil Nº 1 y el batallón 21 Vargas, capitán Carlos Alberto Parra Trujillo; cabo segundo Juan Carlos Guzmán Jiménez y los soldados Richard Walter Velásquez Rojas, Henry Gómez Gómez y Raúl Cruz Pascual. El Coronel Jairo Enrique Pineros Segura era el comandante del batallón 21 Vargas y como comandante de la VII brigada se desempeñaba el brigadier general Carlos León Gómez Mateus.
Los hechos ocurrieron en la vereda El Retiro de la inspección de policía de Puerto Esperanza. El Ejército llegó en un helicóptero a la finca donde se encontraba la familia y procedió a detener al menor, luego lo asesinaron y to vistieron con prendas militares por los uniformados y lo presentaron como guerrillero muerto en combate. Los militares trasladaron el cuerpo a la base militar de Granada. La fuente precisa que a la madre de la víctima no se le permitió buscar el cadáver de su hijo, ni poner la denuncia. El mismo día su padre fue desaparecido también por los militares.
La justicia penal militar asumió la investigación del hecho, absteniéndose de capturar a los implicados (36). Se sabe también que la Procuraduría Provincial del Meta, adelantó investigación disciplinaria por estos hechos pero no conocemos los resultados de dicha investigación.
El 22 de enero, cerca de 2.500 personas de distintas veredas de la región se desplazaron hasta la plaza central de El Castillo con el fin de exigir la desmilitarización de la zona y de denunciar la situación de violencia. Por esos días, durante la realización de la cumbre de comandantes militares, el comandante de las fuerzas militares, general Camilo Zúñiga, había dicho en su discurso que una de las principales amenazas para la situación de orden público interno, era el auge de las protestas campesinas manipuladas por grupos narcoguerrilleros. "por eso, dijo, es que en estas zonas los campesinos piden la desmilitarización" (37)
El 23 de enero, José Hermes Díaz. de 35 años, y Ángel María Galindo Hernández, de 45 años, fueron asesinados en la inspección Puerto Esperanza, por dos hombres vestidos de civil pertenecientes al Ejército, quienes usaban cachuchas y tenían los rostros cubiertos. El hecho fue cometido en un billar, donde se encontraban las victimas; hasta allí llegaron los agresores y dispararon contra Ángel María, quien quedó herido en el piso. José Kermes trató de atacar con piedras a los dos hombres. cuando éstos salieron del lugar, razón por la cual regresaron y lo mataron. Según habitantes de la región, las dos víctimas eran informantes del Ejército.
El alcalde Jorge Tenorio acusó a las Fuerzas militares de "que reconocidos integrantes de las autodefensas van junto con las patrullas militares y les colaboran en la retención de la personas» (El Tiempo 24 de enero de 1995). El comandante del Batallón 21 Vargas, coronel Jorge Enrique Pineros, se defendió de tal acusación argumentando que el conflicto obedecía a una rivalidad entre las poblaciones de El Castillo y El Dorado: "es una rivalidad por las asignaciones de unas veredas de El Castillo a jurisdicción del municipio vecino, lo cual ha ocasionado que se presente desviación de recursos que iban hacia El Castillo. Esto ha traído rencillas ya que en El Dorado se mueve la parte liberal y democrática, y en El Castillo se mueven las ideas de la Unión Patriótica"
Transcurridos nueve días de protesta, cuando el hambre y las enfermedades comenzaban a causar estragos en los manifestantes, el Gobierno en una reunión sostenida con representantes de la comunidad, con autoridades civiles y militares de orden local y nacional, y con algunos dirigentes políticos, acordó nombrar una unidad especial de la fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, así como conformar una comisión inlerinslitucional que atendería las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y la cual presentaría un informe posterior a la Fiscalía se comprometió además, a estudiar ia solicitud de obras sociales y de infraestructura presentadas por la comunidad y a incluirla dentro del ptan de desarrollo de la región. Dispuso igualmente, realizar otro consejo de seguridad para evaluar las medidas de orden público.
En esa reunión. Aída Abella (38), para entonces presidenta nacional de la Unión Patriótica, denunció la realización, a principios de enero, de una cumbre de paramilitares en el municipio de Granada, en la que uno de los temas tratados fue cómo fomentar la creación de las cooperativas rurales de seguridad. El comandante del Ejército, general Harold Bedoya, también presente, refutó la información de la líder de oposición.
Después de los acuerdos los campesinos volvieron a sus parcelas. Sin embargo, entre el 8 y el 13 de mayo el Ejército había estado bombardeando la zona, e instalaron una base en el sitio Lejanías, donde citaban y detenían a los campesinos para interrogarlos acerca de los líderes del éxodo campesino de enero y sobre el paradero de la guerrilla. El 8 de mayo Carlos Rodríguez, Israel Mora Ramírez, Valentina Aley y dos campesinos conocidos como Alfonso y Carmelo respectivamente, fueron torturados por tropas de la Brigada Móvil Nº 1 y efectivos del Batallón 21 Vargas, que llegaron a la zona en un extenso operativo militar, bombardeando, y ametrallando las veredas la Esmeralda, Malavar, Playa Rica y Caño Lindo. Con las culatas de fusil, y puntapiés los maltrataban, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla y que tenían que informar dónde se encontraban. La tropa instaló una base militar en el municipio de Lejanías a donde citaban a los campesinos y los sometían a intensos interrogatorios sobre los líderes y organizadores del éxodo campesino de enero de 1995 y la localización de la guerrilla. Los censaban y les impedían el paso de alimentos. Según los campesinos el Ejército llevaba una lista con los líderes de éste movimiento.
El 10 de marzo, Jesús Antonio Urrea de 52 años y vendedor de chance, fue asesinado cuando se dirigía a caballo a la casa de una hija, entre los sitios La Ye y La Bodega. Varios desconocidos, quienes al parecer lo esperaban desde varias horas antes, le propinaron un disparo de rifle.
El 15 de marzo de 1995, Luis Fernando, de 23 años, y Edgar Rincón Serna, de 27 años, campesinos y hermanos, fueron asesinados por militares que llegaron hasta la casa de las víctimas ubicada en la vereda Alta Cristalina, ubicada en jurisdicción de El Dorado, recientemente elevado a la categoría de municipio, y "ordenaron a una muchacha hacer almuerzo para 10 personas y mientras ella lo preparaba, procedieron a requisar toda la casa y se marcharon. Pasadas dos horas se oyeron lejos unos disparos, fue entonces cuando los familiares notaron que de un cafetal cercano se habían llevado a los dos hermanos, a quienes efectivamente hallaron muertos". Comentarios de los pobladores dan a conocer, que al parecer los asesinaron por "una posible sospecha de ser auxiliadores e informantes de la guerrilla". El padre de las víctimas había sido asesinado, ocho años antes en similares circunstancias, también por tropas militares (39).
El 16 de julio del mismo año, Rosalba Muñoz Roa, de 30 años, una de las dirigentes que había hecho parte de la delegación de campesinos que viajó a Santafé de Bogotá en enero de 1995 para negociar con el Gobierno Nacional, Ministro del Interior, el retorno de los miles de campesinos, fue asesinada con arma de fuego en su propia residencia, ubicada en la vereda Lusitanja, inspección departamental Miravalle. El crimen fue cometido delante de su hijo menor de edad y de su hermana. Un mes antes de su asesinato, había sido detenida por el Ejército sindicada de ser guerrillera, y pocas horas antes del hecho, un hombre vestido de civil, había estado preguntando a varios pobladores sobre la ubicación de la casa donde residía (40).
El mismo día fue desaparecido Miguel Rubiano, campesino, miembro activo de la Junta de Acción Comunal y simpatizante de la Unión Patriótica, en momentos en que se encontraba cargando leña en el puente sobre el río Cal, ubicado en la vereda Puerto Esperaza.; allí fue visto por última vez, desconociéndose su paradero y estado, a pesar de la búsqueda de vecinos y del Comité local de Derechos Humanos.
Tres meses después, el 28 de octubre, el campesino Orlando Gutiérrez fue desaparecido por un grupo de hombres que lo interceptó mientras departía en una fiesta que se realizaba en la Escuela Malavar, en la inspección de policía departamental de Medellín del Ariari, aproximadamente a las 11:30 p.m.
Iniciando 1996, el día 2 de enero, fue asesinado el campesino Luis Enrique León Martínez, "cuando transitaba en una motocicleta en cercanías a Caño Sibao, donde antes ocurrieron dos masacres de la Unión Patriótica." La fuente agrega que "el crimen ocurrió en la más completa impunidad y en una región densamente militarizada."
Posteriormente, el 17 de mayo de mayo de 1996, Rosa Elena Fajardo, campesina, fue sometida a tratos crueles y degradantes por varios hombres armados que incursionaron en su vivienda, ubicada en la vereda Malavar, la tomaron por el cabello y le echaron un líquido en los ojos dejándola sin visión-. Acto seguido saquearon la casa, sacaron los enseres así como la remesa, e incineraron todo, para luego irse del sitio. Según denuncias de pobladores de la región, en la zona permanecía una patrulla de la Brigada Móvil Nº 1.
El 17 de agosto de 1996, Nelson Moreno y otras dos personas militantes de este movimiento político, no identificados (NNs). fueron asesinados por paramililares que incursionaron en la inspección departamental Medellín del Ariari, quienes además amenazaron de muerte a un educador y a su esposa, obligándolos a desplazarse de la región.
El 26 de noviembre de 1996, los campesinos Reinel Valencia, Gelmer Porras, y un NN, serían torturados y asesinados por militares y paramilitares encapuchados, quienes hacia las 5 de la mañana incursionaron en la vereda La Cumbre, en la inspección departamental Medellín del Ariari, y se dirigieron a la finca de la familia Valencia. Luego de sacar por la fuerza a Reinel y dos jóvenes que pasaron la noche allí, y de someterlos a intensas torturas, los asesinaron en presencia de la esposa de Reinel y sus pequeños hijos, advirtiendo a gritos que vendrían por cuatro personas más. Unas cuatro horas después, hacia las 9 a.m., llegó hasta el lugar un helicóptero del Ejército y recogió los cadáveres de las víctimas y el personal militar. Según la versión oficial del Ejército, las víctimas eran "guerrilleros muertos en combate". Reinel -quien tenía la cara desfigurada, un brazo partido y otras señales de tortura en su cuerpo además de 14 impactos de bala-, fue presentado como jefe del estado mayor del bloque oriental de las FARC. Gelmer era el mayor de 11 hermanos, trabajaba con Reinel y vivía en la vereda Los Alpes, colindante de la vereda La Cumbre. La lamilla de Reinel se desplazó forzadamente de la región.
El 17 de diciembre, Jaime Linares Vega, de 40 años, vicepresidente del concejo municipal de El Castillo, de filiación liberal, fue asesinado en la via que conduce a Granada, por paramilitares. La víctima salió en su jeep de servicio público hacia las 8 de la mañana, y una media hora después, al llegar al planchón por el que se cruza el río Ariari, fue interceptado por unos tres hombres disfrazados, quienes obligaron a los ocupantes del vehículo a descender y tenderse en el suelo, buscaron dinero entre los equipajes, preguntaron por Linares a quien le buscaron dinero, le propinaron un disparo y luego lo remataron. En los primeros días del mes de diciembre, el alcalde de la población. Jorge Tenorio, militante de la U.P-, fue amenazado de muerte. Unas fuentes indican que en la localidad fue detectada la presencia de desconocidos preguntando por Tenorio y otras que, circuló el rumor de que paramiiltares de San Martín querían bombardear El Castillo, "para por fin acabar con él." Por lo anterior. Tenorio se vio precisado a abandonar la región.
Vista Hermosa
Como se dijo anteriormente, esta población fue escenario de la bonanza de la coca que desde comienzos de la década estaba siendo implementada por los narcotraficantes que buscaban zonas del país para reemplazar la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Con una superficie de 4.084 km2 y una población aproximada a los 25.000 habitantes, en un 92% rural, la historia de Vista Hermosa se remonta a 1964, año en que fue creado el caserío, originalmente con el nombre de Puerto Dulce. Sus primeros pobladores provenían de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima; fue elevado a la categoría de municipio en el año 1969. Económicamente, en términos formales la principal actividad es la agricultura (con cultivos de maíz, arroz, sorgo y plátano, y en menor medida, yuca y café. También hay economía ganadera y pesquera, esta última en el rio Quejar y con carácter único de subsistencia.
En el contexto de la bonanza coquera, la población asentada en el área de la Serranía de la Macarena se incrementó notablemente; se calcula que en ocasiones, cuando el precio de la coca era alto, incluso alcanzó a triplicarse. "Esta enorme masa de fuerza de trabajo se concentró principalmenle en Vista hermosa. Puerto Rico y a lo largo del Guayabero, fundando poblaciones que hasta entonces eran discretos y solitarios atracaderos. Nacieron asi el Raudal, La Carpa, Nueva Colombia. Cachicamo, Puerto Nuevo" (41)
El acelerado proceso de surgimiento de centros poblados generó a su vez un proceso de urbanización desconocido en la zona, introduciendo una variante en los procesos de colonización, hasta ahora de carácter rural, es decir que el colonizador se establecía en fundo que lograba, por lo menos hasta que las condiciones le obligaban a continuar selva adentro. Ahora "no eran ya campesinos aislados y solitarios sino grupos de hombres y mujeres organizados y concentrados los que llevaron a cabo este proceso" (42)
Una segunda característica del área de la Reserva de la Macarena, pero de particular relevancia en Vista Hermosa, tiene que ver con las luchas que los colonos libraron en pro de lograr la titulación de los predios que habían venido ocupando y levantando, pero que por estar dentro de los linderos de la Reserva, no podían legalizar si no se producían importantes modificaciones en la normatividad que regía la Reserva. A lo largo de la década se registran diversas momentos de este proceso de lucha social: Cabildo abierto en enero 1981; éxodos campesinos en el mes de octubre del mismo año, además de denunciar las secuelas generadas por vastos operativos militares; cabildo abierto y paro cívico en febrero de 1985; nuevo cabildo abierto en marzo del mismo año; nuevas movilizaciones campesinas en el mes de mayo /85 hacia San José del Guaviare. que en su momento involucraron a unos 15.000 campesinos, y nuevamente entre los meses de septiembre a diciembre /86; realización de foros de colonos de La Macarena, el primero en Puerto Nuevo, diciembre de 1986. y el segundo en Vista Hermosa, marzo de 1987; en octubre del mismo año se llevó a cabo la llamada Marcha de Iraca, que logra por vez primera, un compromiso concreto del Gobierno, como condición para el retorno a los lugares de origen, pues "aceptó terminar el levantamiento de la reserva forestal para ampliar sus tierras de colonización y estudiar la posibilidad de hacer otro tanto de la reserva biológica de la Macarena" (43)
Finalmente, en diciembre de ese mismo año y enero de 1988 se efectuó otra marcha en la cual los campesinos se oponían a los excesos en los controles militares instalados en el Raudal y la Carpa y llamaban la atención sobre los efectos nocivos de los operativos militares ordenados por el Comandante de la VII Brigada de ese entonces Brigadier General Harold Bedoya Pizarro, el cual se negó a aceptar las peticiones de los manifestantes.
En el desarrollo del proceso surgieron algunas formas organizativas, como la Asociación de Colonos de la Reserva de La Macarena, en tanto que se mantenía la actividad de los Sindicatos Agrarios y de las Juntas de Acción comunal, que encabezaban la protesta cuando en 1984 la Caja Agraria suspendió los créditos a los colonos (44), y convocaron a un paro cívico que se llevó a cabo en Vista Hermosa, el 21 de febrero de 1985 "contra la falsa reserva forestal" como rechazo a la actitud de la entidad crediticia y la negativa del Estado a intervenir en la solución del conflicto, planteado en un cabildo abierto efectuado el 16 de febrero y seguido de otro el 9 de marzo de ese mismo año.
El tercer elemento que caracteriza este municipio en esta década es el del exterminio, en relativamente poco tiempo, del recientemente creado movimiento político Unión Patriótica, lo que si bien es general a los departamentos de Meta y Guaviare, se expresa con particular intensidad aquí. Esta situación es particularmente emblemática si se tiene en cuenta que fue en esta localidad donde se dio inicio formal a la actividad política por parte de los guerrilleros de las FARC, según lo que habían convenido con el gobierno de Belisario Betancur. Una comisión de seis guerrilleros conformo la primera Junta Patriótica, "y los seis fueron los primeros masacrados por el Ejército. (45)
De acuerdo con la información recopilada por el Proyecto Nunca Más, del total de personas asesinadas entre 1966 y 1998 en Vista Hermosa, el 71,6% lo fueron entre 1985 y 1990 (46), en particular entre 1988 y 1989. Si bien se presentan dos oleadas fuertes de exterminio contra la U.P, en Vista Hermosa el esfuerzo criminal se concentró en la primera de esas oleadas.
Aunque la mayoría de los crímenes fueron cometidos en zonas rurales, controladas generalmente por la fuerza pública, en general, se encuentran elementos que configuran la presencia de una estrategia global diseñada para difundir el terror y de esta forma, recuperar el control del escenario político, aún al costo del desplazamiento masivo de los pobladores. En menos de tres años, la población del casco urbano se redujo en aproximadamente el 75%:
"In crescendo a partir del 5 de septiembre de 1987, cuando es asesinado el candidato a alcalde por la U.P Norberto Velásquez, el 1º. de noviembre del mismo año su sucesor como candidato a alcalde, la matanza de 10 personas en Piñalito el 22 de febrero, y una sucesión de asesinatos que selectivamente están dirigidos a eliminar el sector dirigente de la U.P. en la zona, son la parte más intensa de una escalada que incluye modalidades específicamente urbanas en el ejercicio del terror: petardos, sufragios, atentados a las edificaciones municipales, graffittis, e incursiones destinadas a amedrentar en que grupos armados hacen ostentación de su poder de fuego en el casco urbano, y lanzan consignas en que se identifican como miembros de una organización que denominan Juventud Anticomunista Colombiana.
Si hay, en el resto del panorama regional, manifestaciones del mismo grado de hostilidad, en ninguno de los otros municipios se traducen en un plan sistemáticamente concebido y sistemáticamente llevado a cabo. como en Vista hermosa" (47)
Es sobre todo de la tercera característica, que dan cuenta los casos presentados a continuación, el primero de los cuales se remonta al 22 de junio de 1986, fecha en la que Moisés Rodríguez, Manuel Amaya, y dos NNs de sexo masculino, campesinos y militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados por una patrulla militar, cuando salían de una fiesta organizada por la Junta de Acción Comunal, en la inspección departamental Piñalito. El cuádruple crimen fue cometido en horas de la madrugada; otros tres labriegos resultaron heridos.
El día 27 de diciembre de 1986, los agentes del Estado y del Para-Estado se ensañaron contra la familia Cañón. En esa fecha miembros del DAS asesinaron al campesino y militante de la Unión Patriótica, Gerardo Cañón Trujillo, hijo de Julio Cañón, patriarca y dirigente agrario de la zona. quien sería asesinado tres años después. El crimen de Gerardo fue cometido en el sitio Puerto Lucas, zona rural de la población, en tiempos en que la región estaba militarizada.
Iniciando 1987, el 20 de enero, fueron asesinados Tres Campesinos (Nns) por miembros del Ejército. Cuando se encontraban en un establecimiento público, los militares dispararon varias ráfagas contra las personas que se encontraban en ese sitio. Estos hechos provocaron un éxodo campesino hacia el casco urbano de Vista Hermosa.
El proceso electoral de 1988 sería especialmente entorpecido por la agresión oficial contra la Unión Patriótica, a partir de los primeros meses del 87. caracterizada por la permanente militarización de las zonas en que éste tenía presencia masiva, y por las incursiones violentas contra centros poblados y contra personas en concreto, como el intento, en el mes marzo, de incendiar la casa de Dora Lucía Asprilla, integrante de la Juventud Comunista (JUCO) y de la Unión Patriótica.
En dia no precisado del mes de marzo, la dirigente de la Unión Patriótica, Martha Vega Ramos, fue asesinada por paramilitares.
En este mismo tiempo, la región y en particular el caserío Puerto Lucas, fue escenario de múltiples incursiones del Ejército, cuyos miembros llegaban a disparar indiscriminadamente; una de esas incursiones ocurrió el 10 de julio. Según denuncias de los campesinos, entre los militares que integraron el grupo que incursionó ese dia estaba un sargento de apellido Arévalo, adscrito a la base militar de la zona.
Posteriormente el día 05 de septiembre fueron asesinados Norberto Velásquez, candidato por la Unión Patriótica a la alcaldía de Vista Hermosa, y Henry Sepulveda. conductor, por tropas militares.
Ese día. aproximadamente a las 7 de la mañana, Norberto había salido de su finca, situada en la Vereda El Porvenir, en compañía de su esposa y su hijo, para dirigirse hacia la inspección departamental Piñalito. Se movilizaba en un campero conducido por Henry Sepúlveda.
En el sitio Puerto Alegre le avisaron que por la carretera se encontraba patrullando el Ejército, que había llegado días antes en tres camiones. El precandidato y su familia abordaron un campero, correspondiéndole a Velázquez ir en la parte delantera del vehículo al lado del puesto del conductor. Cuando se desplazaban por el sitio Puerto Lucas, vieron pasar a alta velocidad, un carro marca Dahiatsu de las características del que era utilizado por el sargento Arévalo. Acto seguido fue atacado el campero por la parle delantera, quedando herida la señora y un niño, y muriendo de inmediato Norberto, en tanto que Henry, murió dos días después a consecuencia de las heridas recibidas.
Luego salieron del camino varios hombres vestidos de verde portando fusiles, quienes abandonaron el lugar. Más adelante del sitio, un grupo de soldados se subió a un bus escalera perteneciente a la Empresa transportadora del municipio. En posterior diligencia de inspección judicial al lugar donde fue cometido el crimen, fueron encontrados rastros de un campamento y de latas de conservas de comestibles.
Anteriormente, el 2 de mayo de 1982, una patrulla militar al mando del Teniente Calderón y del Capitán Melo, había detenido a Norberto, lo llevaron a la sede del Batallón Vargas donde lo torturaron y los acusaron de ser guerrillero o auxiliador de los grupos subversivos. Uno de tos militares que más lo torturó fue el Mayor Meléndez. Después, el 12 de septiembre de 1982, fue nuevamente detenido en Vista Hermosa, por miembros del B2, junto con otros dos líderes del Sindicato de Trabajadores Agrícolas. Cristóbal Loaizay Luis Leal. Fueron buscados en el comando de la Policía, y no los tenían, en el Batallón 21 Vargas y decían que tampoco estaban allí, así que la familia fue a averiguar por ellos en la Brigada VII, Finalmente se estableció que los tenían en el Batallón 21 Vargas y fueron dejados en libertad.
Norberto había requerido al capitán José Castañeda Rubiano de la Compañía de Contraguerrilla Pijaos, para que explicara la presencia de personas armadas que deambulan por las calles de Vista Hermosa.
En las veredas Caño Tubo, Caño Amarillo, Maracaibo y en el casco urbano. los militares rompían los afiches de la campaña de los candidatos de la Unión Patriótica. (48)
Dos días después, cuando se dirigía al sepelio de Norberto Velásquez, en el sitio Puerto Lucas fue asesinado por militares. Nelson Cañón Trujillo, dirigente de la Juventud Comunista y de la Unión Patriótica y también hijo del dirigente Julio Cañón López.
Los militares, que estaban de civil, le dispararon por la espalda y luego le colocaron una granada en la mano y cerca del cadáver, un fusil. El joven dirigente político fue presentado como un guerrillero muerto en combate.
Los integrantes de la patrulla militar habían llegado al caserío en una camioneta Toyota amarilla con carrocería carpada; de inmediato empezaron a disparar y a acusar a los pobladores de ser auxiliadores de la guerrilla. Se escucharon varias ráfagas de disparos en la calle en dirección al lugar de donde salen las canoas. Posteriormente, los militares obligaron a los habitantes del caserío a salir de sus casas, y a los hombres a acostarse boca abajo; al cabo de unos diez minutos llegó al lugar un militar a quien llamaban Coronel Chaparro, quien interrogó a los presentes si identificaban a la persona muerta, varios de los cuales lo conocieron como un habitante de la región y lo identificaron como Nelson Cañón. (49)
La oleada criminal no se detenía, pues a los cuatro días (el 11 de septiembre) fue asesinado por paramilitares, José Vicente Cárdenas, dirigente de la Unión Patriótica, y menos de dos meses después, el 30 de octubre, Alfonso Perdomo Orjuela. presidente del Concejo de Vista Hermosa, candidato a la alcaldía de la misma población por la Unión Patriótica y presidente de la Asociación de Colonos de la Macarena.
El crimen de Alfonso Perdomo Orjuela fue cometido por dos paramilitares en horas de la noche, dentro del bus intermunicipal en que se desplazaba de Granada a Vista Hermosa, a escasos cuatro kilómetros de la base militar acantonada en el municipio; los dos paramilitares iban en calidad de pasajeros, y obligaron al conductor del bus a disminuir la velocidad, y en presencia de los demás pasajeros acribillaron de 5 balazos al dirigente político.
Los miembros de la Asociación de Colonos de la Macarena recientemente habían realizado una marcha hacia la ciudad de Villavicencio para exigir del gobierno nacional y departamental soluciones a los problemas de tierras en la región, en particular los relacionados con la necesidad de la titulación de las tierras que estaban ubicadas. El Concejal Perdomo, al igual que todos los ediles de la Unión Patriótica, había recibido amenazas xintra su vida y venia siendo victima de hostigamientos por miembros del Ejército, adscritos a la Séptima Brigada (50)
A mediados de noviembre, el entonces alcalde municipal, Exenover Quinero Celis, denunció que en menos de 90 días fueron desaparecidos o asesinados tres concejales de Vista Hermosa, uno de ellos Jesús Aldemar Vélez, en jurisdicción de Mapiripán. Esta denuncia fue ratificada por el concejo Municipal y por la Unión Patriótica; los diferentes estamentos municipales solicitaban la intervención de los organismos de investigación y relacionaban los atropellos que las tropas militares estaban cometiendo contra los pobladores: "han robado a nosotros los moradores de esta región anillos, relojes, cámaras fotográficas, manicarteras. un radio teléfono con sus respectivos papeles, dinero en efectivo, han desvalijado 3 camperos de campesinos de la región" (51) Para cometer estos atropellos, los militares usaban cinco vehículos particulares y sin placas: un campero Susuki amarillo, con rayas rojas; un Toyota carpado amarillo; un Toyota cabinado blanco: una camioneta Nissan, y un Toyota venezolano corto, color rojizo.
Desde el primer día del año 1988, las acciones persecutorias contra la oposición política estarían mostrando el accionar criminal del Estado, en el contexto de la primera elección popular de alcaldes. De hecho, el día 1 de enero fueron incendiadas las casas de varios dirigentes de la Unión Patriótica y la sede de la Unión de Mujeres Democráticas. Cuando los vecinos estaban apagando el incendio llegó al lugar, el teniente Fernando Gutiérrez, diciendo que dejaran que eso ardiera, que no lo apagaran.
El 17 de febrero de 1988 fue asesinado el transportador y militante de la Unión Patriótica, Misael Zambrano. por un grupo de sicarios quienes luego atacaron la sede de la Alcaldía (a cargo de la Unión Patriótica) y ametrallaron varias residencias de militantes de la Unión Patriótica.
El crimen fue cometido hacia las 9:30 a.m.; los victimarios se movilizaban en un vehículo Daihatsu rojo y blanco sin placas y una moto blanca también sin placas, sin ningún control por parte del Ejército y la Policía, que permanentemente hacen presencia en la población. En inmediaciones al lugar donde fue asesinado el señor Zambrano. se encontraba el agente de la Policía José Cabezas, quien no reaccionó contra los asaltantes, como tampoco el comandante de la estación de Policía, cabo Pablo Páez. ubicada a 150 metros, y a pesar de que los atacantes necesariamente tuvieron que atravesar la sede del Comando de Policía.
El día anterior, el teniente coronel Julio Hernán Chaparro, comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado No.21 Vargas, dio la orden de que los soldados al mando del teniente Fernando Gutiérrez abandonaran la localidad. Personal militar acantonado en la localidad efectuó una serie de operativos arbitrarios contra la población, al punto de ingresar al Hospital San Juan Bosco e interrogar a los pacientes que se encontraban internados.
A raíz de esta situación se envió un comunicado a la Secretaria de Gobierno Departamental Rocío López y al Gobernador del Meta para que adoptaran medidas tendientes a buscar la efectividad de las acciones de los organismos de seguridad que operan en la localidad como Ejército y Policía". (52)
Cuatro días después, en la noche del sábado 20 de febrero los habitantes de la inspección departamental asistían a una pelea de gallos, espectáculo que constituía una de las pocas diversiones colectivas del lugar. Hacia las 12:15 de la madrugada del domingo 21, incursionaron en la gallera del lugar ocho hombres armados, vestidos de civil y encapuchados, que tenían edades entre 22 y 28 años y portaban armas largas con proveedores curvos de unos 25 centímetros, quienes cortaron el fluido eléctrico, luego se dirigieron a la gallera mientras gritaban:"dónde están esos guerrilleros cobardes, hijueputas".
Uno de los desconocidos vestía prendas femeninas y una peluca de cabello largo y rubio. Al ingresar al lugar manifestaron que hacían parte del "Grupo Juvenil Anticomunista" y dispararon indiscriminadamente contra los presentes, causando la muerte a diecisiete personas, catorce de las cuales eran militantes de la Unión Patriótica: Óscar Montoya, Orlando Gil, Ruth Prada Peña, Hoover Hernández, Hermes Garzón, Héctor Fabio Franco, Marco Fidel Ortiz, Edilberto Rodríguez, Ángel María Hurtado. Moisés Forero, James Emilio Zúñiga, Daniel Galindo, Gabriel Galindo , David Galeano y otras tres personas No Identificadas. Por lo menos 13 personas más resultaron heridas. Al retirarse, disparando y gritando "a las canoas", los victimarios advirtieron a los sobrevivientes que permanecieran tendidos en el piso por media hora. Unos cinco minutos después se escuchó el ruido del motor de dos carros y una motocicleta con destino a la cabecera municipal.
Después se estableció que los victimarios se movilizaban en un Dahiatsu y un Nissan color café. Mientras ocurrieron los hechos, otros dos grupos de encapuchados permanecieron en la carretera y en las afueras de la gallera. Según testigos, algunos de ellos gritaban: "tenemos taponadas las salidas y estamos en acción, corto y fuera" y, "están bravos los guerrilleros".
Se tienen serios indicios de encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad del Estado, pues el área donde ocurrieron los hechos y por la cual se movilizaron los victimarios se encontraba bajo estricto control militar, e incluso, los autores de la masacre pasaron por un retén de la Policía ubicado en cercanías de la inspección departamental, el cual funciona las 24 horas del día. No obstante tanta presencia militar, era común ver en la localidad personal armado de civil.
Días antes de ocurrido el hecho habitantes de la región habían notado la constante presencia de vehículos extraños y se habían presentado varios abusos contra la población civil por parte del tropas del ejército y desconocidos fuertemente armados. Adicionalmente, el comandante del Batallón 21 Vargas, Teniente Coronel Julio Hernán Chaparro, había ordenado retirarse a los militares que se encontraban en la Base del municipio de Vista Hermosa, al mando del Teniente Fernando Gutiérrez. De otra parte, el Ejército acostumbraba llegar al lugar, inspeccionar, hacer requisas y hacer disparos al aire; por ello los habitantes creyeron en un principio que era una acción de la fuerza pública.
El 8 de julio de 1988 el comandante de la VII Brigada del Ejército, con sede en Villavicencio, en ese entonces Brigadier General Harold Bedoya Pizarro, expidió un comunicado público en el cual acusa como autores de la masacre de los 17 campesinos, al frente XXVII de las FARC, argumentando la inexistencia del grupo paramilitar "Juventud Anticomunista", evidenciando con ello, la pretensión de desviar el rumbo de las investigaciones, para impedir el esclarecimiento de la responsabilidad. (53)
A los cuatro meses, el 16 de junio, fue asesinado por paramilitares en una calle de la localidad, José Ulpiano Díaz Acero, militante de la Juventud Comunista e hijo de un concejal por la Unión Patriótica en este municipio. Un mes después (el 19 de julio), nuevamente paramilitares. dieron muerte a Carlos Alarcon, militante de la Unión Patriótica, en zona rural de esta localidad.
El 30 de julio el comerciante Delio Franco, fue asesinado por sicarios en el centro de esta ciudad, quienes huyeron tranquilamente a pesar de la militarización de que era objeto este municipio. Al día siguiente, cuando caminaba por la plaza principal, dos paramilitares que se desplazaban en una motocicleta, asesinaron a Luz Marina Arroyave Bonilla, de 26 años, secretaria del concejo municipal y militante de la Unión Patriótica. El crimen fue cometido hacia las 9:30 de la mañana.
Menos de 15 días después, el 12 de agosto, fueron asesinados los campesinos Pedro Antonio Zambrano, Carlos Oswaldo Sánchez Zambrano, Alicia Ospina Martínez y Carlos Calixto Florez, todos militantes de la Unión Patriótica. El cuádruple crimen fue cometido en la vía que conduce a la inspección departamental Piñalito; presentaban numerosos impactos de bala calibre 9 mm.
El ciclo de exterminio político contra la Unión Patriótica, alcanzó su culmen, el 8 de septiembre de 1988, fecha en la que paramilitares asesinaron al alcalde de la población, elegido por primera vez mediante voto popular, Julio Cañón López, y José Bayardo, escolta del DAS quien le estaba Julio Cañón López prestando protección.
El burgomaestre, dirigente campesino y miembro de la Unión Patriótica, regresaba a Vista Hermosa, luego de realizar varias diligencias en Villavicencio. Antes del regreso, habló con el Gobernador para solicitarle dos guardaespaldas del DAS y un vehículo para transportarse, pues temía por su vida, como consecuencia de las constantes amenazas de muerte que había recibido. Incluso mes y medio antes, el 20 de julio, había sido victima de un atentado en zona urbana de la población, del cual resultó ileso y ocho días antes de su muerte, el capitán Waller Duran adscrito a la VII Brigada, lo había amenazado mientras realizaba un allanamiento a su casa. Desde la gobernación comunicó telefónicamente a la sede de la Unión Patriótica que el Gobernador le expresó poder colaborarle sólo con un escolta oficial, por lo que viajaría en bus intermunicipail; antes de tomar el bus, pasó por la sede de la U.P., donde Eliberto Orjuela, quien le acompañaba, se cambió la camisa negra que llevaba puesta.
Faltando pocos kilómetros para llegar al casco urbano de Vista Hermosa, a la altura del sitio conocido como "Trocha 32" el automotor fue interceptado por un grupo de paramilitares, "Julio cuando se enteró que eran ellos, se paró de la banca de atrás en la que iba, les habló a los que se subieron pidiéndoles que no había necesidad de que hicieran una masacre, que lo querían era a él y que él se bajaba tranquilamente para que no dispararan allí adentro. Hicieron descender a todos los hombres del bus y, cuando un muchacho de camisa negra descendía, lo fusilaron. Era el escolta del DAS. Cuando Julio bajó lo fusilaron" (54)
De acuerdo con la información disponible, la muerte de José Bayardo fue originada en que los paramilitares lo confundieron, pues en realidad a quien buscaban, además de Julio, era a Eliberto Orjuela, militante de la Unión Patriótica, quien lo acompañaba como escolta. Eliberto "llevaba una camisa negra (..) y decidió cambiársela porque hacía mucho calor. Eso le salvaría la vida en esa oportunidad, (55) pues Bayardo, quien también vestía camisa negra, fue baleado en momentos en que descendía del bus. La confusión se hizo evidente después, ya que estableció por "confesiones de uno de los sicarios, que la secretaria del Gobernador. María Cruz. una vez que Julio salió, llamó a los paramilitares para informarles sobre la flota y la hora en que se iría. además, que estaba en compañía de otro miembro de la Unión Patriótica y describió cómo iban vestidos" (56). Eliberto sería asesinado tres años después en Mapiripán, cuando era candidato a la alcaldía de ese municipio.
Contra Julio Cañón y contra su familia, se ensañó particularmente el terrorismo de Estado. Dos de sus hijos fueron asesinados, Gerardo el 27 de diciembre de 1986 y Nelson el 7 de septiembre de 1987, éste último por un grupo de militares al mando del Teniente Coronel Julio Hernán Chaparro, otro más, Vladimir, fue desaparecido el 1o. de enero de 1989. y posteriormente, su familia tuvo que abandonar la región, puesto que su finca fue bombardeada por el Ejército y la casa de la misma, incendiada. Otro hijo, quien había solicitado refugio político en Ecuador, fue allí nuevamene detenido y torturado, junto con otros tres refugiados colombianos, por militares colombianos en estrecha coordinación con los cuerpos de seguidad ecuatorianos.
Veinticinco días antes, el alcalde Cañón había dirigido un comunicado al jobernador del Meta, Carlos Javier Sabogal Mojica, en el que denunciaba "la realización de patrullajes por el ejército nacional con unidades encapuchadas, lo que a todas luces viola las normas de seguridad vigente (..) y atenta contra la tranquilidad ciudadana y seguridad pública teniendo en cuenta que hay antecedentes de participación de elementos con las mismas vestimentas en la masacre de Piñalito el 20 de febrero, en el retén instalado por paramilitares el 24 de julio en la vía que conduce a Piñalito y en los demás actos criminosos que han sembrado el pánico el terror y la sosobra (sic) en nuestra comunidad" (57)
Asi mismo, Julio Cañón había denunciado en reiteradas ocasiones el grave peligro que su vida corría. En una de esas ocasiones, tal vez la última, en desarrollo de un Consejo Municipal de Rehabilitación, el 24 de agosto de 1988, expresó que:
"se están quemando etapas, pero en este momento hay tres poderes constitucionales y las fuerzas armadas están hablando de un cuarto poder porque los tres anteriores no son capaces de actuar; una cosa son los tratados, ios convenios que se hacen con el gobierno civil y otra cosa son las fuerzas militares. Yo quiero denunciar todo esto, y dejar en la opinión pública que si a mi me llega a pasar algo ese plan se está preparando en las fuerzas armadas.." (58)
También el 8 de septiembre, en hecho diferente pero de manera similar, fueron asesinados Juan José Palma Soler, Jordán Antonio Valencia Marín y José Héctor Patino, por "desconocidos"que interceptaron el campero en el que se movilizaban desde la ciudad de Villavicencio, a la altura del sitio conocido como Manacal.
Tan sólo doce días después, el Alcalde encargado por el Gobernador, para reemplazar temporalmente a Julio Cañón, Ernesto Aristizábal Reyes, renunció por amenazas contra él y contra toda la administración municipal, y por la reiteración de las agresiones por parte del Ejército. Incluso, en desarrollo de los actos de posesión del nuevo alcalde, en el mes de noviembre, varios de los jefes paramilitares de la zona (entre otros Luis Mosquera, alias "El Diablo", y Aldemar Jaramillo), departieron públicamente con las personalidades presentes, incluido el Gobernador, quien al ser notificado por el vicepresidente del Concejo, apenas le respondió: "denuncie".
El 2 de octubre, un grupo de unos 10 hombres provistos de armas automáticas, asesinaron a tres militantes de la Unión Patriótica: María Luisa Vásquez, Marcos Martínez y otra persona No Identificada.
En ese mismo año, pero en fecha no precisada, fue asesinado por sicarios el dirigente de ia Unión Patriótica, Jorge Emilio González.
Ya en 1989, el 11 de enero, una comisión de campesinos de la región denunció ante ta gobernación de este departamento, el crimen del labriego Darío Apango. En la misma denuncia indican que aviones DC-3 han realizado vuelos y aterrizajes clandestinos en la zona y finalmente agregan que otros siete campesinos han sido afectados, pero no precisan de qué manera.
En los primeros meses del año. el Sindicato de Trabajadores Agrícolas independientes del Meta, SINTRAGRIM, denunció una "tenebrosa ola de asesinatos (...) contra tos campesinos y vendedores ambulantes en ei perímetro urbano de Vista Hermosa. En lo que va corrido del año, han aparecido en los basureros más de 20 personas asesinadas por los grupos paramilitares entre los que se encuentran los "chepilos" y la "autodefensa civil campesina", criminales que han sido denunciados reiteradamente ante las autoridades departamentales y nacionales sin que hasta el momento se conozca resultados investigativos concretos." (59)
Durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo, arreció nuevamente la oleada criminal en contra de los campesinos y miembros de la Unión Patriótica. El 20 de febrero fueron cometidos dos hechos. En la vereda Puerto Esperanza varios hombres sacaron de sus viviendas al campesino Alvaro Morales Beltrán y a otro Labriego No Identificado, y los asesinaron usando armas de largo alcance. En otra zona, paramilitares asesinaron a los militantes de la Unión Patriótica y conductores, Jorge Pacheco y Antonio Peña Fonseca.
A los tres días (febrero 23), paramilitares asesinaron en zona rural de la localidad a Camilo Alfonso Ballesteros, militante de la Unión Patriótica.
El 26 de febrero, miembros del Ejército incursionaron hacia las 5 de la mañana, en la finca del asesinado alcalde de Vista Hermosa, Julio Cañón, la cual está ubicada en la vereda Buenavista. En desarrollo del operativo, asesinaron al cuidandero del predio, Emilio Huertas, de aproximadamente 60 años, cuyo cadáver, además fue levantado sin la realización de las diligencias legales.
Luego, el 5 de marzo fue asesinado el campesino Jorge Enrique Vega Zamora; se denunció también que en hechos diferentes ocurridos en las veredas Las Iguanas, Las Divinas y Bajo Guaní, fueron asesinados otros cuatro labriegos: Alvaro Ayala Zanabria, Enrique NN. José David Moya Gutiérrez y Otro cuyo nombre no pudo ser precisado.
Posteriormente, aunque los crímenes se hicieron más espaciados en el tiempo, y aparentemente, presentan una tendencia al descenso, no por ello terminó el exterminio. Así, el 2 de mayo, fue asesinado Nelson Pineda Santamaría, activista de la Unión Patriótica. Según denuncia del concejo municipal, era inspector de policía, y el día 29 de abril, paramilitares del "Grupo de autodefensas campesinas" se lo habían llevado consigo.
El 29 del mismo mes. José del Carmen González y Héctor Bohórquez Mahecha, fueron asesinados en la vereda Puerto Espeluza. por un grupo de unos 20 paramilitares que en 3 vehículos llegaron de Vista Hermosa, hacia las 11 de la noche, y desde el lado derecho del caserío dispararon indiscriminadamente sus armas, de diferentes calibres, acusando a los pobladores de ser guerrilleros. Luego se dirigieron a la vivienda de José del Carmen, lo sacaron usando gases lacrimógenos y en la calle lo asesinaron en presencia de su esposa y sus hijos; a Héctor también lo sacaron de su casa de habitación, lo hicieron tender en el piso y le dispararon. Otra pobladora fue gravemente herida con un disparo de fusil.
El caserío es dividido en dos parles por el río Quejar, así que los victimarios se apostaron por el lado izquierdo, que es por el cual llega la carretera desde Vista Hermosa, y desde allí dispararon numerosas descargas de fusil, contra el lado derecho: "por la cantidad de vainillas recogidas se puede constatar que dispararon unos mil tiros, éstos hicieron blanco en las paredes del caserío y enseres de los hogares'; adicionalmente, los paramilitares robaron dineros de los pobladores, destruyeron electrodomésticos como enfriadores y neveras, y amenazaron con continuar "la limpieza de los sectores de la población que hacen oposición', por lo que la vereda empezó a ser desalojada. Al día siguiente, mandos militares presentaron el hecho como cometido por un grupo guerrillero "desvirtuando la verdad y encubriendo a los sicarios que libremente siguen deambulando por las calles de la martirizada población de Vista Hermosa sin que autoridad alguna intervenga para detenerlos y juzgarlos."
Dos meses después, a comienzos del mes de julio, a través de la prensa escrita de la región se dio a conocer la conformación del Directorio Liberal Unificado de Vista Hermosa, algunos de cuyos integrantes eran promotores y organizadores de la llamada "Autodefensa Civil Campesina", como por ejemplo Isaac Sánchez Trompa, Miguel Briceño y Vicente Díaz, según denunció la Coordinadora Departamental de la Unión Patriótica; por esos mismos días, pobladores del municipio enviaron al Presidente de la República y al Director del DAS, una relación de crímenes cometidos por la referida estructura paramilitar y también los nombres de algunos de los más importantes integrantes: "Isaac Sánchez Trompa (retiene a las personase Raúl Pineros (sicario), Luis Emigdio Mosquera (a. el diablo), Pedro Enrique Ángulo, Aldemar Jaramillo (financiador), Luis Carlos Pineros (sicario), Atirió Amaya (sicario), Miguel Briceño. Vicente Díaz, José Otilio Arango, Mauricio N. (sicario). Javier Marulanda Ramírez (sicario)." (60)
Como respuesta, el 26 de octubre, el comandante de la VII Brigada del Ejército. Brigadier
General Harold Bedoya Pizarro, expidió un comunicado en el que sindica a más de sesenta campesinos de ser guerrilleros o auxiliadores de la insurgencia, y presentó sus nombres, ubicando la vereda y en ocasiones el predio en que habitaban, agregando que estas personas fueron denunciadas ante un Juzgado de Orden Público. "Algunos de los anteriores fueron asesinados y otros tuvieron que desplazarse a las ciudades dejando abandonadas sus fincas para poder salvar sus vidas." (61)
Aunque en menor proporción, la modalidad de la desaparición forzada fue también practicada en este periodo de tiempo. El 15 de julio, Teolinda Nn y Luis Patilla, dos comerciantes de la zona, fueron desaparecidos luego de ser llevados a la fuerza por miembros de grupos parami lita res. Pocos días después, el 23 de julio, Berenice Orozco, militante del Partido Comunista fue detenida por miembros del ejercito, adscritos a la Base Militar de Vista Hermosa, sin que se conozca su paradero actual.
El último crimen cometido en el año, tuvo por escenario la inspección departamental Piñalito, donde el 2 de agosto fueron asesinados tres miembros del Partido Liberal: Juan Agapito Baracaldo, presidente de la Junta de Ornato, Rosa Palacios de Cartagena y Pedro Gaviria. Del señor Baracaldo afirmó la Unión Patriótica en un comunicado, que era "una persona conocida en toda la región como servidor de la comunidad, quien fuera destituido de su cargo a finales del año pasado , por su posición de condena a los grupos paramilitares que operan en la región" El triple crimen fue cometido horas después de la realización de un Consejo de Seguridad, en el que se pretendía tomar medidas para evitar nuevos crímenes en el departamento, y en especial, en Vista Hermosa.
Posteriormente, a partir del 24 de agosto, los diferentes batallones que hicieron presencia en la zona, a partir del referido Consejo de Segundad, los pobladores de la margen derecha del río Quejar, fueron víctimas de graves atropellos como allanamientos ilegales -frecuentemente en horas de la noche o la madrugada-, detenciones, maltratos y torturas físicas, saqueo de dinero y de enseres domésticos y amenazas. Los pobladores eran reiteradamente interrogados acerca de los concejales de la Unión Patriótica, a quienes tildan de guerrilleros por hacer parte del movimiento político.
Finalizan su denuncia los pobladores diciendo que "lo más preocupante es que estas mismas patrullas cargan una lista de nombres de un gran número de campesinos de la región, y los que han sido detenidos los llevan a que los observen un grupo de enmascarados, posiblemente sicarios de Vista Hermosa". Esta situación fue denunciada a finales del mes de septiembre de 1989.
El 6 de enero de 1990. paramilitares asesinaron a María Diomedes López De Muñoz, dirigente de la Unión Patriótica.
El joven Eusebio Forero, quien se desempeñaba como jornalero, fue detenido por miembros de una patrulla del Batallón 21 Vargas, en la vereda Buenos Aires, el 18 de lebrero hacia las 5:15 de la tarde, y sometido a tratos crueles, siendo herido de varios disparos de fusil en las dos piernas y en el brazo izquierdo, siéndosele ocasionadas fracturas en los huesos. Al día siguiente fue trasladado a un centro hospitalario, pero durante e¡ tiempo anterior al traslado, los militares impidieron el acceso de los pobladores que pretendían prestarle primeros auxilios, diciendo que el joven era un guerrillero y que el resto de la comunidad eran auxiliadores de la insurgencia.
En desarrollo de los mismos operativos, el 4 de marzo, en el sitio conocido como Alto de las Animas, fue retenido y torturado por una patrulla militar. un campesino de apellido Galindo, quien es inválido.En efecto, lo golpearon porque en su vivienda encontraron un afiche del candidato de izquierda Mario Rojas, y otro del candidato presidencial Bernardo Jaramillo. Los militares destruyen todos los afiches de los candidatos de izquierda que encuentran. El comunicado concluye:"... para ser más claros, aquí están montando proselitismo armado en contra de la Unión Patriótica, amedrentando la gente para que no voten por la convergencia, porque ... manifiestan ser enemigos de la Unión Patriótica'
Entre los meses de mayo y octubre, fueron denunciadas varias desapariciones forzadas, todas de campesinos y cometidas por miembros de grupos paramilita res, a pesar de lo altamente militarizada que se encontraba la zona; el 20 de mayo, José Tomas Romero, militante de la Unión Patriótica: a los dos días, Gildardo Romero, militante de la misma organización política. Dos meses después, el 29 de julio, fue desaparecido Olmes Franco Hernández, en tanto que en el mes de octubre desaparecieron a José Arley Ospina, el día 8. y a Francisco Joroba, el día 10.
A finales del mes de octubre fueron asesinados dos campesinos, en zona rural del municipio, ambos por paramilitares: Gildardo NN, el día 25, y Rene NN, el día 28.
El ciclo de crímenes del quinquenio se cerró, en los últimos días del mes de noviembre y los primeros días de diciembre se produce una oleada de crímenes contra pobladores de la margen derecha del Güejar: El 29 de noviembre, en la vereda Albania fue asesinado Alfonso Carrasquilla, a pocos metros de donde se encontraban acantonadas tropas del Ejército. El día de su sepelio, los militares obligaron a encerrarse a los pobladores del caserío Maracaibo. y el comandante del puesto policial expresó a lo pobladores que "estos estaban para perseguir y acabar con los H.P. de la Unión Patriótica".
Cuatro días después, el 4 de diciembre, en el caserío Maracaibo fue asesinado el joven Avatuel León, como en el caso anterior, a pocos metros de donde estaba el Ejército, que allanó después el lugar y amenazó al inspector conminándole para abandonar la región. Por esto, varios pobladores se vieron forzados a desplazarse a otros lugares.
Y al día siguiente (diciembre 5), el campesino Alirio Carvajal Quesada fue asesinado por paramilitares encapuchados, en la vereda Puerto Lucas, muy cerca del casco urbano, en pleno día y ante varios pobladores.
En Vista Hermosa, la principal consecuencia en el corlo plazo, del terrorismo de Estado durante el segundo lustro de los ochenta, es la recomposición del mapa político ("pérdida" de los espacios políticos por parte de la Unión Patriótica), en un ambiente de notable abstención electoral a partir de los comicios de 1990. De hecho, el siguiente alcalde elegido por votación popular, de filiación liberal, era reconocido en la región por promover el paramilitarismo.
Un sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sintetizó la realidad que se vivía en 1989, en este municipio:
"Al presente, en Vista Hermosa hay casi 600 niños sin maestro, pues el grupo de profesores de primaria y bachillerato al sentirse amenazado ha preferido emigrar, la actividad mercantil ha descendido abruptamente y la migración de retorno se ha acelerado. En el casco urbano se advierten todos los efectos del amedrantamiento, de legal la actividad política de la U.P. se ha tornado conspirativa.
"Los que se quedan o han variado su adhesión política, o la silencian si es favorable a la U.P.: y tras estas fluctuaciones de opinión hay una pluralidad de dramas individuales''. (62)
En el mismo sentido se expresó Josué Giraldo en su testimonio:
"Yo estuve en Vista Hermosa en 1987 y regresé dos años después, en 1989. Llegué al parque del pueblo y sentí el tremendo impacto social de la violencia política: todo era desolación; sólo se veían perros hambrientos y burros flacos. En casi todas las casas se leía: "se alquila", "se vende", "se permuta"; las casas estaban vacías y sobre las puertas habían clavado maderos para afirmar que aquel pueblo se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma. Solo encontré dos cantinas abiertas con un grupo de ancianos jugando billar. No había un sólo joven. No había una mujer. No había niños. No había futuro."
A partir de 1991 fueron cometidos menos hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, pero no por ello la situación para los campesinos fue de menos persecución y hostigamiento.
El 17 de febrero, el campesino Franklin Murillo, militante de la Unión Patriotica, desaparecido por paramilitares. desde el momento en que viaaba de Puerto Esperanza hacia Granada.
El 22 de febrero de 1991, varios campesinos y militantes de la Unión Pariótica, fueron victimas de las tropas Rana del Batallón Guajiros, adscrito a la Brigada Móvil Nº 1 y el sicario Edilberto Toro Bedoya alias "Mario", en hechos ocurridos aproximadamente a las 5:30 de la mañana en la vereda Alto Guapaya.
Los militares atacaron simultáneamente cuatro viviendas de campesinos en total dieron muerte a Yineth Velasquez, Javier Gómez, un NN. sexo masculino. Luis Monroy, Gustavo Medina. Hugo Camón y Luis Eduardo Rodríguez. A Luis Eduardo lo empezaron a torturar cortándole los dedos de las manos y luego los de los pies, para más tarde asesinarlo, así mismo fue torturado y asesinado Hugo; Yineth, Javier, Luis y el NN fueron asesinados y Gustavo Medina fue detenido y desaparecido. Las primeras versiones daban cuenta de 4 asesinados y de 14 detenidos, entre los que figuraban varios heridos. Además de lo anterior, los victimarios incendiaron 2 viviendas.
Tres días después, el 25, un Campesino No Identificado, fue asesinado por una patrulla militar en la vereda Guapaya.
El 7 de marzo, Cuatro Campesinos No Identificados, fueron asesinados por tropas de la brigada Móvil No 1 que se movilizaban en compañía de los reconocidos paramilitares Jairo Torres alias "El Tuerto», Edilberto Toro Bedoya alias "Mario", y Ramiro Gómez Leal, En el hecho lueron detenidos catorce campesinos y según la denuncia, varios de ellos fueron desaparecidos.
Posteriormente, el 10 de abril, otros cuatro campesinos, María Dolores, Aquileo y Edelmira Pedroza, y Carlos nn. todos militantes de la Unión Patriótica, fueron asesinados por varios hombres que incursionaron en la finca Altamira, ubicada en la vereda Madroño (inspección departamental Piñalito). Desde el 22 de febrero, fecha en que la Fuerza Aérea Colombiana inició una serie de bombardeos en esta zona del país, han sido asesinadas 12 personas por parte de grupos paramilitares.
El 28 de julio de 1991, Josué Gustavo Bejarano Aguilera, de 32 años, presidente del Consejo Municipal de esta localidad, y de filiación liberal, fue asesinado por varios desconocidos que le propinaron 3 impactos de bala. La víctima era además un destacado artista del folclor llanero. Voceros de la Unión Patriótica, al rechazar el hecho expresaron que "La Unión Patriótica y los campesinos del Güejar vimos en el inmolado, la esperanza de convivencia y Paz en Vista Hermosa. Dada su reconocida conducta de rechazo a la guerra sucia sicarial, su vocación de diálogo, sus mensajes de paz en sus canciones y su solidaridad con la martirizada
comunidad. Un abrazo solidario a los liberales demócratas como él, a sus familiares y sus colegas de farándula..." (63)
Hacia las 6:30 a-m-, del 30 de octubre, varios militares de la Brigada Móvil Nº 1, irrumpieron en la finca del campesino José Pinto, ubicada en la vereda Termales, a quien sindicaron de guerrillero e informante, lo golpearon delante de la esposa y los hijos, mientras le decían que lo iban a matar. La señora les suplicaba que le respetaran la vida, que miraran los hijos pequeños. En ese momento llegó su hijo, también de nombre José, acompañado por otro muchacho de nombre Ever. quien hacía mucho tiempo trabajaba en la finca; en cuanto los vieron, fueron acribillados por los militares, quienes obligaron a José (padre) a acercarse a los cuerpos mientras le decían "¿cierto que éstos son un par de guerrilleros?' y le reiteraban la intención de matarlo a él.
Posteriormente otros militares llegaron al sitio, llevando consigo a una muchacha a quien acusaban de ser guerrillera, le preguntaron a José si era la hija y él les contestó que era la mayor y que su nombre era Yaneth Pinto, a lo que le respondieron con insultos, diciéndole además que "ella viene de La Uribe y nosotros venimos en persecución de ella y demás dirigentes de la izquierda que dicen llamarsen (sic) políticos del Partido Comunista y de la Unión Patriótica'; los militares llevaron a Yaneth al sitio donde estaban los cuerpos del hermano y del trabajador, "y la hacían agachar encima de ellos'.
Hacia la una de la tarde llegó un helicóptero, con más militares, en el cual se llevaron los cuerpos de las víctimas; al momento de despegar con ruta hacia Vista Hermosa, desde el aparato hicieron varios disparos. Así mismo. durante el día los militares bombardearon la zona, matando animales y sembrando terror entre los pobladores de la vereda.
El dueño de la finca. José Pinto, tuvo que acudir a la profesora de la vereda, quien reunió a la Junta de Acción comunal y a los vecinos en la escuela, donde tuvieron que permanecer por varios días.
El día 7 de noviembre, en la vereda La Esperanza fue asesinado el Esposo de la profesora de la escuela local, Carmenza Ríos; el crimen fue cometido delante de la educadora, de un cuñado y de otra docente, quien fue amenazada de muerte.
En el mes de diciembre, más de quince personas, entre dirigentes agrarios, miembros de juntas de acción comunal y militantes de la Unión Patriótica, tuvieron que desplazarse de la vereda Caño Veinte, por persecución de tropas de la Brigada Móvil Nº 1, que los acusan de ser de la guerrilla; además sus nombres están en una lista de personas por cuyo paradero constantemente están preguntando.
El 20 de febrero de 1992, el campesino Hernando Jaramillo fue torturado por militares. El 18 de diciembre de 1991, fecha en la que era miembro de la organización sindical SINTRAGRIM, había sido amenazado de muerte, también por militares. Las amenazas fueron denunciadas a la Procuraduría; la investigación la adelantó la Oficina de Investigaciones Especiales.
Nueve días después, el 29 de febrero, otros dos campesinos y militantes de la Unión Patriótica serían torturados. Dennys Cardona y Gustavo Ibañez fueron torturados y lesionados por una patrulla contraguerrilla del Ejército y los paramilitares Jairo Torres alias "El Tuerto" y, Vicente Prieto, en la vereda Termales.
Las tropas contraguerrillas se encontraban en la zona desde días atrás haciendo operativos intensos contra la población, destruyendo los afiches de la Unión Patriótica y amedrentando a los votantes y candidatos que se aprestaban a participar en los comicios electorales de marzo de 1992 para la elección de mandatarios locales. En el recorrido del Ejército estuvieron también en las veredas Las Trochas 28 y 30, Costa Rica, Miraflores, Sardinata. y el alto y bajo San Juan de Arama. las cuales fueron bombardeadas. Así mismo obstaculizaron la compra y transporte de mercados para los campesinos.
Otra fuente indica que Dennys. joven campesino de 17 años y militante de la Unión Patriótica, fue torturado por miembros de la Brigada Móvil Nº 1, en la vereda Costa Rica, luego de que fuera detenido con dos personas más. En el momento de la detención les dijeron que "los que fueran de la U.P. tenían que irse o morirse". Lo golpearon hasta romperle la clavícula y trataron de ahogarlo metiéndole la cabeza en un barril con agua. (64)
El 13 de marzo, militares de la Brigada Móvil Nº 1 asesinaron en la vereda Caño Veinte, a los campesinos Reinaldo Robayo, de 39 años, y Jorge Ibañez, de 35 años, el primero militante de la Unión Patriótica, Las víctimas fueron vestidas con prendas militares, les colocaron equipos de campaña y armas con el fin de presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Posteriormente fueron trasladados hasta la base militar de Vista Hermosa.
Los mismos militares detuvieron ese día al campesino Jorge Lozano Guzman, de 17 años, a quien obligaron a patrullar con ellos, usándolo como guía de los operativos, en los cuales detuvieron a numerosos campesinos -incluido un niño de 12 años y sus padres-, a quienes sometieron intensos interrogatorios sobre varios pobladores que acusan de ser de la guerrilla. Entre los detenidos figura un joven de apellido Tabares, quien fue desaparecido, pues cuando sus familiares fueron a preguntarlo, negaron tenerlo en su poder.
En Mesetas el 23 de marzo, Federico Polanco Cortes, militante de la Unión Patriótica, cuyo nombre había aparecido en una lista de "sentenciados". publicada en las calles y paredes de esta localidad el 7 de marzo, fue asesinado por militares.
A finales del mismo mes fue denunciado que tropas militares retienen campesinos y los obligan a patrullar delante, "para que pisen las minas que la guerrilla le pone al Ejército'.
Varios meses después esta situación persistía. Tal fue el caso de Alirio Acuña, campesino residente en la vereda Caño Veinte, adonde llegó el Ejército, el 5 de septiembre, e incursionó en la vivienda de su padre, Lucio Acuña. Como no estaba, se llevaron a Alirio, lo vistieron de militar y lo obligaron andar delante de la tropa.
El 9 de noviembre 1992, Luis Enrique Sánchez, empleado del Servicio de Erradicación de la Malaria, fue desaparecido, luego de ser detenido por una patrulla del Ejército cuando se trasladaba entre el casco urbano y la Inspección Departamental Piñalito, y según testigos, al día siguiente fue trasladado al Batallón 21 Vargas, en el municipio de Granada, y luego, posiblemente a la sede de la VII Brigada en Villavicencio. los militares negaron tenerlo en su poder.
El 30 de julio de 1993. Armando Daza, campesino, fue desaparecido por la Brigada Móvil Nº 1 del Ejército Nacional.
El 23 de enero de 1994, José Sánchez Duarte, campesino que trabajaba en la vereda Caño Veinte, fue asesinado a los dos de la tarde, en momentos en que se encontraba jugando billar, en la Trocha 28 de la Vereda La Esperanza. La fuente indica que los victimarios son paramilitares y vestían uniformes militares.
El 28 de octubre de 1994, fue encontrado el cadáver del campesino Luis Orlando Castro Velez, con evidentes señales de ahorcamiento y torturas, en un embarcadero sobre el río Quejar, cerca a la inspección departamental Piñalito; la lengua le había sido arrancada. Su paradero era desconocido desde el día 22 de octubre, cuando hacia las 11 de la noche ingresó a un hotel de la inspección departamental, a donde habia viajado para cancelar unas deudas. Los campesinos de la vereda Puerto Iguana denunciaron el hecho, indicando que el asesinato fue cometido "a pesar de que la zona es una de las más militarizadas en el departamento"
El 12 de abril de! mismo año, los campesinos Wilfrido Bejarano Chitiva, Rozo Ruiz Vera, William Restrepo Salazar. Jorge Bejarano Chitiva y Jairo Paez González, fueron sacados de sus casas, por varios hombres fuertemente armados, quienes hacia el medio día irrumpieron en el casco urbano de esta localidad, registraron varias viviendas, confirmaron los nombres de las víctimas, y se los llevaron en canoa hasta un paraje entre la zona urbana y la inspección departamental Piñalito, donde los asesinaron. Otra fuente indica que los cadáveres fueron encontrados en la finca Guajalajara, ubicada en la vereda Las Delicias, "totalmente baleados y mostrando claros rastros de haber sido torturados."
El 2 de mayo de 1996, José Griseldo Arias, campesino, habitante de la vereda Siberia, fue torturado por tropas militares; al día siguiente el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, llegó a la casa del campesino, hacia las 6 a.m., para averiguar por su suerte y lo encontró demasiado torturado, con hematomas en la caja toráxica. En la vivienda aún se encontraban los militares, quienes le preguntaron por la guerrilla. El mismo día en horas de la noche, los militares mataron las aves de corral que había en la finca. El campesino murió un mes después, el 2 de mayo a consecuencia de las torturas.
A manera de conclusión sobre este municipio, es necesario destacar que por la importancia de Vista Hermosa en la zona de la Reserva de la Macarena, "ejerce sobre los demás municipio (...) y sobre el conjunto de la población de colonos un electo demostrativo. Siendo el terror y el asesinato políticos los hechos protuberantes en el último periodo; así se hayan localizado en sólo uno de los municipios, tienden a afectar el funcionamiento ordinario de los órganos de poder local en los restantes". (65)
4. Mesetas
El primer crimen registrado en esta población por razones políticas fue cometido el 10 de septiembre de 1985. En esa ocasión el campesino José Alcibiades Reina, fue asesinado de tres disparos, al parecer de pistola 9 mm, que en la época era de uso privativo de las fuerzas militares. El hecho fue cometido en la vereda El Diamante.
El 5 de julio de 1987, los hermanos Gonzalo y Luis Emilio Gaitan, fueron asesinados por agentes de la policía en momentos en que se encontraban cerca a la alcaldía. Al darse cuenta que los uniformados les apuntaban con sus armas trataron de correr y recibieron varios impactos de bala en sus cuerpos. Las autoridades de policia informaron sobre este caso que los hermanos "eran guerrilleros y habían sido dados de baja en combate".
La oleada sistemática de crímenes de lesa humanidad se inicia el 26 de noviembre de 1988. En efecto, durante los días 26, 27 y 28 de noviembre, después de un enfrenlamiento con la guerrilla de las FARC, tropas de la VII Brigada del Ejército con sede enVillavicencio, realizaron un fuerte operativo denominado "Operación Duda", que abarcó las veredas Ojo de Agua, Buenos Aires, La Siria, La Julia, Alivá y Brisas del Duda. De acuerdo con denuncias de los campesinos, en todas las veredas mencionadas los militares causaron graves daños materiales o destrucciones, tanto a las propiedades comunitarias (escuelas, kioscos comunales, la taravita de la vereda La Julia) ocasionando el aislamiento de una cien personas y escasez de alimentos, drogas, etc., como particulares (viviendas, cosechas, enseres domésticos, animales, dinero y documentos de identidad.). En la vereda Buenos Aires dieron muerte a cinco campesinos, trabajadores y propietarios de fincas, quienes eran ampliamente conocidos y apreciados por la comunidad; José Antonio Forero Espinosa, Juan Manuel Franco, padre de 4 Hijos, Luis Hernando García, padre de 3 hijos, José Eliodoro Roa Vergara, de 48 años, padre de 7 hijos, quien era uno de los fundadores de la vereda La Primavera. Fue decapitado y presentado como comandante de un frente guerrillero David Eliecer Roa Muñoz, de 16 años e hijo del anterior. Los cuerpos fueron dejados a la intemperie para que fueran devorados por las aves de rapiña y presentaban evidentes huellas de haber sido torturados.
En denuncias posteriores se precisa que la primera victima de esta masacre fue David Eliecer, el día 26, cuando se desplazaba en compañía de sus hermanas hacia su casa de habitación, ubicada en la vereda La Primavera, jurisdicción de la inspección departamental La Julia. Al día siguiente tos militares saquearon la vivienda de la familia Roa Muñoz, hurtaron todas sus pertenencias y fue cuando se llevaron al padre, José Eliodoro, cuyo cuerpo baleado y en estado de descomposición, fue hallado el día 30 por varios campesinos quienes lo sepultaron.
El día 15 de diciembre, aproximadamente, fue asesinado entre las veredas Oriente y Murivá, José Parmenides, de 64 años, dirigente agrario y líder de los colonos de Mesetas; su cadáver fue encontrado el día 23 de diciembre, "completamente destrozado y con horribles huellas de torturas'. Dos semanas antes había tenido que comparecer ante un Juzgado de Orden Público en Villavicencio, debido a que la VII Brigada lo sindicaba de ser "auxiliador de la guerrilla", acusación que pudo desvirtuar, pues siempre fue un luchador agrario.
De acuerdo con denuncias presentadas al alcalde municipal, Julio Serrano Patino (66), y por éste al gobierno departamental, en los primeros días de enero continuaron las incursiones de la VII Brigada, en contra de los colonos y campesinos de la región: "se ha venido ejerciendo toda una política de intimidación y amedrantamienío contra la población campesina, que según información que he venido recibiendo en mi despacho todas las semanas, los caza-bombarderos han sobrevolado la zona lanzando numerosas bombas, al igual que los helicópteros artillados han seguido haciendo sus respectivos ametrallamientos". Los días 18 y 19 de enero fue bombardeada la vereda La Paz, en la inspección departamental Jardín de las Peñas, causando cráteres de hasta 9 metros de diámetro por 4 metros de profundidad. También "fueron desembarcadas tropas que se dedicaron a golpear a los campesinos y saquear sus humildes viviendas, destruirlas con granadas e incendiarlas...". Agregaba el Alcalde Patino que cerca de 400 familias estaban desplazadas de sus veredas como consecuencia de las agresiones oficiales, para las cuales era muy riesgoso regresar a sus viviendas.
Posteriormente, para los días 30 de abril y 1 de mayo fue convocada una jornada por la defensa de los derechos humanos, en cumplimiento de una orden de la Presidencia de la República, la cual fue saboteada por tropas militares que "hicieron presencia en la instalación, con gran despliegue de armas y finalmente el día lunes lº.. se dedicaron a tomar fotografías, hostigar, detener y golpear a un grupo de ciudadanos ... también se dedicaron a reclutar jóvenes para el servicio militar y finalmente a insultar y ultrajar la gente en las cantinas ..."
Tres semanas antes, ei 12 de abril, había estado en el municipio el entonces comandante de la VII Brigada, General Harold Bedoya Pizarro, acompañado por un individuo que se presentó como ex-guerrillero de las FARC, de nombre José. Al poco tiempo, el alcalde empezó a recibir panfletos, supuestamente escritos por el ex-ouerrillero, en una actitud amenazante. Luego, a finales de junio, el funcionario tuvo que contestar a una citación en la que le preguntaban si era cierto que en la jornada del 1 de mayo había guerrilleros infiltrados, el por qué se había opuesto a que el Ejército los detuviera, y por qué defendía a la guerrilla.
Los operativos militares iniciados a finales de noviembre de 1988, continuaban aún a comienzos de febrero de 1990; campesinos del municipio denunciaron el 7 de febrero que en medio de la total militarización del municipio, del sobrevuelo continuo de los aviones militares sobre las viviendas de los labriegos y de los bombardeos indiscriminados, fue asesinado el día 6 de febrero el campesino Salvador Cañón, a quien veinticuatro horas después del crimen no le habían practicado el levantamieno del cadáver. Ante el terror generalizado, numerosas familias se vieron obligadas a huir, primero a los caseríos de la vereda La Guajira, luego a la inspección departamental Jardín de las Peñas, y después al casco urbano, donde a la fecha se contabilizaron 288 personas desplazadas, incluyendo gran cantidad de niños.
En la misma fecha fueron asesinados por paramilitares, en la vereda La Julia, otros cuatro campesinos militantes de la Unión Patriótica: Teodocio Yersen, Omar Cárdenas, Roberto Tamara y un NN.
Una semana después, el 14 de octubre de 1990, Luz Dary Sánchez Ángel. secretaria de la Personería municipal y militante de la Juventud comunista, fue asesinada por una banda paramilitar que incursionó en la población, en momentos en que se realizaba el III Festival de la Juventud y los Estudiantes; los homicidas se enfrentaron luego con agentes de la policía, hiriendo a tres uniformados y a una mujer.
En este municipio lo más crudo del genocidio tuvo lugar principalmente durante 1991 y 1992. Y se explica además por dos factores adicionales: la presencia de una base militar del Batallón 21 Vargas y por la labor de Luis Eduardo Romero Cárdenas, conocido como "Quitapenas". Este personaje se lanzó a las elecciones de la alcaldía por el partido liberal, pero perdió, quedando la alcaldía por decisión popular en manos de José Julián Vélez, militante de la Unión Patriótica y padre del diputado a la Asamblea Departamental, Carlos Julián Vélez. Entre los militares y los escoltas de "Quitapenas" se propusieron exterminar a la Unión Patriótica en el municipio.
El mismo día, el concejal Alfonso Camacho sufrió un atentado, después de que los paramilitares atacaron la sede de este movimiento. La Dirección Nacional de la Unión Patriótica se preguntaba en un comunicado: «¿Cómo pueden pasearse libremente los paramilitares en zonas del país controladas por el Ejército?». Tres militantes quedaron heridos. En el transcurso del año el concejal Camacho había sido amenazado. Días después, el 24 de marzo, fue cometido un atentado dinamitero contra las oficinas del acueducto y la vivienda del presidente del Concejo municipal, Heraclio Hormiga Ordoñez.
Pero la sevicia y el descaro de los victimarios no pararía ahí. El 14 de septiembre, Carlos
Julián Velez Rodríguez, su esposa Norma Garzón de Velez, su hijo de 6 años de edad, Luis Carlos Velez Garzón, y su hermano Dimas Elkin Velez Rodríguez, líder agrario, fueron asesinados por miembros de la Brigada Móvil Nº 1. Los militares lanzaron una granada a su automóvil y después los ultimaron a disparos de fusil R-15 y pistola 9.mm. El hecho ocurrió cuando se desplazaban por la vía a Villavicencio, a la altura de la vereda Naranjales; la zona estaba completamente militarizada por tropas del Batallón 21 Vargas del Ejército y de la Brigada Móvil No. 1. La hija del diputado de tan solo 7 años de edad, se salvó milagrosamente. Los concejales del municipio denunciaron el hecho señalando que los autores materiales habían sido los militares de la Brigada Móvil No. 1, ayudados por los paramilitares Luis Duvier Arroyo, Fernando Sánchez, José de Jesús Acevedo y Fabio Chavista, y como autor determinante a Luis Eduardo. «Se sabe que Fernando, alias «Parafina», tiene en su poder la pistola que era propiedad del diputado Carlos Julián Vélez, (...) «Parafina» se moviliza en una motocicleta roja 125, marca kawasaki, siempre anda con otro sicario que se conoce como Fabio N.. estos dos siniestros personajes tienen estrecha relación con el Mayor del Ejército Javier Enrique Rey, que pertenece al Batallón 21 Vargas...». (67)
El 6 de octubre de 1991, Orlando Medina, campesino y militante del Partido Comunista, fue asesinado siendo aproximadamente la 1:00 de la madrugada, cuando un soldado uniformado de la Brigada Móvil Nº 1 acantonada en la localidad se presentó en el establecimiento público conocido como «El Mexicano», portando dos granadas que pretendió lanzar contra la gente que allí se divertía. Medina víctima lo increpó por este hecho y salió con él del establecimiento, pero fue sorprendido cuando el soldado le lanzó una de las granadas que llevaba consigo, asesinándolo en el acto. El soldado fue protegido en la base Militar y trasladado de la localidad.
El año 1992 comenzaría con en el asesinato, el 22 de febrero, del personero municipal y militante de la Unión Patriótica, Luis Augusto Orjuela Pérez, de 47 años, a manos de los paramilitares y en complicidad con el Ejército, en un sector céntrico del municipio. El crimen fue cometido hacia las 7:30 de la noche; momentos antes había sido dejado en la vivienda donde habitaba, por sus dos escoltas, de la cual salió nuevamente con intención de cenar (lo cual hacía habitualmente), pero los victimarios lo estaban esperando. El crimen fue cometido a dos cuadras del puesto de Policía; los policías estaban allí pero se presentaron tan solo hora y media después. Adicionalmente, y a pesar de que el casco urbano era permanentemente patrullado por la Policía y por lo militares de la base militar ubicada en sus inmediaciones, esa fecha, tanto los policías como los militares se acuartelaron temprano.
La denuncia de varios concejales del municipio de Mesetas sindicaría como autores materiales del crimen a José Duvier Arroyo (alias "Chucho Pajas"), Mario N. (alias "Pajarito") y Samuel N., escoltas personales de Luis Eduardo Romero Cárdenas, así como a Vidal Roncando y Héctor Amaya (alias "Zancudo"). (68)
El 7 de marzo apareció publicada una lista en las paredes del municipio donde se anunciaban las próximas víctimas. El 12 de marzo, Dos Militantes del Movimiento y Un Obrero fueron detenidos por tropas del Ejército, los dos militantes aparecerían muertos, el obrero continuó desaparecido. El 23 de este mismo mes, Federico Polanco Cortes, fue asesinado por los militares. Este fue el aviso de que los victimarios ejecutarían su lista.
También en el mes de marzo de 1992 Una Persona Sin Identificar fue asesinada en la vereda La Libertad en horas de la tarde. Según informaron los habitantes de la zona, en la mañana había estado el Ejército en ese sitio.
Para el día 2 de abril los funcionarios de la secretaría de obras públicas del municipio habían organizado una jornada de trabajo en la vereda Las Cristalinas. El día anterior, el comandante de la base militar de Mesetas se reunió con el alcalde y la persona responsable de la actividad y les preguntó por el sitio donde realizarían la jornada, argumentando la necesidad de que le fuera llevada una vara de guadua para izar el pabellón nacional, en una celebración que llevarían a cabo en esos días. Aunque causó extrañeza la solicitud, por cuanto en los alrededores del casco urbano se podía conseguir fácilmente la vara solicitada, e incluso en el interior de la base misma, los funcionarios le comunicaron el sitio de la jornada de trabajo, así como las personas que participarían por la administración local.
En la fecha prevista, muy temprano en la mañana, salieron algunos de los funcionarios con la maquinaria necesaria. Sin embargo, muy cerca del caso urbano y a unos 500 metros de la base militar, había un retén de paramilitares, quienes interceptaron un bus intermunicipal que se dirigía de la vereda Peñas hacía la zona urbana. Del vehículo bajaron a tres personas y se las llevaron, lo mismo que al conductor de la moto ni veladora del municipio y a su acompañante.
En total fueron siete las víctimas de los paramilitares, Ana María Ortiz, militante de la Unión Patriótica, Gabriel Alberto Álzate Jacinto, de 80 años, militante de la Unión Patriótica, Pedro Ignacio Montoya, Santiago Avila, Pedro Ramírez, Mario De Jesús Pulgarín, de unos 19 años, y Eucardo Rodríguez Porras, de 23 años, militante de la Unión Patriótica y conductor de la motoniveladora del municipio, a quien los victimarios pretendían sacar de la zona y trasladarlo a Granada. Pulgarfn había sido invitado por Eucardo para que lo acompañara y así no tener que viajar solo hasta el sitio de la brigada.
"Eso ocurrió más o menos como a las ocho y media, a las nueve y media pues ya teníamos conocimiento nosotros y ala una de la tarde se hizo el primer levantamiento del primer muchacho, que lo encontramos más o menos como a doscientos metros de la vía. hacia el potrero, con un tiro en la sien. Se hizo el revuelo con la Policía y todas esas cosas, para que persiguieran a los sicarios.
"La Policía prácticamente no quería salir, porque supuestamente tenían que esperar una orden del comando que para ellos movilizarse y esas cosas, y de pronto, pues dándole tiempo a que la gente se orientara, porque el objetivo era que se querían llevar vivo a este muchacho, Encardo, lo querían sacar para Granada, sino por la misma presión del pueblo entonces la policía, pues hizo la escaramuza, hicieron intercambio de tiros..." (69) en desarrollo del cual murió uno de los victimarios, cuyo cadáver fue encontrado el viernes 3 al realizar labores de búsqueda de las personas que los paramilitares se habían llevado.
El cuerpo de Eucardo fue hallado el día sábado; antes habían sido encontradas otras cuatro personas. El joven estaba boca abajo, con las manos atadas por la espalda y fue asesinado de un disparo de fusil propinado por la parte posterior de la cabeza, que le destrozó el rostro: "Lo conocimos por la ropa ...".Las primeras denuncias indicaban que fue torturado durante varias horas, antes de ser asesinado.
Los cuerpos de las dos personas que aún no habían aparecido, fueron encontrados el domingo 5, en una laguna ubicada muy cerca al sitio donde estaba el retén paramilitar. Al parecer los asesinaron una vez los bajaron del bus, les amarraron piedras en el estómago y los hundieron. Pero después de tres días flotaron, y por informaciones de los campesinos, las comisiones de búsqueda que los pobladores habían conformado, se dirigieron al sitio junto con el Inspector de Policía, los rescataron y los llevaron al casco urbano.
Los paramilitares que cometieron la masacre pasaron la noche previa en un paraje ubicado a unos trescientos metros de la base militar de Mesetas, el cual fue encontrado por los campesinos durante la búsqueda de los retenidos desaparecidos. En el sitio donde acamparon fueron encontrados rastros de la presencia de un grupo numeroso de personas: "ya cuando ellos (los paramilitares) hicieron lo que tenían que hacer, se fueron; dejaron ahí, una pisada grande, galletas, bolsas de galletas, salchichas, comidas así rápidas". (70)
Por la escasa distancia y por la existencia de potreros destapados detrás de la base militar, desde allí eran claramente visibles los paramilitares acantonados. A lo anterior se agregan los puestos de control distribuidos en el área, dado el carácter de zona de conflicto con la insurgencia. Otro elemento que refuerza la percepción de los campesinos, de la posible vinculación de los militares, tiene que ver con la total inactividad para apoyar a la Policía en el enfrentamiento con los victimarios, aunque fue muy cerca del sitio donde acampaban; ".. cuando hubo el enfrentamiento con la policía, eso fue ahí a trescientos metros y el Ejército no hizo nada, la
que hizo la escaramuza fue la policía". Previamente, allí había sido encontrado un cadáver y tampoco hubo reacción alguna de los militares.
Todo lo anterior se suma a la permanente presencia de civiles armados que patrullaban el municipio, sobre todo cuando se encontraba Luis Eduardo Romero, alias "Quitapenas", jefe paramilitar de la región. Según la denuncia de los concejales, la masacre fue cometida por los escollas de "Quitapenas", aunque la participación del Ejército y la Policía fue por lo menos evidentemente omisiva, a pesar de lo cual, el caso fue archivado dos años después. (71)
Por los antecedentes de la masacre, y por la manera como se comportaron, tanto la Policía como el Ejército, el hecho estaba encaminado a atentar contra los miembros de la administración municipal que participarían en la brigada de obras, todos ellos militantes de la Unión Patriótica, y de esta forma amedrentar al conjunto de funcionarios locales para obligarlos a renunciar a sus cargos. De hecho, al poco tiempo, varios funcionarios, entre ellos algunos de los responsables de la Brigada, tuvieron que abandonar la población para poder salvar sus vidas.
Otros de los posibles blancos de la masacre eran los activistas del movimiento político, que estaban allí realizando su labor proselitista. Tal es el caso de Joaquín León Tovar Miranda, conocido generalmente como León Tovar, dirigente de la Juventud Comunista y militante de la Unión Patriótica, quien llevaba algunos meses en la localidad, y debía viajar el mismo día. Precisamente, cuando los pobladores solicitaron a los policías acantonados en Mesetas, ir en persecución de los paramilitares, uno de ellos le insistió reiteradamente a Leo que les acompañara, lo que fue interpretado por compañeros suyos como Joaquín León Tovar una posible estratagema para asesinarle y después presentarlo como muerto en cruce de fuegos.
No sería la primera vez que agentes del Estado atentaban contra la vida del joven dirigente político, quien además era reconocido por su labor cultural, particularmente en el teatro. En el año 1987 fue detenido y torturado en Pasto -su ciudad natal-, por su activa participación en las luchas estudiantiles y populares: "...él fue torturado y fue dado por muerto en un botadero en la ciudad de Pasto, a él le colocaron electricidad en los testículos, le molestaron las uñas, le deformaron el rostro con botillos, lo dejaron deformado, lo dieron por muerto, lo botaron en un basurero, como era un dirigente de pueblo... un recolector de basura lo reconoció, reconoció a Leo Tovar y avisó rápido, lo recogieron aún con vida y lo llevaron a un hospital... estando en el hospital a él lo sacan del hospital otra vez... traían de hacer el operativo de sacarlo las fuerzas militares diciendo que él era un presunto agresor del Estado, entonces lo tratan de sacar, las mismas enfermeras se oponen al hecho y no dejan que lo saquen, dicen que ellas son responsables en ese momento de él, que piden algún documento legal con el cual lo puedan sacar, impidieron en ese entonces la sacada de Leo Tovar... lo dejaron que se repusiera un poco más, de ahí entonces de todas maneras las fuerzas del Estado logran empapelar a Leo y es trasladado a la cárcel como un preso político ..." (72); luego, después de comprobar su inocencia, fue liberado. Como consecuencia de estas torturas, se vio obligado a salir de allí y fue enviado por las directivas del movimiento político al exterior, con el fin de posibilitar su recuperación.
Después de algunos meses regresó al pais, siendo destinado a trabajar en Villavicencio, ciudad a la que llegó en 1988. Su labor en esta ciudad se caracterizó por la promoción de espacios culturales, dirigidos a los jóvenes especialmente. En poco tiempo organizó varios centros dedicados a la formación de actores, entre escuelas de teatro y grupos de teatro, e incluso consiguió recursos para adecuar una parte de la sede de la Central Nacional Provivienda, CENAPROV, como sala de teatro, la cual es conocida en la ciudad como la Casa de la Cultura Pablo Neruda. Aún funcionan en Villavicencio siete de las escuelas formadas y promovidas por él.
Paralelamente a la actividad cultural, Leo continuó su labor política y se vinculó a las luchas sociales y sindicales en el Meta: "... nos ofrecía sus obras, producto de su ingenio, su creatividad: fue un hombre muy valioso. Por ejemplo, en la celebración del primero de mayo, él siempre salía con sus títeres, mostrándonos la problemática colombiana, la situación de violencia que estaba viviendo nuestro departamento, y fue un tipo que se caracterizó muchísimo por estar plenamente identificado con el dolor de la comunidad. Frente a esa situación fue muy perseguido por las autoridades". También apoyó el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, sobre todo en su fase inicial, en la que era fuerte la presencia de organizaciones comunitarias, sindicales, profesionales, entre otras. Siempre que el Comité organizaba alguna actividad, "él estaba presto a colaborarnos con su teatro'. (73)
La Unión Patriótica lo propuso como candidato al concejo de Villavicencio a finales de la década, pero por un estrecho margen no alcanzó la votación requerida. Posteriormente, el 12 de diciembre de 1988 fue víctima de un atentado, cometido a dos cuadras de la Casa de la Cultura Pablo Neruda, en horas de la noche. Después, el 4 de septiembre de 1989, fue detenido ilegalmente por agentes del F-2 de la Policía Nacional, quienes lo obligaron a bajar del bus urbano en que se movilizaba por la vía al aeropuerto, y se lo llevaron sin explicación alguna a las instalaciones del organismo secreto, donde lo tuvieron incomunicado.
Luego, después del asesinato del diputado por la Unión Patriótica, Carlos Julián Véiez, junto con su familia, Leo Tovar fue enviado a Mesetas, a comienzos de 1992. Tanto los meses precedentes a su llegada, como los posteriores, se caracterizaron por el auge de la guerra sucia contra los integrantes del movimiento político; la masacre del 2 de abril de 1992 fue uno de los principales hechos contra la militancia de izquierda, después de la cual, Leo fue una de las personas que tuvo que desplazarse para salvaguardar su vida.
El mismo día en que eran recogidos los cuerpos de las últimas víctimas de la masacre, es decir, el 4 de abril, fue asesinado por los paramilitares Jacinto Ortiz, otro militante de la Unión Patriótica.
El 3 de junio, Pedro Tafur fue asesinado por paramilitares. Otra fuente afirma que el crimen fue cometido en el municipio de El Castillo.
El 27 de junio, Un Celador de la escuela de la vereda La Explanación, fue torturado durante seis días por miembros del Ejército, permaneciendo amarrado y bajo constantes golpes. Los hechos sucedieron luego de un enfrentamiento entre tropas militares y la guerrilla en un lugar cercano a la mencionada escuela; esta fue allanada y bombardeada, dejándola casi destruida.
El 5 de julio, Orlando Granada, de 20 años de edad, fue desaparecido por hombres que se lo llevaron en la vereda El Piñal en un carro lujoso. Su padre era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Peñas.
El 17 de agosto, Ángel María Quitian, vendedor de lotería paralítico, fue golpeado, despojado de sus muletas y arrastrado por las calles de la localidad por miembros de la Brigada Móvil Nº 1. Ese mismo día PEDRO OSPINA CARDONA, campesino de 13 años de edad, fue golpeado por miembros del Ejército cuando se encontraba apartando los becerros de las vacas de ordeño.
El 30 de agosto, José Jesús Mogollón, militante además de la Juventud Comunista JUCO, fue asesinado por el escolta del paramilitar Eduardo Romero alias "Quitapenas", Fernando Trujillo. Dos miembros de su familia habían sido asesinados el mes anterior, también por razones políticas.
El 14 de septiembre, Norberto Ortiz, campesino, (ue desaparecido por paramilitares. Una fuente indica que al parecer los victimarios se llevaron 30 jóvenes más, de los cuales sólo aparecieron 3. Del resto no se sabe nada, aunque la única víctima identificada fue Ortiz.
El 3 de octubre, Ciro Antonio Villalobos, miembro de la administración del municipio, y militante de la Unión Patriótica, fue asesinado por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en el cráneo al funcionario oficial. Villalobos había sido amenazado de muerte, razón por la cual algunos días antes había presentado renuncia al cargo que desempeñaba en la administración municipal, y tenía previsto desplazarse de la población. La región se encontraba completamente militarizada, sin embargo, las bandas paramilitares perpetraban toda clase de crímenes con plena libertad de acción y total impunidad.
El 9 de octubre. Rodrigo Sánchez, campesino, fue asesinado por sicarios que actuaban bajo el mando del entonces personero municipal, Luis Eduardo Romero, alias «Quitapenas". El labriego fue testigo del asesinato del presidente de una Junta de Acción Comunal. Diferentes organizaciones, tanto de Derechos Humanos como gremiales, han expresado su preocupación por la designación de un jefe paramililar como personero municipal.
El 11 de octubre, Ernesto Rojas, otro activista de la Unión Patriótica, fue asesinado en la zona rural de varios impactos de arma de fuego por los paramilitares; su cuerpo fue llevado al pueblo por el Ejército.
El 18 de octubre. Juan Manuel González Castaño, de 30 años, educador y activista de la Unión Patriótica, fue asesinado por paramilitares, que le propinaron cuatro disparos, cuando se desplazaba por la vía hacia La Uribe, en horas de la noche. Había tenido problemas con el Ejército.
El 25 de octubre, Marcos Flores, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Betania, fue asesinado por los paramilitares con arma de fuego. Cinco días mas tarde, el 30 de octubre, José Acevedo Cañizales, director de la Casa de la Cultura, fue asesinado por paramilitares en la zona rural de la localidad. A los dos días, el 1 de noviembre, Guillermo López, campesino, fue asesinado por paramilitares que le propinaron varios impactos de bala en la cara, cuando salía de su casa hacia un potrero. En la zona, efectivos de la Brigada Móvil No. 1, estaban adelantando un gigantesco operativo militar y de control.
El primero de noviembre, un campesino de apellido Galán, fue asesinado de varios impactos de bala cuando regresaba del casco urbano de la población hacia su hogar. Los victimarios también mataron a la bestia que montaba. El asesinato ocurrió en medio de un gigantesco operativo militar realizado por la Brigada Móvil Nº 1.
Durante el año de 1993 no se tiene registro de crímenes cometidos por razones políticas en el municipio. Sin embargo, la oleada criminal fue reiniciada en el mes de febrero de 1994, con el asesinato de Dos Campesinos Sin Identificar, por el Ejército, en la vereda La Guajira.
El 31 de julio de 1994, los campesinos Merardo Neusa, de 35 años, Nelson Enrique Neusa, de 19 años, y Gilberto Patino, de 25 años, fueron torturados y posteriormente asesinados en la vereda La Cristalina por militares de la Brigada Móvil N° 1. Los cadáveres de las víctimas fueron presentados como "guerrilleros dados de baja en combate" La denuncia fue puesta por pobladores de la región, quienes agregan que los militares consideran a la población civil como auxiliadores de la guerrilla, y que las 3 víctimas "eran campesinos reconocidos en la región, pacíficos y de buenas costumbres". Los labriegos habían sido detenidos en momentos en que se encontraban trabajando en la finca de propiedad de uno de ellos.
Posteriormente, el 16 de agosto de 1995, José Vicente Franco Morales, anciano campesino de 64 años de edad, fue asesinado por bombardeos indiscriminados que se hicieron desde un helicóptero artillado del Ejército sobre la población. Varias viviendas resultaron seriamente afectadas. Cerca de este lugar se estaban desarrollando combales entre las tropas militares y la guerrilla; La fuente agrega que los militares obligaban a los vehículos de servicio público, con pasajeros a bordo, a llevar personal uniformado y armado, lo que puso en grave riesgo a la población civil. (74)
El 8 de octubre Ely Chacón Castellanos, Ramiro Diofante y Jairo Ernesto Peña Marín, campesinos, fueron retenidos de su casa de habitación en la vereda Palestina a dos kilómetros de la inspección departamental La Julia, en jurisdicción de La Uribe, por paramilitares. El día 13 de octubre del mismo año, fueron encontrados asesinados en la vía que de la inspección departamental Jardín de las Peñas conduce al casco urbano, a la altura del sitio conocido como Caño Mocho.
El 16 de octubre , John Jairo López Ostos, de 22 años, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Paz y simpatizante de la Unión Patriótica, fue detenido y asesinado por militares de la Brigada Móvil Nº 1 y presentado como "guerrillero dado de baja en combate"; los militares lo enterraron en el cementerio local. Sus familiares y pobladores de la región informaron que dos días antes de localizarse su cadáver, había sido detenido por la patrulla militar cerca a su vivienda, ubicada en el sitio Sabaneta, de la vereda el Palmar. Agrega la fuente que el joven era ampliamente conocido en la región como persona trabajadora, honrada y que no tenía ningún vínculo con la .guerrilla. La investigación de este hecho fue asumida por la Justicia Penal militar. (75)
El 27 de abril de 1996, Héctor y José Ivan Ortiz Chacón, de 17 años, campesinos y hermanos, fueron torturados por 6 militares adscritos a la Brigada Móvil N° 2, quienes incursionaron en la finca de la familia ubicada en la vereda Las Brisas. Allí separaron a los hombres de las mujeres, a los dos hermanos les quitaron sus camisas y les pusieron camisas militares, les calzaron botas militares y los obligaron a ir con ellos. En un potrero les tomaron fotografías, los golpearon con el cañón de un rocket, les dispararon cerca de los pies y les decía que cuando los interrogaran tenían que decir que eran guerrilleros, pues de lo contrario los mataban. A Iván lo amarraron a un árbol, en tanto que a Héctor le amarraron las manos por la espalda y lo tendieron boca abajo. Así los tuvieron toda la noche; al día siguiente los llevaron en helicóptero al municipio de Uribe y después a Villavicencio. El día 29 de abril, familiares de las víctimas constataron que se encontraban en poder del Ejército, pero luego, los días 2 y 3 de mayo, los militares negaron tenerlos. Después se pudo constatar que se encontraban detenidos sindicados de ser guerrilleros.
5. La Uribe
Aunque su existencia se remonta al año 1886, tan sólo es elevado a la categoría de municipio en el año de 1990, mediante la ordenanza 037 de la Asamblea Departamental. Hasta entonces, era una inspección departamental del municipio de Mesetas.
El 9 de diciembre de 1990, cuatro meses después de su posesión, el presidente Cesar Gaviria Trujillo autorizó al Ejército Nacional el inicio de la operación llamada Centauro II, bajo el pretexto de combatir al secretariado de las FARC localizado en Casa Verde, municipio de La Uribe, iniciando así lo que el Ministro de Defensa, Rafael Pardo, llamó "Guerra Integral". En ese entonces las FARC se encontraban en conversaciones con el gobierno nacional, pero a partir de esta acción, rompieron dichos acercamientos. Veinte años antes, el 24 febrero de 1970, las fuerzas militares comenzaron a realizar unos operativos en la región de Planas, municipio de Puerto Gaitán. que tenían el supuesto fin de controlar si levantamiento en armas de algunos indígenas guahibos, dirigidos por Rafael Jaramillo Ulloa. Durante dichos operativos, que llevaban el nombre de Fuerza de Tarea Centauro I, Centauro II y Centauro III, se presentaron detenciones, torturas y asesinatos, contra indígenas de la zona que nada tenían que ver con el alzamiento en armas. (76)
La operación Centauro II fue extendida a más de 40 municipios de cinco departamentos. La zona se convirtió en el escenario de las acciones de guerra, por tierra y aire, ejecutadas por miembros del Ejército Nacional, y por miembros de los grupos paramilitares, a través de modalidades de represión como masacres, desapariciones, torturas, detenciones, allanamientos, asesinatos políticos y bombardeos indiscriminados, ametralla mientes, incendios de viviendas, etc. Al igual que en Planas, a comienzos de los años setenta, las víctimas de esta arremetida contra "los alzados en armas", eran personas que por el hecho de vivir en zonas de presencia de la insurgencia se convirtieron en blanco de los militares, entre ellos se encontraban dirigentes campesinos y políticos o simplemente labriegos, como ocurrió con las familias Casamachin y Vitanco. En efecto, dos días después del ataque a Casa Verde (el 11 de diciembre), y en medio de los grandes operativos militares de las Fuerzas Armadas y de los paramiiitares, fueron llevados de manera forzada, de su viviendas, ubicadas en la vereda La Ucrania, los campesinos Dayssi Casamachin. Esipion Casamachin, Catalina Vitanco, Pedro Vitanco, Camilo Casamachin, Luz Mery Casamachin, Ernesto Casamachin, Estorfio Casamachin, Vicente Casamachin, Franco Casamachin, Hernando Casamachin, Alvaro Casamachin, Rosalba Casamachin, Alfredo Casamachin y Argelia Casamachin; desde entonces no se volvió a tener noticia de su paradero y estado. Los desaparecidos eran de familias que militaban en la Unión Patriótica (77). Hechos como el anterior colocaron de presente que entre las verdaderas pretensiones de los operativos estaba el acabar con las llamadas "organizaciones de masas de la subversión", según las calificaban la cúpula militar.
Igual suerte sufrió Reinaldo Ledesma, joven campesino quien fuera detenido el 14 de diciembre de 1990, por militares al mando de Héctor Jaime Fandiño Rincón, comandante de la Base Militar de La Uribe. A partir de ese momento, no se volvió a saber de su suerte. La denuncia por su desaparición, fue presentada ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, quienes la archivaron 8 meses después. (78)
En ese mismo mes de diciembre, aunque en día no precisado, también sufrieron la arremetida militar los campesinos José Chacón y Rosa González. El primero, un joven de 16 años, fue desaparecido por unidades del Ejército, que se lo llevaron sin que se volviera a conocer nada más de él, en tanto que a la casa de la mujer, ubicada en la vereda Papamene, miembros del Ejército llegaron en medio de los operativos, y además de torturarla, la insultaron y amenazaron, porque no respondía a preguntas cuya respuesta no conocía. Su vivienda fue destruida al igual que los cultivos de alrededor. (79)
En los días siguientes las agresiones contra el campesinado continuaron: El señor Juan Tolima y sus dos niños, la señora María Odilia Salas, Celso Cruz y su familia, Dimas Caleño y su familia, estuvieron detenidos por el ejército durante 4 días sin motivo alguno. El 28 de diciembre de 1990, en la vereda Papamene, a los señores Miguel Antonio Pacheco, le ametrallaron su vivienda; igual sucedió con la casa del señor Paulino Casamachin a quien le dispararon granadas y lo obligaron a abandonar la región. También perdieron sus viviendas Rómulo Betancur, Bárbara Rivera, Rosa Rodríguez y Plinio Casamachin.
Posteriormente el 11 de febrero de 1991, cuando los campesinos se encontraban en la escuela de la vereda Papamene denunciando ante el Personero municipal y el Tesorero del municipio de La Uribe los atropellos de que venían siendo victimas por parte del Ejército Nacional, fue bombardeada la zona aledaña al recinto escolar, que se encontraba semidestruida por anteriores acciones de las tropas militares; en inmediaciones de la escuela los militares montaron un campamento y usaron todos los elementos existentes, tanto pedagógicos como de vivienda. La comisión gubernamental encabezada por el Personero municipal, se desplazó por varios lugares de la vereda Papamene y constató que la vivienda de la señora Ana Rosa Silva fue saqueada y sus animales fueron robados. Otras viviendas destruidas fueron las del señor Ismael Garzón y la del señor Gonzalo Esquivel, cuyos animales fueron robados por personal del Ejército que dispuso de ellos para la alimentación de la tropa.
Ante la gravedad de las pérdidas materiales, los campesinos conformaron el Comité de Damnificados de Uribe, y en esa calidad sostuvieron una reunión con autoridades civiles y militares de la zona, con la presencia de tres delegados de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, cuyas conclusiones se resumen en catorce puntos, el primero de los cuales expresa "que se comprometen los miembros del ejército nacional a respetar la vida y bienes de los campesinos moradores de Uribe, así como las escuelas"; el segundo punto hace referencia al respeto a la población no combatiente, ya que el ejército se comprometió "a no acantonar en las casas de los campesinos, ni en las escuelas de los moradores del Municipio de Uribe y en caso de operaciones militares en el área rural, evitar daños en los bienes de los mencionados campesinos, y en caso de ocurrir, a responder por dichos daños." (80)
Sin embargo, muy pronto, el 25 de mayo, los campesinos de la vereda Candilejas fueron víctimas de las agresiones de las tropas militares, en lo personal y en cuanto a destrucción y saqueo de sus propiedades y animales. El más afectado fue el señor Baudelino Esquivel DÍAZ, secretario de la Junta de Acción Comunal, cuya vivienda fue saqueada y luego él sometido a tratos crueles e inhumanos por la tropa, que lo acusaba de ser guerrillero, para después encerrarlo junto con otro campesino, Alvaro Campos Medina, fiscal de la Junta de la vereda, para amedrentarlos sicológicamente.
Siete meses después, en febrero de 1992, la Brigada Móvil Nº1 al mando del entonces Brigadier General Rafael Hernández López, realizó intensos operativos militares, ante lo cual se incrementó el número de víctimas como consecuencia directa de los operativos. Es así como el 14 de febrero de ese año, en la vereda El Tigre, son detenidos y torturados, por miembros de una patrulla militar de dicha Brigada, los campesinos Jorge Palomino y Rodrigo Giraldo. uno de los cuales estuvo desaparecido por varios días. De acuerdo con lo sucedido a las víctimas, la detención y tortura tenían por objeto conseguir información sobre las FARC, bajo la amenaza de que los asesinarían si no les indicaban sitios, personas, etc. Los mantuvieron amarrados, la cara cubierta con una toalla, a punto de ahogarse, y les colocaron una granada por encima de sus cuerpos, diciéndoles que si se movían, explotaría.
Una vez que los jóvenes no llegaron a sus casas, sus familiares fueron hasta la Junta de Acción Comunal, cuyos integrantes se desplazaron hasta donde se encontraba la patrulla militar para averiguar por ellos, pero en todo momento los militares negaron tenerlos. En vista de ello, se formó un éxodo campesino para el casco urbano en búsqueda de los dos campesinos retenidos.
El día 19 de febrero Jorge Palomino logró escapar de los militares, quedando Rodrigo Giraldo, quien siguió siendo presionado por el Ejército, al extremo que lo obligaron a patrullar adelante de elios por si la guerrilla atacaba fuera el primero que cayera. A pesar de querer regresar con sus familiares, los militares lo trasladaron a la base militar del municipio de Granada, a la fuerza. La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares archivó la investigación un año después, desestimando que los hechos hubieran sucedido. (81)
El 22 de febrero de 1992, Orlando Enrique Lozano Campos y Arnulfo Ramírez, militantes de la Unión Patriótica, fueron desaparecidos por paramilitares, luego de que salieran con rumbo a Bogotá con el fin de comprar un viaje de panela. Arnulfo había sido amenazado por estos grupos al margen de la ley, en diciembre de 1991, en la población de Vista Hermosa.
Posteriormente los días 26 y 28 de febrero el Ejército realizó intensos bombardeos y ametrallamientos en las veredas El Paraíso, El Tigre, Santander, San Carlos, Gaviotas, Recreo, Diviso, obligando a los campesinos a refugiarse en la escuela de la vereda Santander para estar todos juntos y evitar muertes, desapariciones y torturas, por lo menos mientras cesaban los operativos. En medio de estas acciones los militares lomaron fotos a la población, destruyeron ganado, enseres y viviendas a los moradores; retuvieron a varias personas acusándolas de ser auxiliadores de la guerrilla.
Otros militantes de la Unión Patriótica fueron víctimas de detención: En febrero 28 de 1992, Flora Pérez, campesina, militante de la Unión Patriótica, fue detenida, amenazada y sindicada de ser informante de la guerrilla. La de]aron en libertad no sin antes advertirle que no responderían por lo que le pasara. En mes y día no precisados del año, fue amenazado por miembros del Ejército, Germán Ramos, joven militante de la Unión Patriótica.
El 13 de marzo de 1992 Carlos Julio Vargas Clavijo de 60 años, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Candilejas, en la inspección departamental La Julia, fue sacado de su vivienda por varios hombres armados. A unos 40 metros de allí se encontraba acantonada una patrulla militar, desde hacía varios días.
Al día siguiente (marzo 14), paramilitares desaparecieron al presidente de la Junta, Waldo Tombe Sánchez; el campesino y dirigente comunal se encontraba sembrando caña de azúcar en la finca de su propiedad, según lo manifestaron su esposa y sus siete (7) hijos menores de edad. El líder comunal fue uno de los denunciantes de los atropellos cometidos por el Ejército en la vereda, en el mes de mayo de 1991,
El 1º de mayo fue desaparecido el campesino Arcadio Ríos, por una patrulla de la Brigada Móvil No. 1 que estuvo acampando en un lugar cercano a su vivienda, ubicada en la vereda Paraíso, en operativo dirigido por el general Rafael Hernández López
Miembros de la Juntas de Acción Comunal de la región lo buscaron durante varios días, encontrando solamente el perro que siempre lo acompañaba, En vista de no haberlo encontrado ni tener noticia cierta sobre su suerte, presentaron la denuncia por desaparición.
En mayo 7, William Blanco Moncada. campesino de 18 años, militante de la Unión Patriótica, fue desaparecido luego de que ser detenido y torturado por miembros de la Brigada Móvil Nº 1, bajo el mando del coronel Julio A. Lombana Trujillo. Los militares llegaron a la finca de propiedad de la familia de la victima, aproximadamente a las 7:00 de la noche; procedieron a amarrarlo de manos y pies, le pusieron un lazo en el cuello, lo arrastraron por debajo de un cercado de alambre y lo golpearon en presencia de su familia y se lo llevaron. Los victimarios antes de abandonar el lugar dijeron que al día siguiente podían ir a la base militar las familiares a reclamarlo. Cuando su familia se presentó a dicha base los militares informaron que el había sido llevado por la guerrilla. Días antes miembros del Ejército le habían enviado una carta con $10.000 aWilliam solicitándole que le sirviera de informante al Ejército, prometiéndole que si hacía esto, ganaría mas dinero. El día de su detención lo interrogaron por la carta y el dinero que en ella había.
Un hermano de la víctima reconoció que los autores de la detención eran miembros del Ejército, pertenecientes a la Brigada Móvil Nº1, por cuanto él con frecuencia jugaba fútbol con personal militar, y dentro del grupo identificó a dos de los soldados.
El operativo estaba comandado por el Coronel Lombana, quien en todo momento negó, tanto a los familiares como a los organismos de Derechos Humanos, que ellos lo tuviesen. Por denunciar los hechos y tratar de ubicar al desaparecido, varios familiares fueron amenazados. Obra también la denuncia presentada por habitantes del municipio de La Uribe Meta.
El 18 de mayo del mismo año también fueron desaparecidos los campesinos Aldemar Bermudez y Gustavo Chavarriaga, luego de que fueran detenidos por miembros de la Brigada Móvil. La vivienda de Aldemar había sido allanada y saqueada por tropas militares, el día 28 de febrero; en esa ocasión, además de amenazar a sus hijos, le sustrajeron documentos de identidad, dinero en efectivo, ropa y otros enseres. Los habitantes de esta localidad denunciaron, además, que existían planes para asesinar a los entonces Alcalde de La Uribe, Jesús Hermógenes Rodríguez, al Alcalde electo, Saúl Rengifo y al Concejal Héctor Torres.
Al día siguiente, 19 de mayo, fueron detenidos y torturados psicológicamente los campesinos Noe Lotero y Fernando Lotero, cuando llevaban víveres a una tienda. Fueron acusados de llevar remesa a la guerrilla.
Uno de los casos que evidencian claramente el accionar de las fuerzas militares contra los supuestos guerrilleros, sin importarle la población civil que esté de por medio, es el ocurrido el 14 de mayo de 1992, en la vereda Santander, finca El Salto. Allí fue asesinada la niña Martha Cecilia Ayure Quintero, de 11 años, junto con los presuntos insurgentes Marcos Bonilla Basallo y Moisés García; en esa ocasión la Brigada Móvil Nº1, mediante un operativo en el que participaron aproximadamente 400 soldados, atacó de manera indiscriminada la casa donde se encontraban las víctimas, destrozándola y acabando hasta con los animales.Ese día a las 5:00 de la tarde, llegaron a la vivienda dos presuntos guerrilleros que se quedaron un momento mientras les brindaban algo de comer; uno de ellos estaba ayudando a pilar arroz y el otro se acercó a una de las hijas para ver sus labores escolares. De pronto fueron rodeados por militares, de las compañías Armazón, Mulato y Robles de la Brigada Móvil No. 1 del Ejército, que sin medidas de precaución y sin dar voces de alto, abrieron fuego indiscriminado contra la casa, dando muerte a los dos insurgentes identificados como Marcos Bonilla Basallo y Moisés García, cuando intentaban huir, y a la menor Martha Cecilia Ayure Quintero, de 11 años de edad y resultando gravemente heridas Matilde Quintero y Sandra Milena Ayure Quintero, de 5 años de edad.
El tiroteo duró bastante rato: una vez terminó, el comandante de la tropa trasladó al Batallón 21 Vargas, en el municipio de Granada, a las menores que quedaron ilesas y a las lesionadas ai hospital miiitar en Bogotá, donde no se permitió el ingreso del esposo y padre, Eusebio Ayure Bolaños, así como tampoco se brindó información acerca del lugar donde había sido enterrado el cadáver de Marina Cecilia, por lo cual la familia declaró perdido su cadáver. Las personas heridas fueron dadas de alta del hospital el 23 de septiembre de 1992 y las niñas ilesas fueron entregadas por el Ejército al Instituto de Bienestar Familiar, sin razón para ello, puesto que tenían a sus padres reclamándolas.
Los militares que participaron en el procedimiento manifestaron que se trató de un "enfrentamiento con la guerrilla" y así lo hicieron público ante los medios de comunicación, argumentando que habían destruido un "campamento de las FARC" El General Rafael Hernández López informó que la niña había muerto a manos de la guerrilla durante el enfrentamiento; se supo igualmente que el padre de la niña fue hostilizado por las tropas por su intención de denunciar la realidad de los hechos.
Las versiones de soldados que participaron en el operativo, dirían que: un grupo de aproximadamente 20 guerrilleros fueron los primeros que abrieron fuego desde dentro de la casa hacia donde se encontraba el Ejército, luego salieron huyendo llevándose con ellos a las niñas Ayure Quintero y como consecuencia resultó muerta una menor y heridas la madre y otra menor de edad. Dicen también que la guerrilla emboscó al Ejército y que desde el interior de la vivienda disparo contra el ejército y asesinó a la menor e hirió a la madre y a la otra hija.
Sin embargo, en declaración dada a los funcionarios de la Procuraduría, una de las menores que salió ilesa narró de la siguiente manera lo que vivió: " ...mi mamá me mandó a pilar el arroz... yo ya había pilado harto rato y mi mamá le dijo a Martha Cecilia, mija ayúdele a la otra que está cansada, y ella fue a ayudarme y en esas los guerrilleros ya habían comido. y yo me entré a estudiar, ya uno de los guerrilleros le dijo a Martha Cecilia que si le ayudaba a pilar el arroz y ella le dijo que sí, y él se puso a pilar el arroz y el otro se sentó adentro y se puso a mirarme los cuadernos de la escuela, me preguntaba sobre las tareas, me decía que él si había estudiado harto, y el que se puso a pilar el arroz recargó el arma contra la pared y Martha Cecilia se sentó a mirar como pilaba el arroz, y en esas latió un perro que teníamos y pusimos cuidado pero no vimos a nadie, pero yo creo que el ejército si estaba ahí porque el perro latía, pero se demoraron en tirarle a los guerrilleros que estaban en la casa, le dispararon al que estaba pilando el arroz por la espalda y como la niña Martha Cecilia estaba al frente de él sentada los tiros la cogieron a ella. y yo vi que mi hermana murió cuando sonaron los tiros le salió sangre de la cabeza pero yo corrí para el solar grande que hay y me tiré al suelo, el guerrillero que estaba mirándome los cuadernos salió corriendo y el otro también, no me di cuenta si ellos estarían heridos o no. Yo me di cuenta que mi mamá salió corriendo, y cuando pasaba con la niña entre la cocina y la pieza tiraron un rafagazo y le dieron a la niña en la pierna y mi mamá salió y en una mata grande que hay se tendió ahí, y allá le botaron una bomba y le hirieron la mano porque eso estaban disparando contra la casa y contra nosotras. Yo cuando vi la finada que le salía sangre por la cabeza, lo primero que pensé fue la mataron, yo me entré y ya habían dos soldados en la casa....".
Tanto la Justicia Penal militar, como la Procuraduría archivaron los casos, absolviendo de esa manera a los militares y dejando el crimen en la total impunidad. (82)
Días después, el 22 de junio fue asesinado el campesino Suso Cano, por efectivos de la Brigada Móvil Nº 1 en la vereda Las Camellas, zona que se encontraba altamente militarizada y en los últimos días se habían presentado bombardeos continuos. El mismo día, en la vereda Explanación fue asesinado por efectivos de la Brigada Móvil Nº 1, Evelio Ramos campesino y militante de la Unión Patriótica, quien había recibido amenazas de muerte por parte de militares.
El 12 de julio de 1992 se llevó a cabo un foro de Derechos Humanos en el municipio, por la paz y el respeto a la población civil, en el cual participaron autoridades civiles y militares como el general Ramón Eduardo Niebles Uscátegui, comandante de la IV División del Ejército, Horacio Serpa Uribe, Consejero Presidencial para la Paz, los representantes a la cámara Manuel Cepeda y Gustavo Petro: Ornar Hernando Saquero Soler, Gobernador del Meta. Hernán Mota Mota, Senador y delegados de diferentes veredas del municipio quienes denunciaron los atropellos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de los militares.
Los campesinos hablaron de las restricciones y controles que imponían los militares para el paso de alimentos; si entraban víveres a la zona los acusaban de llevar alimentos para la guerrilla, si sacaban productos de la zona decían que eran propiedad de la guerrilla, por eso los campesinos preferían decir que las cargas de productos agrícolas que sacaban de la zona no venían del municipio de La Uribe, sino de otra zona; las detenciones arbitrarias de personas que acusaban de ser guerrilleros; igualmente la muerte de ganado y destrucción de viviendas como consecuencia de los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados.
Respecto a estas denuncias de los campesinos, el general Ramón Eduardo Niebles Uscátegui se refirió diciendo: "el verdadero representante de los Derechos Humanos, debido a sus actuaciones y cumplimiento a las normas que se han emitido al respecto, es el ejercito colombiano; indiscutiblemente en algunos momentos podrán presentarse abusos, podrán presentarse equivocaciones, porque somos nosotros los legítimos representantes de! pueblo colombiano, somos el corte de esa sociedad colombiana, que en su seno aglutina dentro del ejercito a ricos, a pobres a doctores a letrados tenemos las virtudes, pero en ocasiones también tenemos los defectos de la sociedad colombiana, debido a eso repito podrán en ocasiones presentarse equivocaciones, presentarse abusos; pero también somos una institución que siempre esta dispuesta a escuchar las denuncias que se hagan; y que a diferencia de los grupos subversivos como lo dije en una ocasión no responde a las acusaciones asesinando a quienes los denuncian sino que responde con las investigaciones que se llevan a cabo de eso es testigo el país entero".
El 13 de Julio fueron desaparecidos en la vereda El Recreo, de la inspección de policía La Julia, los campesinos y militantes de la Unión Patriótica Diogenes Silva, Froilan Cabrera Torres y Saul Torres, luego de que fueran detenidos por miembros de la Brigada Móvil Nº 1. Era un grupo grande de militares; que estuvo suficiente tiempo en la finca para alcanzar a comerse 8 cerdos y todas las gallinas y antes de irse llevándose consigo a las víctimas, destruyeron completamente la vivienda. (83)
Posteriormente, el 24 de julio del mismo año, fueron desaparecidos Dos Campesinos de 14 y 16 años, por militares que los obligaron a subir a un helicóptero artillado de las Fuerzas Armadas cuando se encontraban pescando en el Río Duda, en la vereda El Diviso y desde entonces su paradero fue desconocido; y el 15 de septiembre, en una zona que se encontraba completamente militarizada fue encontrado asesinado Un Campesino de 22 años cerca al Río Duda en la vereda La Julia; este no vivía en la vereda, había llegado dos días atrás de Mesetas.
El 30 de agosto, otro militante de la Unión Patriótica, Aladin García, de 28 años, fue asesinado en la vereda El Diviso, inspección departamental La Julia, por cuatro hombres encapuchados que después de cometido el crimen le quitaron el dinero que llevaba y una pistola. De este hecho se responsabilizó a parami litares, que actuaron cuando la zona estaba completamente controlado por la Brigada Móvil Nº1.
Otras víctimas de los militares en el municipio de La Uribe en años posteriores fueron:
El 21 de febrero de 1994 Crísanto Marín carnicero asesinado por miembros de la Brigada Móvil Nº 1, cuando se movilizaba de la vereda San Carlos a la vereda El Diviso. La víctima corrió a defenderse pero fue rematado.
El 11 de mayo de 1995 fue detenido y torturado Un Campesino que no fue identificado, por una patrulla del Ejército instalada en el sitio conocido como la Julia. Los militares realizaron operativos que afectaron a la población y que parecían dirigidos contra los civiles. Fueron asesinados, desaparecidos y torturadas las personas y se perdieron muchos animales, que son la base del trabajo campesino, para vender y alimentarse.
6. Otros casos cometidos en la Región del Ariari
Fuente de Oro
El 7 de marzo de 1987, miembros del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores -MAS-, asesinaron con ráfagas de metralletas a los hermanos Dumar y José Peralta, militantes de la Unión Patriótica, en momentos en que se encontraban conversando en el centro de la ciudad; los asesinos huyeron en motocicletas en dirección al municipio de Granada. Dumar era concejal del municipio.
Los hechos ocurrieron a sólo cincuenta metros de la Estación de Policía. Uno de los sicarios, gracias a la reacción de la ciudadanía, fue abandonado por el resto del grupo, pero logró huir obligando a un motociclista ocasional, a sacarlo del lugar. La Policía fue informada inmediatamente sucedían los hechos, pero se negó a reaccionar en la persecución y captura de los victimarios.
El 5 de abril de 1992, David Arturo Rangel, inspector de policía, fue asesinado por para militares, hacia las 5 P.M. en el sitio Caño Blanco.
Posteriormente, en el mes de abril de 1993, Manuel Rojas Mejia, carnicero de la inspección departamental Puerto Limón, fue asesinado por dos hombres armados que llegaron en una moto y le dispararon a quemarropa. El hecho fue cometido en el corregimiento Puerto Santander. La fuente agrega que "una versión dice que fueron paramilitares" los responsables.
Puerto Lleras
El 9 de octubre de 1986, Hernán Galindo Zarate, activista de la Unión Patriótica, fue asesinado en zona urbana, por dos paramílrtares que se movilizaban en una motocicleta.
El 2 de marzo de 1990, tres campesinos y militantes de la Unión Patriótica, fueron detenidos y torturados por una patrulla de la Policía en el sitio Charco Rayado, con el pretexto de un presunto porte ilegal de armas, A los labriegos agredidos, Enrique Mayusa, dirigente del movimiento político, Luis Melquisedec Vega y Mario Benitez, los amarraron y los mantuvieron tapados con un plástico. Tres días después fueron dejados en libertad.
El 16 de febrero de 1992, cuatro campesinos fueron asesinados, según la fuente, por problemas de tierras. Las víctimas fueron Sergio Bernal, Raquel López, y Dos Labriegos No Identificados.
El día 15 de abril de 1992, John Freddy Escobar, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado por paramilitares. Otra fuente indica que el crimen fue cometido luego de que en esta zona, altamente militarizada, se diera un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército.
El 3 de abril de 1994, Gerardo Velazco Jerez, campesino que se movilizaba en una motocicleta, en zona no precisada de la localidad, en compañía de otra persona, cuando fue atacado a tiros por militares de la VII Brigada del Ejército, muriendo en el acto. El acompañante resultó herido de un disparo de fusil en una pierna.
Un mes después, el 3 de mayo de 1994, los campesinos Manuel Sánchez y Alfredo NN., fueron torturados por tropas de la Brigada Móvil Nº 1, las cuales allanaron las viviendas de la vereda Villa La Paz, Los militares citaron a 8 campesinos para interrogarlos. Ese mismo día Luis Arcesio Leyton González, fue desaparecido, luego de ser detenido por tropas de la Brigada Móvil Nº1 y del Batallón No. 21 Vargas, en el sitio Caño Rayado, zona rural de la población.
Puerto Rico
El 18 de abril de 1985, en la inspección departamental Puerto Concordia, fue desaparecido el campesino Hernando Arenas, luego de ser detenido por militares del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 21 Vargas, al mando del capitán Orlando Orjuela. La zona de Puerto Concordia fue completamente militarizada por las tropas del Batallón Vargas, las cuales realizaban allanamientos continuos de día y de noche, también extorsionaban a los campesinos moral y económicamente, interrogándolos e impidiéndoles navegar después de las 5:00 de la tarde.
El 27 de febrero de 1989, fue detenido y torturado por el Comandante de la Base Militar de Puerto Rico, el militante de la Unión Patriótica, Gerardo Encizo, Familiares de la víctima interpusieron queja ante la Personería Municipal de la localidad.
El 6 de mayo de 1989, en el sitio Puerto Toledo. Dos Campesinos No Identificados, fueron asesinados por un individuo de nombre Salomón Mayusa, según denuncia ante la Junta de Acción Comunal, presentada por la Unión de Mujeres Demócratas y el Partido Comunista.
El 11 de mayo de 1990, el campesino José Olmedo Valencia Vallejo fue torturado por un Cabo de apellido Zurriaga, cuando se encontraba detenido en la Subestación de Policía de la población; allí fue golpeado, insultado y amenazado. (84)
Entre octubre y noviembre de 1991, fueron asesinados tres militantes de la Unión Patriótica:
El día 13 de octubre , Mesías Duero, de profesión carnicero y afiliado a la Central Nacional Provivienda, CENAPROV, fue asesinado en una zona rural de la población ubicada sobre el río Ariari, por paramilitares.
El 20 de noviembre, Enrique Perdomo, dirigente comunal y líder campesino fue asesinado a bala por un grupo de paramililares que llegó hasta su casa, ubicada en zona rural conocida como Puerto Toledo. El cadáver fue hallado en un lugar cerca a la casa.
Al día siguiente, paramilitares asesinaron en el sitio Puerto Toledo a Enrique Parrado.
El 4 de enero de 1992, un campesino conocido como Leónidas, fue desaparecido luego de que fuera detenido por militares en el casco urbano de esta localidad. Ese mismo día los grupos paramilitares asesinaron al educador Rigoberto Antonio Guevara Hernández, en la vereda La Libertad.
El 20 de julio de 1993, Un Pescador No Identificado conocido como "Juan Cinco", fue detenido por tropas de la Infantería de Marina en la vereda La Lindosa y obligado a desnudarse; luego lo hicieron patrullar adelante. Si aparecía la guerrilla sería el primero que cayera, mientras lo amenazaban para que les confesara sobre «unas voladoras que la guerrilla le había quitado al Ejército».
El mismo día, otro campesino de apellido Daza, fue torturado por miembros del ejército que lo desnudaron y lo obligaron a ir al frente patrullando con ellos, por si se presentaba un combate con la guerrilla, fuera el primero que cayera.
El 6 de agosto de 1993 fueron torturados los campesinos, Luis Francisco Rodríguez, Marina Arce y Alirio Rodríguez, de 18 años, por unidades de la Brigada Móvil , quienes llegaron a la propiedad de las víctimas y allanaron la vivienda ubicada en la Vereda Chispas. El operativo estaba al mando del Teniente Ortiz y de un Capitán; los militares encontraron cuatro libros y un pedazo de escopeta calibre 20. Luis Francisco fue interrogado acerca de la guerrilla: "como él no sabía nada, entonces lo colgaron, le hicieron ingerir agua en cantidades para ahogarlo; luego le tapaban con una toalla y lo golpeaban con el plan de una peinilla"; intentaron colgarlo atado con un lazo al cuello, mientras le preguntaban por los nombres y el paradero de los presuntos guerrilleros. Alirio fue atado y hundido en un charco hasta hacerlo tomar agua sucia, al tiempo que le preguntaban por el sitio donde estaba una presunta remesa para la guerrilla. Las torturas se prolongaron por dos horas. Marina, quien estaba embarazada, fue amenazada con hacerla abortar, bajo la acusación de preparar comida para los presuntos guerrilleros que visitaban la casa. Después de varias horas fueron liberados, no sin antes obligarlos a firmar una declaración, según la cual, habían sido bien tratados por los militares. Dos hijos menores de una de las víctimas, también fueron interrogados. (85)
Lejanías
En la población de Lejanías, el 30 de diciembre de 1988, fue desaparecido Isaac Giraldo, concejal de este municipio por la Unión Patriótica y su cadáver encontrado en zona rural de la misma localidad, el 4 de enero de 1989,
Luego, el 28 de abril de 1989, fue asesinado por la Policía, en zona rural, el dirigente de la Unión Patriótica, Rafael Antonio Agudelo Moreno. El crimen fue cometido en desarrollo de un operativo realizado en la finca El Caracoli, inspección departamental Cacayal, al mando del cual estaba el Coronel Orlando Gómez Guzmán, jefe de operativos militares del departamento del Meta y Llanos Orientales. Otros 14 campesinos, entre los que figuraba una concejal de la Unión Patriótica, fueron detenidos.
El 11 de mayo de 1991, Encizo Bonilla fue asesinado por varios individuos en el sitio llamado La Trocha 32 de la inspección departamental Cacayal; minutos después su cadáver fue rodeado por un grupo de personas que viajaban en un vehículo y se acercaron a observar. Estaban en eso cuando aparecieron dos hombres vestidos de policías y los ametrallaron. 4 personas resultaron heridas.
El primero de junio de 1991, los campesinos Feliciano Martínez Valero, de 27 años, y Alberto Mora Ramírez, de 50 años, fueron asesinados al ser interceptados por paramililares que los balearon con ráfagas de fusil R-15 cuando se movilizaban en un vehículo por la vereda El Naranjal.
El domingo 27 de octubre de 1991, hacia las 5:30 p.m., cuando se movilizaban en una ambulancia con los resultados de la votación municipal para cargos públicos, que acababa de terminar, fueron asesinados por paramililares que actúan en la región, Cecilia Arguello Gómez, delegada de la Registraduría, Martha Eugenia Gaitan, jurado de votación, Luis Emilio Gallego, conductor del vehículo, Edgar Rivera, agente policial, y Jesús María Portilla, también agente de policía. Los tres civiles muertos eran militantes de la Unión Patriótica.
En el momento del ataque, las víctimas iban por la vereda El Topacio; en el hecho resultaron heridos un cabo primero de la policía y tres agentes. Los medios de comunicación difundieron la versión de que los responsables eran de un grupo guerrillero.
El 23 de agosto de 1992, Ángel Roselino, campesino, fue asesinado por paramilitares, en zona rural de la población.
San Juan de Arama
El 28 de diciembre de 1988 fueron encontrados los cadáveres de los campesinos Enoc y Jaime García Valencia, en la vereda Peñas Blancas. Los cuerpos, que estaban entre la maleza, presentaban impactos de balas de armas semiautomáticas
El 18 de enero de 1969, el inspector de policía de la Inspección Mesa Fernández, José Jacobo Rodríguez, fue asesinado por 3 hombres armados que llegaron hasta el caserío de la inspección.
El 8 de julio de 1989, se dirigía hacia Granada un campero que habitualmente cubría esa ruta; a la altura del sitio conocido como La Bodega, zona rural de esta población, el vehículo fue interceptado por dos hombres que dispararon desde una motocicleta, asesinando a Edgar Chavez Espinoza, de 26 años, Luis Ángel Tamayo, de 26 años, Manuel Franco, de 40 años, Jorge Franco y NN Chavez Espinoza, sexo masculino. Se responsabiliza a paramilitares, aunque momentos antes de la masacre, el campero había sido requisado en un retén. Así mismo, la vivienda de Manuel Franco, en el municipio de Mesetas, había sido allanada por tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado Nº 21 Vargas.
El 2 de agosto de 1989, Luis Alberto Gaitan, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Gaitán, y miembro de la Unión Patriótica, fue encontrado asesinado en zona rural de este municipio.
El 6 de noviembre de 1989. fue asesinado Jacobo Beltran, miembro del Partido Comunista.
Dos días después, el 8 de noviembre, fue asesinado por paramilitares, José Reutilio Moreno, dirigente del Partido Comunista y la Unión Patriótica.
El 21 de enero de 1990, Víctor Miguel Daza, presidente del Concejo Municipal de San Juan de Arama, fue encontrado asesinado. Había sido llevado a la fuerza por desconocidos en momentos en que se desplazaba hacia su hacienda La Lagunilla, vereda Los Micos.
El 30 de abril de 1991, los campesinos Augusto Rengifo Marín, Nelson Valdez Marín y Néstor Ruiz Beltran, fueron llevados a la fuerza por un grupo de hombres, al parecer paramilitares. Tres días después, el 2 de abril, fueron encontrados asesinados en zona rural de esta población. Los cuerpos presentaban múltiples disparos en la cabeza y el tórax.
El 18 de noviembre de 1991, Víctor Hugo Espinosa y Gustavo Espinosa, Campesinos, fueron torturados por tropas militares, en desarrollo de un allanamiento realizado en la vereda Río Nuevo
El 24 de febrero de 1992, fue torturado por tropas del Ejército, el campesino Arquimedes García. Los militares irrumpieron en su vivienda, ubicada en la vereda Termales, y se lo llevaron retenido ilegalmente, estuvo cuatro días en poder de los militares.
El 16 de marzo del mismo año, Cristóbal Méndez Barrios, Diogenes Méndez Barrios y Uriel Obando, fueron víctimas de paramilitares que llegaron hacia las 10:00 de la noche al sitio conocido como "Trocha 32", a la casa de Diógenes ubicada en zona rural del municipio y lo obligaron a acompañarlos; Luego pasaron por la vivienda de Cristóbal y presionaron al hermano para que lo llamara; cuando salió, uno de los hombres le ordenó que se vistiera y que se fuera con ellos. Desde ese momento se desconoce el paradero y estado de los dos hermanos. Uriel Obando fue llevado igualmente a la fuerza por los paramilitares y asesinado. Su cadáver fue encontrado por la familia. Diógenes vivía con su esposa y 5 hijos, en tanto que Cristóbal tenía esposa y cuatro hijos, cuyas edades oscilaban entre los 2 y los 15 años. Otro hermano de los Méndez Barrios, Pedro, quien se desempeñaba como inspector de policía en la Playa, jurisdicción de Granada, fue asesinado el 11 de diciembre de 1991, en momentos en que recibía una denuncia. Dos hombre vestidos de civil que portaban armas de corto y largo alcance, abrieron fuego contra él. (86)
El 30 de agosto de 1992, Luego de una loma guerrillera al municipio, fue retenido un camión por miembros del Batallón de Infantería Aerotransportado Nº 21 Vargas. En el vehículo viajaban 20 jóvenes; CINCO de ellos fueron asesinados dentro del camión y sus cuerpos llevados por los militares junto con quince jóvenes más que fueron detenidos.
El 25 de febrero de 1993, Miguel Arturo Montano Pachón, de 25 años, fotógrafo de la población, fue desaparecido por paramilitares fuertemente armados, quienes lo sacaron de su domicilio, hacia las afueras del municipio.
Dos días después, el 27 de febrero, Marcos Ortiz González, campesino simpatizante de la Unión Patriótica, fue asesinado por militares pertenecientes al Batallón 21 Vargas de la VII Brigada. A la investigación fueron vinculados el Teniente Ramón Saldaña Quiñonez, el Capitán José Fabio Píamente Rodríguez y los soldados Henry Oliverio Mojica Arismendi y Luis Antonio Pardo, adscritos al Batallón 21 Vargas. (87)
Al día siguiente, el 28 de febrero Epimenio Rodríguez Guzman. presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Gaitán, Marcos Moreno y un NN, labriegos y militantes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, serían encontrados asesinados en la vereda Miraflores; los dos primeros habían sido detenidos por tropas del Batallón 21 Vargas, en un operativo realizado en horas de la noche. En el mismo hecho, otros dos labriegos fueron heridos, y otra campesina, despojada de $ 400.000. Otra versión agrega que unos 50 soldados del Batallón 21 Vargas irrumpieron en un edificio público, y en circunstancias confusas dispararon contra quienes se encontraban en el interior.
El 11 de agosto de 1994, Edwin Pinto Pérez, estudiante de 15 años. fue asesinado por tropas del Ejército en la vereda Monserrate. El joven campesino fue sorprendido cuando salió de su casa y estaba cerrando el broche de entrada a un potrero. Desde entonces no regresó; al día siguiente fue presentado su cadáver por las tropas, como «guerrillero dado de baja en combate».
La Macarena
El 19 de noviembre de 1986, en las veredas Puerto Esperanza y San José, respectivamente, fueron asesinados por paramilitares del "MAS", los activistas de la Unión Patriótica, Ulises Rubio y Juan José Rojas.
El 10 de abril de 1988, sicarios asesinaron a Ramiro Vargas Melibes, militante de la Unión Patriótica, quien fue uno de los organizadores de la reciente marcha campesina que llegó hasta Cano Iraca, entre las poblaciones de San Martín y Granada.
En la misma fecha, paramilitares dieron muerte al concejal por !a Unión Patriótica, Ezequiel Astoiza, quien había sido amenazado de muerte por el comandante del puesto militar de esta localidad, Carlos Castro.
En el transcurso de 1989, fueron retenidos y desaparecidos, en diferentes hechos, los campesinos James Huergo, José Bocanegra y Misael Piachia, por miembros del grupo paramilitar que funciona como estructura en la hacienda El Recreo, en San Vicente del Caguán.
El 12 de diciembre de 1990, los campesinos Roberto Reyes y su hijo, del Mismo Nombre, fueron desaparecidos, por paramilitares al mando de los alias "Licotin" y "El Enfermero". Iniciaimente los paramilitares se llevaron a Roberto hijo y a otro labriego y los sometieron a interrogatorios acerca de la guerrilla; por intermediación del "enfermero", fue dejado libre el otro campesino. Una vez pudo llegar a su casa, procedió a dar aviso a la familia de Roberto, acerca de lo que había pasado; el padre de Roberto fue en búsqueda de su hijo, pero a partir de ese momento tampoco regresó, declarándose por parte del resto de la familia y los vecinos también desaparecido.
Estos hechos se enmarcan en la dinámica de patrullaje conjunto de militares y paramilitares, auspiciada por el Teniente Coronel Manuel María Nieto Díaz, puesto que por orden suya, las tropas del Batallón Cazadores del Ejército tenían la misión de patrullar conjuntamente con el grupo de paramilitares que operaba en la hacienda el Recreo, del municipio de San Vicente del Caguán, grupo también apoyado por el Inspector de Policía Luis Alberto Cedeño Cometa.
Durante la permanencia de las tropas en la región, varios campesinos fueron interrogados y sus viviendas allanadas, tal como lo sucedido a Nairo José Camargo Penagos, concejal del municipio, y el 3 de marzo de 1991 de José Domingo Leguizamón.
Desde el día 2 de marzo se había incrementado el número de militares con la llegada a la vereda de un grupo considerable de militares que permanecieron hasta el día 6 del mismo mesDurante su estancia se dedicaron interrogar a los campesinos. El 3 de marzo de 1991, el campesino Domingo Leguizamón Cortes, de 50 años. fue detenido y desaparecido en el sitio conocido como Puente Casman, vereda Morrocoy, por miembros del Batallón Cazadores, al mando del Capitán Ernesto Garbiras Gandica y el Teniente Manuel María Nieto Diáz. De acuerdo a testigos presenciales, a eso de las 10 a.m. fue detenido por personal del Ejército cuando salía de su casa.
Más tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde del mismo día, fue visto con el personal que lo retuvo. A partir de ese momento se encuentra desaparecido. Junto con la victima, fue detenido cuando pasaba en una moto por el lado del puente, un pastor de la Asamblea Pueblo de Dios, quien fue dejado en libertad; esta persona vio entre el grupo de soldados, a varios de los paramilitares que tienen su base de operaciones en El Recreo. Dirigentes de la Junta de Acción Comunal se reunieron con el capitán Ernesto Garbiras Gandica, quien reconoció haberlo capturado, pero expresó que lo había dejado en libertad posteriormente. Ese mismo día llegó remesa para los militares y se presume que en ese mismo vehículo se llevaron con rumbo desconocido al señor Leguizamón. Los militares niegan toda información sobre su paradero. (88)
El primero de marzo de 1995, Isabel Duran y su hijo resultaron muertos por una granada que fue lanzada al interior de la vivienda, en la madrugada cuando dormían. Los hechos ocurrieron a las 3 de la madrugada; a esa hora Isabel escuchó ruidos, se levantó y fue hasta la cama del menor, en ese momento explotó la granada, causando las dos muertes y heridas al padre del menor. Existe el antecedente de un atentado anterior contra el señor Reinaldo Ortiz, mediante el incendio criminal de su vivienda; al parecer por la misma razón: ser señalado como auxiliador de la guerrilla. Los rumores habían vuelto a surgir, por lo cual, el día anterior a estos hechos, había estado en la Base Militar y en el puesto de Policía, aclarando su situación, tratando de conocer de dónde provenían los señalamientos y desmintiendo tales afirmaciones. Al parecer no logró su objetivo pero sí recibió nuevas amenazas. Los pobladores defienden la versión de la víctima porque lo conocen de toda la vida y responsabilizan del hecho al Comandante de la base militar, quien fue trasladado a Miraflores, Guaviare.
7. San Martín
El1 de enero de 1986, fue asesinada la campesina Alba Marina Perdomo. de 45 años, por un grupo de hombres que irrumpió disparando en su vivienda, en zona rural de la población.
El 18 de noviembre de 1986. fue torturado y asesinado Hernán Lara, poeta, compositor de música llanera y militante de la Unión patriótica, por paramilitares que lo abordaron cuando regresaba de Villavicencio donde había ido a visitar al diputado por la Unión Patriótica Eusebio Prada, herido en atentado cometido el día 11 de noviembre, quien se encontraba todavía en el hospital. En su confesión, el paramilitar Camilo Zamora Guzmán relató que el crimen fue cometido por integrantes de la estructura paramilitar de Víctor Carranza, en concreto "por Hernando Lozano y la gente de El Dorado"; respecto de las torturas, reconoció que "lo habían mutilado, le habían quitado los testículos, le sacaron los ojos, le habían echado ácido en la cara. fue encontrado por los lados de Cubarral. (89)
El 15 de mayo de 1987, Marco Tulio Chiquillo Herrera, militante de la Unión Patriótica y tesorero de la Junta de Ornato, fue asesinado de varios disparos por miembros del grupo paramilitar Muerte A Secuestradores (MAS).
El 22 de agosto de 1987, el concejal de la Unión Patriótica y candidato a la Alcaldía de San Martín, Fidel Antonio Ardila, fue asesinado por 2 paramilitares, cuando transitaba por una calle de la población; después de balearlo, los asesinos huyeron en una motocicleta.
En el mes de noviembre de 1987, fue asesinado por la policía Nelson Apanda, militarte de la Unión Patriótica.
La Procuraduría Provincial de Villavicencio dio inicio a la investigación preliminar radicada con el Nº 013 por presunta negligencia por parte de las autoridades militares y de policía en la masacre de Piñatito. Dentro de esta investigación se recogió información sobre la desaparición del concejal, en comisión que realizara la Personería municipal de Vista Hermosa. La Procuraduría Delegada para ios Derechos Humanos acumuló la investigación por este hecho a la realizada por otros ocurridos en el municipio de Vista Hermosa, en los cuales se acusaba a Integrantes de la Base Militar de ese municipio. No obstante, el proceso fue archivado por falta de mérito el 18 de noviembre de 1998. (90)
El 20 de junio de 1968, Hedilberto Gómez Morales, de 35 años, y supervisor del hospital de Vista Hermosa, fue asesinado en el interior de un restaurante por sujetos que veslian prendas deportivas.
El 6 de febrero de 1989, Gustavo Ospina y Amanda Hincapié, campesinos trabajadores de la finca La Frontera, fueron desaparecidos desde el momento en que fueron raptados por un grupo de unos 35 hombres que los interceptaron en el sitio Rincón del Indio.
El 28 de junio de 1989, paramilitares asesinaron en el caso urbano de la población, a Evelino José Solano, militante de la Unión Patriótica.
El 17 de julio de 1989, el educador oficial Silvano Díaz Acero, fue desaparecido por paramilitares. El hecho fue denunciado ante la Procuraduría. En el mes de noviembre de 1988, habia recibido amenazas de muerte, cuando se encontraba en el municipio de El Castillo
El 8 de septiembre de 1992, el ingeniero agrónomo Pedro Gutiérrez, simpatizante de la Unión Patriótica, fue desaparecido por sicarios cuando se movilizaba entre los municipios de San Martín y Granada.
Un mes después, el 4 de octubre, fue encontrado el cadáver del médico Edgar Robayo Quintero, médico del hospital local, en la vía a Cubarral, baleado y con señales de tortura. El día anterior había sido sacado de su lugar de trabajo por varios desconocidos, al parecer de una banda paramilitar, mediante engaños y mentiras.
El 19 de diciembre de 1992, Pedro Galvez, dirigente campesino y comunitario fue desaparecido ocurrido en la vereda Unión, en un hecho no precisado. Dos días antes había estado recogiendo firmas para una carta en la que era denunciado el asesinato de tres trabajadores comunitarios, presentados como "guerrilleros muertos en combate".
El 5 de mayo de 1993, Ruth Elvecia Coronado Gómez, enfermera de 36 años de edad, fue desaparecida y asesinada, después de ser sacada de su vivienda en el municipio de Puerto Lleras, por hombres que según testigos, pertenecen al grupo paramilitar "los Carranceros". quienes la acusaron de ser colaboradora de la guerrilla. Los individuos la obligaron a subir a un vehículo en el que se movilizaban; tres días después de intensas búsquedas, fue encontrado su cadáver, con visibles muestras de tortura (palos dentro de la vagina y el recto y cortes con arma blanca en los senos) Su asesinato pudo tener relación con una presunta atención en salud a guerrilleros de las FARC. (91)
El 24 de junio de 1993, Alvaro Chaparro, comerciante, fue desaparecido por varios hombres armados que to sindicaron de ser auxiliador de la guerrilla. El hecho ocurrió en la vía a Puerto Lleras,
8. Villavicencio
A partir de la creación formal de la Unión Patriótica, en el mes de febrero de 1985, ésta se articuló a las luchas y reivindicaciones de sectores populares y tradicionalmente excluidos, por ejemplo el movimiento viviendista, o las exigencias de calidad y cobertura de servicios públicos, las cuales habían sido banderas históricas de la izquierda, representada en el Partido Comunista ó de organizaciones con finalidad especifica como Provivienda, para el caso de las luchas por la vivienda.
Viliavicencio
Pero también, muy pocos días habían transcurrido desde el inicio del movimiento político, cuando comenzó en esta ciudad el proceso de exterminio de los militantes de la novel fuerza política. En una noche de domingo, del mes de febrero de 1985, fue asesinado en la vereda Playa Rica, Giovanni Parra Pinzón, de 17 años, dirigente juvenil de la recién creada Unión Patriótica.
El crimen fue cometido por dos hombres que vestían uniformes policiales, quienes le hicieron acompañarles con el argumento de buscar a otro miembro de la U.P. de la vereda. El crimen fue cometido hacia las 9 p.m.; los victimarios le propinaron disparos de carabina. El cuerpo fue hallado en horas de la madrugada. Giovanni y sus familiares, todos residentes en la vereda y militantes de la Unión Patriótica, ya habían sido amenazados de muerte; incluso un tío político había sido herido en un atentado cometido "por desconocidos que le advirtieron que dejara de joder con la Unión Patriótica."
En el contexto de revindicaciones sociales y en el del exterminio de la oposición política en lo regional y en lo nacional, el 25 de julio de 1986 cinco militantes y activistas de la Unión Patriótica, entre ellos Rubén Lasso Mazuera (92) y Carlos Kovaks Baptiste (93), fueron detenidos por la Policía, cuando participaban en un mitin en contra de la escalada alcista. Fueron golpeados con las culatas de las ametralladoras y horas después liberados. Este primer hecho, relacionado más con reivindicaciones sociales no permitiría aun visualizar la tendencia de exterminio que sería implementada en el departamento, y en particular en esta capital, escenario de los principales magnicidios contra el nuevo movimiento político.
El hecho que obligaría a plantear la existencia de una estrategia de exterminio, fue cometido un mes después, el 1 de septiembre, al ser asesinado el abogado y senador de la República por la Unión Patriótica, Pedro Nel Jiménez Obando (94), en momentos en que se disponía a recoger a su hija, menor de edad, en la Normal Nacional, ubicada en la vía que conduce a la localidad de Puerto López.
El crimen fue cometido hacia las 12 m por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Yamaha Callmathic 175 de color negra, Pedro Nel Jiménez Según varias declaraciones ante autoridades judiciales, la orden del asesinato fue dada por el jefe de la red de inteligencia de la VII Brigada, Teniente Miller Tarcisio Koy Nuñez y en el hecho participaron los suboficiales del B-2. Sargento Servio Tulio Luna Medina y Ovidio Tabuco Betancur; los informantes Alvaro Serrano Humoa, José María Serrano Humoa y Juan Bautista Correa, La moto era conducida por un miembro del Ejército y quien disparó fue Arnulfo Castillo Agudelo alias "Rasguño", miembro de la estructura paramilitar de Víctor Carranza. Versiones de testigos presenciales, afirman que los victimarios materiales entraron en la sede de la VII Brigada del Ejército; así mismo, las descripciones dadas por estos, tanto de la moto como una de las armas usadas para cometer el crimen, coinciden con el arma y la motocicleta "que usaba el que dirigía el B-2 en ese entonces". (95)
Pedro Nel Jiménez era integrante del Comité Regional del Partido Comunista Colombiano y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos del Meta; también fue defensor de presos políticos y actuó como tal en varios Consejos Verbales de Guerra, a comienzos de la década de los 80. En su juventud fue líder estudiantil y participó junto con Leonardo Posada
(asesinado dos días antes en Barrancabermeja), en la creación de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios -UNEU-; luego fue Personero de Villavicencio, Concejal de la misma ciudad por el Partido Comunista y Diputado a la Asamblea Departamental. Se había posesionado como Senador el día 20 de julio de 1986. en representación del recientemente creado movimiento político Unión Patriótica. Así mismo, junto con otros líderes comunistas y de la Unión Patriótica "organizaron, crearon, formaron y sacaron adelante el Plan Comunero en el barrio Las Américas, que le dio solución de vivienda como a 900 familias" de Villavicencio, Por su actividad política y como defensor de los intereses dei movimiento popular, había sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones.
Al parecer, los victimarios materiales fueron movilizados desde la región del Magdalena Medio para dar muerte a los dirigentes de izquierda de los llanos orientales. En desarrollo de la investigación, realizada por el Juez 12 de Instrucción Criminal de Villavicencio, fueron detenidos preventivamente los hermanos Alvaro y José María Serrano, como sospechosos de haber participado en el crimen; además fueron emplazados tres miembros del Ejército adscritos a la VII Brigada, por "haber sido imposible su localizador luego del primer interrogatorio": el Teniente Miller Koy, el Sargento Luna y el soldado Tabaco. Otro de los implicados, Jorge Fajardo Rueda, alias "El Campesino", murió antes de ser sometido a indagatoria. (96)
Dos días después, el 3 de septiembre, en momentos en que participaban en los funerales del senador Jiménez, fueron secuestrados en el cementerio Jahir López y Crispulo Hilario Muñoz, militantes de la Unión Patriótica en San José del Guaviare (Guaviare). Fueron sacados del camposanto por 6 hombres que se movilizaban en un camperoToyota con placas OA 5406, y sus cadáveres encontrados el día 5, en la vía que conduce a Acacias; presentaban señales de tortura. (97)
Como rechazo a la oleada de crímenes de dirigentes populares en el departamento del Meta, el 25 de septiembre, unos 8.000 campesinos de varios municipios realizan una marcha que finalizó en Villavicencio.
La represión era ejercida no sólo por los cuerpos paramilitares. El 24 de octubre, cinco miembros de la Unión Patriótica, entre ellos Luciano Marín Arango (Iván Márquez), Representante a la Cámara por el movimiento político, fueron detenidos por militares de la VII Brigada del Ejército, durante varias horas, cuando se dirigían al cuartel del Estado Mayor de las FARC, en jurisdicción de La Uribe, a pesar de contar con la aprobación del Ministerio de Gobierno.
Dos semanas después, el 10 de noviembre, fue asesinado otro integrante de la Unión Patriótica, Omar Castaño.
Al día siguiente, el 11 de noviembre, Eusebio Prada Díaz, Diputado por la Unión Patriótica y vicepresidente de la Asamblea Departamental del Meta y Pedro Nelson Navarro, fueron gravemente heridos en atentado cometido por dos hombres que esperaban al dirigente de la Unión Patriótica, al salir de su casa. Los victimarios, que se movilizaban en una motocicleta, dispararon ráfagas de ametralladora. Familiares y vecinos, con la ayuda de una patrulla policial, siguieron a los dos hombres y la policía les dio muerte; cada uno portaba dos cédulas y tenían corte de pelo estilo militar.
"Ante el anuncio de la radio de que serían enterrados en fosas comunes, la abuela de uno de ellos, Vladimir Salazar Rojas o Jaime Salazar, llamó a una emisora de la ciudad para pedir que el Gobierno pagara el funeral de su nieto ya que éste trabajaba con la Fuerzas Armadas". Además de lo anterior, la escolla del DAS que debía recoger A Prada Díaz, en la mañana temprano, no se presentó.
El 10 de marzo de 1987 fue asesinado Gabriel Alfredo Briceño, concejal de esta ciudad por la Unión Patriótica, en momentos en que salía para dirigirse al centro, a iniciar sus labores. El crimen fue cometido por un sicario que huyó tranquilamente en un vehículo campero blanco. El victimario, quien fue identificado como miembro del grupo paramilitar MAS, le esperaba apostado en la puerta de su residencia ubicada en el barrio 20 de Julio de la capital departamental. Briceño se desempeñaba además como presidente de la Central Nacional Provivienda (CENAPROV) Seccional Meta, secretario General del Comité Ejecutivo del Partido Comunista regional Meta y era líder cívico y popular.
Cuatro años antes, el 6 de agosto de 1983, época en la que era Concejal por el Partido Comunista y directivo de CENAPROV, fue detenido por segunda vez, bajo orden del comandante del F-2 de la Policía, acusado de promover una supuesta asonada, luego de que los directivos de CENAPROV, del barrio Las Américas, fueron víctimas de detención ilegal y atropellos por parte de agentes de la policía y del F-2 de la misma institución. Anteriormente los directivos habían presentado denuncias por agresión y daños a sus casas de habitación, cometidos por elementos que constituyeron una Junta de Acción Comunal a espaldas de la comunidad. Luego del hecho, fueron reseñados y liberados horas después.
El 18 de abril de 1987, en el momento en que abordaba su vehículo particular, para trasladarse a su residencia, luego de realizar algunas diligencias en la Defensoría del Meta. fue asesinado José Vicente Camacho, hermano de la representante a la Cámara por el partido Liberal en alianza con la Unión Patriótica en el departamento del Meta, Betty Camacho de Rangel. La víctima había sido Diputado de la Asamblea de Boyacá y a la fecha era comerciante y propietario del Hotel Don Lolo, ubicado en Villavicencio.
Dos días después, el 20 de abril, dos individuos que fueron identificados como pertenecientes al grupo paramilitar MAS, quienes se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, asesinaron al coordinador de la Unión Patriótica en el departamento del Meta y a la vez presidente de la Seccional Meta de la Central Nacional Provivienda (CENAPROV), Rubén Lasso Mazuera, en el momento en que la víctima salía de la sede del Fondo Educativo Regional, ubicada en el parque central de Villavicencio, muy cerca de la Catedral de la ciudad y de la gobernación del Meta. Lasso
Mazuera estaba acompañado del también militante de la Unión Patriótica, Eliberto Orjuela, quien intentó llevarlo a algún centro asistencia!, pero "ningún carro lo quería recoger, nadie lo quería ayudar hasta que por fin lo llevó un carro a la clínica Meta, llegando allá agonizó". Año y cuatro meses antes, el 5 de agosto de 1986, junto con otras cuatro personas, también militantes de la Unión Patriótica, fueron retenidos durante varias horas por la Policía, cuando participaban en un mitin en contra de la escalada alcista. Fueron golpeados con las culatas de las ametralladoras.
El día 8 de mayo, la Coordinadora Departamental de la Unión Patriótica denunciaba que el concejal electo por ese movimiento, Ricardo Toscano Petro, no había podido siquiera posesionarse de su cargo, por falta de garantías para su vida, dado el permanente asedio de sicarios que para esa fecha, ya habían atentado contra su vida en tres ocasiones.
El 12 de agosto, Rafael Antonio Duarte Cepeda, presidente del Consejo Comisarial del Guaviare y dirigente de la Unión Patriótica, fue asesinado por un grupo de paramilitares que incursionaron en el establecimiento Bohío, donde departía.
Nueve días después de cometida la masacre de 17 personas en la gallera de la inspección departamental Piñalito, jurisdicción de Vista Hermosa, el 1 de marzo de 1988, fue desaparecido del Hospital Regional de esta ciudad por agentes del F-2 de la Policía, Carlos Molano, quien resultó herido en ese hecho y había sido recluido en el centro asistencial.
Posteriormente, el 7 de abril, Mario Pulido, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado por paramilitares. A los dos días, el 9, fueron asesinados otros tres militantes de la Unión Patriótica: Rafael Mongui y Alfonso María Domínguez en el interior del Bar Las JJJ; posteriormente los mismos victimarios se dirigieron a la vivienda de Dagoberto Rubio Agosta, a quien acribillaron en ese lugar. (98)
El día 27 de mayo, hacia las 6:30 p.m., en momentos en que se encontraban en la taberna Yango y Ringo ubicada al lado de la gobernación del Meta, fueron asesinados por paramilitares, Carlos Kovacs Baptiste, presidente de la Asamblea Departamental, Néstor Henry Rojas (26 años), abogado, ex candidato a la alcaldía de Puerto Gaitán y presidente de la Unión Sindical de Estudiantes, María Elena Ramos Sánchez, Personera de Vista Hermosa y José Antonio Rivera, escolta de Kovacs.
El crimen fue cometido por miembros de la estructura paramilitar de Víctor Carranza, "entre estos el policía Diego Rodríguez, alias «Tiroteo» que también es muerto, un muchacho Ovidio que no hemos vuelto a saber nada de él, y le dicen alias «Fecha Veloz», Ramón Lozano (99) y Juan Herrera, como un chofer iba Orlando Peña, alias «Huevo Duro" y todos al mando de Hernando Lozano". Los victimarios "emprendieron la huida en un toyota blanco largo, con un winche adelante (...)Este carro fue dejado en la casa donde yo dormía. (...)AI cabo de las doce de la noche llegó Hernando con el cabo Mosquera (100) del F-2 y el cabo Mosquera se llevó el carro..."Otro de los participantes en el múltiple homicidio fue el agente del DAS, Héctor Alfonso Gutiérrez Ortiz (101), quien "fue el que localizó ese día de la muerte de Carlos Kovacs, a éste en el segundo piso del establecimiento donde fue muerto, mejor dicho, quien verificó si estaba allá o no estaba y quien dijo que no había policía ni nada para que entraran y los mataran" (102).
El día de la masacre, las víctimas habían estado trabajando toda la tarde, junto con el abogado y en ese entonces funcionario municipal, Josué Giraldo Cardona, quien en su testimonio expresa que "Al terminar la jornada, hacia las 5:30 de la tarde, Carlos nos invitó a descansar un rato y a que nos tomáramos una cerveza. Yo vacilaba pero la Personara insistía en que nos encontráramos los cinco. Ella hablaba de un bar en especial en el centro de la ciudad al que proponía que fuéramos. Yo decidí regresar a mi oficina en donde había dejado mis cosas y les dije que más tarde los alcanzaría."
Sin embargo, por compromisos que debía cumplir en la población de Granada, desistí de acompañarles. "Llegué a Granada y escuché un «extra, extra» de las noticias: acababan de masacrar a mis cuatro amigos en el bar donde se tomaban las cervezas. (...) En la agenda, entre los documentos de la Personera de Vista Hermosa, encontramos un recibo del Ejército en el que se certificaba que a ella le habían pagado una suma de dinero en su condición de colaboradora.
También supimos que era amante de un oficial del Ejército. Ella fue la que propuso el sitio donde seríamos atacados. Hacía parte del plan de los sicarios. Con lo que no contaba era con que a ella también la matarían para no dejar pruebas" (103)
El día anterior, había sido proferido el fallo en el que se reconocía a Néstor Henry Rojas como ganador de la elección popular de alcaldes en Puerto Gaitán, la cual mediante fraude electoral le fue arrrebatada por el candidato del Partido Liberal, liderado por Alfonso Ortiz Bautista y Jorge Ariel Infante Leal. Para ganar esta elección, los liberales hicieron acumular a la jurisdicción de Puerto Gaitán los votos de dos inspecciones pertenecientes al limítrofe Puerto López, Cháviva y Puerto Guadalupe.
En mayo de 1986, época en que se desempeñaba como Diputado a la Asamblea departamental, Carlos Kovacs había sido retenido durante varias horas por la Policía, junto con otros cuatro militantes de la Unión Patriótica, cuando participaban en un mitin en contra de la escalada alcista; fueron golpeados con las culatas de las ametralladoras. (104)
El 4 de julio de 1988, fue retenido y torturado por «desconocidos», el periodista Edgar Yepes, director del periódico «El Botalón» de la ciudad de Arauca y delegado de la Central Nacional Provivienda (CENAPROV) al Encuentro de Acción Comunal, organizado por la Presidencia de la República, el cual se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de julio, en esta ciudad. Sus captores , además de torturarle, lo interrogaron y le quitaron las fotografías que del evento había tomado, para luego dejarlo en un sector despoblado y oscuro de la ciudad, de donde debió ser trasladado a un centro asistencial como consecuencia de las lesiones de que fue víctima.
Tres días después, el 7 de julio, Ángel Ricardo Garzón Figueredo, campesino y dirigente del Partido Comunista en la región del Guaviare, fue asesinado por desconocidos. El día anterior había sido dado de alta en el hospital donde se reponía de las heridas causadas por miembros del Ejercito en hecho no precisado. (105)
Luego, el 18 de julio fue asesinada por paramilitares, en zona urbana de esta ciudad, Angela Hernández Cifuentes, dirigente de la Unión Patriótica.
A los dos días (el 20), en el centro de la ciudad fueron asesinados Ángel María Cifuentes, fiscal departamental de la Unión Patriótica y Su Esposa.
En el mes de noviembre, en el barrio San Benito fue asesinado un Hombre No Identificado, quien se hacía pasar falsamente por sobrino del jefe paramilitar Víctor Carranza, en diferentes instituciones, razón por la cual éste ordenó su muerte. De hecho, la secretaria privada del Gobernador, María Dolores Bedoya, fue la persona que le tendió la celada para que lo asesinaran y se lo mostró al agente del F-2 de la Policía, Fredy Alberto Gómez Burtos, quien dirigió el crimen junto con Ángel María Roa Martin, el comando paramilitar compuesto también por NN Edinson, Camilo Zamora Guzmán, Ramón Plazas Vega, Jorge Monzaide Vergara Patino y Antonio Guzmán. (106)
El 24 de noviembre de 1988 fue víctima de atentado por paramilitares, Humberto Orjuela, dirigente de la Unión Patriótica.
A comienzos de 1989 fue asesinado Gustavo Cortes Peña, ganadero de Puerto López y esmeraldero, por el agente de policía Diego Rodríguez, Jorge Monzaide Vergara Patino alias "Panas" o "Billete Largo", Camilo Zamora Guzmán, Gustavo Roa Velázquez alias "Pecas", Ángel María Roa Martin alias "Cachama" o "Cagarruta "y alias "Patedanta", paramilitares de la estructura de Victor Carranza. Según la confesión de Camilo Zamora, estando los paramilitares reunidos "llegó la noticia que había un señor enemigo de don Gilberto Molina en Puerto López, a la cual nos fuimos todos para Ginebra, fueron y verificaron y era cierto, entonces le montamos un retén en el puente la Balsa ...", donde esperaron el paso del vehículo en que el hacendado se movilizaba, según fas indicaciones que les darían Antonio Guzmán y Ángel María Roa, quienes estaban en Puerto López. "Nosotros estábamos haciendo que reparábamos el carro cuando miramos el carro ya sobre el puente y todos cinco disparamos con pistola y escopeta calibre 12 recortadas, a la cual (sic) el carro se fúe a un barranco pequeño, la cual (sic) se le bajaron dos Diego Rodríguez y "Patedanta" y lo acabaron de matar". El cadáver quedó abandonado en el lugar del crimen, ubicado a la altura del kilómetro 67 de la vía que de Villavicencio conduce a Puerto López. (107)
El 23 de enero de 1989 fueron encontrados los cuerpos de Tres Hombres. no identificados, en el anillo vial sobre la salida a Catama; presentaban disparos y huellas de tortura. (108)
Un mes después, el 23 de febrero, fue asesinado Luis Eduardo Yaya Cristancho, de 52 años, presidente de la Federación Sindical de Trabajadores del Meta (FESTRAM), ex Diputado de Asamblea de este departamento, ex Concejal de este municipio y miembro de la Unión Patriótica.
El crimen fue cometido hacia las 7:30 a.m., en momentos en que salía de su casa, ubicada en el barrio Madrigal, por varios paramilitares de la estructura de Víctor Luis Eduardo Yaya Carranza; mientras salía de su casa fue abordado por Jairo Rodríguez Niño (alias "La muerte"), Willian Góngora Sierra, Jorge Monzaide Vergara Patino (alias "Panas" o "Billete Largo"), Camilo Zamora Guzmán (alias "Travolta"), Daniel Rodríguez Garzón, Jairo Rodríguez Garzón (alias "El Pato") y Florencio Rodríguez (alias "Barrabás", exsuboficial del B-2 del ejército), quienes le propinaron 10 disparos de arma de fuego. Según la declaración de Camilo Zamora, los victimarios salieron de la finca La Reforma, en Puerto López, y después de asesinar al dirigente sindical y político, regresaron allí, a dejar el vehículo.
De acuerdo con el testimonio de Josué Giraldo, "Luis Eduardo salía de la casa manejando su carro. Estaba echando reversa cuando llegó el primer sicario y le rompió el vidrio delantero. Luís Eduardo sacó su pistola, pero no tenia ninguna experiencia en el manejo de armas. El sicario se la quitó y con su misma pistola lo acribilló. Otros sicarios también se acercaron y le descargaron las armas" (109)
Según Camilo Zamora, el crimen estaba previsto para ser cometido antes: "El año pasado [1988] yo tenia conocimiento que lo iban a matar, el mayor Forero, en ese entonces comandante del F-2 en Villavicencio no dejó, más o menos en noviembre o diciembre (sic) y no dejó porque los sindicatos y todo eso (sic) se te iban encima de él" (110)
En los días previos. Luis Eduardo Yaya había sido victima de tres intentos de asesinato: "Un mes antes de su muerte Luis Eduardo salía del sindicato y se encontró con un sicario de frente. Los dos desenfundaron las armas, se apuntaron y por miedo a matarse el uno al otro, ambos salieron corriendo. Quince días antes, llegó a mi oficina muy pálido, a punto de desmayarse; me paré para tranquilizarlo; dos sicarios lo habían ido a buscar a la Federación y unos minutos antes lo había llamado un periodista muy amigo para advertirle que para su oficina iban unos hombres armados. Él alcanzó a salir antes de que los sicarios entraran y previamente llamó a la Policía. Lo que la gente testimonió es que la Policía llegó y recogió a los paramilitares para decirles que tenían que aplazar el atentado porque habían sido descubiertos. (...) Una semana atrás le habían retirado el escolta del DAS. Almorzamos juntos ese día, en compañía de Ricardo Rodríguez (...) Saliendo del restaurante, los hombres que iban a matarlo estaban rondándolo. En el momento, un Senador del partido Liberal por el Meta, Alfonso Latorre, pasaba con sus escoltas y saludó a Luis Eduardo al que conocía hacía varios años. (...) Luego supimos que no le dispararon por no matar al Senador". (111)
Yaya Cristancho era uno de los líderes del departamento del Meta, de muy larga trayectoria en pro de las luchas populares: "Era un forjador de sindicatos desde los años sesenta; conjuntamente con Plinio Muríllo impulsaron el sindicalismo agrario. También era fundador de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT y miembro también de su dirección. Cuando se desató el genocidio contra la Unión Patriótica, Luis Eduardo creó los primeros comités de derechos humanos en el Meta" (112)
Por ello fue masiva la participación en su sepelio e incluso sus copartidarios intentaron transmitir el acto por emisoras radiales. Sin embargo, el Gobernador intentó impedir el acceso a los medios de comunicación aduciendo "órdenes superiores", en tanto que la ceremonia, realizada en la plaza centra de la ciudad, fue saboteada por militares al mando del Teniente de la VII Brigada, Miller Tarcisio Koy Nuñez' (113), quienes en momentos en que Manuel Cepeda, orador central, hablaba, incursionaron en el lugar, haciendo gestos que daban a entender que dispararían, por lo que los asistentes huyeron aterrorizados.
El proceso penal fue abierto por el Juzgado Tercero de Orden Público de Villavicencio, con el radicado No. 020. El 19 de junio de 1989 fue acumulado al proceso identificado con el radicado No. 019, adelantado en el Juzgado Cuarto de Orden Público, en el cual el principal implicado era el jefe paramilitar, Víctor Manuel Carranza Niño.
Este fue uno de los pocos casos en que se constituyó parte civil en el proceso penal, en cabeza del abogado y vicepresidente de la Unión Patriótica, Ricardo Rodríguez Henao, quien justamente cuatro meses después sería víctima de un atentado, cuatro días después de haber sido acumulado al proceso 019.
En efecto, el 23 de junio en horas de la noche, una carga de dinamita fue detonada contra su vivienda. El abogado y su esposa sufrieron sólo algunas lesiones leves aunque el inmueble quedó casi totalmente destruido: "se salvaron porque la bomba que les colocaron en el centro del techo dei apartamento rodó al alero frontal y allí fue donde hizo explosión. La onda explosiva rompió la pared de entrada y los lanzó a ellos contra la pared del fondo; algunas esquirlas los hirieron y quedaron cubiertos de escombros (114) Los dos fueron trasladados al cuartel de la policía en donde debieron permanecer varias horas descalzos y semidesnudos, con el pretexto de hacer efectiva la investigación."
A los pocos días del atentado, el abogado y su familia tuvieron que abandonar el país, ante el inminente riesgo para sus vidas. Igual suerte corrió quien lo sustituyó en el poder, el abogado Franklin Pérez Almeida.
Finalmente, y a pesar de que mediante fotografías fueron identificados por testigos presenciales, dos de los autores materiales del crimen, John Rodríguez Niño y Willian Góngora Sierra, la totalidad de los implicados en el proceso 019 fueron absueltos por la juez Marcela Fernández Castañeda" (115).
El 27 de abril, paramilitares asesinaron a Jairo Cruz Gil, estudiante y militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, en zona urbana de la ciudad. Se desempeñaba como tesorero del movimiento político.
Dos meses después, el 27 de junio, fue asesinado de 8 impactos de bala por 2 individuos que llegaron hasta un establecimiento publico ubicado en el barrio Brisas de Guatiquia, donde se encontraba el confeso paramilitar William Góngora Sierra, quien junto con Camilo Zamora Guzmán, puso al descubierto el funcionamiento de la estructura paramilitar de Víctor Carranza, así como su estrecha cercanía con altos mandos de los organismos de seguridad del Estado, Ambos confesaron numerosos de los crímenes planeados y ejecutados por esta estructura y otras actividades criminales, no solo en el Meta, sino también en Vichada. Guaviare, Bogotá y Cundinamarca. Góngora Sierra se había entregado al DAS, en los primeros días del mes de abril de 1989, organismo de seguridad que con base en sus declaraciones realizó un allanamiento en el barrio Marsella, al occidente de la ciudad de Bogotá, en el que detuvieron a otros nueve paramilitares. Pocos meses después fue dejado en libertad provisional, por decisión de la Juez Cuarta de Orden Público, Marcela Fernández Castañeda, argumentando que gracias a las confesiones de William Góngora y de Camilo Zamora Guzmán. había sido posible el esclarecimiento de numerosos crímenes contra militantes de la Unión Patriótica, así como la determinación de las responsabilidades de esos crímenes. La juez determinó la excarcelación, a pesar de la gravedad de los hechos en que los confesantes reconocían haber participado.
Jorge González Agosta y Adolfo Murcia, dirigentes de la Unión Patriótica, fueron víctimas de alentados cometidos por paramilitares, en los meses de agosto y noviembre, respectivamente. Así mismo, en el mes de mayo de 1990, otro dirigente del movimiento político, Luis Mayuza Prada. fue también víctima de un atentado, pero a diferencia de los anteriores, cometido por la policía.
El 13 de noviembre de 1991, Albeiro Pulgarin. militante de la Unión Patriótica y Un Compañero, No Identificado, fueron desaparecidos luego de que fueran detenidos por miembros del DAS, cuando se encontraban en el parque Los Centauros. Las víctimas fueron llevadas en un carro. Otra fuente responsabiliza a paramilitares.
El 10 de marzo de 1992 Severo Prieto Velasquez y su hijo Edison Prieto, tapiceros ambos, fueron torturados y luego detenidos por miembros de la VII Brigada al mando del Sargento Primero Isidro Ortega Echavarría. Aproximadamente 20 militares penetraron violentamente al establecimiento comercial Tapicería la Carrera de propiedad de Severo y sin orden judicial, procedieron a solicitar a los trabajadores del lugar documentos de identidad en busca de reclutas para e! EjércitoUno de los empleados no contaba con la cédula de ciudadanía por lo que fue requerido por el Sargento para conducirlo a las instalaciones militares. El propietario de la fábrica recriminó al militar por la manera tan arbitraria de proceder, a lo que éste se encolerizó manifestando que él era autoridad y podía hacer lo que le viniera en gana y se trenzó a golpes con Edisson Prieto Rojas que llegó a defender a su padre de las agresiones de varios soldados que le daban golpes con las culatas de sus armas. Pasado un rato el militar decidió por la fuerza trasladarlos al calabozo de la Permanencia Central, donde fueron severamente golpeados. Por la injusta retención la señora Gema Rojas (esposa y madre) acudió al lugar donde los tenían recluidos para solicitar su libertad inmediata, pero fue maltratada de palabra por el Teniente Braulio Pardo Velásquez, comandante del Distrito militar No. 5 de la Séptima Brigada. La Procuraduría investigó el caso a raíz de la queja, pero la Procuradora Tahí Barrios absolvió a los dos militares y archivó el caso. (116)
El 20 de julio de 1992, Marco Antonio Pinilla, campesino y militante de la Unión Patriótica, fue asesinado de dos impactos de arma corta por varios hombres que llegaron hasta su vivienda, en la vereda El Rodeo. Los victimarios se llevaron el cadáver y no pudo ser hallado después.
Tres años atrás había participado con 50 familias en la invasión de la finca «Surimena» y había recibido amenazas de Armando y Jorge Marino, quienes reclamaban el predio. La justicia ordinaria absolvió a Ramón Armando Marino Rodríguez, sindicado por el homicidio de Marco Antonio.
Durante los primeros 5 días de) mes de agosto de 1992, tres militantes de la Unión Patriótica, fueron desaparecidos por paramilitares: Cristina Janeth Avala, de 14 años, el 1 de agosto; Juan Carlos NN, de 19 años, el 4 de agosto, y Jorge Jiménez, de 26 años, el 5 de agosto.
El 20 de agosto se denunció la llegada a Villavicencio de 3 buses de la empresa COPETRAN, en los que se movilizaban aproximadamente 160 paramilitares procedentes del Magdalena Medio, enviados y financiados por el llamado zar de las esmeraldas, Víctor Carranza Niño.
El 13 de octubre de 1992, John Fredy Triana Beltran, estudiante de bachillerato, fue sacado a la fuerza por seis sujetos, cuando estaba reunido con otros compañeros de colegio. Fue introducido en una camioneta de matricula AP 7321, blanca. La familia fue a buscarlo a las instalaciones del F-2 y del DAS, y allí les dijeron que por las características del hecho, podrían haber sido integrantes de la Unidad Anti extorsión y Secuestro -UNASE quienes lo retuvieron. Se dirigieron entonces a la sede de dicha dependencia oficial y allí encontraron la camioneta, pero les negaron que tuvieran en su poder al joven. La semana anterior, efectivos militares habían allanado la casa en que residen, decomisándoles un radio transmisor que usaban para comunicarse con la tinca de su propiedad, el cual tenia licencia de funcionamiento.
El 2 de noviembre, Luis Francisco Campos, tesorero de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa La Paz, fue asesinado delante de su esposa y sus tres hijos, por varios paramilitares, quienes lo acribillaron en su casa. El crimen fue cometido hacia las 6 p.m. Tanto las autoridades gubernamentales como militares han tendido un manto de sospecha sobre todas las organizaciones sindicales y comunales, acusándolas de ser auxiliadores de la guerrilla.
El 23 de noviembre. Epimenio Hernández y su esposa Luz Mila Torres Lizcano, ambos militantes de la Unión Patriótica y líderes comunales. fueron asesinados por paramilitares cuando salían de una reunión donde se discutía la estrategia para la próxima elección de las comunas, con los miembros de las Juntas de Acción Comunal de la Urbanización El Manantial y del barrio Vencedores. Varios desconocidos se acercaron y les dispararon; un hijo resultó ileso al fingir estar muerto. El doble crimen fue cometido hacia las 10 p.m., en la urbanización El Manantial.
Al día siguiente, en desarrollo de un violento desalojo de 600 familias del asentamiento Villa La Paz y El Rosal, realizado por la Policía, al mando de un teniente de apellido Moreno, en asocio con el dueño de la tierra. Jorge Marino, murieron 3 pobladores, como consecuencia del salvajismo con que actuó el piquete policial, que fue apoyado por un buldózer contratado por la inspección VI Civil Municipal de Villavicencio. para demoler las precarias construcciones de invasión. Un Menor de Edad fue arrollado por el buldózer; la militante de la Unión Patriótica, María Santos González, también murió al ser pisoteada por un caballo jineteado por un agente policial, y finalmente, Una Mujer Embarazada también murió a consecuencia de los golpes que le propinaron los policías. Otras dos personas quedaron gravemente heridas y por lo menos siete más quedaron con heridas de menor gravedad.
Este año de 1992 se cerraría con el asesinato del vicepresidente de la Asamblea departamental del Meta, José Rodrigo García, el 26 de noviembre. JOSÉ RODRIGO, de 32 años, fue asesinado de cinco disparos calibre 9 mm. a cincuenta metros de una estación de policía, por agentes del F-2 de la Policía Nacional y paramilitares al mando de Víctor Carranza, entre ellos. Arnulfo Castillo Agudelo, alias "Rasguño" y su hermano alias "Puntillón". Momentos antes de salir de la sede de la Asamblea, José Rodrigo le manifestó al diputado Hernán Rojas, "ahí están los cerdos que me quieren matar"; sin embargo, no quiso salir en carro y se dirigió caminando hasta su casa, ubicada en el barrio Santa Inés, a la cual estaba llegando cuando fue abordado por dos agentes del F-2 de la policía, quienes lo incriminaron a practicarle una requisa, le decomisaron los documentos y su arma de dotación, e intentaron detenerte, a lo que se opuso el dirigente político, iniciándose un forcejeo, pues al parecer, la misión de los victimarios era desaparecerlo y torturarlo. En el sitio aparecieron también los paramilitares conocidos como Rasguño y Puntillón, quienes se movilizaban en un automóvil blanco de propiedad del F-2 y una moto amarilla; en medio del forcejeo, José Rodrigo recibió un disparo en un costado, continuando el forcejeo; finalmente alias "Rasguño" le disparó en la sien.
Inmediatamente se hicieron presentes varios policías para realizar el levantamiento, entre ellos, los mismos que le habían realizado un alentado en 1989 cuando era Alcalde de la localidad de Puerto Rico. Los agentes que lo interceptaron fueron inmediatamente reubicados en otra instalación policial; "Al día siguiente no había ninguno en el CAI, no había ninguno de los policías del día anterior."
Otra circunstancia presentada "coincidencialmente", fue la interrupción durante aproximadamente media hora, del fluido eléctrico en el sector, momentos después de cometido el crimen, tiempo que fue aprovechado por los victimarios para huir.
José Rodrigo García Orozco inició su carrera política quince años antes, y en los últimos tiempos había realizado numerosas denuncias por el exterminio de la Unión Patriótica en el Meta. sindicando con nombre propio a numerosas personas, entre ellas a Jorge Ariel Infante Leal. político liberal de esta región. Además del atentado de 1989, fue amenazado en varias ocasiones, y su primera esposa, María Mercedes Méndez, quien se desempeñaba como Alcaldesa de El Castillo fue asesinada el 3 de junio de 1992 en el sitio Caño Sibao, jurisdicción de Granada, cuando entregaba el cargo a su sucesor, otro militante de la Unión Patriótica, quien también murió en esa masacre.
La Fiscalía Sexta Delegada ante Jueces de Circuito Especializados, precluyó la investigación realizada en contra de Arnulfo Castillo, alias "Rasguño".
En 1993, las muertes no se harían esperar: El 7 de enero, María Romero, militante de la Unión Patriótica, fue asesinada por paramilitares que se movilizaban en una molo. El crimen fue cometido hacia las 12 m. en el barrio La Esperanza.
Dos meses después, el 11 de febrero, los campesinos José Arquimedes Beltran Bejarano. de 37 años y miembro de la junta de restaurante escolar de la vereda San Rafael; Néstor Alvaro Martínez Parrado, de 40 años , presidente de la Junta de acción comunal de la vereda Puente Abadía y militante de la Unión Patriótica, y José Fabián Sarmiento Muñoz, de 30 años y militante de la Unión Patriótica, fueron desaparecidos por tropas conjuntas del Batallón de infantería No. 7 Carlos Albán y una patrulla de la Policía Nacional, quienes a las 7 p.m. tenían montado un retén en la vía que de Villavicencio conduce a la inspección departamental Monfort, en el cual fue requisado el campero en el que se movilizaban las victimas con otros 7 pasajeros.
El retén estaba dirigido por el Sargento Segundo Jairo Alberto Pachón Sánchez, comandante de la Base ubicada en rio Guatiquía y el Cabo Segundo Jhon Hoover Hernández López, comandante de la patrulla de policía asignada al lugar. Estaban además presentes los agentes Jhon Jairo Granada Upegui, Joaquín García Pique, Benjamín Quiroga Castro y Hernando Velandia Pérez. La orden de detener a uno de los ocupantes fue dada por el mayor Pedro Antonio Montaña Meza, segundo comandante del Batallón Alban y ratificada por el Teniente Coronel Wladislao Reinoso Marín, primer comandante de esta unidad.
Después de reanudar la marcha fueron alcanzados por un campero Daihatsu rojo, cuyos ocupantes lo atravesaron en ia vía, ordenaron a los ocupantes del campero de servicio público que se tendieran en el piso, les pidieron documentos de identidad y se llevaron a los tres hombres, despues de identificarlos, y de verificar sus antecedentes por radioteléfono en el Batallón y la Policía. A dos de ellos, José y Fabián junto con Fidel Ángel Ortiz Riveros. los separaron del grupo de pasajeros; a Fidel Orliz lo iban a dejar retenido, por cuanto el Sargento Segundo del Ejército. Jairo Alberto Pachón, tenía esa orden de sus superiores en caso de avistarlo, dado que, según el personal militar era "auxiliador de la guerrilla". Lo iban a dejar privado de la libertad, cuando las demás personas decidieron permanecer en el lugar, hasta lanío se resolviera la situación de Fidel.
Según varios de los testigos, el campero Daihatsu color rojo permaneció por todo el tiempo de la requisa, en el mismo lugar donde estaba instalado el retén conjunto de la Policía y del Ejército. El jefe de la SIJIN certificó que dentro de su Unidad existe el campero Daihatsu color rojo de cabina blanca, modelo 1982, placas LL8235, Un ciudadano que vio a los ocupantes del vehículo de servicio público tendidos en el suelo, luego de que se llevaron a sus compañeros de viaje, inmediatamente avisó a la Policía para que prestara auxilio y protección de los afectados, pero éstos no acudieron a cumplir su misión. El Sargento Pachón que se encontraba al mando del grupo de soldados encargados del retén, manifestó que recibió órdenes de sus superiores de no desplazarse. Esta persona relató igualmente que observó en la dirección al lugar del retén a un campero Suzuki o Daihatsu transportándose a rápida velocidad. Los testigos manifestaron al unísono, refiriéndose a los asaltantes que "estos se regresaron y tuvieron que pasar por el mismo retén», "ahí no existe ninguna variante".
En el trayecto posterior al retén y antes de ser interceptados nuevamente, Fidel Ortiz Riveros, sobre quien pesaba ia orden de retención por "auxiliador de la guerrilla" cambió su puesto con Néstor Alvaro Martínez, y fue a éste a quien se llevaron con rumbo desconocido. El señor Fidel Ortiz Riveros, Informó que en reiteradas oportunidades y en especial en el momento del retén, había sido tratado de guerrillero por el personal militar. Incluso en una de ellas, fue despojado de un encauchado, porque según el Sargento Pachón, tenía como destino el grupo Insurgente de las Farc. El Teniente Coronel Reinóse, en un informe, señala que el citado, «venía siendo víctima de personas que se hacían llamar de las Farc, amenazándolo de muerte y voletiándolo (sic). Y en vista de que el mencionado señor no se presentó ante las autoridades respectivas a denunciar esas anomalías, el comando del Batallón ordenó al Comandante de la base que cuando se dirigiera el señor Fidel Ortiz Riveros a la inspección de Monfort, se le informara que tenía que presentarse al Batallón de Ingenieros No. 7 Albán, o en caso contrario el comandante de la Base lo acompañara hasta las instalaciones del Batallón para que contestara si era cierto o no las amenazas y el boleteo de que venía siendo víctima..." También, en la requisa efectuada por el personal militar en el mencionado retén, se detectó que José Fabián, uno de los ocupantes posteriormente retenido y desaparecido. llevaba consigo una alta suma de dinero y unos binoculares, los cuales fueron observados por un agente de la Policía, que luego los devolvió a su dueño; una vez los asaltantes obligaron a descender del vehículo a los pasajeros, se apropiaron del dinero y de esos binoculares.
La Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá declaró el 7 de abril de 1994. abierta la investigación penal y ordenó la práctica de una serie de pruebas, argumentando que "existiendo un retén del Ejército y la Policía, sería absurdo admitir que una banda bien armada pudiera cruzar e! lugar sin ser interceptada por los mismos, es decir, si éstos no fueron los mismos autores directos de los hechos del secuestro, al menos fueron abiertamente cómplice.» En 1997 se cerró la investigación absolviendo a los implicados (117) . Así mismo La Justicia militar al mes archivó la indagación preliminar (118) ; lo mismo hizo la Procuraduría a los 7 meses. (119)
El 23 de febrero de 1993, Inés Jiménez, Jorge Céspedes y Lia García, militantes de la Unión Patriótica, lueron desaparecidos de zona rural del municipio, por grupos paramilitares.
El 13 de abril, Víctor António Vega. militante de la Unión Patriótica, fue desaparecido por paramilitares. Había sido retenido en los billares La Pesquería, cerca del almacén YEP, por cuatro hombres armados vestidos de civil, los cuales se movilizaban en un campero gris, carpado y sin placas. La fuente agrega que "un hombre mono se bajó del carro y tomando del cabello y poniéndole un arma en la cabeza lo subió al carro y lo tiró al suelo y lo esposó..."
Tres días más tarde, el 16 de abril. Jaime Marín, Tesorero del municipio de Mésetas y militante de la Unión Patriótica, fue desaparecido por varios hombres que atacaron el vehículo en el que se movilizaba con su conductor por la vía San Martín-Guamal, a la altura del sitio conocido como la Vuelta del Cheque. Los victimarios se movilizaban en un campero con placas de la Capital de la República. El conductor quedó herido y fue recluido en un centro asistencial. La U.P. responsabilizó a los grupos paramilitares que operan en la región, dirigidos por Víctor Carranza.
A partir de 1994 habría un descenso en la victimización de este movimiento político, explicado más por que la represión ejercida durante 8 años ya había cobrado la vida de cientos de militantes y activistas, los pocos que sobrevivían lo hacían en condiciones de extrema clandestinidad y muchos otros se desplazaron del departamento para salvar sus vidas.
El día 24 de febrero Evaristo Amaya Morales, de 34 años, candidato por la Unión Patriótica a la alcaldía de La Uribe. fue asesinado en el barrio Santa Josefa, por miembros de la Policía que se movilizaban en un campero Nissan amarillo, de placas A06706, quienes le dispararon en momentos en que se transportaba en un taxi. El dirigente lúe seguido desde el aeropuerto Vanguardia, por el cual había ingresado a la ciudad. Evaristo fue funcionario de la Beneficencia Departamental del Meta, asistente parlamentario en el Congreso de la República, secretario general de la Contraloría del departamento y Personero de La Uribe, cargo al que renunció para presentar su candidatura a la alcaldía. Al momento del crimen, tenía un niño de 4 años y su esposa estaba en el cuarto mes de embarazo de su segundo hijo.
En este año tres militantes de la Unión Patriótica desaparecieron en el mes de agosto, en extrañas y similares circunstancias; uno fue encontrado asesinado: El 13 de agosto, Jorge Enrique Hurtado Riveros, desapareció desde que salió de la casa de un cuñado, a quien estaba visitando. Fue buscado por sus familiares en hospitales, cárceles y las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, sin resultado alguno. Hurtado Riveros trabajaba en un taxi de servicio público de su propiedad. En años anteriores había participado en organizaciones cívico populares y "unas semanas antes había ayudado a un herido», según indica la fuente. El 29 de agosto. Pedro Alfonso Lara Prada, salió a una vidriería y nunca regreso. Y al día siguiente, el 30 de agosto, Luis Carlos Herrera, desapareció cuando realizaba una carrera particular en un campero de servicio público de su propiedad. La familia denunció el hecho ante las autoridades y cuatro días mas tarde fue encontrado asesinado en el sitio conocido como La Unión, cerca al río Oca.
El 24 de junio de 1995, Félix Martínez, empleado de la Licorera del Meta y militante de ta Unión Patriótica, fue asesinado por paramilitares al servicio de Víctor Carranza, quienes "después de seguirlo un rato", lo acribillaron de varios impactos de bala. El hecho ocurrió en una venta callejera del barrio El Porvenir, hacia las 2 A.M. Otro empleado de la Licorera resultó herido y fue trasladado a un hospital de Santafé de Bogotá. Félix Martínez era desplazado de Vista Hermosa en donde "había sido seriamente amenazado de muerte, motivo por el cual había salido hacía Villavicencio desde hace cuatro años".
En 1996. el asesinato de Pedro Malagon y su hija Elda Milena Malagon Hernández, el 20 de junio, no solo significaría prácticamente la muerte de la Unión Patriótica en el departamento, también ratificaría, como desde la muerte de Pedro Nel Jiménez en 1986. hasta la muerte de él diez años más tarde, los asesinatos se coordinaron desde las altas estructuras del B-2 de la Séptima Brigada y de la SIJIN de la Policía.
El hecho fue cometido por dos paramilitares que le propinaron tres disparos en el cráneo y a quemarropa, en momentos en que se encontraba en el antejardín de su vivienda, ubicada en el barrio El Paraíso; Elda Milena, de 17 años, murió al tratar de cubrir con su cuerpo a su padre. Los victimarios materiales del doble crimen, quienes huyeron en una motocicleta, fueron contactados por los organismos estatales de inteligencia que operan en el Meta. Según afirmación de uno de ellos, "intelectualmente, quien nos dio la información de donde ubicábamos al doctor Pedro Malagón, y la entrada y la salida todo, fueron personas de la Sijin (..) en Villavicencio y la persona que contactó pues para hacer la cuestión material fue una persona del Ejercito, de la VII Brigada"
Meses antes, por iniciativa de uno de los involucrados, se había tenido conocimiento de que "los que quieren asesinar a don Pedro (Malagón) son gente de la Brigada, coordinada por la gente de la Brigada, (...) y las llamadas amenazantes que le han hecho han salido del B-2"; los planes para acabar con la vida del diputado estaban siendo "coordinados por gente del B-2 de la brigada, coordinados por los de inteligencia del ejército ... », entre quienes figuraban el coronel Micán "comandante del B-2 de inteligencia de la brigada", el coronel Hernández y el sargento González.
Estos planes en su oportunidad fueron denunciados ante las instancias de investigación pertinentes. Adicionalmente, "en no pocas oportunidades se advirtió la presencia de hombres armados en la ciudad de Villavicencio, los que efectuaban permanentes seguimientos y por distintas fuentes se supo que su indudable propósito era asesinarle. Más aún, él mismo había denunciado con nombres propios y direcciones ante la Fiscalía Regional y Organismos de Seguridad del Estado, a integrantes de la estructura paramilitar frente a lo cual no se hizo nada. Su escolta personal afirmaba que había recibido un ofrecimiento de 10 millones de pesos por parte de un Teniente del B-2 del Ejército Nacional (Gilberto Salazar Perdomo), para que permitiera su asesinato".
Contra Salazar Perdomo, la Procuraduría Provincial del Meta profirió fallo de primera instancia el 25 de marzo de 1999 imponiéndole como sanción 10 días de salario básico mensual para la época de los hechos, la cual fue confirmada el 18 de mayo de 1999. El 27 de enero de 2000 fue archivado definitivamente el expediente. De otra parte, mediante anónimo dirigido en los primeros meses del 2000 al Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, titulado "Departamento Administrativo de Seguridad, Secional DAS Meta, Coordinación de Inteligencia", se denuncia, entre otras cosas que Gennedy Jesús Rubio Rodríguez, detective de esa institución, es quien "ha entregado al B2 y a los paramilitares de Viilavicencio, a los militantes de la Unión Patriótica, como lo fue Pedro Malagón, Josué Giraldo, James Ricardo de Provivienda (sic) ya que se desempeñó como escolta y tenia confianza con la familia, además conocía la rutina diaria, el día de los homicidios de esa gente de la U.P. (...) .. el (sic) fue el que hizo el seguimiento y la vigilancia a los otros militantes de la U.P. y es el que señala a todas esas personas en el Meta ,.." (120)
Pedro Malagón, de 60 años, era líder natural de origen campesino; nació en Viotá (Cundinamarca), donde pudo cursar sólo hasta 5 de primaria, pues él y su familia se desplazaron hacia el Meta cuando todavía era niño. Desde entonces estuvo radicado en Medellín del Ariari, donde desde su juventud empezó a destacarse como líder campesino y comunitario. Posteriormente, en representación del Partido Comunista, fue varias veces concejal de El Castillo y presidente del Concejo Municipal.
El dirigente de izquierda había sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones y fue víctima de dos atentados, el primero de los cuales fue preparado por Pedro Bárreto, comandante del puesto policial de la inspección departamental Medellín del Ariari, con paramilitares de Víctor Carranza en la inspección departamental El Dorado (Cubarral), y cometido el 11 de febrero de 1987, a dos cuadras del puesto policial, cuando varios miembros de la Unión Patriótica salían hacia el casco urbano de El Castillo, al funeral de Alfonso Perdomo, concejal asesinado el día anterior. En esa ocasión murió Arnulfo Vargas, concejal de la Unión Patriótica; Pedro Malagón resultó herido junto con otras tres personas: Hermides Malagón, hija de Pedro, Isabel Vargas, y Alberto Marín, activista del movimiento político. Después de ese atentado, un comunicado a nombre de un supuesto grupo de extrema derecha autodenominado Frente Revolucionario Campesino, se adjudicó la autoría de los asesinatos de Alfonso Perdomo, Arnulfo Vargas Cuellar, y otros seis militantes de la Unión Patriótica, cuyos cadáveres corresponden, al parecer, a los encontrados en un paraje cercano a la vía que de Cubarral conduce a El Castillo. Un año antes, el 30 de julio de 1986, había sido asesinado en Granada su hermano y diputado a la Asamblea Departamental por la Unión Patriótica, José Rafael Reyes Malagón.
Como consecuencia del primer atentado, Pedro Malagón se vio obligado a desplazarse de Medellín del Ariari, fuera del departamento, a donde regresó algunos años después, a radicarse en Villavicencio. Luego, en marzo de 1994, cuando ya era diputado, fue víctima de un nuevo atentado, perpetrado en el barrio Jordán, pero "en el momento que ellos [los victimarios] iban a llevar a cabo el atentado... él (el guardaespaldas) alcanzó a accionar el arma de dotación ...», colocándolos en retirada. Malagón y el conjunto de la dirigencia de la Unión Patriótica, había denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de un plan de exterminio contra los militantes de la organización política, denuncia que se corroboraba con más de 600 crímenes de congresistas, diputados, alcaldes, concejales así como 37 masacres de anónimos militantes o de humildes y empobrecidos campesinos, a partir de 1985, año en que fue creada el movimiento político. (121)
9. Puerto López
La principal característica de este municipio es que se convirtió desde mediados de la década, en la sede la estructura paramilitar de Víctor Carranza. Cuando esta realidad no era conocida, en Puerto López se dieron algunos esfuerzos por conformar la Unión Patriótica, los cuales fueron rápidamente exterminados. Igual ocurrió con otras formas de organización social.
Posteriormente, con la confesión de Camilo Zamora Guzmán, alias "Travolta" se tendría una aproximación al imperio de Carranza y se comprendería por qué, entre 1985 y 1989, fueron cometidos el 93% del total de crímenes entre 1966 y 1998. Siendo Puerto López el epicentro desde el cual funcionaba la estructura criminal que ejecutaría en el Meta y Otras partes del país la estrategia de exterminio de la Unión Patriótica, había primero que realizar una "labor de limpieza" de las diferentes expresiones que podrían oponerse o develar antes de tiempo los proyectos criminales, o simplemente las que encarnaban el proyecto que se buscaba exterminar, si bien es cierto que en los primeros momentos aparecen como victimarios principalmente miembros del F-2 de la Policía.
Fincas como La Sesenta, San Pablo, Ginebra, La Reforma, entre otras, aparecerán con frecuencia en los pocos procesos judiciales iniciados, ya sea como sitios de entrenamiento de los paramilitares -incluso con la participación de mercenarios extranjeros-, o como sitios de descanso, o como lugares donde almacenaban armas u ocultaban los vehículos usados para cometer los crímenes, o como cementerios clandestinos en los que desaparecieron los cadáveres de decenas de víctimas, después de asesinarles.
La cronología del horror en Puerto López, se inició el 16 de junio de 1985. En esa fecha la familia del campesino Rafael Reyes Díaz, de 72 años, torturado, fue víctima de agentes del F-2 de la Policía, quienes lo torturaron al igual que a su Anciana Esposa y también asesinaron a Uno de sus Hijos. Después, trasladaron a los esposos hasta Villavicencio donde los encarcelaron, sindicándolos de un supuesto secuestro. También ultrajaron a sus nietos. La denuncia fue hecha el 8 de agosto desde la cárcel y en ella manifiesta no haberla hecho antes por temor a las represalias de los agentes
Un año y ocho meses después, el 20 de mayo de 1987, se registra el primer hecho contra militantes de la Unión Patriótica de esta población, que afectó también a personas que transitaban por alli el momento de ser victimizados.Tales el caso de Tito Julio Forero Pineda, vicepresidente de la organización política en la Comisaría del Guaviare, quien fue acribillado con ráfagas de armas automáticas, por sicarios que luego de cometer su crimen huyeron en un campero marca Nissan de color rojo.
El 26 de agosto. Delfín Velasquez, dirigente de la Unión Patriótica y candidato a la Alcaldía de Puerto López, fue asesinado por 2 sicarios cuando salía de su residencia. Los victimarios le dispararon ráfagas de Subametralladora y huyeron en una motocicleta.
Pocos días después, el 11 de septiembre, a José Vicente Cárdenas Sánchez, concejal de Puerto López por la Unión Patriótica y a otros dos hombres no identificados, también militantes de la Unión Patriótica, los asesinaron cuando se desplazaban en un campero, paramilitares que interceptaron a las víctimas y los acribillaron con ráfagas de subametralladora. Luego del asesinato los victimarios incineraron el vehículo, dejando calcinados los cadáveres.
Sin embargo, de acuerdo con las denuncias de Fabio Roa, militante del Nuevo Liberalismo, quien estaba siendo hostigado por los jefes políticos locales de los partidos tradicionales -y sería asesinado en octubre de 1989, fechadas el 8 de julio de 1988, en la Oficina de seguridad del B-2, ubicada en la Base Aérea de Apiay, "pude enterarme de que (sic) (..) el SIJIN. me tenía en pantalla por Elemento Activo del M-19/Elemento de las FARC (...) ... Entre las listas de la SIJIN estaban entre otros que han caído muertos (...) VICENTE CÁRDENAS- muerto; DELFÍN VELASQUEZ -muerto" (122).
El 13 de febrero de 1988 se registró la primera masacre, contra 6 Campesinos No Identificados, simpatizantes de la Unión Patriótica, quienes fueron asesinados por paramilltares, en un sitio rural de la población.
A mediados del año se hace evidente el accionar de la estructura paramilitar de Víctor Carranza Niño, en esta población. Así. el 26 de junio fue desaparecido José Omar Molina Rojas, tractorista que laboraba en las fincas de Carranza: de hecho, veinte días antes de que lo desaparecieran, había hecho un trabajo de siembra de pasto en una de las fincas de éste, en el municipio de San Martín. Habla sido visto por última vez, ingiriendo licor en el establecimiento Tango Bar, en zona urbana de Puerto López.
El cuerpo de Molina Rojas fue encontrado el 7 de abril de 1989 en una fosa común en la Finca San Pablo de propiedad de Julio Carranza, hermano del jefe paramilitar, gracias a la confesión de Camilo Zamora Guzmán. La identificación fue posible por la vestimenta que llevaba el trabajador el día en que fue desaparecido. En la misma fosa fue hallado el cadáver de Ramiro García Briñez, también trabajador de Víctor Carranza Niño, quien fue desaparecido el 27 de diciembre de 1988. (123)
El día 15 de agosto. María Ermilda Osorio Londoño y Guillermo León Holguin Gallego, caminaban por el centro de Puerto López, cuando fueron asesinados por tres paramilitares de la estructura de Víctor Carranza Niño; NN Vergara, alias "Saraviado", Jairo Rivera, alias "Chacure", y Jorge NN, alias "Billete Largo", quienes posteriormente asesinaron a la señora María Dolores Ramírez de Saenz, quien presenció el dobie crimen. A ella le propinaron un disparo en la boca. según la declaración de Camilo Zamora Guzmán. (124)
El 25 de agosto fue asesinado el campesino Jorge Eliecer Campos, después de haber sido llevado forzadamente por un grupo fuertemente armado, identificado como de la estructura paramilitar de Víctor Carranza Niño. El cuerpo del labriego fue encontrado en la finca San Pablo, de propiedad de Julio Carranza Niño, hermano de Víctor Carranza. (125)
El día 30 de agosto fueron masacrados 6 campesinos de una misma familia, asesinados por paramilitares. de acuerdo con informaciones de vecinos de la región. Las victimas fueron Domingo Cruz Molina, Evangelista Cruz Molina, Jaime Molina, Orgina Cruz Molina, Yesid Molina, de 14 años y Luis Rafael Cruz, de 15 años. Los victimarios, fuertemente armados, habían pernoctado cerca de la finca Santa Ménica, donde fue cometido el múltiple crimen. Las personas asesinadas presentaban impactos de bala calibre 7.65 y 9 mm. (126)
Un día después (31 de agosto), cuando se movilizaba en un bus de la empresa La Macarena que se dirigía de Puerto López a Villavicencio, fue asesinado Augusto Duarte Nieto, por paramilitares de la estructura de Víctor Carranza, quienes le propinaron puñaladas y luego le dispararon con sus armas de fuego. Su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 41 margen izquierda de la misma vía. (127)
El 12 de septiembre, en horas de la noche fueron asesinados en la finca La Sesenta, dos campesinos, los hermanos Enrique y Manuel Ramírez Casallas, quienes se desempeñaban como administradores de la Finca Potosí de propiedad de Luis Eduardo Guarnizo Guarnizo.
Según confesión de Camilo Zamora Guzmán, corroborada por José Fidel Mahecha alias "Canuto", administrador de ia finca La Sesenta, días antes en la tinca Ginebra, el señor Luis Eduardo Guarnizo, propietario de la finca Potosí -ubicada también en Puerto López-, se entrevistó con Víctor Carranza y le manifestó que en su finca había dos guerrilleros (128). Carranza envió a la referida finca a Camilo Zamora Guzmán alias "Travolta" y a Jorge alias "Panas", junto con Luis Eduardo Guarnizo.
Al llegar allí, Guarnizo reiteró a los dos paramilitares que el administrador de Potosí y su hermano, eran miembros de una célula de las FARC que actuaba en la región. Planearon el crimen y Travolta" y "Panas" se regresaron para la finca Ginebra, a unos 4 kilómetros de distancia.
En la noche, siete paramilitares (alias "Saraviado", un cabo del F-2 de apellido MOSQUERA alias "Mosco", Camilo Zamora Guzmán. Jorge "Panas", alias Pecas y Gustavo Roa) salieron a ejecutar el operativo planeado; "rodeamos la finca, entramos a la pieza donde se encontraban estos dos señores con su mujer cada uno y nos los llevamos hacia la finca La Sesenta, estando allí a eso de las diez u once de la noche, Saraviado llamó por radio a Ginebra y mando llamar a don Luis, por ahí a las once y veinte llegó este señor allí con su acompañante, le preguntaron que lo interrogara o interrogara a ambos y sin mediar palabra dijo que los mataran" (129). Luego, fueron enterrados en una fosa común en el mismo inmueble por alias "Gorra Negra", "Vicente" y "Patedanta", permaneciendo desaparecidos hasta que sus cuerpos fueron hallados el día 7 de abril de 1989. (130)
Diez días después del asesinato y desaparición de los hermanos Ramírez Casallas (el 22 de septiembre), fueron asesinados Ferney Murillo Saldarriaga y Patricia Rivera Cardona, cuando viajaban en el bus No. 535 de servicio intermunicipal, de la empresa La Macarena.
La pareja fue señalada como integrante de la guerrilla por Dumar Romero Menjura, un informante de la estructura paramilitar de Víctor Carranza, quien llegó a la finca La Ginebra, donde se encontraba un grupo al mando de Ángel María Roa (131). Según la declaración de Camilo Zamora Guzmán. Ángel María Roa inmediatamente conformó una comisión integrada por Jorge, alias "Panas", Alberto Lozano, Camilo Zamora, Gustavo Roa, Laureano, alias "Saraviado", alias "To machipan" y alias "Pecas", para salir en la búsqueda del automotor de servicio público.
Cuando lo alcanzaron, a la altura de la inspección departamental Remolinos, se ubicaron más adelante; en el sitio el Viento, lo abordaron dos de los paramilitares, más adelante se montaron otros dos y luego dos más. Una vez se encontraban todos en el vehículo. "Saraviado" y "Tomachipan" dispararon contra Patricia y Ferney "y se les dijo a todos los pasajeros que esto pasaba porque eran guerrilleros y el que fuera guerrillero o de la Unión Patriótica seria asesinado" (132)
En los últimos días de diciembre de 1988, al finalizar un curso de entrenamiento paramilitar dirigido por un coronel israeli, en el que participaron unos cincuenta hombres, el cual fue realizado en la Finca la Reforma, de propiedad de Víctor Carranza, fue asesinado y desaparecido el campesino Ramiro García Briñez, después de sacarlo de la finca Mala de Yuca, donde trabajaba.
De acuerdo con la declaración del confeso paramilitar Camilo Zamora Guzmán, un informante del grupo, Dumar Romero Mensura, les indicó dónde se encontraba la victima, y el 24 de diciembre, hacia las 6 de la mañana, tres paramilitares, Héctor Julio Saavedra Leyton (agente del DAS), Josué Orlando Peña Diaz alias "Huevo Duro". NN Vergara alias "Saraviado" y Jorge Monzaide Vergara Patino, alias "Billete Largo", presentándose todos como miembros del DAS, lo sacaron del predio donde estaba, y "más adelante nosotros nos encontramos con los que habían levantado al muchacho, el cual fue trasladado al carro que llevábamos nosotros y conducido a la finca la SESENTA, quien después de interrogarlo que si era informante de la guerrilla, al no decir nada llegó SARAVIADO y le propinó dos tiros en la cabeza. Después fue despedazado todo con una peinilla por ORLANDO PEÑA y enterrado al pie de una mata de plátano" (133)
El cuerpo de García Briñez, quien durante seis años había sido trabajador de Víctor Carranza como tractorista (aunque llevaba cuatro años sin laborar con él), fue encontrado el 7 de abril de 1989, en una fosa común, junto con tos cadáveres de José Ornar Molina Rojas, Enrique Ramírez y Juan Manuel Ramírez Casallas y dos personas más, no identificadas, en la finca San Pablo o la Sesenta de propiedad de Julio Carranza, hermano de Víctor Carranza (134)
El dia 4 de enero de 1989, en el sitio "Peralonso", a la altura de la inspección departamental Pachaquiaro, fueron asesinados Darío Agudelo Agudelo, Gonzalo Atehortua Velez, Arley Cardona Saldarriaga Y Luis Aníbal Galeano Hoyos, campesinos militantes de la Unión Patriótica. El cuádruple crimen lúe cometido por paramilitares que portaban pistolas calibre 9 mm, quienes abordaron el bus de la empresa La Macarena en donde viajaban las víctimas hacia Villavicencio y los acribillaron.
Menos de una semana después, el día 10 de enero, paramilitares de la estructura de Víctor Carranza asesinaron en zona urbana a José Armando Arciniegas Teherán, militante de la Unión Patriótica. (135)
El accionar de la estructura paramilitar se hizo evidente una vez más el 23 de marzo, fecha en la que Guillermo Campo y Roberto Villamil Rodríguez fueron asesinados en el estadero El Paisa, establecimiento público donde se encontraban. El crimen fue cometido aproximadamente a las 7 de la noche; los victimarios ingresaron al lugar, ubicaron a las víctimas e inmediatamente los balearon. Testigos presenciales responsabilizan del crimen al grupo paramilitar de Víctor Carranza. (136)
El quinquenio de crímenes en Puerto López se cierra con el crimen, el 31 de octubre de 1989, de Fabio Roa, ex candidato a la alcaldía de la población en representación de una coalición de 8 movimientos políticos, entre ellos el Nuevo Liberalismo -movimiento en el cual militaba-y la Unión Patriótica, y de su cuñado Norberto Saavedra Pinzón, en hecho cometido por paramilitares cuando las victimas se encontraban en el barrio El Prado.
El mismo Roa, mediante denuncia fechada el 8 de julio de 1988, había hecho conocer que estaba siendo victima de hostigamientos por los jefes políticos locales de los partidos tradicionales, y que en la oficina de seguridad del B-2.en la Base Aérea de Apiay, "pude enterarme de que (sic) (..) el SIJIN, me tenía en pantalla por: Elemento Activo del M-19 / Elemento de las FARC. Pude aclarar lo del M-19, pero el sólo hecho de haber sido Dirigente Sindical y haber participado en el Paro de Puerto López me dejaron como FARC (...)... Entre las listas de la SIJIN estaban entre otros que han caído muertos (...) VICENTE CÁRDENAS muerto; DELFÍN VELASQUEZ -muerto" (137)
En relación con estos asesinatos, el comando de la Policía del Meta reportó la captura de Víctor Manuel Salcedo Blanco, Sebastián Benavides Rodríguez, Leopoldo Martínez Toro, Guillermo León Torres Arango, Diego Figueroa Castrlllón, José Vicente Valencia. Julio Alberto Aya Barreta, Israel Garzón Cuellar, Seudiel Fernández, Pablo Bueno Espinoza, quienes se movilizaban en un Toyota de placas JF 6803. A los capturados se les decomisó cinco revólveres y dos escopetas, una pistola y munición para las mismas armas.
Inició investigación el Juzgado tercero de orden público de Villavicencio, profiriendo medida de aseguramiento en contra de los aprehendidos. El 15 de noviembre de 1989 se formuló queja ante la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, acusándose a un agente de la Policía de apellido Ladino, como cómplice de los crímenes, pero el 26 de octubre de 1990, la Procuraduría Departamental del Meta se pronunció respecto del caso, indicando que ordenó el "ARCHIVO de la diligencias adelantadas. (...), teniendo en cuenta que no hay mérito para proseguir la acción DISCIPLINARIA" (138)
10. Puerto Gaitán
Este municipio presenta unas características similares a las de Puerto López, como quiera que hasta hace pocos años fue una inspección departamental del mismo, pero además por razones geográficas (ambos conforman lo que se podría denominar el eje norte del Meta. por el cual se llega al departamento del Vichada), y también porque en la década de los noventas en esta zona se asentaron los narcotraficantes del cartel de Cali. en coalición con la estructura paramilitar de Víctor Carranza, y desde allí ampliaron las fronteras de los cultivos ilícitos. Adicionalmente, en esta zona se encuentran a la fecha las estructuras paramilitares de las ACCU
De otra parte, en Puerto Gaitán, como en otras partes del departamento, en este período se conformaron algunos núcleos del naciente movimiento Unión Patriótica, los cuales, al igual que en Puerto López, fueron arrasados en menos de cuatro años.
El ciclo de violencia política en la región, caracterizado principalmente por asesinatos y desapariciones, muchos de los cuales nunca fueron denunciados. se inicia con el asesinato de Luis Antonio Pérez Sánchez. abogado, ex concejal de Puerto Gaitán y ex diputado a la Asamblea departamental, asesinado el 25 de septiembre de 1985, cuando se encontraba en un establecimiento público (estadero Majaguyal), por personas que aunque inicialmente se creía no eran de la región, "fueron directamente a matarle a él'; "algunos dicen que fue gente del DAS' (139). Inicialmente el hecho fue atribuido a paramilitares. Otras personas dicen que el crimen fue cometido directamente por el entonces comandante del puesto local de policía, Cabo Primero de apellido Parrado. Anteriormente había sido amenazado por el alcalde saliente, Luis Calixto Rondón.
Pérez Sánchez había llegado a la región de Planas (hoy inspección departamental de Planas), siendo aún estudiante de Derecho, en la década de los años 70, a trabajar con los Guahibos (familia indígena de la zona), se quedó como profesor y se convirtió en luchador incondicional de la causa indígena. Fue el promotor de la organización indígena UNUMA ydel sistema de educación bilingüe, es decir, en dialecto indígena y en español, pues hasta entonces la lengua indígena era completamente reemplazada. También fue, desde 1984, uno de los promotores de la recientemente creada Unión Patriótica, que en la localidad rápidamente se consolidó como un movimiento fuerte. En las primera elecciones municipales en que participaron. lograron tres escaños en el Concejo. Por todo lo anterior, el crimen del líder indigenista causó repudio general.
El poder político tradicional dirigido en esta región por Alfonso Ortiz Bautista y Jorge Ariel Infante Leal se debilitó con el triunfo de la Unión Patriótica. Ante esta realidad, realizaron una reunión en la que participaron el alcalde de Puerto Gaitán, del grupo liberal de Alfonso Ortiz Bautista, un comandante del Ejército del Batallón Serviéz, el comandante del Puesto de Policía de Puerto Gaitán y un representante de Víctor Carranza, en la cual aprobaron el asesinato de Luis Pérez y el exterminio general de la Unión Patriótica.
Cinco días después, el 30 de septiembre, paramilitares asesinaron en zona urbana de la población, a Fabio López, campesino y militante de la Unión Patriótica.
Casi dos años después, el 15 de julio de 1986, Benjamín Rivas Rojas, de la Unión Patriótica, fue encontrado ahorcado en la celda en donde habia sido detenido por parte de la Policía.
El 9 de abril de 1988, aproximadamente a las 2 de la tarde, se desplazaban por la vía que de Puerto Gaitán conduce a Puerto López -en un camión conducido por Nelson Restrepo Rodríguez" (140), quien transportaba un cargamento de pescado-, Jairo Humberto Rey Castell,, Tesorero municipal y militante del Partido Liberal, y Hernando Méndez Villaraga, Personero municipal y militante de la Unión Patriótica.
Durante el trayecto, en el sitio Bateas, fueron interceptados por el Comandante de la Policía de Puerto Gaitán, quien personalmente revisó los documentos del cargamento de peces que llevaba el dueño del vehículo, Restrepo Rodríguez; una vez vio que todo estaba en orden los dejó continuar. Siguieron el recorrido y poco antes de llegar al sitio conocido como El Tomate, fueron alcanzados por un campero de color café, que se les atravesó, del cual descendieron seis hombres fuertemente armados, obligándolos a bajarse del automotor, e inmediatamente procediendo a llevarse al Tesorero y al Personero del municipio, con rumbo desconocido y sin que se volviera a saber de la suerte que corrieron.
Al día siguiente, 10 de abril, siendo aproximadamente las 7 de la noche, llegaron al establecimiento Palmita, ubicado en la vereda El Turpial, un grupo de entre 15 y 17 hombres fuertemente armados, movilizándose en dos camionetas, la una marca Toyota de color blanco y la otra al parecer Samuray; diciendo pertenecer al DAS.
En una de sus declaraciones. Camilo Zamora Guzmán expresó que los dos funcionarios fueron asesinados después de su retención, por los paramilitares Ángel María Roa y Hernando Lozano (fallecido), miembros de la organización paramilitar de Víctor Carranza, y sus cadáveres enterrados en una fosa común en la finca La Sesenta o San Pablo, de propiedad de Víctor Carranza, donde en el mes de abril de 1989 fueron hallados los cadáveres de cuatro personas. En las mencionadas fosas comunes, "en un lapso de siete años más o menos unas ochenta personas han enterrado ahí" (141) .También indicó que el grupo tenía a su disposición una camioneta Toyota blanca, la cual coincide con la que apareció el 10 de abril de 1988 por los lados de la vereda El Turpial.
Un mes antes del hecho, el día 12 de marzo de 1988, el Comandante de la Policía de Puerto López le dijo al Personero municipal de Puerto Gaitán que, "todos los de la Unión Patriótica son informantes guerrilleros", mientras le hacia señas al Comandante de la Policía de Puerto López, quien estaba presente, que estaba hablando con un integrante de la Unión Patriótica.
En esa época, la Unión Patriótica había demandado ante el Tribunal Administrativo de Villavicencio la elección popular del alcalde de Puerto Gaitán, porque para lograr e) triunfo del candidato declarado ganador, del grupo liberal liderado por Alfonso Ortiz Bautista y Jorge Ariel Infante Leal, fueron acumulados los votos de las inspecciones de Cháviva y Puerto Guadalupe, en realidad ubicadas en la jurisdicción del municipio de Puerto López (142). Uno de los miembros del movimiento político liderado por Ariel Infante Leal, de nombre José Fernando Camargo Silva, acusó al Personero, de ser uno de los promotores de la demanda.
Así mismo, en razón de su cargo como Personero municipal, a Hernando Méndez le correspondió interponer recurso de apelación contra una cesación de procedimiento proferida por el Inspector de Policía del Porvenir, en favor de un agente del DAS que ocasionó lesiones personales a un ciudadano; a raíz de esta situación solicitó a la Procuraduría la investigación disciplinaria de dicho funcionario público por las irregularidades cometidas en ese proceso.
Otro antecedente de lucha de las víctimas por sanear las costumbres políticas y hacer respetar !as leyes, es que Méndez Villarraga había iniciado una investigación disciplinaria en contra de José Daniel Poveda Aguirre, Alcalde recién posesionado de Puerto Gaitán y de Héctor Hernando Vásquez Salazar, por irregularidades en la conexión de la luz en el hotel Manacacías. El señor Vásquez es una persona con poder económico y político, y es reconocida en la localidad su amistad con el paramilitar Víctor Carranza. Así mismo el Alcalde de Puerto López, Mario Vásquez, de Unidad Liberal, amenazó al Personero de Puerlo Gaitán para que no se fuera a meter con los integrantes de Unidad Liberal porque le iba mal.
La dirigencia de la Unión Patriótica en cabeza de Gabriel Gómez Gómez, denunció públicamente la persecución política a la que han sometido a todos los militantes de esa organización y del Partido Comunista, por parte del sector de Unidad Liberal de Puerto Gaitán, luego de las elecciones populares de 1988. Así mismo solicitó que se investigara lo concerniente al retén policial efectuado por el propio comandante de la Policía de Puerto Gaitán el día de la retención de los desaparecidos. (143)
El 18 de septiembre de 1991. los campesinos Abelardo Estrada, Carlos Valeriano, Arnoldo Daza, Ricaurte Campos y Carlos Daza Torres, fueron asesinados en la finca La Esperanza, ubicada en la vereda El Limón, por siete hombres vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, quienes portaban armas de largo y corto alcance. Los victimarios irrumpieron en la vivienda en donde se encontraban los campesinos, los llevaron a orillas del río Yucao y allí los acribillaron. La masacre es atribuida a paramilitares. Los cadáveres fueron desfigurados con ácido y cada uno presentaba tiro de gracia.
E118 de junio de 1992, Urbano Chamarraví, conductor de un campero, fue asesinado por paramilitares cuando se movilizaba por el sitio conocido como "Alto Neblinas". El grupo armado lo hizo parar, le pidieron una herramienta y en el momento de sacarla le dispararon por la espalda.
La víctima era dirigente local de la Unión Patriótica y miembro de una de las familias de más arraigada tradición llanera de la población. De hecho, era descendiente de Ventura Alvarado Chamarravi, quien fundó el entonces caserío Puerto Gaitán en 1935, que en esa época tenía el nombre de Majaguyal.
En el mes de octubre de 1992 tropas de la IV división del Ejército, desarrollaron un gigantesco operativo en la región contra los frentes de las Farc que operan allí; en desarrollo de estos operativos, bombardearon las veredas El Chapo y San Luis. También el primero de octubre asesinaron a OCHO PERSONAS de una misma familia cuando un guerrillero de las FARC intentó esconderse en su vivienda, ubicada en la vereda Puerto Principe. El 9 de octubre unos 200 militares fueron desembarcados en el sitio Puerto Príncipe y bombardearon la vereda Caño Azul y asesinaron al campesino Milciades Heredia Sarmiento; los soldados estaban al mando del coronel Ernesto N. y del mayor Esteban N.
El 18 de mayo de 1993, el campesino Víctor Manuel Madrid, fue asesinado por un grupo de 17 paramilitares comandados por Jorge Torres, quienes lo amarraron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado con varios disparos en la cabeza, en una finca cercana.
El 4 de junio, Samuel Salvador Martínez, campesino, fue sacado de su vivienda por un grupo de paramilitares, quienes lo llevaron en una camioneta de color vinotinto a la hacienda Cascana. lo amarraron con los brazos atrás a un poste, donde lo dejaron toda la noche. Al día siguiente, los paramilitares montaron un retén, detuvieron un camión y obligaron al conductor a bajar la carga; luego llevaron al labriego en este vehículo hasta el sitio La Cristalina, donde lo tuvieron tres días sin comer ni tomar nada. La esposa habló con un teniente del Ejército, de apellido Romero, con un capitán de la Policía, de apellido Bernal, y con el comandante del DAS, de apellido Bohórquez, a quienes les exigió la entrega de Samuel Salvador o, de lo contrario, "denunciaría el hecho y armaría un escándalo". A los pocos días apareció el campesino, pero un mes después, le quemaron su casa con todas las pertenencias. Los paramilitares estaban comandados por un teniente retirado del Ejército, llamado Hermes y conocido como "Rasguño" y por otro hombre conocido como "Lucho". La fuente agrega que el grupo paramilitar es financiado por los carteles de la droga de Medellín y de Cali, y por los comerciantes de esmeraldas Víctor Carranza. Víctor Manuel Nieto (conocido como «Guateque") y Carlos Benito Méndez (conocido como "Muzo").
El 26 de junio, Dumer Artemio Barrera, de 30 años aproximadamente, músico y pequeño comerciante, salió hacia las 6 de la mañana de su casa, ubicada en la inspección Puente Arimena, y jamás regresó. Barrera, era simpatizante de la Unión Patriótica y había recibido amenazas de parte de los grupos paramilitares que actúan en la región.
El 4 de noviembre el campesino Alberto Alvarado, simpatizante de la Unión Patriótica. Dumer Artemio Barrera fue asesinado hacia las 7 de la noche, de nueve disparos de arma calibre 9 mm. frente a un almacén de la población y a la vivienda de Urbano Chamarravi (asesinado el 16 de junio de 1992); la víctima residía en el campo. Según la fuente, el crimen fue cometido por paramilitares dirigidos por Víctor Carranza e indica que al parecer pretendían llevarlo a la fuerza, y como se resistió y trató de huir. lo acribillaron. Agrega que a pesar de que la Policía y el Ejército estaban cerca del sitio de los hechos, nada hicieron y que por ello los agresores huyeron tranquilamente.
Poco antes del asesinato fue interrumpido momentáneamente el funcionamiento de las plantas que abastecían de energía a la población, al parecer. por orden policial; así mismo, aunque el crimen fue cometido muy cerca de la cancha donde el equipo de microfútbol de la policía jugaba un partido, ninguno de los agentes hizo algo por reaccionar.
El 27 de enero de 1994, en este mismo municipio, José Antonio Pérez, de 23 años, fue desaparecido por un grupo de hombres que portaban armas corta y largas, los cuales interceptaron el bus número 244 de la flota La Macarena que cubría la ruta Santa Rita - Villavicencio , lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido. La víctima venia del sitio Palmarito. Entre los agresores había uno con uniforme de policía, según la fuente.
El 10 de febrero de 1995, tropas de la VII Brigada al mando del coronel Micán, desarrollaron un vasto operativo en la vereda Puerto Trujillo contra un frente de las FARC que opera en la región. El operativo comenzó a las 6:30 de la mañana con la utilizaron de 6 aeronaves entre aviones y helicópteros desde los cuales dispararon ráfagas de ametralladora y algunas desde diversos puntos del poblado, lo que los obligó a disparar desde el aire. Sin embargo, la totalidad de los pobladores afirmó que ese día no había allí ningún grupo guerrillero ni persona alguna armada y aducen como prueba que ningún guerrillero fue capturado, ni herido y ningún arma fue decomisada en el poblado a pesar de la tropa requisó exhaustivamente todas las viviendas mientras tenían a toda la población encerrada en el cementerio.
En dicho ataque militar contra la población fue asesinada la señora Deyanira Ramos Jaramillo, de 49 años, propietaria de un restaurante, conocido como "Bella", quien se encontraba en ese momento fuera de su casa y al percatarse de que los helicópteros militares lanzaban ráfagas sobre el área donde estaba ubicada su vivienda, quiso correr hacia allá, para sacar a su hija y a sus nietos pero al momento de atravesar un terraplén que servía como pista, recibió un impacto de bala en la sien izquierda cayendo herida. Varios pobladores que la vieron caer, la condujeron luego a una droguería donde después falleció.
Según una versión, al descender los soldados de los helicópteros, varios de ellos entraron al pueblo disparando indiscriminadamente, lo que obligó a esconderse precipitadamente a quienes se encontraban atendiendo a la señora Ramos ya moribunda, y al salir de nuevo la encontraron ya muerta a causa de nuevos impactos de bala. Los militares aseguraron que la señora Ramos había sido asesinada por los guerrilleros que se encontraban en el pueblo, quienes antes de huir la habrían "ajusticiado" por ser "informante del ejército", versión confirmada como falsa por toda la población ante una comisión interinstitucional que visitó el poblado.
También resultaron heridos varios pobladores por las balas que atravesaron los techos de las casas, es el caso de Francisco Javier Cerón Ospina, de 5 años, a quien destrozaron de un tiro los dedos anular y cordial. Miembros del Ejército que se hicieron presentes en la vivienda se llevaron varios proyectiles que fueron recogidos en el interior de esta. Días después el 7 de marzo se hicieron presentes en la misma vivienda dos altos oficiales del Ejército, regalaron tejas de zinc nuevas y se llevaron las tejas que habían sido perforadas, para evitar que el crimen fuera comprobado por otras comisiones.
Otras victimas fueron Víctor Rodríguez, de 45 años, quien se encontraba dentro de su casa cuando fue atravesado por una bala en la parte superior de la espalda y la señora Lida Cerón, quien se encontraba también dentro de su casa cuando fue herida en un dedo de una mano por una bala que atravesó el techo de su vivienda y paso rozando el cuerpo.
En una finca cercana, los militares obligaron a tenderse en el piso a cinco trabajadores; "les insultaron, humillaron y los hicieron arrodillar; les ponían el fusil muy cerca del oído y disparaban hacía otro lado, diciéndoles que si no decían lo que sabían respecto a la guerrilla, los mataban..."
Ese mismo día, fueron asesinados dos jóvenes que se movilizaban en una moto. Sus cuerpos fueron trasladados a Puerto Trujillo y mostrados como "guerrilleros muertos en combate". Según investigación posterior, estas personas sí eran colaboradores de la guerrilla y fueron ametrallados por el Ejército, sin que se presentara combate. El levantamiento de los cadáveres y las necropsias fueron controladas por personal militar. Los cadáveres de las víctimas fueron trasladados a Villavicencio bajo la dirección del Ejército.
Según la versión de la comandancia del ejército que operaba en la zona, dicho poblado era "coquero y guerrillero". Los pobladores reconocieron abiertamente que vivían del cultivo de la coca, pues en las circunstancias especificas que los rodeaban, no era viable otra economía, y reconocieron que la guerrilla cruzaba por allí, pero negaron rotundamente que fueran un poblado guerrillero. En los días siguientes al ataque, los militares detuvieron a dos personas del poblado, acusándolas de pertenecer a la guerrilla, y las entregaron a un fiscal de Puerto Gaitán; uno de ellos al parecer profesor de música , fue dejado en libertad por falta de sustentación de la acusación y al otro lo dejaron detenido, según los pobladores, solo por estar en posesión de unas botas similares a las que usaba la guerrilla. El ejército dispuso además, un riguroso control mediante el cual impedía el paso de semillas y alimentos para las fincas de la zona.
Como consecuencia de este ataque militar se generó un desplazamiento de los pobladores. De 500 pobladores que había en el casco urbano el 10 de febrero, día del ataque, un mes después solo quedaban 100. Entre quienes abandonaron la zona se encontraban las autoridades civiles locales, como el Inspector y los integrantes de la junta de acción comunal.
La queja por esto hechos fue presentada ante la Fiscalía General de !a Nación. (144) Según oficio del fiscal 32 Felipe Mojica Niño, fechado el 24 de abril de 1995. la actuación consumada por esa unidad frente a los hechos relatados anteriormente, quedó consignada en la investigación previa Nº 161, la cual fue remitida por competencia a la Fiscalía Regional Unidad ante la Sijin de Villavicencio. En dicho oficio Felipe Mojica Niño, refiriéndose a una denuncia instaurada ante la fiscalía por los hechos, afirmó: "La obligación que el cargo nos impone de guardar la reserva de la instrucción penal, es impedimento legal para precisar algunas inexactitudes y otras verdades a medias, contenidas en el escrito de la referencia". (145)
11. Casos cometidos en los municipios de tradición conservadora
Acacías
En Acacias, el 29 de junio de 1986, paramilitares asesinaron al militante de la Unión Patriótica, Víctor Jiménez Mora. Un mes después, el 28 de julio fue asesinado un hermano, Héctor Ramiro Jiménez Mora, quien era presidente de la Junta Patriótica de la población, junto con otro militante del mismo, José Agustín Melo.
El 2 de noviembre del mismo años, fue asesinado por miembros del grupo paramilitar "MAS", José Galindo, dirigente de la Unión Patriótica.
A los Ocho días. el 10 de noviembre. paramilitares asesinaron a Miguel Rivero Rey, militante de la Unión Patriótica.
El 16 de mayo de 1987, Nolva Aguirre, José Domingo Barragan y Octavio Gutiérrez, militantes del Partido Comunista fueron detenidos y torturados por militares adscritos a la Brigada VII, quienes los llevaron a las instalaciones de dicha brigada con sede en Villavicencio, en donde fueron golpeados e interrogados con el objeto de obligarles a declararse pertenecientes a un grupo subversivo.
Seis años antes, en febrero de 1981. José Domingo Barragan, para la época perteneciente a una organización campesina, había sido detenido con limitación de sus garantías procesales, sometido a aislamiento e incomunicación, golpes, insultos e injurias, paladas, plantón, privación de alimentos, colocación de vendas en la cara e interrogatorios prolongados por miembros del Ejército.
El 12 de diciembre de 1991, Florian Morales Alvarez, gerente local de la empresa Flota La Macarena y militante de la Unión Patriótica, fue asesinado a bala en un sector central de esta localidad, por dos hombres armados.
El 4 de octubre de 1992, el campesino y militante de la Unión Patriótica, Daniel Ortiz, fue asesinado por paramilitares, en el casco urbano del municipio. En el hecho resultaron también tres personas gravemente heridas. El crimen fue cometido pese a la permanente presencia y control de la fuerza pública tanto en el área urbana como rural.
El 16 de noviembre del mismo año. Edisson Aguirre Rincón, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado en zona urbana, por paramilitares.
En la víspera de la navidad, el 23 de diciembre, Laureano López Acevedo, militante de la Unión Patriótica , y José Reyes Parra, fueron desaparecidos por seis hombres armados, vestidos de civil que los interceptaron y se los llevaron de manera forzada en un auto. Los paramilitares se movilizaban en un Toyota carpado, color verde oscuro, en regular estado, modelo 68, con dos placas diferentes: por delante Nº 8188 y por detrás Nº5188. De ida salieron por la vía hacia Guamal.
Las víctimas se movilizaban a su sitio de trabajo en un automóvil Daihatsu color verde y blanco hueso, el cual fue dejado abandonado en el lugar donde fueron interceptaron. Se cree que fueron llevados a un lugar cercano a San Calos de Guaroa. El de campero de los victimarios fue visto posteriormente en Guamal, con otro número de placas: 3133; los números de la placa daban la impresión de haber sido adulterados.
El 17 de febrero, que vestian prendas militares se llevaron forzadamente, con rumbo desconocido, a Gabriel Vega, militante de la Unión Patriótica. Nueve días después, el 26, fue encontrado su cadáver con claras muestras de tortura, en el cementerio local.
También el 17 de febrero, poco después de regresar de trabajar, tres paramililares vestidos de negro, enmascarados y armados lo llevaron consigo al campesino Jairo Cárdenas Goyeneche, militante de la Unión Patriótica. A unos cien metros de la casa se encontraban más hombres vestidos de forma similar, y otros con uniformes camuflados. Luego de media hora, regresaron a su casa, la requisaron, y como su esposa les preguntara por Jairo, le respondieron que "pronto venía, se encontraba haciendo un mandado". Poco después, hacia las 6:30 de la noche, se escucharon tres disparos, y luego, como a las 8, nuevamente se oyeron disparos. De Jairo no se supo más, hasta el día 21 de febrero, cuando fue encontrado su cadáver cerca de la quebrada Sardinata. por la parte de arriba de la colonia penal de Acacias. Tenía las manos amarradas y disparos en la cabeza.
El 19 de marzo de 1993, José Domingo Sánchez, militante de la Unión Patriótica, fue desaparecido por paramilitares que se lo llevaron en un campero Trooper rojo, de placas AU 3915. El hecho fue cometido en el barrio Independencia, hacia las 8 de la noche.
El 16 de mayo de 1994, el educador Luis Alberto Romero Rojas fue asesinado por paramilitares.
Guamal
El 23 de noviembre de 1989, fue asesinada en Guama!, María De Jesús Neira López, profesora de esta localidad a donde había sido trasladada desde el municipio de El Castillo en vista de las amenazas contra su vida Era militante de la Unión Patriótica e integrante de la Asociación de Educadores del Meta (ADEM). En el hecho resultó herido su esposo.
El 11 de marzo de 1990, el campesino Fernando Petequa Aguilar, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado en zona rural de la localidad, por paramilitares.
En el mismo municipio, integrantes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro UNASE, componente Ejército, torturaron y asesinaron a Javier Cárdenas. El crimen fue cometido en el mes de marzo de 1993.
Cumaral
El 1 de enero de 1987, Humberto Useche Montenegro, Wilson Apango Holquin y Ramón nn fueron asesinados por varios pistóteros que asaltaron la hacienda "El Olimpo", en jurisdicción de Cumaral y procedieron a disparar indiscriminadamente
El 3 de agosto de 1988. Luis Augusto Bonilla, miembro de la Coordinadora Departamental de la Unión Patriótica e impulsor del Sindicato de Trabajadores de la Palma, compartía un juego de billar con varios amigos, en lugar céntrico de Cumaral, cuando al establecimiento llegó un paramilitar y lo acribilló, para huir en un vehículo Toyota blanco, en el cual se movilizaban otros individuos.
Para ese tiempo la Unión Patriótica estaba impulsando un movimiento en Cumaral, buscando que los jóvenes de esa localidad fueran empleados por la empresa Unipalma y en el mes de julio habían tomado algunas medidas de presión con ese objetivo.
Adicionalmente, Bonilla había denunciado dos días antes, que un sujeto conocido como Mr. Ritcher, quien ocupa un cargo directivo en la empresa UNIPALMA, ofrecía 500 mil pesos "por su cabeza". Su asesinato parece haber sido una perfecta confabulación entre autoridades civiles y militares del municipio, personajes con intereses económicos de la región y el jefe paramilitar Víctor Carranza.
El testimonio rendido ante autoridades judiciales, por parte de uno de los paramilitares que participó en esta y otras ejecuciones, permite ver con claridad la dimensión y alcance de las políticas de exterminio contra miembros de la Unión Patriótica y de cualquier organización social o política que se les oponga.
Según indagatoria rendida por Camilo Zamora Guzmán ante el Juzgado Cuarto de Orden Público el 10 de abril de 1989, "un señor Omar que vive en Cumaral nos mostró a este señor Luis A. Bonilla como reclutador de muchachos para la guerrilla, nosotros llegamos un domingo a Cumaral, Huevo Duro, Camilo Zamora, Jorge Panas, el cabo Mosquera del F2, el cabo Grajales del F2 y nos mostraron al señor que estaba tomando tinto con otros señores; nos pusimos a charlar con este señor Omar que es el Presidente del Concejo municipal en Cumaral y nos dijo véanlo, ahí está, ese es. Nos dirigimos hacia Villavicencio y al otro día charlamos con el Mayor Forero, éste llamó al capitán de Cumaral o sea al Jefe de la policía de allá que es un capitán y que todavía está allá y le preguntaron que si nosotros podíamos hacer ese trabajo, el cual dijo que si, que se podía hacer; como un miércoles del mes de octubre me parece que fue, nos dirigimos hacia esa localidad en un toyota blanco, en la cual íbamos el cabo Mosquera, el cabo Grajales pertenecientes ambos al F-2, el sargento Martínez perteneciente al B-2, "Huevo Duro" o sea Orlando Peña, Camilo Zamora y Jorge Panas, nos bajamos en una cafetería al pie del parque central de Cumaral, Jorge y yo nos encontramos con ese señor Omar, le preguntamos por Luis Bonilla y éste nos dijo que se encontraba más o menos en el billar la Hoya, nosotros fuimos y miramos y ahí estaba es señor charlando con unos muchachos, nos devolvimos para la cafetería y le preguntamos a los del F-5 que si ya podíamos hacer e! trabajo y estos nos dijeron que ya habían charlado con el capitán y que esperáramos 10 minutos que el capitán iba a recoger la policía del pueblo, a los 10 minutos el toyota se cuadró una cuadra adelante del billar. Jorge y yo nos bajamos, entramos al billar, este señor Luis A. Bonilla estaba jugando un chico de billar con sus amigos, llegamos nosotros y lo matamos..." (146)
En la huida, el grupo se encontró con un retén de la Policía cerca a Villavicencio; allí los retuvieron, pero luego de unos 10 minutos los dejaron continuar la marcha: "En el sitio Hotel del Llano nos tenía un retén la policía, y fuimos cogidos todos ahí. El Cabo Grajales y el Cabo MOSQUERA charlaron con el capitán de la patrulla del retén y le dijo suéltelos que esto es un trabajo del MAYOR FORERO, a la cual al cabo de diez minutos nos soltaron" (147)
Según Zamora, en el crimen de Bonilla participaron también la Secretaria privada de la Gobernación del Meta, María Dolores Cruz Bedoya y Guillermo León Torres, administrador de las ganaderías de Víctor Carranza. (148)
Pocos días después del crimen de Bonilla, el 20 de mayo, fue asesinado por cuatro hombres, en la vecina población de Restrepo, José Gabriel Garzón R., profesor de música de la Casa de la Cultura de Cumaral.
Posteriormente, el 7 de agosto de 1989, en la inspección departamental Guacavía, paramilitares asesinaron al campesino Trojelio Soto.
El primero de agosto de 1992. el campesino Jorge Enrique Bejarano Gómez, fue asesinado por paramilitares. Los individuos fuertemente armados llegaron en horas de la noche a la inspección de policía Caney Medio a la vivienda de la víctima y se lo llevaron a la fuerza, poco después lo asesinaron. Hermanos de la victima han venido siendo amenazados. (149)
Siete meses después, el 4 de marzo de 1993. Luis Mauricio Agudelo Rincón, de 28 años, militante de la Unión Patriótica y administrador de la tinca del sacerdote Luis Martínez, fue desaparecido por siete paramilitares, los cuales se movilizaban en un campero blanco y manifestaron necesitar hablar con Agudelo; "se lo llevaron en ei campero y dijeron que lo regresarían pronto, hasta el momento nada se sabe de él". La denuncia inicial agrega que -"en la finca y sus alrededores, desde hacía tres días se encontraba el Ejército", añadiendo que en opinión de los vecinos "lo más seguro fue el Ejército quien se lo llevó". El hecho fue cometido en la vereda Los Alpes.
El 15 de junio de 1993. ELIECER EMILIO VARGAS, presidente de la Junta de Acción Comunal de la inspección departamental de policía Caney Medio, fue asesinado por paramilitares. La victima se encontraba en la caseta comunal, reunido con pobladores, hasta donde llegaron varios hombres vestidos de civil y armados, que sin que mediaran palabras, le quitaron la vida. Campesinos de la zona responsabiliza del hecho a grupos paramilitares que vienen sembrando en terror en toda la región. (150)
Restrepo
El 7 de febrero de 1993, fue desaparecido el campesino y militante de la Unión Patriótica, Luis Guerra, luego que varios hombres vestidos de civil interceptaron un campero de servicio público que conducía hacia la población de Cumaral, a la altura del sitio la Estaca. Los victimarios lo obligaron a tirarse al piso del vehículo lo mismo que un hijo que lo acompañaba, y desviaron el campero por una vía alterna; su hijo logró escapar. El automotor fue encontrado quemado poco tiempo después.
El 28 de febrero del mismo año, en !a vía a la inspección departamental Monfort (jurisdicción de El Calvario), el campesino Fidel Ortiz, fue detenido, golpeado y amenazado de muerte por el Ejército.
El 23 de abril de 1994, Pedro Giraldo Pineros, fue desaparecido por hombres de civil armados, al parecer para militares, que rodearon su casa y se lo llevaron sin que nunca más se vuelva a saber de él. El hecho fue cometido hacia las 5 a.m., hora en que salía con su papá hacia el ordeño, el cual fue agredido por los victimarios.
Casos de otros municipios
En algunos municipios donde la fuerza electoral de la Unión Patriótica no era muy grande, los crímenes contra los militantes de este movimiento se registraron entre los años de 1992 y 1993 y tuvieron como particularidad que todos fueron cometidos en la modalidad de desaparición, como en SAN CARLOS DE GUAROA, donde el 24 de mayo de 1992, Segundo Epimenio Velasco Fajardo, Inspector de Policía, fue desaparecido por paramilitares, luego de que tomara un bus hacia Villavicencio.
El 2 de junio los hermanos y militantes de la Unión Patriótica, Uldarico y Benito Torres Solano, de 35 y 31 años respectivamente, fueron desaparecidos, después de haber sido retenidos por paramilitares, entre quienes se encontraba un agente de la Policía; los victimarlos estaban armados y encapuchados. Los hechos sucedieron en la vereda Gualas; las víctimas fueron subidas de manera forzada, a dos camperos, un Toyota blanco carpado y un Trooper. Testigos reconocieron entre el grupo de captores, a Wilson Joya -habitante de la región y a Fermín Conde agente de policía que estaba de vacaciones en ese momento- (151)
El 24 de julio. Rubén Darío Cuervo, de 32 años, militante de la Unión Patriótica, fue desaparecido por paramilitares que lo obligaron a abordar un vehículo color blanco sin placas. El grupo armado estaba compuesto por tres hombres y dos mujeres, los cuales llegaron hasta un sitio céntrico donde se encontraba la víctima. Antes de la retención el Ejército rodeó el pueblo y el hospital. (152)
Finalmente, en el mes de noviembre de 1995, Tres Hombres fueron enterrados como NNs, luego de ser torturados y asesinados por paramilitares en la inspección departamental La Palmera.
En el municipio de PUERTO CONCORDIA, el 29 de abril de 1992, Juan Romero, tesorero de una Junta de Acción Comunal y militante de la Unión Patriótica, fue asesinado por paramilitares. La zona estaba altamente militarizada y había sido bombardeada días atrás por el Ejército.
12. EJE DEL GUAVIARE
La zona, de reciente colonización, en particular la generada por el auge de los cultivos de marihuana y de cocaína, presenta problemáticas relacionadas principalmente con la región de la reserva forestal de La Macarena, en el departamento del Meta. Otra característica es la relacionada con la presencia y expansión de la insurgencia de las FARC, usada como escenario para reprimir las reivindicaciones campesinas y para perseguir a quienes conformaron el movimiento Unión Patriótica. Sin embargo, los hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad lueron cometidos en gran mayoría en San José del Guaviare.
Mapiripán (Meta)
El 4 de noviembre de 1987, época para la cual Mapiripán era aún inspección departamental del municipio de San Martín, Orlando Arana, de 23 años y militante de la Unión Patriótica, lúe asesinado en el casco urbano por miembros de la Policía.
El 16 de noviembre de 1987, Jesús Aldemar Velez Ramírez, concejal de Vista Hermosa y militante de la Unión Patriótica, (ue desaparecido por una patrulla del Ejército, que lo detuvieron en la vereda Buenos Aires, en momentos en que se dirigía a trabajar en un fundo de su propiedad. El hecho fue reiteradamente denunciado por las autoridades de Vista Hermosa. la organización política y los pobladores, éstos últimos ante la Procuraduría Regional del meta.
El 20 de septiembre de 1988, el dirigente de la Unión Patriótica en este municipio, Nicolás Roa, fue asesinado en la inspección departamental Puerto Alvira, por paramilita res. En ocasiones anteriores había sido detenido por miembros de la VII Brigada, por sus actuaciones políticas. Una de esas situaciones ocurrió el 5 de abril de 1987, fecha para la cual se desempeñaba como Consejero Comisaria! del Guaviare, Cuando se desplazaban en una embarcación de San José del Guaviare a la localidad de Mapiripán, fueron detenidos dos concejales y el consejero comisarial, por miembros del Ejército quienes los trasladaron a una Base Militar. Al enterarse de la situación de sus compañeros, otros dirigentes políticos se desplazaron hasta la mencionada Base para averiguar sobre el paradero de los detenidos, en donde las autoridades militares negaron haberlos retenido.
El 27 de noviembre de 1989, Eliberto Orjuela Rodríguez, militante del Partido Comunista, coordinador de la Unión Patriótica y candidato a la alcaldía de la localidad, fue asesinado en "extrañas circunstancias", puesto que en los últimos momentos de su vida, se vio envuelto en una redada, en la que al parecer, ingenuamente cayó.
En la fecha de su muerte, el alcalde de la población -de otro partido político le insistió en que le permitiera organizarle un homenaje por su postulación como candidato a la Alcaldía, por su juventud e inteligencia. En el curso de la fiesta intencionalmente lo embriagaron, y una vez se quedó dormido fue llevado por dos mujeres hasta una habitación donde lo dejaron con la puerta abierta. Hasta ese lugar llegó el sicario que lo asesinó de varios disparos, quien antes de marcharse tuvo la precaución de revisar que hubiese sido la víctima señalada, al buscar entre la ropa de la victima su cédula de identidad, la cual dejó sobre una mesa, en el lugar del crimen.
El crimen fue presentado como un hecho de carácter pasional La primera versión que circuló ampliamente, fue la de crimen pasional. Las mujeres que sirvieron de cómplices inmediatamente salieron de la población; el asesino fue detenido y estuvo dos años y medio preso, al cabo de los cuales fue dejado en libertad. Según averiguaciones hechas de manera particular, todo apunta a señalar al alcalde de esa época como autor intelectual del crimen, pues fue quien armó el engaño y puso en escena la artimaña para enredar al joven, aunque esta posibilidad nunca fue tenida en cuenta por los organismos de investigación.
Eliberto, caracterizado por su Juventud e inteligencia, había iniciado su formación política en la Juventud Comunista, JUCO, en los barrios populares de Villavicencio, a la edad de 15 años; más adelante fue trasladado por el Partido Comunista a realizar labor política en el municipio de Vista Hermosa, al lado del entonces alcalde por la Unión Patriótica, Julio Cañón. Allí les fue allanada por el Ejército la vivienda que compartían las dos familias; desde entonces fueron objeto de una tenaz persecución para asesinarlos, lo cual consiguieron tanto en el caso de Julio, a quien hicieron varios atentados, hasta que lo mataron, como en el de Eliberto, en el que usaron una táctica más sutil. Tenía esposa y dos pequeños hijos.
El día del crimen de Julio Cañón, Eliberto le hacía compañía para cuidarlo, como guardaespaldas yendo con é! además escollas del DAS. en razón a que venía siendo muy acosado; al momento del asesinato de Julio, uno de los escoltas fue asesinado por equivocación de los parami litares, quienes creyeron estar asesinando a Eliberto. (153)
San José del Guaviare
En esta localidad, los hechos de represián política durante el período se remontan al mes de marzo de 1985, cuando fue desaparecido el campesino Eduardo Mancera, por miembros del Ejército, según denuncias ante la Procuraduría General de la Nación.
El 6 de marzo fueron torturados y amenazados hasta obligarlos a declararse auxiliares de la guerrilla, los dirigentes agrarios Luis Sierra, Emilio Gil y Flor Vanesas. La detención se produjo luego de que el comandante de la Base Militar difundió una falsa noticia acerca del hallazgo de un cementerio clandestino con 60 cadáveres en el sitio la Fortaleza, comenzando por parte de las fuerzas militares la persecución del campesinado. En respuesta a los atropellos, 114 personas hicieron la denuncia ante el Presidente de la República, exigiendo la desmilitarización de la zona.
En el año siguiente, el 1 de mayo de 1986, fue desaparecido el comerciante Samuel Mauricio Alvarado Ayala, en la inspección de policía Puerto Nuevo.
El 23 de agosto de ese año fue cometida la primera masacre de que se tenga noticia en la región: Los campesinos Siervo de Jesús Moreno Gutiérrez. Néstor Enrique Gómez, Pedro Nél Ariza Duarte. Ana Tulia Espejo y Clara Inés Herrera Moreno, fueron asesinados en la vereda Nuevo Tolima, cuando transitaban en un auto campero. El hecho es atribuido a grupos paramilitares que vienen sembrando el terror en al zona, causando masacres y desapariciones, delitos antes desconocidos en la región.
El mismo día fueron asesinados, cuando se encontraban charlando en una esquina de la localidad, los pobladores, miembros de la misma Familia, José Humberto Muriel, Elías Muriel Linares y Humberto Muriel. Otro familiar resultó herido. El hecho también fue atribuido a paramilitares, que últimamente hacen frecuentes incursiones en la región, amenazando, asesinando y aterrorizando a la gente con estos delitos
El primer caso de agresión directa contra la Unión Patriótica se registra el 21 de octubre, al ser asesinado por sicarios Ramón Londoño, militante de ese movimiento político. Sin embargo, el día 2 de septiembre, dos hombres enmascarados y armados con ametralladoras habían incursionado en la sede del Concejo municipal y amenazaron a quienes lo integraban, en su mayoría de la Unión Patriótica, diciéndoles que debían abandonar el comunismo o serían asesinados.
Sólo un mes después se registra el primer caso de la mal llamada "Limpieza social", pues el 26 de noviembre fueron asesinadas seis personas por varios hombres que se identificaron como de un grupo paramilitar llamado "Muerte a Bazuqueros -MAB- " Las víctimas fueron Teófilo Nn, de 45 años; Edison NN; Jacqueline Sierra Araque, de 22 años; Edgar NN, de 26 años; Carlos Alfonso Saavedra y Un Hombre No Identificado, de 28 años. Otro hombre resultó herido.
A los tres días, el 29 de noviembre, paramilitares que se movilizaban en motocicleta, asesinaron en el barrio 1º de mayo, al activista de la Unión Patriótica, Plutarco Caicedo.
Posteriormente, el 9 de diciembre, paramilitares atentaron contra la vida del dirigente de la Unión Patriótica, Darío Chingata
Al día siguiente, e! 10 de diciembre, Juan Evangelista Chaparro Granados y Darío Triana fueron heridos a bala en alentado cometido por paramilitares. Como consecuencia de las heridas que recibió Chaparro quedó mudo.
Menos de una semana después, el 14 de diciembre, fue cometido el asesinato, por parte de un sicario, de Octavio Vargas Cuéllar, de 56 años, Representante a la Cámara por la Unión Patriótica, dirigente agrario, cofundador y miembro activo del Partido Comunista Colombiano.
El crimen ocurrió en el parque central de la localidad, momentos después de salir del hotel Yurupan. El día anterior había llegado para asistir a la instalación del Consejo de Rehabilitación, Normalización y Reconciliación. Casi seis años antes, el primero de marzo de 1981, fue detenido con limitación de garantías procesales y sindicado por el Ejército. Un año después, el 2 de noviembre de 1987, su hermano y concejal del Castillo, también militante de la Unión Patriótica, Arnulfo Vargas Cuéllar, fue asesinado en la inspección departamental Medellín del Ariari. Hecho en el que fueron heridas otras cuatro personas, entre ellas, Pedro Malagón, quien a su vez, fue posteriormente asesinado junto con una hija, el 20 de junio de 1996, en Villavicencio. (154)
Ante la oleada de asesinatos de líderes campesinos y políticos, y de campesinos en general, por parte de las estructuras paramilitares en los últimos meses y por los constantes atropellos de las tropas militares en contra de la población campesina, situación que imposibilita el desarrollo de sus actividades, unos 25.000 campesinos emprendieron el día 18 de diciembre un éxodo hacia San José del Guaviare, exigiendo además la construcción de obras comunales. Después de aceptar el compromiso adquirido por los representantes del Gobierno Nacional, los labriegos regresaron a sus lugares de origen, el día 28.
A pesar de las protestas y de los compromisos estatales, el 11 de enero de 1987 fueron desaparecidos tres hombres. Jesús Orlando Bayer Mejia, hijo de un concejal de la Unión Patriótica, y Dos más No Identificados. por tropas de la brigada VII y de la base militar de San José del Guaviere. Los desaparecidos habían sido detenidos con 21 personas y conducidos al puesto de policía de El Retorno en donde fueron liberados 18 personas en horas de la noche; los 3 restantes continuaron retenidos y al día siguiente los llevaron a la Base militar de San José del Guaviare donde permanecieron tres días, sin que pudieran ser visitados por sus familiares. El 15 fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada VII con sede en Villavicencio.
Los padres de los detenidos se presentaron en compañía de una Consejera intendencial a la Brigada con el fin de indagar por los detenidos, pero allí negaron que hubiesen sido trasladados, ante lo cual iniciaron la búsqueda en establecimientos militares y carcelarios sin obtener noticias durante más de 15 días, dándolos entonces por desaparecidos. El hijo del Concejal de la U.P fue abandonado por sus captores en precarias condiciones cerca de la Inspección de policía La Libertad, gracias a las intervenciones de la Procuraduría General de la Nación y otras autoridades nacionales.
El 26 de marzo de 1987, Blanca Nubia Ballesteros de Benjumea, esposa del Comisario Especial del Guaviare, fue asesinada por dos sicarios quienes le propinaron tres disparos y que luego huyeron en una motocicleta de alto cilindraje.
El 4 de mayo de 1987, Zacarías Valencia, concejal y militante de la Unión Patriótica. Alirio Apanda, concejal y militante de la Unión Patriótica, y Nicolás Roa, consejero comisarial del Guaviare, lueron detenidos por miembros del Ejército, en momentos en que se desplazaban de San José del Guaviare a la localidad de Mapiripan (Meta), a bordo de una embarcación; los militares los trasladaron a una Base Militar. Al enterarse de la situación de sus compañeros, otros dirigentes políticos se desplazaron hasta la mencionada Base para averiguar sobre el paradero de los detenidos, en donde las autoridades militares negaron haberlos retenido, siendo necesario solicitar la Intervención del alto gobierno para localizarlos y lograr su libertad.
Al día siguiente, el 5 de mayo. fue asesinado José Miguel Abdon Rojas Parrado, alcalde Municipal y militante de la Unión Patriótica, por miembros del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores. MAS, en momentos en que se encontraba en su residencia, en compañía del Personero Municipal. Entre los victimarios se encontraba una mujer que portaba una subametralladora
La victima había sufrido un atentado el 7 de diciembre de 1986. cuando dos sicarios le dispararon, del cual había logrado salir ileso. Debido a este hecho había solicitado protección de las autoridades militares. El 21 de abril de 1989 ante el Juzgado 20 de Instrucción Criminal Ambulante de Villavicencio, William Góngora Sierra, paramilitar, rindió declaración en la cual señala a victimarios y sus estructuras, en varios casos de asesinatos políticos en la zona del Meta y Guaviare. Este es uno de los casos que se esclarecen con su testimonio, en el cual señala como autor del hecho a alias "El Grillo", miembro de la estructura paramilitar de Víctor Carranza. (155)
El 8 de septiembre, fue asesinado el educador e Integrante de la Asociación de Educadores del Guaviare, José Fidel Majarrez.
Un mes después, ante la persistencia de los atropellos por parte de los militares, y con la finalidad de urgir una reforma agraria, el 15 de octubre más de 4.000 campesinos se movilizaron hacia San José del Guaviare. Los campesinos fueron rodeados por tropas del Ejército que les impusieron toda clase de restricciones.
El 24 de enero de 1988. José Yesid Reyes González, alcalde de San José del Guaviare, José Yesid Reyes Panqueva. Alvaro Tulio Avala y Luis Alberto Ardila. fueron asesinados por un grupo paramilitar. El burgomaestre, de filiación conservadora, había sido postulado por la Unión Patriótica para reemplazar al anterior alcalde, Miguel Rojas militante de la Unión Patriótica quien también había sido asesinado recientemente.
El 1 de febrero, fue asesinado por sicarios el educador Juvenal Aníbal Cabezas Cortés, miembro de la Asociación de Educadores del Guaviare -ADEG-, y militante de la Unión Patriótica. El crimen fue cometido en una escuela rural. Cuando regresaba del funeral del educador y sindicalista, fue asesinado Bernardo Arbeláez, director de la Concentración de Desarrollo Rural.
Luego, el 1 de junio, fue detenido y desaparecido por unidades del Ejército, el secretario de la Unión Patriótica en el sitio Caño Guaracú, Enrique Bocanegra. Los militares se lo llevaron en un helicóptero luego de prenderle fuego a su vivienda.
Ya en el año 1969. en el mes de agosto, paramilitares asesinaron al dirigente de la Unión Patriótica, Horacio Forero Páez
Posteriormente, el 10 de noviembre, en zona rural de la localidad, fueron encontrados los cuerpos de Dos Hombres No Identificados; presentaban numerosos impactos de bala
Finalmente, el 3 de mayo de 1990, varios hombres armados incursionaron, hacia las 6:30 de la tarde a una finca ubicada en el sitio El Capricho y asesinaron de varios impactos de bala y machetazos a trece personas; al parecer los homicidas iban en busca de una persona de apellidoMontenegro: otra fuente afirma que el hecho ocurrió en 3 fincas diferentes de la región. Las víctimas de esta masacre fueron: Rosalba Rueda de Montañez, Luz Myriam Galindo, María Aminta Montañez. Nancy Leticia Vacca, Nancy Polania Velazquez, Edgar Avila Pineda, Alvaro Ortiz Olaya. Heriberto Marín, Óscar Ariza Hernández, Juan Carlos Ramírez Marroquín, Juan De Jesús Montañez, Pablo Enrique Montañez y Héctor Julio Montañez Vacca.
Calamar
En esta localidad se han registrado dos casos en este período, ambos contra miembros de la Unión Patriótica:
El 21 de enero de 1988 fueron asesinados por el Ejército, Nohemí Laverde De Bernaza Y Carlos Morales, y posteriormente, en el mes de septiembre de 1989. fue asesinado, también por el Ejército. Jesús Moreno, dirigente de la Unión Patriótica.
Siete años después, ei 12 de julio de 1996. el campesino Laureano Narciso Moreno, concejal de este municipio en representación de la Unión Patriótica, fue detenido arbitrariamente por militares de la Brigada Móvil Nro. 2, y conducido a bordo de un helicóptero, a la base militar, donde fue sometido por más de ocho horas a interrogatorios. Los militares sindican al dirigente político de "narcoguerrillero" y "agitador profesional". También trataron de convencerlo de colaborar con los servicios de inteligencia militar. La víctima fue dejada en libertad por orden de la Fiscalía.
Miraflores
En esta población se ha registrado únicamente el asesinato de Argemiro Solarte, auditor de la Contraloría General de la Nación ante la administración de Miradores y miembro de la Unión Patriótica, cometido el 24 de marzo de 1988, por dos sicarios. En el atentado resulto herido otro integrante de la organización política.
13. Casos cometidos por abuso de autoridad
En el departamento del Meta, algunos crímenes cometidos por agentes estatales han tenido como móvil el abuso de autoridad o móviles diferentes al de la persecución política, razón por la cual a continuación se presenta una relación de casos de estas características, la mayoría de los cuales fueron cometidos en la ciudad de Villavicencio. Tal es el caso por ejemplo de Serafín Vanegas, celador asesinado el 12 de marzo de 1969, en el barrio Barzal, por el Cabo Segundo Juan Bautista López Dita y el Cabo Primero Alexander Rincón Castro, pertenecientes al batallón de ASPC Nº 7, adscrito a la VII Brigada. En horas de la madrugada y cuando se encontraba en compañía de José Ricardo García, fue detenido por los dos soldados que ios obligaron a hincarse en el suelo y en situación de indefensión les dispararon con la misma arma de dotación asignada al celador por parte de la empresa de vigilancia en la que prestaba sus servicios. En el hecho fue herido José Ricardo García Bernal. (156)
Posteriormente, el 27 de noviembre de 1989 fueron asesinadas María Mercedes Marenco Navarro, abogada, Sara Poce Marenco, Carol Patricia Marenco De Garzón Y Lucero Sánchez De Garzón, en la finca San Judas, vereda Apiay ubicada al frente del Batallón Serviez en la vía a Puerto López. Al parecer fueron asesinadas porque ésta adelantó un proceso en contra de ex soldado Luis Fernando Mosquera Moreno. El crimen fue cometido con arma blanca. (157)
El 26 de abril de 1992 se denunciaron las torturas y tratos crueles a que fue sometido el soldado Olimpo Aguja Chico, quien ingresó a prestar servicio militar en el Batallón de infantería 20 Aerotransportado General Serviez. Sus superiores le daban garrotazos, lo colocaban desnudo con una reata, lo exponían al sol durante un día trotando sin darle de beber. Estas torturas le impedían la realización de sus labores como soldado, razón por la cual empezaban los maltratos de palabra, gritándole que él era un "Guerrillero hijueputa". Estos hechos, le provocaron un episodio psicótico agudo, razón por la que tuvo que ser internado en el hospital militar donde se le dio de alta el 8 de junio de 1993. Él debió recibir atención médica y droga con posterioridad, la que fue negada de plano por las autoridades castrenses.
En agosto de 1993, un recluso de la cárcel municipal conocido como Francisco, fue golpeado y torturado por los guardias del centro penitenciario, quienes lo sorprendieron haciendo un hueco en la pared. Un cabo trató de golpearlo con una varilla de hierro, los guardias lo golpearon con sus bastones de mando y le propinaron patadas. (158)
El 7 de agosto de 1993, Angelo Reyes y Alvaro Rivera, habitantes del barrio Chapinerito, fueron detenidos y torturados mediante golpes, luego de que un grupo de agentes de la policía, al parecer sin orden judicial, destruyeron algunas viviendas en construcción e intentaron desalojar a mujeres, hombres y niños que se encontraban en el lugar. Hicieron disparos al aire y maltrataron a los pobladores. En el mismo operativo fue despojado de su cámara fotográfica y detenido el señor Eber Duarte, asi como José Orlando Diaz, quienes fueron dejados posteriormente en libertad. Los habitantes del barrio, entre ellos Angelo Reyes, Alvaro Riveros. Polidoro Bohorquez, y Luis Caicedo Machado, habían comprado lotes de terreno y estaban construyendo las viviendas en ellos, pero al parecer una presunta dueña del inmueble recurrió a la fuerza pública de manera irregular e ilegal, para tratar de desalojar a las familias que habitan el barrio. Aunque el 14 de septiembre de 1993 se formuló denuncia ante la Defensona del Pueblo, en ese despacho no figura investigación alguna al respecto.
El 24 de junio de 1994. Orlando Duarte, Hercindo Martínez y Otros dos Campesinos No Identificados, fueron encontrados asesinados en una laguna cercana al río Guayuriba, zona rural de la ciudad; presentaban señales de torturas. Los paramilitares los sindicaban de haber robado unos motores fuera de borda que luego aparecieron.
Dos meses después, el 18 de agosto. Una Vendedora Ambulante fue golpeada por un cabo de la Policía que participaba en el desalojo de los comerciantes informales del sector céntrico de la ciudad, en inmediaciones de la Plaza San Isidro. La mujer, que se encontraba en estado de embarazo, tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial. en donde dio a luz.
En agosto de 1994, en ta base det Batallón 21 Vargas, ubicada en el municipio de Granada., Isidro Ayala Velasquez, soldado adscrito al referido batallón, fue sometido a "brutales maltratos físico y mental por parte de sus superiores", según acción de tutela presentada por la madre de la víctima contra el comandante de la IV División del Ejército, mayor General Raúl Rojas Cubillos. El soldado tuvo que ser recluido en el Hospital Militar Central de Bogotá.
En el mismo municipio, el 5 de septiembre de 1994, José Gonzalo Jiménez Duarte, fue torturado por los guardianes carcelarios Sergio Hernández Mora y NN Jerez.. El recluso Jiménez Duarte se encontraba detenido bajo la sindicación de homicidio, y desde que ingresó al centro penitenciarlo fue golpeado, maltratado y sumergido en agua. El día 5 de septiembre antes de ser trasladado a la cárcel del Barne, en Tunja. fue duramente golpeado por los guardianes. (159)
Finalmente, el 26 de junio de 1995, en el municipio de Puerto Gaitan. José Eusebio Alvarado, pescador de 28 años. fue asesinado por el agente de la Policía César Augusto Alarcón, escolta del Gobernador del Meta, Alfonso Ortiz Bautista, en hechos sucedidos en el parque principal de la localidad aproximadamente las 4:30 de la madrugada. El pescador había participado en un bazar e iba para su casa. cuando fue muerto por el uniformado. (160)
4. Surgimiento y exterminio del comité cívico de derechos humanos del Meta
La Década del Genocidio termina con el exterminio de quienes, horrorizados frente al mismo, no se quedaron callados sino que reaccionaron convocando a la solidaridad humana para denunciar y levantar un clamor apremiante ante el país y el mundo. Cerca de treinta organizaciones sociales del departamento del Meta conformaron, en diciembre de 1991, el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta. Su historia la hemos reconstruido siguiendo el relato que hace su fundador, el abogado Josué Giraldo Cardona, quien dió este testimonio en Ginebra (Suiza) seis meses antes de ser asesinado. Los apartes de su testimonio van intercalados con informaciones que lo complementan:
"Crónica de una muerte anunciada" (161)
"Trabajamos con amor: amor por el conjunto, amor por la unidad, amor por lo universal, amor por los valores máximos de la vida. Nuestro amor se expresa a través de la sensibilidad que nos hace compartir el sufrimiento del grito desgarrador de los niños y las niñas que asisten al asesinato de sus padres o a sus entierros; de las madres enlutadas, con un llanto anónimo y profundo, que te preguntan a Dios por qué se asesinó a sus hijos, o de las viudas que de repente se ven privadas de sus compañeros y condenadas al ostracismo de sus tierras y a la soledad.
"Por amor es que debemos transformar esta sensibilidad en actos por la justicia, en la lucha por la vida. Si no se produce, si no hay como consecuencia el necesario desprendimiento de nuestro bienestar material, de nuestra tranquilidad personal, el amor no será amor y las lágrimas furtivas serán solamente sensiblería para amortiguar el egoísmo. Es triste que nuestro amor haya estado ligado a la contraposición del odio que ocasiona la muerte. El verdugo odia y los defensores de los derechos humanos amamos. Los egoístas quieren todo para si y los que amamos la vida estamos dispuestos a compartir nuestros sueños con el egoísta" (162)
"La Iglesia comenzó relacionándose con ONGs de derechos humanos de carácter nacional y promovió talleres y proyectos pedagógicos en 1989 y 1990. Nos encontramos en estas jomadas educativas y empezamos a tejer lazos de amistad y a compartir experiencias. Decidimos conjuntamente convocar una jornada de solidaridad con los presos políticos (...) Esta jornada nos abrió el camino para la fundación del Comité Cívico de derechos humanos, en el año 1991 (el Comité fue creado oficialmente el 6 de diciembre de 1991) (...) Nuestros primeros encuentros fueron bastante grandes: participaron 60 ó 70 personas, representando diversas organizaciones. Tuvimos seis meses de intensas y enriquecedoras discusiones sobre el papel de una organización no gubernamental de derechos humanos en una zona de conflicto armado entre el Estado y la Guerrilla; sobre el qué hacer por la vida y por la paz: sobre cómo ampliar nuestro radio de acción, etc.
"Nos congregamos 35 organizaciones populares, sindicales, campesinos. luchadores por la vivienda, educadores, médicos, abogados, estudiantes. ecologistas, liberales, conservadores, gente de izquierda y religiosos. (...) Comenzamos nuestro trabajo con la intención de recuperar los hechos de violencia política que se iniciaron desde 1986 con el genocidio político decretado contra la Unión Patriótica. Pero no nos ha sido posible. Mantenemos un atraso de cinco años de violaciones sin documentar, impedidos por las violaciones a los derechos humanos que todos los días nos desbordan.
"(...) Luego de tener afianzado nuestro trabajo, decidimos la presentación pública del Comité ante las autoridades locales y departamentales. Comenzamos con las organizaciones de control, del ministerio público, las procuradurías, luego la Alcaldía y por último la Gobernación. La primera sorpresa fue que al día siguiente de haber ido a la Procuraduría, nos visitaron unos detectives del DAS y estuvieron siguiéndonos durante una semana a cada miembro del Comité hasta sus respectivas casas. Se empezaron a recibir las primeras llamadas amenazantes. Este hecho comenzó a alejar a las primeras personas del Comité, que pensaban que el compromiso altruista en defensa de la vida no podía ir hasla arriesgar la vida propia. El temor las alejó, pero siguieron colaborándonos en cosas puntuales, por lazos de amistad.
"Sin embargo, el primer golpe duro que recibimos fue la desmembración de UNUMA, una organización de 7 médicos. 10 enfermeras y 7 auxiliares, que habían fundado una cooperativa cuya orientación era el servicio a los sectores populares y especialmente a las víctimas de la violencia. Con ellos teníamos el convenio de atender a los desplazados heridos o enfermos que llegaran a la ciudad, allí los atendían y tes daban la medicina que requirieran. Era un trabajo que ayudaba a paliar parte de las dificultades de las víctimas y por medio del cual se salvaron muchas vidas. Pero apareció una lista en 1992 de 18 médicos del departamento amenazados de muerte porque supuestamente eran 'auxiliadores de la guerrilla" (163)
Las sentencias de muerte se empezaron a ejecutar, en menos de dos meses: tres médicos sufrirían las consecuencias de las amenazas:
El 11 de septiembre de 1992. en el municipio de Restrepo. Armando Rodríguez Parrado, médico Director del Hospital de este municipio e Integrante de la cooperativa de la salud UNUMA, fue desaparecido por varios paramilltares encapuchados que lo sacaron a la fuerza del hospital a media noche, obligándolo a abordar un vehículo rojo sin placas, después se pudo establecer que el automóvil pertenecía a la SIJIN. El médico había denunciado en días anteriores que estaba siendo seguido y hostigado por individuos que él creía pertenecían a las Fuerzas Armadas. Otra fuente informa que el médico "está desaparecido, después de haber sido raptado por cinco hombres que lo condujeron a un carro sin placas, de color rojo, que pertenecía a la SIJIN de la Policía».
El 3 de Octubre de 1992. en el municipio de San Martín, Edgar Robayo Quintero, médico del hospital local, fue sacado de allí, al parecer mediante engaños, por paramilitares. Su cuerpo fue encontrado asesinado al día siguiente en la vía a Cubarral, baleado y con señales de tortura.
Tres semanas más tarde, el 29 de octubre de 1992. en el municipio de Villavicendo, Alvaro Diego Escrivano. de 40 años, médico y dirigente cívico, fue asesinado en su consultorio por varios paramilitares llegados de la región del Magdalena Medio; los agresores se hicieron pasar por pacientes y le dispararon en varias oportunidades.
Al día siguiente, durante sus honras fúnebres, el presidente de Provivienda y concejal por la Unión Patriótica. James Ricardo Barrera fue víctima de un atentado. El fiscal de la organización cívica y también militante de la Unión Patriótica, Héctor Pabon, fue herido en el atentado al interponerse entre el dirigente político y los victimarlos. El señor Pabón recibió tres impactos y quedó paralítico. Uno de los agresores fue detenido y resultó ser miembro activo del F2, de nombre Emiliano Vigoya Herrera, quien fue dejado en libertad después. (164)
"El se enteró de que lo iban a matar y me llamó quince días antes muy nervioso. La policía lo citó para que les diera tos nombres de todos los heridos que había curado en las últimas semanas, pues decían que entre ellos él había curado a un guerrillero. Él les respondió que los últimos que había atendido eran todos miembros del Ejército que habían sido heridos en una confrontación con la guerrilla. Un detective que se hacía pasar como embolador, le hizo algunos comentarios, advirtiéndole los riesgos que corría.
'Ocho días antes de la muerte del Dr. Escrivano. el Ejército estuvo visitando los alrededores de su casa en horas de la madrugada. El era amigo del Gobernador y se fue a hablar con él para pedirle que lo acompañara a hablar con el comandante de la VII brigada. Fueron a la cita y el General le garantizó que su vida no correría peligro. A la semana, estando en su clínica, llegó un supuesto paciente a una consulta, entró a su consultorio y le descargó seis tiros de revólver. La información que pudimos obtener es que fue un crimen cometido por la inteligencia militar.
'En medio de ese clima de terror que se creó contra el personal de salud que atendía campesinos desplazados, a la cooperativa UNUMA le llegó la noticia de que ellos serían tes próximas víctimas. Todos salieron como agua que lleva el viento, y la clínica quedó abandonada". (165)
El año de 1992 cerraría con un balance bastante negativo para el Comité, con tan solo un año de fundado. Ya una de las organizaciones fundadoras se había retirado por la muerte y desaparición de tres de sus miembros. Además había sido, después de 1988, el año que más casos de violaciones de derechos humanos se habían presentado: la nueva arremetida contra la UP, que había constado la muerte entre otros de Mercedes Méndez, Alcaldesa de El Castillo, masacrada con 4 personas más, el 3 de junio de ese año en Caño Sibao, en el municipio de Granada, Según Josué Giraldo: "Ella fue una de las pioneras del movimiento de los derechos humanos en el Meta y del Comité." (166)
Además de la arremetida contra la Unión Patriótica, la entrada en operaciones en el departamento de la Brigada Móvil 1. había dejando una estela de dolor y muerte, sumado al constante accionar de los grupos paramilitares.
Sin embargo, esto no significó la retirada del Comité; por el contrario, para abril de 1993 se proponen realizar un foro que se llamó "Alternativas de Paz para el Departamento del Meta", al cual convocaron a diferentes sectores políticos y sociales, a la Iglesia, a los militares, a diferentes autoridades focales, regionales y a los gremios. Paradójicamente la represión se intensificaría en vísperas del Foro: tres hechos distintos, pero relacionados entre sí. dejarían como saldo la desaparición de dos miembros del Comité y del Tesorero del municipio de Mesetas.
El primero en ser víctima sería Jaime Bazurto, miembro de la Asociación Colombiana de Asistencia Social ASCODAS e integrante del Comité, desaparecido el 3 de abril de 1993 en la ciudad de Villavicencio.
Dos semanas después, el 16 de abril, Julio Serrano Patino, de 30 años de edad. Tesorero del municipio de Mesetas y ex Alcalde de la misma población en el periodo 1988-1990, sería desaparecido por paramilitares que atacaron el vehículo en el que se movilizaba. Los hechos sucedieron siendo aproximadamente las 17:30, en el sitio conocido como la Curva del Cheque, cuando el vehículo en que se movilizaba en compañía del conductor de la Alcaldía, fue interceptado por un vehículo Montero blanco, que los venía siguiendo y que se les atravesó; del carro bajaron dos individuos armados que los obligaron a apearse; una vez fuera del carro el conductor escapó del lugar recibiendo dos impactos de arma de fuego. Los paramilitares se llevaron con rumbo desconocido a Serrano y el vehículo en que se transportaban.
Tres días después, el 19 de abril, Delio Vargas Herrera, miembro fundador del Comité, presidente de la Asociación Colombiana de Asistencia Social -seccional Meta- (ASCODAS). y militante de la Unión Patriótica, fue interceptado y llevado a la tuerza por cinco paramilitares que se movilizaban en un campero. El hecho fue cometido en la calle 29 con carrera 27. barrio El Retiro, hacia las 7 de la noche, cuando "iba para su casa en compañía de su esposa y de sus dos hijos; iban llegando a la casa cuando se les atravesó un carro con unos sicarios; él corrió pero tropezó y rodó por el piso; lo alcanzaron y por la fuerza lo subieron al vehículo; entre tanto él gritaba su nombre y decía que era un defensor de derechos humanos; su esposa también gritaba pidiendo auxilio: algunos vecinos alcanzaron a anotar el número de la placa del carro y un grupo de muchachos que estaban jugando fútbol en la calle estuvieron muy atentos a los hechos y se fijaron bien en la fisonomía de los victimarios". Uno de los vehículos utilizados en el crimen, un Chevrolet Monza de placas FS46-77, fue visto al día siguiente en la residencia de Hernando Moreno Martínez, ex-sargento del Ejército e informante voluntario del B-2 de la Brigada VII, quien fue detenido ese mismo día portando una pistola 7.65 mm. Delio no pudo ser encontrado porque ya se lo habían entregado a otro grupo para su custodia.
Delio había sido anteriormente amenazado cuando residía en la inspección departamental Medellín del Ariari. municipio de El Castillo, razón por la cual tuvo que desplazarse hacia Villavicencio. En abril de 1988, había sido detenido por miembros del Ejército, como "sospechoso", en momentos en que trasladaba los cuerpos de varios militantes de la Unión Patriótica que habían sido masacrados.
El foro se realizó el día 23 de abril, insistiendo en que devolvieran a los desaparecidos, y "se insistió mucho en el diálogo para solucionar el conflicto armado interno; para buscarle salidas a la encrucijada de la guerra a través de la negociación. Uno siempre tiene la esperanza de que estos eventos aporten algún paso hacia el camino pretendido." (167)
Terminado este foro. la secretaria del Comité se vio obligada a desplazarse de la ciudad de Viliavicencio por las constantes amenazas. Se pudo establecer que las tres desapariciones guardaban una relación directa, por informaciones anónimas que llegaron a la sede de la pastoral social del Meta: "hasta el día 27 de abril Delio Vargas y Julio Serrano Patino se encuentran en las instalaciones del Unase. Ese mismo día los sacaron en un Montero, color rojo de capota blanca cuatro puertas, por la vía a Puerto López, es posible y casi seguro que los tienen pasando el puente de Ocoa donde hay un barquito o bañadero Los Olimpos, a mano derecha en la hacienda Beatriz. Al parecer esta hacienda la usa el UNASE para diferentes actividades en unión con los paramilitares de Carranza. En dichas haciendas deben tener túneles, trincheras, es posible haya un cementerio clandestino"
' la información se le entregó personalmente al Consejero Presidencial para la Defensa de los Derechos Humanos, para que se tomasen las medidas que correspondían con el Ministro de la Defensa, pero la información cayó en manos de los militares, lo cual hacía que cualquier diligencia resultara inútil" (168)
Gracias a la insistencia de los miembros del Comité ante las autoridades. el día 29 del mismo mes, se realizó un allanamiento en la finca "La Cristalina" de propiedad de Víctor Carranza. Allí fueron capturados Einer Avila, Luis Alfredo Bernal, Guillermo Novoa Suarez, Eulises Poveda y José Daniel Urrego. En la finca encontraron; 1 fusil Galil, dos fusiles AK47. 1 carabina M1 calibre 30. 1 escopeta Remington calibre 12, 1 pistola Browning calibre 9 mm, 10 proveedores varios, 1800 cartuchos de diferente calibre, 6 granadas de fragmentación M26A3, 1 granada de fragmentación M-67, 1/4 de explosivo sísmico, 1 mt. de mecha lenta, estopines. 1 radio Yaesu FT-212 RH y material de intendencia.
El único juzgado fue Hernando Moreno Martínez, quien fue condenado a 40 años de prisión por un juez regional el 20 de febrero de 1995 (169). A comienzos de 1996, Josué Giraldo expresó que; "Al día de hoy seguimos sin conocer el paradero de Delio. Nos han informado recientemente que fue sepultado en una fosa común" . (170)
Pero la ofensiva en contra de los defensores de derechos humanos en el departamento no terminaría ahí. El 9 de julio de 1993, sería desaparecido Adolfo Silva, en el municipio deVillavicencio cuando abordaba un vehículo de transporte urbano para dirigirse del barrio Popular al centro de la ciudad. "Adolfo se había unido a nuestro trabajo luego de que saliera de la cárcel, pues había estado preso, condenado por rebelión, y dejando finalmente en libertad al cumplir su pena. Estando en prisión, nos había ayudado a la preparación y realización de la ¡ornada a favor de los presos políticos. Adolfo no quería continuar en la lucha armada y nos pidió que lo ayudáramos a establecerse en Villavicencio. Empezó a trabajar en labores de carpintería, pintando y construyendo casas, y realizando otros oficios similares que le permitían ganarse la vida. En sus horas libres nos colaboraba en el Comité y participaba en nuestros talleres".
Los indicios sobre los autores de la desaparición de Adolfo, serían descubiertos porque un miembro activo de la VII Brigada dio a conocer a algunos miembros de la Unión Patnótica datos sobre la participación de Isabel Martínez, quien se desempeñaba como secretaria de los diputados de la U.P en la Asamblea del Meta e Informante del Ejército, no solo en la desaparición de Adolfo sino también en la de Delio Vargas y Julio Serrano, en la muerte de
José Rodrigo García Orozco y en la masacre de Caño Sibao el 3 de junio de 1992. Efectivamente ella había sido quien comunicó a la VII Brigada sobre el viaje de la comisión de El Castillo y solicitó que su esposo -integrante también de la misma-, no fuera asesinado. De hecho, él fue el único sobreviviente. Al parecer su esposo era ajeno a las actividades de esta secretaria.
"A los seis meses de la desaparición de Adolfo nos asesinaron el presidente de Ascodas en Puerto Rico, Meta, miembro también del Comité.
El presidente de la CUT en el Meta, Víctor Julio Garzón (171), quien formaba parte del Comité en representación de los sindicalistas, fue amenazado de muerte y tuvo que abandonar el país.
"Fue el año 93 uno de los más difíciles para nosotros: sin embargo, pese a las muertes y desapariciones, pese a los hostigamientos y amenazas, decidimos continuar el trabajo, aunque cada vez más solos porque el terror había disuadido a muchas personas, entre ellos a los educadores que se retiraron. Su decisión nos afectó mucho, aunque de alguna manera los comprendimos, porque el miedo es un instinto que nos impone la sobrevivencia. Mantuvimos un núcleo de quince personas con las que seguimos adelante" (172)
En febrero de 1994, la Tesorera del Comité fue amenazada y para salvar su vida se vio obligada a desplazarse. El 10 de marzo de 1994 fueron dejadas en el contestador automático de la oficina del Comité una serie de amenazas e insultos soeces contra los miembros del mismo.
"Al terminar el 94 y comenzar el 95 se incrementaron las amenazas y la persecución en contra nuestra. Las denuncias que veníamos haciendo contra los paramilitares y contra Víctor Carranza les molestaba mucho porque se develaba toda la estructura de impunidad en la que se amparaban para seguir cometiendo sus crímenes. Habíamos establecido una lista de más de 140 sicarios ligados a esos grupos, con sus nombres propios y sus apodos.
"En los juzgados y en las diferentes instancias judiciales reposaban ya demasiados elementos de prueba contra ellos: testimonios, delaciones, confesiones, documentos, etc.. que señalaban a los administradores de justicia como cómplices, por omisión, de la reproducción de los crímenes que estos grupos cometían. Empezamos a descubrir y hacer pública una verdad que dormía en las propias dependencias oficiales. Hasta ese momento cometían los crímenes a la luz del día porque la sombra que cubría era el propio poder del Estado: por ello, los que denunciaban también terminaban desaparecidos o muertos.
"Desistimos de la búsqueda de justicia en las instancias departamentales, porque todas las entidades estaban de una manera u otra manera comprometidos con el proyecto paramilitar de la fuerza pública y de Víctor Carranza".
"No habíamos logrado resultados positivos frente a la impunidad, pero si en cuanto al rescate de personas desaparecidas, que estaban en cuarteles o estaciones de policía sin ser reportados. Una de las últimas acciones que hicimos en el Comité de Derechos Humanos fue precisamente por la detención de dos campesinos en el área rural del municipio de El Castillo. No habían sido reportados como capturados y logramos recuperarlos por la reacción inmediata de la comunidad internacional. El gobierno nacional tuvo que enviar un funcionario especial a Villavicencio y otro a El Castillo. Al final al Ejército le tocó dejar en libertad a los dos muchachos, luego de tenerlos en condición de desaparecidos durante ocho días.
"El Ejército y los paramililares nos veían cada vez más como un obstáculo creciente a la guerra sucia que desarrollaban en e! Meta y nos empezaron a sentir como un peligro para la acostumbrada impunidad de sus crímenes.
"Los grupos paramilitares de Colombia se reunieron en algún lugar de Córdoba a finales de 1994, promovidos por Fidel Castaño. (...) y en dicha reunión decidieron crear una estructura de inteligencia y grupos operativos en siete ciudades del país, entre ellas Villavicencio. También decidieron en dicha reunión crear frentes de apoyo político a los paramilitares.
"Empezando 1995 aparecieron las primeras consignas en las paredes de esta ciudad, de los grupos MACOGUE -Muerte a Comunistas y Guerrilleros. COLSINGUE -Colombia sin Guerrillas-. que se habían atribuido durante 1994 el magnicidio del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda vargas, y la muerte de varios dirigentes sindicales." (173)
El 10 de febrero de 1995 llamaron a la Curia a amenazar a una religiosa que era integrante de la junta directiva del Comité. El 13 de febrero de 1995 supuestos vendedores ambulantes llegaron a la casa de habitación del abogado Josué Giraldo, presidente del Comité, El 15 de febrero de 1995 un taxi le hizo un seguimiento a una secretaria de Ascodas. El 20 de febrero de 1995 la Policía llamó al Comité para preguntar por la lista de los nombres de los directivos; ante la negativa de darles la información por teléfono argumentaron que ya la tenían y se empezaron a burlar.
"En Febrero de 1995, continuaron con su estrategia, realizaron un foro con la participación, por primera vez abierta, de las propias autoridades departamentales y nacionales." (174)
"El foro de los paramilitares se realizó, como lo decía antes, en la sede de la Asamblea Departamental, en pleno centro de Villavicencio. Allí asistieron el Comandante del Estado Mayor de la Séptima Brigada y varios delegados del gobierno nacional. A mi regreso, como presidente del comité de derechos humanos, pedí la grabación de la sesión por haber sido un evento público. Constatamos que todos los jefes paramilitares del departamento del Meta estuvieron presentes, entre ellos "Rasguño". "Puntillón", los hermanos Alape, Tovar, jefe paramilitar de Vista Hermosa, los hermanos Silva, jefes paramilitares de El Dorado y de Cubarral. Todos estuvieron. Llevaron a algunos campesinos que trabajaban para ellos y se decían victimas de la violencia guerrillera. Anunciaron realizar un segundo foro en Casanare. En el evento gritaron consignas anunciando la muerte de la subversión y de sus colaboradores. Hicimos en el Comité una fuerte y reiterada denuncia pública por lo que había sucedido y nos opusimos a la realización del segundo foro. Lo que hicieron fue un desafio descarado contra nuestras ansias de justicia y de civilidad. Era la expresión de la arrogancia y la brutalidad.
Pedimos en todo caso a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Defensoria del Pueblo que investigaran las responsabilidades que allí cabían por la promoción de grupos ilegales y por su encubrimiento.
"Los paramilitares volvieron a la carga con sus amenazas, con sus intimidaciones en contra de los miembros que quedábamos del comité" (175) El 25 de febrero de la VII Brigada llamaron a la CUT para averiguar por los nombres de los directivos de la seccional del Meta y a preguntar si habían participado del Foro contra la violencia guerrillera. El 28 de febrero llamaron a la casa del presidente del Comité con amenazas e insultos. El 1 de marzo llamaron a la Empresa de Licores del Meta, donde laboraba el presidente del Comité, a preguntar por él, y se apareció un reconocido sicario de Cubarrat a indagar si éste tenía aún escoltas. El 8 de marzo de 1995 fue abordado uno de los integrantes del comité y se le informó acerca de las amenazas contra una de las religiosas integrantes del Comité y sobre la realización de una cumbre de paramilitares. El 15 de marzo fue dejado en el contestador de la oficina del Comité otro mensaje intimidador. El 16 de marzo de 1995 la mencionada religiosa tuvo que abandonar el país.
"En mayo se hacia imposible continuar con el trabajo. Pese a nuestras denuncias, el Gobierno nacional no nos daba ninguna garantía y las amenazas y persecuciones persistían. Decidimos cerrar las oficinas del comité y declararnos en desplazamiento forzoso. Nos trasladamos a Bogotá y abrimos una oficina que nos cedió el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
"Nos turnábamos los seis o siete que quedábamos como miembros activos del Comité. Recibimos el apoyo de las ONG nacionales. (...) inicialmente presentamos un documento S.O.S. donde denunciábamos la persecución, el hostigamiento, las amenazas, los desplazamientos, los asesinatos y desapariciones de miembros del Comité desde su creación. Hicimos una descripción de hechos de violencia. Entregamos una relación de los responsables de estos crímenes. Señalamos a Víctor Carranza como autor intelectual principal, conjuntamente con los altos jefes militares de los mismos. Anexamos copias de los cassettes que grabamos de las llamadas en las que nos anunciaban que nos iban a poner bombas. Dimos los datos de los números de las placas de los carros desde los cuales nos seguían. Señalamos que eran carros de la inteligencia militar, del UÑASE -Unidad Antiextorsión y Secuestroy a veces del F-2 de ¡a policía. Copias de este documento S.O.S. las entregarnos a la Fiscalía General de la Nación, a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la Nación y radicamos también una copia en el DAS.
"Un año después de haber entregado las denuncias, en enero y febrero de 1996, y por presión de las ONG nacionales e internacionales, apenas empezaron a llamarnos a ratificarnos en las acusaciones que habíamos hecho. Durante 1995 no movieron un solo dedo para responder al menospor las amenazas y persecuciones que habíamos recibido." (176)
En agosto de 1995 se conformó una comisión compuesta por 16 representantes del gobierno y varias ONGs, entre ellas el CCDH del Meta, "con dos objetivos prioritarios: generar las condiciones de regreso a Villavicencio para que el Comité pudiese seguir sus labores normales con las garantías indispensables, lo que implicaba una acción del Estado dirigida a desmantelar los grupos paramilitares, en el empeño un poco ilusorio de que ello era posible, y hacer una investigación sobre los diez últimos años de violencia 1985-1995." (177)
Sin embargo durante el funcionamiento de la comisión, uno de sus miembros había regresado a Villavicencio, donde había vuelto a ser objeto de amenazas directas por parle de los paramilitares y continuaron los hostigamientos y seguimientos contra otros integrantes del Comité.
"El gobierno hizo cálculos efectistas para liberarse de la presión, manifestando de esa manera su "buena voluntad" frente a la comunidad internacional de los derechos humanos. Pero en el piano concreto, frente a lo que esperábamos y necesitábamos de la comisión, el gobierno quería un informe oscuro que no hablara de las víctimas, que no hablara de los responsables; quería repetir el discurso clásico oficial frente a la violencia: de la complejidad, de la diversidad de autores, que conduce a que el Estado no sea victimario sino víctima y todos responsables de la impunidad.
"El gobierno bloqueó la comisión: nunca entregó los doce millones de pesos que prometió dar para los gastos mínimos de funcionamiento. Habíamos acordado además que el gobierno le daría fuerza vinculante y jurídica a la comisión a través de un decreto presidencial que nunca expidió.
'Los efectos que esperábamos con la Comisión Meta resultaron siendo totalmente contrarios.
Queríamos generar un clima de diálogo, de consenso, en el departamento, en torno a la importancia de respetar y respaldar el trabajo en derechos humanos, pero se exarcebó más el paramilitarismo. Pasaron cosas como la siguiente: en Vista Hermosa, después de cuatro años de haber cesado la violencia política, el hecho de que la comisión fuera y entrevistara a la única concejal de la Unión Patriótica que quedaba en dicho municipio, fue la causa para que a los ocho días la obligaran a abandonar la región. Visitamos al inspector de policía de Piñalito para averiguar sobre tres masacres que allí se cometieron y desde que nos fuimos han intentado matarlo en tres oportunidades. Después de que estuvimos en El Castillo, la violencia se volvió a incrementar y mataron a varias personas." (178)
'En Granada nos entrevistamos con miembros del Batallón 21 Vargas, que es e! de más experiencia en la lucha contraguerríllera del país, porque fue el primero en crearse con ese propósito en los años cincuenta. La primera brigada móvil salió de allí; es sin duda el más grande laboratorio de guerra en Colombia. Un oficial vinculado ai programa de derechos humanos de la Presidencia de la República nos invitó a una de sus charlas para expresarnos el punto de vista que trabajan al interior de las fuerzas armadas. Para nuestra sorpresa, durante dos horas nos habió del 'enemigo interno' y de 'dos municipios que no habían podido limpiar de comunistas, que eran El Castillo y Uribe'. Ese era el 'promotor de derechos humanos'. Salí muy desilusionado porque corroboré que con un Ejército de esa naturaleza, sólo sangre se puede esperar; con militares así es imposible construir la paz en Colombia.
"En Granada conocimos otro caso de locura, de paroxismo infamante de la violencia. Un grupo paramililar que allí funciona, en asocio con el 21 Vargas (batallón que tiene su sede en ese municipio), tenía acuerdos con la funeraria del pueblo, de tal forma que cuando iban a realizar una matanza, les avisaban a los propietarios para que fuesen los primeros en llegal a ofrecer los servicios fúnebres; luego la funeraria les pagaba una comisión a los sicarios. Uno de los sicarios terminó matando a unos de los empleados de la funeraria porque un día no fue a recogerlos muertos que ese grupo paramilitar les había indicado sino que fue a recoger otros muertos de otro grupo paramilitar, con lo cual el primero perdió la comisión con la que contaba." (179)
"De las entrevistas más relevantes destacó la que tuvimos en Granada con el Clero de la Iglesia Católica, encabezado por el Obispo. Allí los sacerdotes y religiosas asentados en la región del Ariari han sido testigos del avance paramilitar y de sus crímenes en los últimos diez años. Muchos han tenido que cambiar de parroquia por amenazas contra sus vidas. El padre Marulanda, quien colaboraba con el Comité y la pastoral social, había tenido que dejar la región y el país por un intento de los paramilitares de acabar con su existencia, a raíz del fervor con el que se entregaba en la defensa de la vida.
"(...) También en Vista Hermosa hablamos con el párroco. Nosotros llevamos un listado de 150 personas asesinadas y me impresionó encontrar en el libro de entierros más de 350 víctimas de la violencia política, todas sepultadas por el Padre. Ello se refleja en el cementerio de Vista Hermosa, que casi es tan grande como largo es el pueblo. Allí solo se enterraban víctimas del casco urbano. Los corregimientos e inspecciones tienen su propio cementerio donde otros centenares de personas yacen como testimonio de la brutalidad desatada en los últimos años, la mayoría jóvenes. Las cruces blancas establecen, además, que las muertes son recientes. En El Castillo la historia volvió a repetirse y los muertos registrados en la parroquia lo eran en un número superior a los datos que nosotros conocíamos. Me llevó toda un tarde transcribir el listado de asesinados." (180)
"Hablamos con un anciano que fue fundador de Vista Hermosa, dirigente de una junta comunal, poeta popular que ha ligado en su inspiración la historia de la colonización de la región. Nos contó cómo se hicieron esos pueblos a punta de hacha, tumbando árboles gigantescos y muriendo sus familiares de distintas epidemias. Nos denunció de otra parte la existencia de tres fosas clandestinas en el municipio de Granada. Entregó a la Fiscalía los datos exactos donde se encontraban. Sin embargo, hasta hoy no se ha hecho la verificación. Tememos que, como ha pasado en otras oportunidades, cuando se tome la decisión, ya los cadáveres habrán sido desenterrados y cambiados de lugar. Esto nos sucedió con la multinacional del petróleo SHELL. que facilitó sus helicópteros, en los cuales, con los del Ejército, trasladaron decenas de restos de fosas que habían sido denunciados con precisión por campesinos a las autoridades judiciales, ubicadas en terrenos de Víctor Carranza.
"No podré olvidar tampoco el diálogo con una anciana militante de la Unión Patriótica, quien en tres oportunidades fue concejal de Granada. Prácticamente toda su familia fue asesinada. Hoy ha hecho de su casa un centro de reclusión, evitando las calles para que no la asesinen, agonizando en la soledad por la ausencia de sus seres queridos y manteniendo la convicción de sus ideas políticas, como una manera, dice ella, de conservar la esperanza de que el país cambiará y de que los suyos no murieron en vano. Le alegró saber que yo seguía luchando.
"Constatamos igualmente la concentración cada vez mayor de la tierra en manos de Víctor Carranza. En esos días adquirió dos grandes haciendas en Vista Hermosa; compró otra en la Mesa de Fernández, donde se están haciendo exploraciones petrolíferas. Los mensajes que envía para la compra de tierras no dejan alternativas a los finqueros o campesinos "vendan ahora, o negociaremos con las viudas". La persuasión del terror siempre opera, cuando es el Estado el que lo patrocina." (181)
"Empezaron a aparecer personas asesinadas en los municipios donde la comisión hizo presencia. Nosotros mismos fuimos fotografiados por el Ejército en dos desplazamientos que hicimos, en Vista Hermosa y en San Juan de Arama. Hubo un intento de agresión por paramilitares, cuando regresaba una de las subcomisiones que se encargó del Ariari, por Granada. En Puerto Caldas, en Coquivacoa. se acercaron los paramilitares en moto, armados, que anunciaban una nueva masacre. Fue un momento de mucha tensión que puso muy nerviosos a los mismos funcionarios del Gobierno y de la Defensoría.
Terminando la Comisión, volvieron a presentarse amenazas directas en mi contra, ya que yo hacia parte del Comité Ejecutivo de la misma, lo que me obligó a marginarme comenzando enero de 1996. En febrero tuve que salir del país y ahora, a mediados de marzo, las ONG que participaban en dicha comisión han decidido retirarse definitivamente". (182)
En noviembre de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos -OEA-. solicitó al gobierno colombiano que adoptara medidas especiales para garantizar la seguridad de Josué Giraldo y la de otros miembros del Comité del Meta. Ei gobierno colombiano respondió tal solicitud asignándole dos escollas del DAS para su protección personal; sin embargo no se investigaron las amenazas y las denuncias que Josué había hecho a integrantes de la VII Brigada del Ejército como autores de tales amenazas.
"En enero de 1996 viajé a Pensilvania para saludar a mis padres y allí fui informado por una persona de mi absoluta confianza, que tiene nexos con la Fuerza Pública, de que tuviese mucho cuidado porque se estaba preparando en la ciudad de Villavicencio un atentado contra mi vida, y conjuntamente contra el compañero Pedro Malagón (183), diputado de la Unión Patriótica. Yo regresé a Villavicencio a la segunda semana de Enero, prevenido y asustado. A los pocos días empezaron a rondar por mi casa motos y carros sin placas. En la tercera semana comencé a ser seguido de la casa a mi trabajo y del trabajo a mi casa por un campero Trooper rojo, perteneciente al B-2 del Ejército. La persecución era ostensible. En una de esas tardes, un amigo me fue a buscar para advertirme que esa noche o al día siguiente estaba prevista la ejecución del pian para asesinarme. Antes de salir, llegó otra persona a decirme que el Trooper rojo había estado dando vueltas alrededor de mi oficina toda la tarde y que sus ocupantes, todos armados, se veían muy nerviosos, muy ofensivos. Me dijeron que ios encargados de asesinarme eran Arturo e Ignacio Alape, y "Puntillón", e! hermano de "Rasguño", con la cobertura del Ejército y de la Policía. Me comuniqué a tas seis de la tarde a Bogotá para denunciar los hechos a la Fiscalía y exigir que enviasen una comisión. Me tocó que pedir un carro de escoltas del DAS y llegue a mi casa escoltado por diez personas. Eso hizo que los sicarios tuviesen que aplazar su plan para otra oportunidad.
"Yo sabía además el sitio donde se alojaban los paramilitares que tenían que atentar contra mí: sabía que tenían una caja con dinamita y tres fusiles R-15; esperaba que la comisión de la Fiscalía llegase de Bogotá para que se hiciese el allanamiento de la vivienda. Desafortunadamente la comisión no bajó esa noche. Las personas que me tenían informado, me comentaron que a las cinco de la mañana sacaron las armas y los explosivos, las llevaron hasta Resfrepo, un municipio a veinte minutos de Villavicencio. y que regresaron sin armas. A las 9:30 de la mañana llegó por fin la comisión. Yo insistí en que se hiciera el allanamiento porque de todas formas, aunque ya no se encontrasen las armas, los cuatro que allí estaban tenían ordenes de captura. Se organizó el operativo. Los fiscales vieron a los sicarios en el andén de la casa; comprobaron que allí se encontraban y terminaron decidiendo que no podían actuar porque esperaban mejor que la orden de allanamiento les llegara desde Bogotá. Los paramilitares se percataron de lo que pasaba, porque uno de los funcionarios 'imprudentemente' se paseó por el frente de la casa mostrándoles el arma que llevaba. Los sicarios, una vez recibido el aviso, huyeron por la parte de atrás, saltando un muro. Cuando llegó la orden de Bogotá, no encontraron a nadie. Tuvimos una discusión muy fuerte con la Fiscalía, porque además de incompetencia lo que yo percibía con su actuación era complicidad. Ese mismo grupo paramilitar era el encargado de ejecutar a Nelson Vitoria, el representante a la Cámara, y a
Pedro Malagón, el diputado por la Unión Patriótica.
"La última semana de enero recibí un anónimo en el que me seguían advirtiendo que la orden para asesinarme seguía en pie: que ya me había salvado de dos intentos pero que tenían que cumplir la misión de asesinarme a mi y a Pedro Malagon. Por ello abandoné la ciudad y posteriormente el país." (184)
"Regreso a Colombia con expectativas aún inciertas, mas haré lo posible por aguantar hasta junio en Viliavicencio, para conversar con mi familia sobre este asunto de las amenazas y de la persecución. No dejaré el Meta porque desde que llegué me he integrado a su pueblo." (185)
El13 de octubre de1996, Josué Giraldo Cardona, defensor de derechos humanos, fundador y miembro del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta -CCDH- , miembro de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, dirigente político de la Unión Patriótica y Asesor del Transito Departamental, murió abatido a tiros a las puertas de su casa ubicada en el barrio Batata, por un paramilitar que le disparo en seis ocasiones. Se encontraba delante de su casa junto con sus dos hijas, de tres y cinco años, y un amigo norteamericano. Cuando el pistolero no identificado se le acercó y abrió fuego contra él, Josué echo a correr pero ya estaba herido y cayó al suelo, a continuación, el sicario le disparó varias veces, causándole la muerte, y después salió huyendo en una motocicleta Yamaha de color azul que los esperaba a cien metros del lugar y era conducida por un cómplice.
Desde su llegada al departamento, a comienzos de 1987, después de haber sobrevivido a un atentado en su ciudad natal, Pensilvania (Caldas), se había vinculado a los procesos organizativos promovidos por la Unión Patriótica, así como a la formación y asesoría de las bases del movimiento político y del Partido Comunista, en el Centro de Estudios Sociales, CEIS- INEDO, Seccional Meta. Por su permanente contacto con los sectores y organizaciones que estaban siendo victimizados en el desarrollo de la guerra sucia contra la Unión Patriótica, y además por su profesión como abogado, asumió el acompañamiento y defensa de las víctimas, hasta que a comienzos de la década promovió la creación del Comité Cívico por los Derechos Humanos, el cual presidió hasta el momento de su asesinato.
Josué había denunciado repetidamente ante la Fiscalía General de la Nación las amenazas proferidas por personas que viajaban en vehículos pertenecientes a la VII Brigada del Ejército Nacional y que, según él presumía, le tenían sometido a constante vigilancia. En febrero de 1995 intervino en una conferencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,celebrada en dependencias del Parlamento Europeo en Bruselas, y denunció los vínculos existentes entre las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares. A lo largo de 1995 se incrementaron las amenazas e intimidaciones contra los miembros del Comité del Meta: "Hola perros: les voy a matar a todos. Les voy a poner una bomba... Les voy a quebrar, malditos perros". Las contínuas amenazas y actos óe intimidación contra miembros del Comité obligaron en abril de 1995 a clausurar su oficina en la capital del departamento, Villavicencio. y a proseguir su trabajo de derechos humanos desde la capital del país, Bogotá. Sus miembros siguieron recibiendo amenazas. En agosto de 1995 se conformó una comisión compuesta por representantes del gobierno y varias ONGs, entre ellas el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta. En Marzo de 1996, ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, y ante las amenazas que obligaron a Josué a salir del país, este Comité se retiró de dicha comisión.
En noviembre de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó al gobierno colombiano que adoptara medidas especiales para garantizar su seguridad y la de otros miembros del Comité del Meta. El gobierno colombiano respondió tal solicitud asignándole dos escoltas del DAS para su protección personal; sin embargo no se investigaron las amenazas y las denuncias que Josué había hecho sobre integrantes de la Vil Brigada del Ejército como autores de tales amenazas. Justamente por esas amenazas, su nombre fue incluido en el listado de casos presentados por la organización política a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1993, solicitando que el Estado colombiano fuera declarado responsable por el crimen de GENOCIDIO contra la Unión Patriótica.
Aunque el gobierno colombiano ha emitido declaraciones condenatorias sobre el crimen contra Josué Giraldo, y aunque la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación está llevando a cabo una investigación penal, este organismo reconoce que pocos avances se han registrado y que "la investigación continúa en etapa de indagación preliminar por cuanto no se ha logrado individualizar ni identificara los autores del hecho; pese a las múltiples pruebas y diligencias decretadas y practicadas por este organismo'.
El cinismo de la justicia colombiana se aprecia en su real magnitud en el informe que la Fiscalía envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 22 de febrero 22 del 2000, según el cual "había dado tramite oportuno e inmediato a los asuntos relacionados con estos hechos. Este es el caso de la solicitud de documentación sobre este caso por parte del fiscal primero de Manizales para perfeccionar la investigación que allí se adelanta por un atentado que sufrió el señor Giraldo Cardona en dicha ciudad" (186), el 13 de mayo de 1987 en Pensilvania, Caldas, o sea, una década antes de ser asesinado.
"A veces me da por pensar que es un acto de cobardía el irse. El hecho de Ser obligado a dejar las cosa que has construido, los espacios de lucha que te enriquecen en su condición de ser humano, y dejarlo todo por las amenazas o la inminencia de la muerte, es enajenarle tu libertad a los verdugos; es endosarle al criminal la condición de un dios que puede decidir sobre tu vida o tu muerte. No lo acepto. Ceder me parece más terrible que la muerte misma." (187)
Notas:1. Buenaventura, Nicolás y otros. "Tregua: Unión Patriótica", Centro de Estudios e Investigaciones Sociales -CEIS, Bogotá, 1985, pg. 67
2. ibidem.pg. 131-132.
3. Varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, "Ceder es más terrible que la muerte", Bogotá, 1997 (ISBN: 958-33-0682-7). pág. 26.
4. Varios. "La Macarena, Reserva Biológica de !a humanidad". Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1990, pág 333.
5. Varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, "Ceder es más terrible que la muerte". Bogotá, 1997 ISBN: 958-3 3-0682 -7) pág. 27.
6. Defensoría del Pueblo, Serie Documentos, No. 2, octubre de 1992, pg. 216
7. Giraldo Josué, "Testimonio de Vida de Josué Giraldo Cardona". En "Ceder es más terrible que la muerte". o.c. pags. 254 y 255. Esta afirmación había aparecido ya años antes, en la memoria: "El Desplazamiento Interno en Colombia", (memorias de seminario llevado a cabo en Chinauta, Fusagasuyá, del 2 al 5 de noviembre de 1991), Ilsa, Bogotá, 1992, pág. 33.
8. "Ceder es más terrible que la muerte", o.c; pág. 30.
9. PNM, Testimonios.
10. Quien se cree es Hernando Moreno Martínez uno de los implicados en la desaparición forzada de Delio Vargas ocurrida el 19 de abril de 1993.
11. Ibídem, pág 255
12. En la jurisdicción penal ordinaria, de acuerdo con información suministrada por el segundo comandante del Ejército, Mayor General Diego A. González Ossa, la investigación fue iniciada por el .Juzgado 17 de Instrucción Criminal con sede en Granada e inspeccionada a finales del mes de Septiembre de 1985 por el Doctor Eriberto Reyes, visitador de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares. Esta información no da cuenta del estado del proceso. Respecto de la jurisdicción disciplinaria, La Procuraduría Delegada parala Policía Nacional abrió expediente bajo el numero 43250.
13. Por el juzgado 30 de Instrucción Penal militar correspondiente al Batallón 21 Vargas con sede en Granada, Meta, no se inició investigación por estos hechos.
14. Testimonio de Josué Giraldo. en "En Ceder es más terrible que la muerte", o.c. págs.207 y 268.
15. Citado en Varios, «Ceder es más terrible.,.», o.c. pág. 187.
16. Ibidem, pág. 187
17. Ibidem, pág. 187
18. Ibídem, pág. 186
19. Otros elementos necesarios de mencionar respecto de la actuación de la justicia ordinaria son:
El 29 de septiembre de 1988 abocó conocimiento de la indagación preliminar el Juzgado Cuarto de Orden Público de Villavicencio con el Radicado No. 019 y dispuso suspenderla de conformidad con lo prescrito en el artículo 347 del Código de procedimiento penal. El 10 de marzo de 1989 el Juzgado ordenó su traslado a la ciudad de Bogotá para la practica de algunas pruebas. Después del allanamiento del 4 de abril, y con fundamento en las declaraciones de William Góngora y Camilo Zamora, el Juzgado Cuarto de Orden Público abrió investigación formal y ordenó vincular mediante indagatoria a William Góngora Sierra, Camilo Zamora Guzmán, Daniel Rodríguez Garzón, Arnulfo Castillo Agudelo, Hernando González Hueso, Jaime Ramón Lozano Neira, Jairo Rodríguez Niño, Pablo Emilio Rodríguez, Jorge Monzaibe Vergara Patino, Juan Carlos Rodríguez Uribe, Leopoldo Martínez Torres y José Fidel Mahecha. Posteriormente, decretó medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, por los delitos de homicidio múltiple y tentativa de homicidio en contra de todos los indagados, ordenó vincular mediante indagatoria a Florencio Rodríguez, Héctor Julio Saavedra Leyton, Héctor Alfonso Gutiérrez Ortiz, Eseney Mosquera Tabares y a Guillermo Torres Arango, dado que junio con los anteriores, aparecían involucrados en los 'diferentes procesos que finalmente fueron acumulados al 019.
Después de proferida la sentencia absolutoria y en la fase de su consecuente conocimiento por parte del Tribunal Superior de Orden Público, para establecer el grado jurisdiccional de la sentencia, la defensa de Víctor Carranza argumentó la improcedencia de la Consulta en la legislación de orden público, por cuanto en el proceso hubo constitución de parte civil, por los familiares de dos de las victimas (Luis Eduardo Yaya Cristancho y Carlos Kovacs) y porque los apoderados no presentaron recurso de apelación contra la sentencia. Otro argumento expresaba que una vez decretada la unidad procesal, se debe asumir tal criterio siempre, porque de lo contrario sería como pensar que por cada hecho debería emitirse una sentencia, en contravia de las normas procedimentales. En síntesis, el pronunciamiento del Tribunal Superior tendría que referirse únicamente a las cuestiones de forma de la sentencia.
Por su parte mediante alegato presentado ante la segunda instancia, el 9 de julio de 1990, el agente del Ministerio Público argumentó en contra de lo expresado por la defensa de Víctor Carranza, de que si bien en los procesos de Yaya Cristancho y Carlos Kovacs existió parte civil, en la gran mayoría no se dio tal circunstancia y que, en consecuencia, d Tribunal debía pronunciarse sobre el contenido de la sentencia, colocando como antecedente, una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 10 de diciembre de 1987. Este funcionario público sustentó serios elementos para declarar nulidades procesales, con base en las siguientes razones: En relación con el sumario por tentativa de homicidio de Julio Cesar Vaca, seguido contra Jaime Ramón Lozano Neira por el Juzgado Quinto de Instrucción Criminal y el cual fue acumulado al proceso Rdo. 019 del Juagado Cuarto, se dejó de calificar jurídicamente lo referente a la tenencia en poder del sindicado de una pistola Pietro Beretta con un proveedor y 20 cartuchos, lo que califica el arma como de uso privativo de las fuerzas armadas en concurso con la tentativa de homicidio. A lo cual el Juzgado Cuarto pretendió adecuar el procedimiento en relación con esas circunstancias, es decir la calificación jurídica de la conducta y la adecuación al procedimiento especial por el tipo de arma. La Juez Cuarta también omitió decidir en la sentencia, lo referente al hallazgo de elementos de delito en la finca Los Cámbulos, por lo cual se inició el proceso 029 del Juzgado Segundo de Orden Público por violación de los artículos 7 y 13 del decreto 180 de 1988, que se acumuló al 019. Igual aconteció con el armamento encontrado en las fincas la Reforma y la Sesenta, cuyas ilicitudes no fueron decididas en la sentencia. En consecuencia, esos dos procesos debían separarse del proceso matriz, para ser fallados de conformidad. Planteaba también que con ocasión de la acumulación al proceso 019, del proceso adelantado por el atentado contra Humberto Orjuela Tovar, después de haberse corrido et traslado para alegatos de conclusión, se vulneró el derecho de defensa de los imputados y de la sociedad, representada en el Ministerio Público, Dicha irregularidad ha debido subsanarse, al momento de la acumulación, revocando el auto del 20 de febrero de 1990, por medio del cual se dio inicio al plazo para presentar alegatos de conclusión, para dar a todos los procesos acumulados el mismo tramite. Como eso no se hizo en su debida oportunidad, ahora, según el agente del Ministerio Público, era menester decretar nulidad parcial que solo afecta ese proceso, con el fin de que sea separado del proceso matriz y así continuar su tramite de manera independiente y autónoma.
De otra parte, en relación con la sentencia absolutoria el Ministerio Público realizó una serie de cuestionamientos al análisis del acervo probatorio realizado por la Juez Cuarta de Orden Público para sustentar la absolución, básicamente porque no cotejó las versiones de Góngora y Zamora con elementos de juicio que las respaldaban dentro del sumario, entre los cuales se destacan:
•Con base en las declaraciones de Góngora ante el DAS, este organismo logró efectuar el Operativo en el barrio Marsella de Bogotá, en donde encontraron y detuvieron a quienes el había dicho que estañan; así mismo, la reacción violenta de quienes finalmente fueron detenidos, reafirma la veracidad de la confesión sobre el carácter de los detenidos, es decir, su vinculación a una estructura criminal. No importa que su conocimiento sobre el grupo de sicarios de debiera a su vinculación con el mismo o a su parentesco con la esposa de Arnulfo Castillo.
•Respecto de la confesión de Zamora, que delata a la organización criminal y confiesa múltiples delitos cometidos, el mismo Juzgado Cuarto de urden Público en el auto de detención en que vincula a los capturados del 4 e abril de 1989, la califica de veraz y le concede plena credibilidad porque lo dicho por él lo encuentra".,.. lleno de franqueza y sinceridad, como hasta ahora el Juagado lo ha venido comprobando paso s paso...".
•En efecto, destaca el agente del Ministerio que "gran parte de las diligencias practicadas en este mismo proceso 019 y en los demás anexados, dieron la razón a Zamora en el sentido de que evidentemente existía una organización dedicada al exterminio en su forma más primitiva, no solamente de los miembros de una organización de política sino de cualquier persona que por el detalle más inocuo fuera considerada un obstáculo para sus tenebrosos designios»
•Fue tanta la credibilidad de las versiones de Góngora y Zamora que el mismo Juzgado Cuarto de Orden Público les decretó medida de aseguramiento como a los demás detenidos en el allanamiento de I barrio Marsella, pero les concedió la libertad provisional en virtud del artículo 6 del decreto 2490 de 1988, como reconocimiento a su colaboración eficaz, tanto en el esclarecimiento de los hechos como en la determinación de los responsables.
•Una vez más la veracidad que el referido despacho confiere a lo confesado por Zamora se evidenció cuando negó la revocatoria de la medida de aseguramiento proferida contra Arnulfo Castillo, Juan Carlos Rodríguez y Hernando González Hueso, por cuanto la misma no versaba solamente por la masacre de Caño Sibao, sino por la responsabilidad que les cabía por el delito de concierto para delinquir. Dijo además que el informe del DAS corroboró en su aspecto objetivo muchos de los homicidios relatados por Zamora, específicamente los relativos a Luis A. Bonilla, Julio Cesar Vaca, María Patricia Rivera y Ferncy Murillo, así como el homicidio de Alba Eniz Ariza Vega (militante de la JUCO en Cubarral que no fue acumulado al proceso matriz).
Por todo lo anterior, el Ministerio Publico consideró que debía revocarse la sentencia absolutoria y en su lugar proferir condena por violación al articulo 7 del decreto 180 de 1988, contra los capturados el 4 de abril de 1989 en el Barrio Marsella de Bogotá, En lo atinente al homicidio de Carlos Kovacs y otros sostuvo que se debió dictar sentencia condenatoria contra Camilo Zamora y Jaime Ramón Lozano Neira por violación al artículo 29 de decreto 180 de 1988. Se debió procesar y condenar por concierto para delinquir a Gustavo Rojas, alias "Patedanta" y a Antonio Guzmán alias "Comandante Cortico", cuyos alias aparecieron en unos documentos en la finca "Los Cámbulos" como a quienes se les hacia entrega de unas armas, algunas de las cuales fueron encontradas en un allanamiento efectuado en el inmueble.
A pesar del concepto del agente del Ministerio Público, el Tribunal Superior de Orden Público acogió la tesis de la defensa de Víctor Carranza y se pronunció escasamente sobre la procedencia de la consulta, dejando sin protección debida a los afectados por los hechos delictivos que no constituyeron parte civil.
Este proceso ha sido considerado como un "monumento a la impunidad", y en verdad lo es, como se puede apreciar al valoraren conjunto algunos de los mecanismos que en desarrollo fueron implementados para garantizar la impunidad de la totalidad de los hechos investigados, tanto el que dio origen a su radicación como los que le fueron acumulados:
• La Juez Cuarta de Orden Público profirió sentencia el 18 de mayo de 1990, tres meses después de las respectivas acumulaciones de los procesos, las que se verifica ron entre enero y marzo del mismo año. Y en relación con el proceso que se adelantaba con ocasión al atentado contra Humberto Orjuela Tovar, tan solo fue acumulado el 5 de abril, fecha en la que ya se había vencido el termino para presentar alegatos de conclusión, lo que indica que los sujetos procesales no tuvieron acceso a este expediente, vulnerándose el principio del debido proceso y de paso limitándose el acceso a elementos valorativos para las partes dentro del proceso.
• Se hizo evidente la finalidad de los grupos paramilitares como estructuras para eliminar a miembros de las organizaciones políticas de izquierda, caso específico la Unión Patriótica, y aunque se evidenció también la importante participación de miembros de los organismos de seguridad del Estado, éstos no fueron involucrados en la investigación, y por ende, no fueron sancionados por sus comportamientos criminales
• Reiteradamente, los victimarios pudieron movilizarse libremente a pesar de que en las zonas donde fueron cometidos los crímenes era evidente la presencia militar y de policía, a pesar de lo cual no de dio !a reacción inmediata y efectiva para su persecución y captura, como lo ordena la ley. Por ejemplo: cerca de Caño Sibao está ubicada una base militar y sin embargo al)! fueron cometidas varias masacres; la desaparición del Tesorero y el Personero de Puerto Gaitán, fue cometida en una vía pública donde la policía de Puerto Gaitán habia montado un reten en el cual el vehículo en el que najaban fue objeto de requisa, sin que a los autores del crimen hubieran sido observados, requisados y detenidos por las autoridades policivas; y finalmente, en la entonces inspección departamental El Dorado existe una base militar, pese a lo cual, numerosos crímenes fueron cometidos en esa zona.
• Los cadáveres de Ramiro García Briñez, José Ornar Molina Rojas, los hermanos Ramiro y Manuel Ramírez Casallasy los de otras dos personas no identificadas, fueron abandonados en un sitio donde era difícil el acceso de las autoridades investigativas o de sus familiares, como lo era la propiedad privada de Julio Carranza Niño, a donde en primera instancia no se recurriría en la búsqueda.
• Los cuadernos originales del proceso 019, el cual tenia valiosísimos elementos probatorios en relación con el paramilitarismo en el país y en especial sobre la vinculación de Víctor Carranza y miembros de los organsmos de seguridad del Estado "se extrañaron». Finalmente la documentación completa de 13 de los procesos se perdió completamente.
• Los apoderados de la parte civil constituida por los familiares de Luis Eduardo Yaya Cristancho y Carlos Kovacs fueron amenazados hasta el punto de que el Dr. Ricardo Rodríguez Henao sufrió un atentado y se vio abocado a abandonar el país. Las diligencias penales que se adelantaron por este hecho fueron archivadas por el Cuerpo Técnico de Investigaciones. Asi mismo Willian Góngora Sierra uno de los principales testigos de cargos dentro del proceso penal seguido contra la estructura paramilitar de Víctor Carranza, fue asesinado dos nieses después de haber salido de la cárcel. Es preciso aclarar que no se pudo tener acceso a la investigación penal que debió adelantarse por su muerte. De otro lado, otros dos sindicados perdieron la vida en forma violenta durante el curso de proceso, lo cual generó que la Juez Cuarta de Orden Público declarara extinguida la acción penal en su favor. Las circunstancias en que fallecieron no son tan claras. Lo único cierto es que los decesos de Fidel Mahecha y Pablo Rodríguez ocurrieron en hechos de violencia que no fueron indagados por el Juzgado. Días más tarde el resto de los capturados en el operativo del 4 de abril de 1989, solicitaron su traslado a la ciudad de Villavicencio por razones de seguridad,
• El Juzgado 20 de Instrucción Criminal al abstenerse de decretar medida de aseguramientoyia Juez Cuarta de Orden Público al dictar sentencia absolutoria, otorgaron absoluta credibilidad a las versiones dadas por el paramilitar Víctor Carranza Niño y su hermano Julio Carranza Niño y dejó de valorar hechos delictivos probados fehacientemente, como las caletas encontradas en las fincas de estos con armamento, prendas de uso privativo de las fuerzas militares y los cadáveres hallados. La Juez dejó de valorar lo atinente a la coincidencia de la relación detallada de los sitios donde se guardaban armas y de la ubicación de las caletas utilizadas por la organización paramilitar y que fueron encontradas efectivamente por las autoridades en los sitios señalados. En relación propiamente con Víctor Carranza las acusaciones hechas por Zamora Guzmán y Góngora Sierra son coincidentes en afirmar que éste es el creador y financiador de los grupos paramilitares. Su efectiva participación en Ganaderías Nare y Tecminas. Que Guillermo Torres era su administrador. Describen los nexos existentes entre los asistentes a los cursos de para militarismo, con las otras actividades de Carranza en el campo de la explotación esmeraldifera y que provienen de Otanche (Boyacá). Coinciden también en señalar que las calidades de las victimas del grupo: era ser miembro de la Unión Patriótica o considerados auxiliadores de la guerrilla, o simplemente personas relacionadas con movimientos de izquierda o democráticos. En las fincas allanadas, especialmente la Ginebra, de la que los dos testigos dieron información, se apreció la infraestructura logística necesaria para cubrirlas necesidades de la "escuela de sicarios». Asi mismo Zamora describió el vehículo que apoyó el asesinato de Yaya Cristancho, el cual fue encontrado en uno de los allanamientos. La Juez en la sentencia desconoció que Zamora y Góngora describió y dio nombres de todas las personas que pertenecían a la estructura paramilitar y todas ellas existían y coincidían con nombres, alias y cargos dentro de la misma. En este mismo sentido, la Juez Cuarta dio por plenamente probadas las exculpaciones del agente del DAS Héctor Saavedra Leyton, a quien Camilo Zamora acusó como autor de la desaparición y posterior asesinato de Ramiro García Briñez, omitiendo valorar en conjunto los hechos comprobados de la declaración de este testigo, como la vinculación de aquel con esa Institución oficial y la misión desempeñada dentro de la misma cual era, hacer labores de inteligencia a los dirigentes del partido comunista y sindicalistas. En relación con Josué Orlando Peña Díaz, el Juzgado Cuarto igual le dio plena credibilidad a la versión que brindó sobre los hechos de los cuales se le acusaba, omitiendo valorar otros elementos de juicio que permitían inferir la veracidad de aspectos denunciados por Camilo Zamora como por ejemplo, la coincidencia en el alfas o remoquete que le tenían a Peña Díaz, el conocimiento que tenia de Hernando Lozano, y de su muerte en presencia de Peña Diaz, situación que fue falseada por éste, a sabiendas de que en el expediente obraba diligencia de inspección Judicial al proceso radicado con el No. 1141 del Juzgado Noveno de Instrucción Criminal de Villavieeneio, efectuada por la misma Juez Cuarta de Orden Público que estableció que al momento del deceso de Lozano se encontraba en compañía de Josué Orlando Peña Díaz Así mismo tratándose de Arnulfo Castillo Agudelo, uno de los principales mandos del grupo paramilitar, éste dijo en la indagatoria ante el Juzgado Primero de Orden Público el 7 de noviembre de 1990 por la " desaparición y posterior asesinato de Ramiro García Briñez que no conocía a Víctor Carranza Niño, pero en el expediente se demostró a partir de una historia clínica del Hospital Militar que aportó al proceso, su vinculación como trabajador de la empresa Ganaderías Nare de propiedad del citado financiador de los grupos para mi! ¡tares, con lo que se demuestra la veracidad de los testimonios rendidos por Camilo Zamora Guzmán y Willian Góngora en la relación existente entre ambos personajes, situación que no fue valorada por la Juez Cuarta de Orden Público al momento de proferir sentencia absolutoria en favor de los procesados. Omitió el Despacho valorar la coincidencia de los hechos de la desaparición de Ramiro García Briñez tal y como lo relatan sus familiares y testigos presenciales. Se omitió valorar pruebas que tendían a establecer la responsabilidad en concreto de William Góngora Sierra y John Rodríguez Niño identificados a través de reconocimiento fotográfico por la cónyuge de Vaya Cristancho (Testigo presencial de los hechos) como algunos de los autores materiales del crimen, y no obstante existir esta prueba fehaciente se profirió la sentencia absolutoria en favor de los implicados. La Juez otorgó absoluta credibilidad a las versiones dadas por el dragoneante Mosquera Tabares, del F-2 de la Policía Nacional y del DAS, Héctor Alfonso Gutiérrez Ortiz, quienes fueron acusados por Camilo Zamora Guzmán de participar en el múltiple homicidio de los dirigentes de la Unión Patriótica, por ello se abstuvo de proferirles medida de aseguramiento y dictó sentencia absolutoria, no obstante verificarse lo dicho por el testigo en relación con que ambos si se desempeñaban respectivamente como agentes del F-2 y del DAS de Villavicencio. Así mismo se le concedió plena credibilidad a la versión de Luis Eduardo Guamizo Guamizo (propietario de la finca Potossi), en contraría de la declaración de Camilo Zamora, quien acertó en la identificación del propietario de la Finca, tal como lo demuestran las declaraciones de los familiares de las victimas, y la versión que rindió ante agentes del DAS el señor José Fidel Mahecha. Asi mismo la coincidencia en la circunstancias de modo en que ocurrió el crimen narradas por Zamora y corroboradas por los familiares de las victimas. Se omitió valorar y profundizar probatoriamente en la relación laboral existente entre Ramiro García Briñez, José Ornar Molina Rojas y Víctor Carranza Niño. La Juez otorgó absoluta credibilidad a las versiones de los acusados en el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica Luis A. Bonilla, omitiendo valorar aspectos trascendentales de la declaración de Camilo Zamora en relación con la responsabilidad de los implicados, al respecto: éste sostiene que fue un Concejal del municipio de Cumaral de nombre Omar quien señaló a la víctima para el reconocimiento de los victimarios, situación que se comprobó en tanto se identificó a Ornar Alvarado Rojas como concejal del municipio de Cumaral. De otro lado, coincide el testigo con el rango y cargo de quien se encontraba como comandante de la Policía de Cumaral para la época de los hechos, esto es, el capitán Alirio Vicente Navarrete Tovar, quien también para la fecha de la captura de Camilo Zamora era tal como lo afirmó, aún comandante de la policía de esa localidad. Asi mismo se confirmó lo dicho por Camilo Zamora en el sentido de que era un mayor de apellido Forero el jefe del F2 de Villavicencio, y efectivamente se trataba del Mayor Jorge Mario Forero Rivera quien fue Jefe de la Sijin (F2) de Villavicencio desde octubre de 1987 hasta el 30 de septiembre de 1988. En relación con María Dolores Cruz Bedoya se logró demostrar las versiones de Camilo Zamora en la medida en que se estableció que ésta, efectivamente era la Secretaria privada de la Gobernación del Meta, vivía en inmediaciones del F2, y era amiga persona] de Víctor Carranza. Obviando todas estos elementos indiciarios de la veracidad del testimonio de Zamora Guzmán la Juez Cuarta de Orden Público lo desvaloró dando pleno crédito a las exculpaciones de los acusados, sin mediar siquiera prueba que corroborara las versiones de estos. Así mismo la Juez Cuarta de Orden Público omitió valorar que desde las declaraciones de los testigos presenciales del homicidio de Luis A. Bonilla y la diligencia de levantamiento del cadáver se dejó claro que el hecho sucedió en el billar el Hoyo cuando la victima se encontraba jugando, situación que es idéntica a la referenciada por Zamora Guzmán. Asi mismo, en lo que tiene que ver con la marca y el color del carro utilizado por los asesinos, tal como lo mencionan los testigos es de las mismas características de las descritas por Zamora Guzmán en su testimonio salvo la contradicción en el número de participantes en el homicidio, los otros elementos de modo y lugar son plenamente coincidentes. En lo relativo a la desaparición forzada del Personero y Tesorero de Puerto Gaitán la Juez Cuarta de Orden Público de Villavicencio, también le otorgó absoluta credibilidad a la versión rendida en especial por Ángel María Rúa Martín, sin haber practicado ninguna diligencia probatoria que sustentara o le diera veracidad a sus dichos en contravía de las afirmaciones dadas por el testigo Camilo Zamora, las cuales se confirmaron en lo relativo a la coincidencia del lugar de residencia de Ángel María Rúa en el barrio Veraguas de la ciudad de Bogotá, donde fue encontrado un sello con su nombre, la misma coincidencia en su identidad, y además si supuestamente no conocía a los otros implicados, de qué manera se enteró de que en su contra existía un proceso penal. La Juez Cuarta de Orden Público omitió valorar probatoriamente los elementos relevantes en relación con la estructura paramilitar que tenían que ver con el hallazgo en la finca Los Cámbulos de propiedad Luis Eduardo Gaitán ubicada en San Martín Meta, limítrofe con la hacienda la Reforma de Víctor Carranza, luego de una diligencia de allanamiento efectuado por la Dijin de la Policía, de abundante material bélico y varios vehículos en los cuales se transportaban los para militares, algunos de ellos con placas falsificadas y coincidentes con los descritos por Camilo Zamora como los utilizados para ejecutar las acciones criminales. Desconoció lo afirmado por este testigo en relación con que dicho inmueble sirvió para escuelas de entrenamiento de los miembros del grupo paramilitar. Del mismo modo, hay coincidencia en la versión del atentado de Juan de Jesús Rey, en lo referente a que fue recogido por un efectivo de la Policía y llevado herido al hospital de Puerto López. Asi mismo en lo que atañe a la detención de Ramón Lozano, como lo afirmó Zamora Guzmán y lo relacionó el comandante de la Policía de Puerto Lope? Juan de Jesús Rojas Rojas.
• La Juez Cuarta al revocar la medida de aseguramiento impuesta contra Guillermo León Torres Arango dentro del proceso seguido por el Juzgado Segundo de Orden Público, le restó credibilidad al testimonio de cargos del proceso rendido por Camilo Zamora Guzmán, contrariando una decisión del Juzgado Segundo de Orden Público que con base en la misma declaración había resuelto situación jurídica en contra de Torres Arango. Llama poderosamente la atención, que la defensa de los implicados en el proceso matriz 019 solicitó la acumulación de otros que se adelantaban por distintos hechos, e inmediatamente, solicitó como en este caso la revocatoria de las medidas de aseguramiento impuestas por otros despachos y el juzgado Cuarto de Orden Público inmediatamente concedió la libertad de los implicados con la revocatoria de las mismas.
• La Juez Cuarta en la sentencia que exoneró de responsabilidad penal a todos los implicados sobre la base de restar credibilidad a los testimonios de Camilo Zamora Guzmán y Willian Góngora Sierra, por considerarlos mitómanos y personas por naturaleza dadas a falsear la verdad. Esta situación es más significativa si se tiene en cuenta que inicialmente, esos mismos testimonios le merecieron total credibilidad, al punto de premiarlos con libertad condicional. Desechó los testimonios sin considerar que en muchas de sus partes estaban acordes con la realidad que informaron en sus versiones. En relación con Willian Góngora sin existir dictamen médico válido aseveró que tenia "una personalidad sicópata y mitómana". Y frente a Camilo Zamora Guzmán desacreditó su testimonio por haber tenido un hermano diputado de la Unión Patriótica, que según la Juez incuestionablemente es el «brazo político de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC».Igualmente lo descalifica porque sembró y traficó con cocaína en el Vaupés, Miraflores, y San José del Guaviare, que fue miembro activo de las FARC por cinco anos, que luego informante del Ejército y de la DEA. Es decir que para la Juez todo esto es creíble, menos que sea miembro de un grupo paramilitar. Por ello manifiesta: "todo lo anterior implica una primera conclusión: no surge elemento valedero alguno que haga creerá la administración de justicia sobre la sinceridad de Camilo Zamora Guzmán y cuanto tenga de cierto sobre su ingreso al grupo civil armado y su militancia allí". La Juez reclamó en ocasiones una precisión casi perfecta de la memoria de Zamora Guarnan, pero cuando ella se da, encuentra que los dichos son sospechosos porque nadie después de un año puede tener tanta exactitud. El Despacho descalifica su testimonio con base en incongruencias y contradicciones menores, relacionadas con la época y los motivos que tuvo para ingresar al grupo paramilitar, lo que no era un punto central de la investigación, pero a lo que le da una trascendencia exagerada. Otro elemento usado por la Juez Cuarta para descalificar las versiones de Camilo Zamora, es el hecho de que en su opinión lo relatado por el testigo, respecto de Víctor Carranza, simplemente es ficción porque "... no es posible creer bajo ningún punto de vista que exista una persona con tan bajos sentimientos y rastrera condición humana, capaz de impartir estas órdenes a diestra y siniestra y por tan fútiles motivos (mandar a matar a quien se interpusiera en su camino); tan fútiles como pretender hacerle creer a la justicia que sin el menor reato de conciencia ordenó ejecutar a un desconocido joven, por el solo hecho de haber osado hacerse pasar como sobrino suyo. Qué oscuros propósitos podrá albergar este sujeto al concurrirá la justicia para imputar una serie de cargos que constituyen a cual más horrendos crímenes, cuando no se obtiene a todo lo largo de una fatigosa investigación, adelantada por varios funcionarios, ni una sola confirmación que lo saque avante?...".
• La descalificación de los testimonios de cargos y el desconocimiento de las evidencias que se fueron recabando en el proceso, no tuvo otra finalidad que descartar la responsabilidad penal de Víctor Carranza y la de los agentes estatales, y en consecuencia de los miembros del grupo, y en tal cometido, no consideró las acusaciones de manera individual e independiente para cada sindicado, y le otorgó absoluta credibilidad a las pruebas favorables, al punto que las llevó al punto de convicción intima de la certeza de la inocencia.
• El agente del DAS Héctor Alfonso Gutiérrez Ortiz, quien fue acusado de participar en el asesinato de carios Kovacs y otros dirigentes de la Unión Patriótica, utilizó unos testigos que cumplieron la función de corroborar su versión de los hechos.
• La investigación se centró sobre los hechos puntuales, es decir, los distintos homicidios, pero no se introdujo en la investigación de la estructura paramilitar liderada por Víctor Carranza, sus fuentes de financiación, las relaciones con funcionarios públicos que le facilitaban al grupo la consumación de los delitos cometidos. Y aunque acudió a la figura de la acumulación de procesos penales seguidos contra miembros de la estructura paramilitar de Víctor Carranza, dejó de investigar a profundidad cada uno de los hechos punibles puestos a su conocimiento y la responsabilidad individual que a cada uno de los autores le era atribuible. Adicionalmente omitió la práctica de pruebas y el acercamiento a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada uno de los hechos investigados.
• En la sentencia absolutoria de todos los implicados, la Juez excluyó varios de los delitos que se configuraron, pues únicamente hizo relación a los delitos de concierto para delinquir, en tanto se creo un grupo civil armado para cometer atentados de manera indiscriminada contra la vida y la integridad personal de miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Homicidios con fines terroristas consumados en la masacre de Caño Sibao y los demás acumulados al proceso central y la tentativa de homicidio contra Humberto Orjuela Tovar y Julio César Vaca León, Es evidente que la sentencia dejó sin decidir de fondo varios tipos penales a que alude la complejidad de los hechos constitutivos del proceso 019, por ejemplo el porte ilegal de armas encontradas en las fincas La Reforma, La Sesenta y Los Cambulos, la desaparición forzada de varias victimas, la utilización ilícita de receptores y transmisores, el entrenamiento con fines terroristas, la falsedad de las placas de los vehículos encontrados, la conformación de grupos paramilitares. Así mismo en relación con el proceso seguido contra Jaime Ramón Lozano Neira por la tentativa de homicidio de que fue victima Julio Cesar Vaca, el Juzgado dejó de investigar el porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares, debido al hallazgo en su poder el día de los hechos de una pistola Pietro Baretta, con proveedor y 20 cartuchos para la misma. Se dejó de investigar también el comportamiento penal de muchos otros de los integrantes del grupo paramilitar identificados por Camilo Zamora y Willian Góngora como por ejemplo Antonio Guzmán alias comandante Cortico, o Gustavo Rojas alias patedanta, o Gustavo Roa, y otros que ni siquiera se llegó a individualizar como Vergara alias "Saraviado" y otros.
• La Procuraduría omitió la investigación de la conducta de los funcionarios públicos (agentes del DAS, el F2 , la Policía y el ejército) vinculados con la estructura paramilitar, luego de haber sido tan contundente y publicitario el caso.
• Fue nula la actividad del agente del Ministerio Público que actúo ante el Juzgado Cuarto de orden público de Villavicencio y así lo hizo notar su similar ante el Tribunal Superior de Orden Público cuando sostiene que "la Fiscalía se abstiene de emitir cualquier comentario sobre la actuación del Ministerio público en la primera instancia, pues ella queda gráficamente descrita en el remedo de concepto visible a folio 270 del cuaderno original No, 8 del proceso 019".
• Las autoridades con funciones de policía judicial omitieron dar cumplimiento a las ordenes de captura proferidas contra algunos de los integrantes del grupo contra quienes se expidieron (Ángel María Rúa Martín, Josué Orlando Peña Diaz), y por el contrario ellos mismos solicitaron sus propias indagatorias y fueron puestos inmediatamente en libertad.
20. CCDH META, doc, cit. pág. 61.
21. Se inició investigación preliminar y el 13 de enero de 1992 se ordenó suspender las diligencias de manera temporal y remitirlas al Cuerpo técnico de policía judicial de Granada Meta. El 20 de mayo de 1992 mediante oficio No 385 remitió la actuación a la Dirección secciona! de orden Público de Santafé de Bogotá
22. El Juzgado 24 de Instrucción Criminal conoció de los hechos y el 9 de junio de 1992 se abrieron las diligencias preliminares. El 25 de abril de 1994 se declaró abierta la instrucción y se decretó la práctica de pruebas para e) esclarecimiento de los hechos. Se vinculó a la misma a William Castañeda Martínez alias «ladrillo», Hernán Troncoso alias «Visaje», Ornar alias "Pirata-, Evelio Arteaga o Evelio Ríos alias "El Zorro», Richard alias «Aguja», Nolberto León Lizcano, Gildardo Benjumea Ureña, José de Jesús Acevedo, Francisco Penagos Sánchez, Salomón Castro Martínez y Javier Luna
23. Giraldo Josué, Testimonio de Vida de Josué Giraldo Cardona, en "Ceder es más terrible que la muerte", o.c. pág. 274.
24. Ibídem.
25. Se adelantó indagación preliminar No. 1886, en la Fiscalía 37 Seccional de Granada. En abril 15 de 1998 se ordenó la suspensión y el archivo.
26. Op. cit., pág. 256
27. CCDH META, doc. cit, s.p.
Tres años después, en abril de 1989, el paramilitar Camilo Zamora Guzmán, alias Travolta", reveló ante la Juez Cuarta de Orden Público, la existencia del grupo paramilitar "en el Dorado, Meta, comandado por el Inspector del mismo Pueblo. EZEQUIEL alias el Gobernador; éste tenia que trabajar en Cubarral, el Dorado, Medellín del Ariari, San. isidro, El Castillo, Puerto Esperanza y Mesetas". Más adelante, sobre los responsables de los crímenes en esta zona reiteró que "Yola gente de El Castillo, Cubarral y el Dorado, es por la gente del grupo de El Dorado, comandada por EZEQUIEL, alias EL GOBERNADOR a sea el Inspector de El Dorado", de quien afirma que es el que recibe "la plata que da don VÍCTOR CARRANZA, (...) para que él reparta a todos los integrantes del grupo de autodefensa".Se dice que surgió en 1986, apoyado por el alcalde de dicho municipio, Bernardo Aristizábal, y los sucesivos comandantes de la Base Militar de Cubarral, John Jairo Uribe Cárdenas y Delmo Williams Alba Rincón, y estaba integrado entre otros por: Tiberio Silva (a. león de la loma), los hermanos Marcos y Jairo Silva Beltrán, José Sierra, Luis Largo, Joaquín Silva y Nepomuceno Rojas.
28. El inspector de Policía de Medellín del Ariari practicó las diligencias de levantamiento de los cadáveres, recibió declaraciones sobre los hechos a los testigos presenciales y remitió lo actuado al Juzgado Promiscuo Municipal de El Castillo. Por los mismos hechos el Juzgado 18 de instrucción criminal asumió la investigación y acumuló lo actuado por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Castillo. El 26 de noviembre se dio inicio formal al proceso penal. El 28 de noviembre/86 la Dirección de Instrucción Criminal del Meta designó al Juzgado Segundo de Instrucción Criminal Ambulante para continuar el diligenciamiento del proceso y se desplazo a la región donde sucedieron los hechos recopilando abundante material probatorio que incriminaba al Ejército Nacional.
El 5 de diciembre de 1986 el Juzgado Tercero Superior de Villavicencio, a quien le había correspondido por competencia el reparto del proceso, designó al Juzgado Quinto de Instrucción Criminal ambulante para que siguiera conociendo de lo actuado. Este despacho confirmó la pertenencia en 1982 de Marcos Silva Beltrán al cuarto contingente del Batallón Vargas y sus servicios como guía del Ejército en operativos militares en la región del Ariari.
Mediante oficio No. 3628 del 17 de diciembre de 1986 el Teniente Coronel Julio Hernán Chaparro Rincón, Comandante del Batallón No. 21 Vargas, dirigiéndose al Juez quinto de Instrucción Criminal Ambulante, expresó que «dejaba entrever cierta prevención por parte de ese Despacho/rente a las Fuerzas Militares» por poner en conocimiento los hechos a la Procuraduría Regional del Meta.
El 5 de febrero de 1987 el Juzgado Tercero Superior de Villavicencio remitió el proceso a la Justicia Penal militar a cargo del comandante de la Brigada VII del Ejército. El Juez de primera Instancia de la Justicia Penal militar, remitió nuevamente el proceso a la Justicia penal ordinaria, el 6 de mareo de 1987, advirtiendo que no había mérito para responsabilizar a los militares y proponiendo colisión negativa de competencia en caso de que la Justicia ordinaria se negara a conocer del caso. El Juzgado Tercero Superior se negó a conocer del asunto y remitió el 28 de mayo/ 87 el proceso al Tribunal Disciplinario de Villavicencio para que desatara el conflicto de competencias. Este Tribunal remitió a su vez el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que dirimió el conflicto el 4 de agosto de 1987, atribuyéndole la competencia al Juzgado Tercero de Villavicencio, por cuanto, era un civil. Marcos Silva, la única persona identificada hasta el momento y no estaba sometida a ningún fuero especial.
El 19 de septiembre de 1987, el Juzgado 24 de Instrucción Criminal de El Castillo, avocó conocimiento de la investigación por comisión conferida por el Juzgado Tercero Superior y dictó orden de captura en contra de Marcos Silva Beltrán, pero no volvió a practicar ninguna otra prueba tendente al esclarecimiento de los hechos y de los responsables. Lo anterior se ratificó con acta de vista especial al proceso levantada el 5 e septiembre de 1988 por un abogado visitador de la Procuraduría Regional de Villavicencio donde hace constar que «se nota poca actividad tendente al esclarecimiento de los hechos».
En la jurisdicción penal militar, el 26 de noviembre de 1986, el Teniente Coronel Laureano Novoa Parra, jefe del B-2 de la VII Brigada del Ejército le informó al Brigadier General Jaime Humberto Neira Garcia, comandante de esa Unidad que "a raíz de la muerte de los seis campesinos, todos los medios de comunicación enferma tendenciosa y mal intencionada han informado a la opinión pública que los autores del citado hecho son miembros activos del batallón Vargas".
Inmediatamente el Comandante de la Brigada designó a! Auxiliar de guerra No. 14 para iniciar la investigación penal militar. Dicho funcionario llamó a declarar a la gran mayoría del personal militar que integró las patrullas que operaron el día de los hechos en Medellin de Ariari, a los familiares de las víctimas y testigos presenciales de los hechos. El mayor Guillermo Heriberto Hamón Naranjo. Comandante / zona de reclutamiento, informó al auditor de guerra que Marcos Silva Bertrán no había pertenecido al Ejército.
Se recibió del Juzgado Tercero Superior de Villavicencio el proceso, pues se había dispuesto la competencia del asunto en la Justicia Penal militar, pero el 6 de marzo de 1987se devolvió el proceso a la Justicia penal ordinaria, señalando la ausencia de responsabilidad de personal militar en el crimen y proponiendo colisión negativa de competencias. Esta decisión se adoptó luego de que se recibió la constancia de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares que se habia archivado el proceso disciplinario seguido en contra de los militares.
Finalmente, en la jurisdicción disciplinaria, a raíz del éxodo campesino al municipio de El Castillo y la toma a la sede de la Asamblea Departamental, el Procurador General de la Nación comisionó al Procurador Regional del Meta para adelantar las correspondientes investigaciones, El 28 de noviembre de 1986 éste funcionario dirigió un informe evaluativo sobre los hechos de la masacre al comitente y envió copias a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y a la de Derechos Humanos; ésta última habia dado inicio a la investigación con base en una carta dirigida por el Concejo Municipal de Mesetas al Gobernador del Meta y solo el 19 de diciembre de 1986 abrió la respectiva indagación preliminar y comisionó al Procurador Regional de Villavicencio para la práctica de algunas pruebas. Este recibió la comisión del superior y subcomisionó el 13 de enero de 1987 al Coordinador de Policía Judicial de esa Procuraduría Regional. El 28 de enero/8? el funcionario subcomisionado rindió un informe evaluativo asegurando, conforme a las pruebas recaudadas, que los responsables "son al parecer miembros de las fuerzas militares".
Nuevamente la Delegada para los Derechos Humanos comisionó a la Procuraduría Regional de Villavicencio para practicar visita especial al proceso penal. En su informe evaluativo de esa comisión, realizada el 27 de abril de 1987, el Coordinador de la Policía judicial de la misma dependencia hizo alusión al oficio dirigido por el comandante del Batallón Nn. 21 Vargas al Juez Quinto de Instrucción Criminal ambulante, en el que cuestionaba su imparcialidad, porque según el, "dejaba entrever cierta prevención contra las fuerzas militares" ' a la ambivalencia de dos comunicados emitidos por las fuerzas militares: uno dirigido a la justicia ordinaria donde se hacía constar que Marcos Silva Beltrán si perteneció al Ejercito y otro, dirigido a la Penal militar en el que se afirmaba to contrario. Resaltó también el funcionario el hallazgo en el lugar del crimen de la gorra camuflada y de las toallas con la leyenda del Ejercito Nacional.
El 23 de Junio fue otra vez comisionado el Procurador Regional de Villavicencio para que reiterara la visita al proceso penal seguido por el Juzgado Tercero Superior, una vez cumplida la misma, remitió el informe evaluativo a la Delegada para los Derechos Humanos. El 21 de agosto / 88 se solicitó otra visita al expediente penal, pero en esa época el proceso se encontraba en la Corte Suprema de Justicia resolviéndose el conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la penal militar, sin que se hubiera podido cumplir la comisión. El 9 de mayo de 1988 el Procurador Regional de Villavicencio reactivó la comisión de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y sólo el 12 de septiembre de ese año, el Coordinador de la Policía Judicial, subcomisionado para practicarla, levantó el acta de vista especial, donde hizo constar que "se observa poca actividad por parte del Juzgado 24 de Instrucción Crimina! da El Castillo tendiente al esclarecimiento de los hechos"
El Procurador Regional de Villavicencio se enteró por comunicación de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, del 14 de octubre de 1988, que éste Despacho también venia adelantando investiga ció n disciplinaria por la masacre de los campesinos. Al respecto informó a la Delgada para los Derechos Humanos, dependencia que el primero de diciembre de 1987 remitió a lo actuado a la delegada para las Fuerzas Militares. Esta oficina inició su actuación a partir de las denuncias formuladas por la Unión Patriótica y abrió indagación preliminar el día 27 de noviembre de 1987 y se ordenó la practica de pruebas.
El abogado visitador Guillermo Augusto Arciniegas Martínez se desplazó hacia Villavicencio a donde reccpcionó declaraciones a los testigos presenciales de la masacre, al comandante el Batallón No. 21 Vargas y a habitantes de la inspección de El Dorado que no eran presenciales de los hechos, más si de influencia del grupo paramilitar de José Ezequiel Libéralo, alias "El Gobernador", del cual hacía parte Marcos Silva Beltrán, quienes manifestaron que por el lugar donde ocurrieron los hechos hubo presencia de la guerrilla. Allegó las declaraciones obrantes en la justicia penal militar e informes expedidos por la Brigada que daban cuenta de la operatividad de las FARC en la región del Alto Ariari. Asi mismo le correspondió dejar constancia del hallazgo de las toallas con la leyenda del Ejército, de la gorra camuflada y de las ordenes de operaciones de patrullas de Batallón No, 21 Vargas en la zona del Medellin de Ariari.
En informe presentado el 7 de enero de 1987 el agente del Ministerio Público estimó que se debían archivar las diligencias preliminares porque no existir suficiente mérito "para inferir que miembros de las fuerzas militares son responsables de estos muertes" y que el único sujeto hasta el momento identificado era un civil, Marcos Silva, cuyo procesamiento no era de competencia de esa Delegada. El 19 de enero de 1987 el Mayor General González Prada, en su condición de Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, archivó el proceso bajo las mismas consideraciones del abogado visitador. Y además sugirió en su proveído que el crimen pudo haber sido cometido por la guerrilla, dando credibilidad a las anotaciones dejadas por los autores de los hechos atribuidas al E.P.L. '
El 16 de junio de 1987 luego de la recusación que la dirigencia de la Unión Patriótica hizo del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, argumentando su calidad de subalterno del Ministro de defensa de entonces Rafael Zamudio Molina, quien había repelido las acusaciones públicas sobre complicidad del Ejército con los grupos para mi litares v por los numerosos crímenes cometidos por éstos, entre ellos la masacre de los seis campesinos, decidió reabrir la investigación preliminar y ordenar el diligenciamiento de otras pruebas. Fue visitado nuevamente el proceso penal adelantado por la masacre, allegándose lista del personal militar que se encontraban en los operativos de noviembre de 1986 en el Alto AriariSe confirmó que la gorra camuflada pertenecía a una unidad del Ejército, pero según constancia del Coronel Jorge Enrique Fonseca Garóes, segundo comandante de la VII Brigada del Ejercito, era imposible establecer a qué unidad táctica había sido entregada la gorra camuflada No. 25848. El 27 de octubre de 1988, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares archivó nuevamente el caso por falto de mérito probatorio contra uniformado alguno.
Los siguientes fueron los mecanismos para garantizar la impunidad identificados en
el hecho:
' Se sometió a la Justicia Penal militar el proceso por la masacre de los seis campesinos, con base en el oficio que remitió el capitán Bernal Zamudio S-3, al comandante del Batallón 21 Vargas, jurisdicción que practicó una serie de pruebas Tendientes a desvirtuar la responsabilidad que le cabía a la patrulla militar que operó en noviembre de 1986 en la zona del Mcdellin de Ariari. De otro lado, el Juzgado Tercero Superior de Villavicencio, remitió el proceso penal ordinario a la justicia penal militar.
' Para el momento de la ejecución de la masacre (noviembre 22/86) se constató la presencia de patrullas militares en el mismo lugar de los hechos, al mando del Teniente John Jairo Uribe Cárdenas y de los Subtenientes Luis Enrique Andrade Ortiz y Delmo Williams Alba Rincón.
' Se utilizó para perpetrar el crimen al civil Marcos Silva Beltrán quien actuaba con el grupo paramilitar del Gobernador, y habia sido soldado adscrito al Batallón 21 Vargas. Además se constató la injerencia de los militares en la conformación de este grupo.
' Se ejecutó el crimen a altas horas de la noche en una zona de por si despoblada y alejada del casco urbano de Medeflin del Ariari.
' Los victimarios se movilizaron con mucha libertad portando sus armas poruña zona que en el momento de los hechos se encontraba militarizada con varias patrullas del Ejército. ' Por parte de los autores materiales del crimen se pretendió desviar la investigación y la responsabilidad dejando inscritas en las paredes anotaciones alusivas al E.P.L.
* Expedir órdenes de operaciones en la zona de Medellin del Ariari, fragmentadas a las patrullas del Ejército,
' Falsedad del Mayor Guillermo Heriberto Hamón acerca de la anterior vinculación a! Ejército de uno de los autores de la masacre. Así misino hubo negligencia por parte de las autoridades militares para suministrar la identidad del militar aquien le habian asignado la gorra camuflaad que fue encontrada en el lugar de los hechos.
' Se puede entender como un acto intimida torio, el oficio remitido por el Teniente Coronel Julio Hernán Chaparro Rincón al Juez quinto de Instrucción Criminal que conoció del proceso en el cual se cuestionaba su imparcialidad, por cuanto se le advertía cierta prevención contra tas fuerzas militares, por poner en conocimiento de la Procuraduría Regional de Villavicencio la masacre de los campesinos.
' Tanto la Procuraduría como la Justicia ordinaria y militar que conocieron de los procesos disciplinarios y penal, otorgaron plena credibilidad a las versiones de los militares y se abstuvieron de practicar una serie de pruebas conducentes a demostrar la responsabilidad de estos militares en la masacre, no obstante existir indicios de presencia en el lugar y de contacto con uno de los autores materiales del hecho.
• Se orientó por todas las instancias judiciales (Corte Suprema de Justicia, Juzgado 24 de Instrucción Criminal de El Castillo Meta, de la Justicia Penal militar) la investigación hacia
el establecimiento de la responsabilidad en el hecho a particulares? más no dirigida a demostrar la participación de los militares.
' Morosidad en el diligenciamiento de la investigación penal por parte del Juzgado 24 de Instrucción Criminal de El Castillo, Meta, hasta el punto de ser cuestionado por el abogado visitador de la Procuraduría. De otro lado, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares archivó el proceso disciplinario en dos oportunidades argumentando que no había funcionarios públicos comprometidos en la masacre, omitiendo la valoración de las pruebas que los comprometían.
• Se omitió a costa de las evidencias la investigación acerca de la conformación de !a estructura paramilitar que fue apoyada por la Base Militar del municipio de Cuharral, el Alcalde de dicho municipio y liderada por el Inspector de policía de El Dorado.
• No se investigó a la totalidad de los responsables, acusando solo a un civil que fue reconocido.
• No se hizo efectiva la orden de captura proferida contra el único civil a quien se vinculó como responsable de los hechos.
29. Pedro Malagón fue asesinado el 20 de junio de 1996, junto con una hija, EIda Milena, quien intentó protegerlo con su cuerpo. El crimen fue cometido en su vivienda, en Villavicencio. Para esa fecha era Diputado a la Asamblea departamental.
30. Diligencia de indagatoria de Camilo Zamora Guzman, abril 10 de 1989. El paramilitar agregó, refiriéndose al agente Gutierrez, que él lo conoció siendo "escolta concedido por el DAS a mi hermano HUMBERTO ZAMORA LEÓN cuando era Diputado de la Unión Patriótica y Nueva Fuerza Liberal, andábamos todos en el mismo carro y he visto que cuando don VÍCTOR va a GINEBRA le regala doscientos, trescientos mil o cien mil pesos; anda mucho con ARNULDO ARANDA".
31. CCDH META, doc. cit, s.p.
32. Por el hecho se formuló denuncia penal ante el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial de Villavicencio el día 20 de noviembre de 1992. También la oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación inició investigación preliminar, la cual fue enviada por competencia a la Delegada para los Derechos Humanos mediante oficio No, 851 del 21 de abril de 1994.
33. La Fiscalía seccional de Granada, por auto del 6 de enero de 1993, remitió lo actuado a la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá. Este despacho envió las diligencias preliminares a la Fiscalía Regional de Oriente el 4 de agosto de 1995.
La Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, remitió a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos para que abriera indagación preliminar el 17 de mareo de 1993, ésta la archivó por prescripción el 22 de abril de 1998.
34. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos da inicio a la investigación formal el 25 de noviembre de 1996 y dispuso la práctica de pruebas. Con fundamento en dicho material probatorio, el 2 de julio de 1998 se formuló pliego de cargos contra el militar comandante de la Contraguerrilla que realizó el hecho. El 19 de Noviembre de 1998 se profirió fallo de fondo contra el militar comprometido, ya que "según lo manifestado por el ofendido y el señor Huertas, propietario del inmueble donde acaecieron los hechos, al indicar al Teniente como autor de la conducta irregular, están señalando a quien comandaba e imparte órdenes, asi mismo el implicado al decir que fueron dos soldados bajo el mando del Cabo Segundo Lizcano, ya fallecido, los encargados de la aprehensión nos está ratificando su dominio del operativo, por tanto es claro para éste fallador que quien comandó la operación y estuvo atento al desarrollo de la misma fue el ST Vargas.,.», La sanción impuesta fue la destitución y/o separación absoluta del Ejército Nacional. Sin embargo, la decisión fue apelada por el apoderado del militar comprometido y desatada por el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, mediante providencia del 6 de mayo de 1999, mediante la cual revocó la sanción impuesta, absolviendo al acusado de todo cargo: en su análisis el Procurador puso en tela de juicio la materialidad del delito de torturas, también el Procurador le da pleno crédito al dictamen médico obrante en el proceso, en el cual se hace notar la sanidad de la victima, olvidando el funcionario de control que las torturas relatadas no dejan huella y además que quien lo rindió era una Teniente de la misma fuerza castrense de quien ocasionó la agresión. Igual se puede predicar de la constancia de «buen trato» suscrita por el afectado, en las condiciones en las que se encontraba. Además se desconoció su tipificación en una situación como la ocurrida a Erasmo de Jesús García, argumentando que se trata de «pequeñas torturas» y como no se produjo sufrimiento físico ni mental, entonces no se estructura la falta. Para la absolución, ae hizo gala de la falta de técnica inveatigativa que terminó favoreciendo al victimario, con el principio del "In dubio pro reo", ya que no se agotaron todos los caminos tendientes a la individualización de los autores de las torturas.
35. Revista Colombia Hoy Informa. No 131. Bogotá, febrero de 1995. P. 16.
36. El Juzgado 30 de Instrucción Penal militar adelantó investigación penal contra el CT Carlos Alberto Farra Trujillo, el CS Juan Carlos Guzmán Jiménez, el SL Richard Walter Velasquez Rojas, SL Henry Gómez Gómez y Raúl Cruz Pascuas. Con providencia del 27 de mayo de 1996 el Despacho se abstuvo de proferir medida de aseguramiento contra los implicados. El Tribunal Militar confirmó la anterior decisión el 9 de septiembre de 1996 desatando la apelación interpuesta por el agente del Ministerio Público. El 9 de abril de 1997 se envió para fallo a la Auditoria Principal de Guerra de la VII Brigada mediante oficio No. 123.
37. Revista Colombia Hoy Informa. No 131. Bogotá, febrero de 1995. P. 16
38. Posteriormente. Aida Abella, sufrió un atentado y debió salir del país para salvar su vida.
39. El 17 de julio de 1995 se formuló denuncia de los hechos ante la Fiscalia General de la Nación.
40. Se inicio indagación preliminar ante la Fiscalía Regional de Oriente, radicada en el Gaula Rural del Meta. Se inició investigación disciplinaria en la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, pero se archivó por falta de mérito el 11 de febrero de 1997.
41. Varios, '_La Macarena, Reserva Biológica de ¡a humanidad". Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1990, pág. 302
42. Ibídem
43. Periódico El Tiempo, diciembre 28 de 1986
44. Los datos sobre los diferentes procesos reivindicativos son tomados del articulo de Cubides, en: "La Macarena Reserva".
45. Giraldo Josué, op. cit, pág., 264
46. Ver Gráfica XX, pág. 8 del presente documento
47. Varios. "La Macarena, Reserva Biológica de la humanidad". Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1990, pág. 337.
48. El caso fue investigado en la jurisdicción disciplinaria: La Procuraduría Provincial de Villavicencio dio inicio a la investigación preliminar radicada con el No. 013 por presunta negligencia por parte de las autoridades militares y de policía en la masacre de la inspección departamental Piñalito. Dentro de la investigación se recogió información sobre el crimen de Norberto Velasquez, en comisión que realizara la Personería municipal de Vista Hermosa. La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares tuvo conocimiento de estos hechos, inició indagación preliminar, la cual archivó el 11 de abril de 1991 por falta de mérito. Posteriormente, la Delegada para los Derechos Humanos conoció del proceso y el 15 de septiem bre de 1998 la archivó definitivamente por prescripción.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
• Los autores del crimen se movieron libremente sin encontrar mayores obstáculos en una zona altamente militarizada. Al respecto, los indicios indican que se trató de agentes del Estado, los que cometieron el crimen y huyeron sin mayores dificultades.
• La investigación disciplinaria tío dejó de estar en preliminares, con el agravante de que fue archivada en un inicio por falta de mérito, aún cuando se recepcionaron pruebas que permitían inferir la responsabilidad penal de militares acantonados en la Base de Vista Hermosa. Posteriormente se archivó definitivamente por prescripción de la acción, decretada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.
49. Se inició sumario por el Juzgado 30 de Instrucción Penal militar en contra del Capitán Juan Gerardo Cáceres Useche, Cabo Primero Mario Ernesto Mosquera Pérez, absteniéndose de decretar medida de aseguramiento de detención preventiva. Para fallo de fondo, el proceso fue remitido a la Auditoria 90 de Guerra con sede en Villavicencio, desde el 24 de mayo de 1991.
En la jurisdicción disciplinaria, en el marco de la investigación preliminar radicada con el No. 013, iniciada por la Procuraduría Provincial de Villavicencio por presunta negligencia por parte de las autoridades militares y de policía en la masacre de Piñalito, se recogió información sobre este hecho en comisión que realizara la Personería municipal de Vista Hermosa. La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares no inicio ninguna acción disciplinaria por estos hechos, aún existiendo evidencia probatoria que incriminó a miembros de las Fuerzas Militares en el hecho. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos tampoco inició acción alguna.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
• La Justicia ordinaria en cabeza del Juzgado Promiscuo municipal, aún tratándose el hecho de un crimen de lesa humanidad, sometió su conocimiento a la Justicia Penal militar, que en primera instancia se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en contra de los militares comprometidos con la muerte de Nelson Cañón, a pesar de los testimonios que daban cuenta de la secuencia de los hechos y la responsabilidad de los militares.
• Las autoridades militares informaron que la muerte del dirigente político fue producto de un enfrentamiento con la insurgencia, acusándolo de pertenecer a una de tales agrupaciones.
• Se otorgó credibilidad a la versión de los victimarios, lo que llevó a que la misma justicia penal militar se abstuviera de decretar medida de aseguramiento en contra de los autores del crimen..
• La investigación penal se orientó hacia el señalamiento de alguna responsabilidad de los militares debajo rango, excluyendo de la misma al Teniente Coronel Julio Hernán Chaparrrn, quien por algunos testimonios de moradores de Puerto Lucas se encontraba presente al momento de los hechos.
• La Procuraduría no inició investigación disciplinaria frente a este hecho.
50. En la jurisdicción disciplinaria, en el marco de la investigación preliminar radicada con el No013, iniciada por la Procuraduría Provincial de Villavicencio por presunta negligencia por parte de las autoridades militares y de policía en la masacre de Piñalito, se recogió infor-mación sobre este hecho en comisión que realiza rala Personería municipal de Vista Hennosa. En la Procuraduría delegada para-la Defensa de los Derechos Humanos se anexó la investigación por este hecho al proceso seguido por varios hechos ocurridos en el municipio de Vista Hermosa, y se archivó por prescripción el 15 de septiembre de 1998.
El principal mecanismo para garantizar la impunidad identificado en este caso hace
referencia a que la investigación disciplinaria no dejó de estar en preliminares, con el agravante de que fue archivada en un inicio por falta de márito, aún cuando se recepcionaron pruebas que permitían inferir la responsabilidad penal de militares acantonados en la base de Vista Hermosa51. CCDH META, doc. cit, págs. 50,51y 52.
52. En la jurisdicción disciplinaria, en el marco de la investigación preliminar radicada con el No013, iniciada por la Procuraduría Provincial de Villavicencio por presunta negligencia por parte de las autoridades militares y de policía en la masacre de Piñalito, se recogió información sobre este hecho en comisión que realizara la Personería municipal de Vista Hermosa.
Como en el caso anterior, la investigación no dejó de estaren preliminares y posteriormente fue archivada por falta de mérito, por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, a pesar de contar con información suficiente para inferir la responsabilidad de los militares de los militares acantonados en la base de Vista Hermosa.
53. En la jurisdicción Penal Ordinaria, se tiene conocimiento de que los juzgados de Instrucción Criminal con sede en Villavicencio iniciaron la investigación respectiva, pero posteriormente, la Procuraduría Provincial de Villavicencio dio inicio a la investigación preliminar radicada con el No. 013 por presunta negligencia por parte de las autoridades militares y de policía en la masacre de Piñalito. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos no inició ninguna investigación por este hecho.
Los mecanismos para garantizar la impunidad, identificados en el caso fueron los siguientes:
• Se trató efectivamente de una acción encubierta de los organismos de seguridad del Estado que se encontraban en cercanías del lugar a la fecha de la masacre, que actuaron bajo la denominación del grupo paramilitar «Grupo Juvenil Anticomunista»
• Los autores del hecho se movilizaron libremente por el lugar, no obstante la zona estar fuertemente militarizada. Asi mismo, llama la atención el levantamiento intempestivo de la Base militar ubicada en las cercanías, por orden del Coronel Chaparro.
• La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos no inició ninguna investigación no obstante ser un hecho grave y públicamente conocido.
54. Giraldo Josué, op. rit, pág-, 265 Ibidem
55. Ibídem
56. Ibídem
57. CCDH META, doc, cit, pág. 55
58. Intervención de Julio Cañón en el Consejo de Rehabilitación de Vista Hermosa. Agosto 24 de 1988. Grabación magnetofónica transcrita. Citado por Cubides Femando, en La Macarena Reserva..., pág, 338
59. CCDH META, doc. cit, pág 61
60. Ibidem, págs. 65 y 66
61. Ibídem, págs. 64 y 65
62. Ibídem, pág. 338
63. Ibídem, págs. 73 y 74
64. Se denunciaron los hechos dentro del proceso seguido por la detención y torturas de Jorge PalominoSe formuló denuncia ante la Oficina de Investigaciones especiales el 24 de febrero de 1992, fueron radicadas con el No. RH 1768, dispuso la práctica de pruebas y el 22 de abril de 1992 remitirla a la Delegada para las Fuerzas Militares, por considerar que se había cometido por parte de una patrulla militar y el comandante de la Base Militar de La Uribe unas conductas irregulares. En este despacho fueron radicadas las diligencias preliminares y sólo el 5 de Junio asumió conocimiento y ordenó la práctica de pruebas. El 22 de diciembre de 1992 la Delegada para las Fuerzas Militares ordenó archivar el expediente desestimando la detención y torturas de Jorge Palomino, porque «no está demostrada la retención de estas personas y si quedó establecido el paradero de cada una de ellas» desconociendo las varias declaraciones aportadas en esle sentido por los testigos. Tampoco reconoció la autoría del Ejercito que con los bombardeos y ametrallamientos ocasionó daños en sus viviendas de los campesinos, enseres y animales.
65. Varios, "La Macarena, Reserva Biológica de la humanidad". Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1990, pág. 340.
66. El dirigente político y defensor de derechos humanos fue desaparecido el 16 de abril de 1993, cuando se trasladaba a Villavicencio, en momentos en que pasaba por la localidad de San Martín.
67. Se Inició la investigación por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas, y la remitió por competencia a la Unidad Investigativa de Orden Público deVillavicencio en octubre de 1991.
68. El Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas inició las primera diligencias a prevención y remitió la actuación a la Unidad Investigativa de Orden Público de Villavicencio, mediante oficio No 104 del 2 de marzo de 1992.
69. Testimonio PNM
70. Ibídem
71. Mediante Oficio No. 184 del 15 de mayo de 1992 la investigación fue remitida por parte del Juzgado Promiscuo Municipal a la Unidad Investigativa de Orden Público de Villavciencio. Las diligencias pasaron a la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá que archivó el proceso en las preliminares, el 10. de junio de 1994.
72. Testimonio PNM
73. Testimonio PNM En el mismo año, y ante las graves amenazas contra su vida. Leo Tovar salió hacia Ecuador; alli logró importantes desarrollos en su labor teatral. Fue asesinado en Quito, en el mes de julio de 1994, después de regresar de Villavicencio, donde había estado visitando a sus compañeros de movimiento, familiares, antes de iniciarla dirección de un curso teatral en Ecuador.
74. Se envió queja formal ante la Defensoria del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación el 18 de agosto de 1995.
75. El Fiscal Noveno de Mesetas inició las primeras diligencias y las remitió al Juzgado Séptimo de Instrucción Penal militar, adscrito a la Brigada Móvil No. 2, el 12 de febrero de 1996, por considerar que en los hechos tuvieron participación miembros del batallón Contraguerrilla No, 15 de la precitada Brigada.
Se recibieron en el Juzgado Séptimo de Instrucción Penal militar las diligencias penales de la Fiscalía Novena de Mesetas, ya que en ellas se incriminaba a personal del Ejército. Posteriormente, fueron enviadas a la sede de la Brigada Móvil enTolemaida, Cundinamarca, para que allí se resolviera lo pertinente.
Se formuló queja ante la Defensoria del Pueblo el 19 de octubre de 1995. Se remitió a la Defensoria Seccional de Villavicencio.
76. Ver Capitulo I, sobre el caso de Planas
77. Se formuló denuncia ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, el 5 de enero de 1991. No obstante en esa dependencia no se inició por estos hechos diligencia disciplinaria alguna, contra lo previsto en la Ley. Según oficio No 854 fechado en mayo 27 del 2000 de la Personería Municipal de La Urihe, alli no se encontró documento alguno que permitiera conocer, el estado de la investigación.
78. Se formuló denuncia ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos el 5 deenero de 1991. Se abrió investigación preliminar el 4 de febrero de 1991 y se archivó el 11 de agosto de 1991 por falta de méritos ya que no fue vinculado ningún servidor público.
79. Se formuló denuncia ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos el 5 de enero de 1991. No obstante en esa dependencia no se inició por estos hechos diligencias disciplinarias alguna, contra lo previsto en la Ley.
80. CCDH META, doc, cit, s.p.
81. Se formuló denuncia ante la Oficina de Investigaciones especiales el 24 de febrero de 1992, fueron radicadas con el No, RH 1768, dispuso la practica de pruebas y el 22 de abril de 1992 remitirla a la Delegada para las Fuerzas Militares, por considerar que se había cometido por parte de una patrulla militar y el comandante de la Base Militar de La Uribe unas conductas irregulares.
En este despacho fueron radicadas las diligencias preliminares y sólo el 5 de junio asumió conocimiento y ordenó la práctica de pruebas.
El 22 de diciembre de 1992 la Delegada para las Fuerzas Militares ordenó archivar el expediente desestimándo la detención y torturas de Jorge Palomino, porque "no está demostrada la retención de catas personas y si quedó establecido el paradero de cada una de ellos" desconociendo las varias declaraciones aportadas en éste sentido por los testigos. Tampoco reconoció la autoría del Ejército que con los bombardeos y ametrallamiento ocasionó daños en sus viviendas de los campesinos, enseres y animales.
82. El Juzgado 119 de Instrucción penal militar adelantó por estos hechos la indagación preliminar radicada con si No. 058. El mismo día de los insucesos (Mayo 13/92) se le recepcionó declaración a la señora Matilde Quintero Valdés en las instalaciones del Batallón 21 Vargas, no obstante encontrarse herida y afectada por la secuencia de los hechos, además de no saber leer ni escribir, suscribiendo por rila la diligencia un teniente del ejército.
En su declaración da a entender que además de los dos presuntos guerrilleros que estaban en el interior de ta vivienda, había otros más en una mata de monte y que fueron estos quienes dispararon contra la vivienda.
La Juez 119 de instrucción penal militar el día 14 de mayo a las 16:30 practicó el levantamiento del cadáver de Martha Cecilia Ayure Quintero y dispuso que el de los dos insurgentes fuera realizado por el Alcalde Municipal de La Uribe.
Según el acta de levantamiento del cadáver de la menor Ayure Quintero y la necropsia, recibió una herida de arma de fuego en la región parietal derecha.
Los militares acusaron al grupo de seguridad del Secretariado de las FARC como los autores de la muerte de Martha Cecilia Ayure y de las heridas causadas a Matilde Quintero y a la menor Sandra Milena Ayure, en consecuencia el Juzgado 119 de Instrucción Penal militar dispuso el 18 de mayo de 1992 remitir copia de dichas declaraciones y otras piezas procesales al Juzgado Segundo de Instrucción Criminal para que investigara esos hechos.
A menos de un mes de los hechos, el once de junio de 1992, el Juzgado 119 de Instrucción Penal militar profirió resolución absteniéndose de abrir investigación formal contra los efectivos militares ya que «las autoridades militares....accionaron sus armas para responder al fuego del grupo guerrillero, y así lograr defender sus vidas de la injusta agresión siendo la defensa proporcional al ataque....pues la Fuerza Pública en este caso el Ejército Nacional no hizo cosa distinta que obrar tal como se lo ordena el articulo 217 de la Constitución Nacional». Para adoptar dicha decisión el Juzgado sólo tuvo en cuenta las declaraciones de los militares, ya que fue el único material probatorio que se recopiló. Al respecto sostuvieron según el Despacho «las compañías Armazón, Robles y Mulatos al aproximarse a la casa de habitación de Matilde Quintero la tropa fue detectada por unos cincuenta bandidos que se encontraban en la casa y alrededor de ella, que al ser atacada la tropa reaccionó sin esperar ninguna orden, es lo que se acostumbra y se espera de soldados bien entrenados, al ser atacados instintivamente reaccionaron para defender su vida, que los sujetos dados de baja Moisés García y Marcos Bonilla pertenecían a la guardia de seguridad a los miembros del estado mayor de las Farc.."
ACTUACIÓN DISCIPLINARIA:
La oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación con sede en Santa fe de Bogotá inició investigación preliminar el 28 de mayo de 1992 y fue radicada con el No. 2016/92, Ese mismo día se practicó visita especial a las instalaciones del Hospital Militar Central, donde en un principio los funcionarios de la Procuraduría no encontraron información de las victimas, solo tiempo más tarde se les vino a informar que alli si se encontraban.
Por órdenes del Jefe de División asistencial Evelio Barón se dispuso, por motivos de seguridad, no dar información sobre las lesionadas y no hacerlas figurar en los listados generales de pacientes recluidos en el hospital, ni incluir sus nombres en el kardex, Dicha orden es en cumplimiento de lo dispuesto por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa.
El día 2 de junio de 1992 la Oficina de Investigaciones Especiales, remitió lo actuado a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, que radicó las diligencias preliminares con el No, 1619.
El señor Ayure solicitó insistentemente se le facilitara el ingreso al hospital Militar a comunicarse con sus familiares, ya que se le había negado repetidamente, permitiéndose en ese centro asistencia! sólo la intervención de funcionarios públicos, como abogados de la Consejería para los Derechos Humanos y la Procuraduría, más no la de sus propios familiares.
El día 2 de julio de 1992 el señor Ensebio Ayure presentó ante el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares una petición en la cual requería información acerca del lugar donde losmilitares habían enterrado el cuerpo de su hija menor Martha Cecilia Ayure Quintero, así mismo exigiendo que la Justicia ordinaria (Fiscalía General de la Nación) investigara los hechos donde perdió la vida su hija y sufrieron graves heridas su companera permanente y otra pequeña de cinco años.
El 10. de julio de 1992 el señor Eusebio Ayure declaró ante el abogado comisionado de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, la intimidación de que era objeto por los militares debido a sus denuncias ante ese organismo de control.
El 8 de julio de 1992 el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares decretó la práctica de pruebas. El 23 de marzo de 1993 se notificó a Eusebio Ayure mediante oficio No. 1037 de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares el archivo del expediente por no encontrar mérito para abrir formal investigación.
83. Por la desaparición de estas tres personas se inició investigación preliminar en la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. El a de junio de 1993 se ordenó iniciar indagación preliminar y remitir para la práctica de pruebas a la Procuraduría Provincial de Villavicencio. Finalmente el 18 de diciembre de 1996 se archivó la investigación previa por falta de mérito.
84. Se interpuso queja ante la Personería Municipal de Puerto Rico. Se presentó informe evaluativo.
85. El 25 de agosto se formuló denuncia ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría
86. Por este hecho se inició investigación preliminar ci 24 de junio de 1992 en la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. El 7 de septiembre de 1994 se archivó por no haber funcionario público implicado.
87. El Juzgado 30 de Instrucción Penal militar inicio el 12 de agosto de 1993 investigación contra del Teniente Ramón Saldaña Quiñoncz, el Capitán José Fabio Piamonte Rodriguez y los soldados Henry Oliverio Mojica Arismendy y Luis Antonio Pardo. Con providencias del 17 de septiembre y 28 de octubre de 1993 el Despacho se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en contra de los inculpados. El proceso fue remitido para fallo, a la Auditoria Principal de Guerra con sede en la VII Brigada.
De parte de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, se avoco conocimiento de la investigación.
88. El Juzgado 122 de Instrucción Penal adelantó investigación preeliminar contra el Teniente Manuel María Nieto Díaz y el Capitán Ernesto Garbiras Gandica, por los delitos de secuestro y homicidio, por orden del Comando de la XII Brigada del Ejército. El 16 de noviembre de 1993 se abstuvo de abrir formal investigación y dispuso el archivo del expediente. Sin embargo el capitán Garbiras Gandica fue procesado y condenado a la pena principal de 35 meses de prisión por tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos por el Comando de la XI I Brigada del Ejército, como Juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por el Tribunal Militar.
El 15 de marzo de 1991 fue puesta la denuncia respectiva ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Se remitió a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, oficina que abrió formal investigación el 30 de septiembre de 1991 contra Manuel María Nieto Díaz y Ernesto Garviras Gandica. El 22 de noviembre de 1993 se decretó la nulidad de lo actuado a partir del auto de formal averiguación, dando valor a las pruebas aportadas y se ordenó abrir formal averiguación solo contra el capitán Garbiras Gandica. Y el 20 de septiembre de 1996 se dispuso su destitución de la institución. Ante la sanción impuesta se interpuso recurso de apelación y se encuentra en trámite desde el 4 de diciembre de 1996.
89. Declaración de Camilo Zamora ante la Juez Cuarta de Orden Público, el 10 de abril de 1989. En relación con la actuación de la justicia, a pesar de los datos aportados por el paramilitar, en la Fiscalía 39 Seccional de San Martín expresaron no haber encontrado ninguna investigación por este hecho.
90. En respuesta a Derecho de Petición la Fiscalía 39 Única Delegada ante Jueces del Circuito, expresó que no se halló investigación penal por este caso.
91. La Fiscalía 39 delegada ante el Juzgado Penal de! Circuito de San Martín, Meta, inició la investigación previa y el 2 de noviembre de 1994 ordenó la suspensión de la indagación preliminar y dispuso su archivo provisional.
El 10 de septiembre de 1993 se formuló denuncia ante la Oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación, que inició las primeras diligencias y las remitió por competencia de la Procuraduría Provincial de Villavicencio el 14 de octubre de 1993, mediante oficio No. 2674.
92. Lasso Mazuera sería asesinado menos de un año después, el 20 de abril de 1987.
93. Posteriormente asesinado el 27 de mayo de 1987.
94. Dos días antes habia sido asesinado en Barrancabermeja, Santander, el representante a la cámara, Leonardo Posada. Los dos politices fueron los primeros líderes de carácter nacional, asesinados por pertenecer a la Unión Patriótica.
95. El entonces Teniente Miller Tarcisio Koy Nuñez. El día de !os hechos acudió a la casa del informante Alvaro Serrano, y manifestó que tenia que hacer "una diligencia con una culebra". A las seis de la tarde regresó a la casa del testigo y le hizo la siguiente observación: "que hay mucha escama, están muy bravos los de la Unión Patriótica por la muerte del senador". El Teniente Koy cambió de moto porque según él esa estaba muy quemada. Además porque él era muy amigo de alias EÍ Campesino, quien estaba amenazado públicamente por la Unión Patriótica. El 9 de septiembre acudió a la casa del testigo para informarle que lo iban a llamar de un Juzgado porque los de la Unión Patriótica estaban diciendo que él había sido quien cometió el crimen, que no se preocupara que Koy declaraba en su favor. Afirmó también el indagado que la VII brigada tiene un grupo de personas para eliminar gente y entre ellos está el Teniente Koy y el Sargento Luna. Y un día «me dijeron que si no habia visto guerrilla, entonces yo le respondí que eso qué sacaba uno con ponerse a informar y después decían que uno era, lo señalaban. Entonces me respondió que no, que lo que yo supiera que fueran guerrilleros que los mostrara, que ahora la orden era de darle a todo lo que fuera guerrilla"
96. A pesar de estar involucrados militares de la VII Brigada del Ejército, en ta Jurisdicción Penal militar, el 10 de febrero de 1989 ia investigación fue archivada por falta de méritos. De Otro lado, la investigación penal fue adelantada por el Juzgado 12 de Instrucción Criminal de Villavicencio,yala misma fueron vinculados mediante indagatoria, Alvaro Serrano Humoa, Juan Bautista Correa Serrano, José María Serrano Humoa, Miller Tarcisio Coy Nuñezy Servio Tulio Medina y como reo ausente se vinculó a Ovidio Tabaco Betancur. En sus declaraciones ante dicho despacho, Alvaro Serrano Humoa sindicó del hecho al Teniente que ejercía el cargo de Comandante del B-a de la VII Brigada. Posteriormente, el 7 de marzo de 1988, el Juzgado Tercero Superior de Villavicencio, dictó providencia de cesación de procedimiento en favor de los implicados, y el 7 de junio de 1988, fue remitida al Juzgado de Instrucción Criminal reparto por competencia para que continuara la investigación con sindicados desconocidos. Luego, el proceso fue enviado a la Unidad de Indagación preliminar del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Actualmente adelanta la investigación la Unidad de Fiscalía Delegada para tos Jueces del Circuito Especializados de Villavicencio.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
• La investigación disciplinaria no dejó de estaren preliminares, con el agravante deque fue archivada en un inicio por falta de mérito aún cuando se recepcionaron pruebas que permitían inferir la responsabilidad penal de militares del B2 de la Brigada VII del Ejército. Asi mismo aconteció en la Justicia ordinaria, luego de haber sido vinculados a la investigación a varios militares y civiles al servicio de la sección de inteligencia de la Brigada VII, dejando el proceso en la etapa preliminar.
• Los victimarios se refugiaron en las instalaciones de la VII Brigada.
• Para el operativo se utilizó a varios informantes del B-2 y a un paramililar de la estructura de Víctor Carranza.
97. Adelanta la investigación la Unidad de Fiscalías Delegadas para los Jueces del Circuito Especializados de Villavicencio.
98. ACTUACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA:
La Procuraduría Provincial de Villavicencio dio inicio a la investigación preliminar radicada con el No. 013 por presunta negligencia por parte de las autoridades militares y de policía en la masacre de Piñalito, cometida en la madrugada del 21 de febrero de 1988. Dentro de esta investigación se recogió información sobra este hecho en comisión que realizara la Personería municipal de Vista Hermosa.
99. Jaime Ramón Lozano Neira, tiene como antecedente su vinculación al sumario No. 369 del Juzgado Quinto de Instrucción Criminal por tentativa de homicidio contra Julio Cesar Vacca León
100. Abelardo Mosquera Tabares. Se pudo establecer que si pertenecía al F-2 de la Policía Nacional, con sede en Villavicencio. en el cargo de Jefe de Vigilancia Privada, según lo denunció Camilo Zamora Guzman
101. Según Camilo Zamora, su función dentro de la estructura paramilitar era la de suministrar información que reposa en el DAS en lo tocante a los miembros de la Unión Patriótica Se corroboró que era funcionario del DAS desde julio 18 de 1988Acusó a Camilo Zamora de drogadicto, de demente y cuestiona la credibilidad "de una persona de esas, lo mismo que siendo este señor miembro del Partido Comunista y de la Unión Patriótica ya que ellos por todos tos medios tratan es de deseslabilizar el pais siempre declarando en contra de las fuerzas militares, de la Policía o de los estamentos de seguridad". Idéntica excusa esgrimió Víctor Carranza en su indagatoria ante el Juzgado ao de Instrucción Criminal elude mayo de 1989 para restarle credibilidad a la versión de Camilo Zamora, teniendo claro que éste supuestamente no lo conocía personalmente
102. Declaración de Camilo Zamora ante la Juez Cuarta de Orden Público, abril 10 de 1989.
103. Testimonio de Josué Giraldo en: "Ceder es más terrible que la muerte', o.c. págs.262 y 263.
104. El Juzgado Tercero de Orden Público de Villavicencio, inició la investigación penal radicada con el No. 021. Dentro del proceso declaró Camilo Zamora Guarnan quien confesó la manera como se cometió el crimen y los autores. El Juzgado Tercero de Orden Público ordenó remitir la actuación penal al Juzgado Cuarto de Orden Público a fin de acumularlo al Radicado 019 en el cual se investigaba a la estructura paramilitar de Víctor Carranza como responsable de éste y otros crímenes. El 19 de junio de 1989 se acumuló el proceso al radicado No. 019 que se adelantó en el Juzgado Cuarto de Orden Público, el cual terminó el 18 de mayo de 1990, con absolución a lodos los implicados, proferida por la juez Marcela Fernández Castañeda.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
• La Juez otorgó absoluta credibilidad a las versiones dadas por el dragoneante Mosquera Tabares del F-2 de la Policía Nacional y del DAS, Héctor Alfonso Gutiérrez Ortiz, quienes fueron acusados por Camilo Zamora Guzman de participar en el múltiple homicidio de los dirigentes de la Unión Patriótica, por ello se abstuvo de proferirles medida de aseguramiento y dictó sentencia absolutoria, no obstante verificarse lo dicho por el testigo en relación con que ambos si se desempeñaban respectivamente como agentes del F2 y del DAS de Villavcencio. Asi mismo omitió la práctica de pruebas dentro de la averiguación de este crimen tendientes a demostrar la responsabilidad de los implicados.
• Se utilizó por parte del agenle del DAS Héctor Alfonso Gutiérrez Ortiz, quien fue acusado de participar en el asesinato unos testigos que cumplieron la fundón de corroborar su versión de los hechos.
105. Este caso fue acumulado al proceso No. 019, adelantado por Marcela Fernandez, Juez Cuarta de Orden Público de Villavicencio.
106. El Juzgado 30 de Instrucción Criminal de Villavicencio a raíz de la confesión realizada por Camilo Zamora recibió en indagatoria a los implicados en el homicidio. El 18 de mayo de 1990, el Juzgado 4 de Orden Público de esa ciudad, profirió sentencia absolutoria para todos los implicados en el caso.
107. Se inició investigación preliminar por el Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de Puerto López, radicada con el No. 382. El 12 de enero de 1989 se suspendió y se remitió el expediente al Cuerpo de Policía Judicial. El 10 de junio de 1989 se remitieron para su acumulación el proceso al radicado No. 019 que se adelantó en el Juzgado Cuarto de Orden Público, el cual finalmente absolvió a todos los implicados, mediante sentencia del 18 de mayo de 1990. Como mecanismo para garantizar la impunidad, se observa la inactividad de los füncionarios instructores en el diligenciamiento de la Indagación preliminar, para la identificación de los responsables, lo que provocó la suspensión de las mismas, hasta que fue acumulado al radicado 019 del Juzgado Cuarto de Orden Público.
108. Este caso coincide en varios aspectos con uno de los confesados por Camilo Zamora Guzman: "cierto dia que nos encontrábamos nosotros en Villavicencio, en el sitio La Mojarra, a la cual (sic) fue llamado Orlando Peña alias 'Huevo Duro' por el Mayor del F-2 de apellido Forero,... fue y charló con él a cuando llegó donde nosotros nos dijo: tres orejas para esta noche. Nosotros seguimos tomando aguardiente y nos fuimos para la Gallera el Tapujo a jugar gallos; a las once de la noche nos dirigimos hacia el F-2 a la cual (sic) nos fueron entregadas tres personas que no les sabemos el nombre y fueron dirigidos en un Toyota rajo del F-2 hacía la carretera que se dirige a la ciudad de Acacias: nosotros íbamos acompañados por dos agentes del F-2 que tampoco sé los nombres, más adelante del puente Guayuriba por una carretera que sale para una finca que hacen ladrillo, fueron bajados y asesinados todos tres; estos individuos fueron asesinados por más a menos ocho personas que íbamos, todos les hicimos tres tiros o sean los dos del F-2 que no sé los nombres el Mayor Forero es el que sabe los nombres; Orlando Peña, Jorge Panas, el hermano de éste que también le dicen "Panas", Camilo Zamora, "El Pato" y Laureano el finado, porque ya está muerto. Después de haberlos asesinado los echamos al carro y cinco kílómetros mas acá o sea llegando a Villavo en todo el puente del río Guayuriba, los fuimos tirando uno a uno al río. Después nos lavamos las manos en un chorrito, nos fuimos para la gallera a seguir jugando gallos"
109. Testimonio de Josué Giraldo. En "Ceder es más terrible que la muerte', o.c., pág.270.
110. Declaración de Camilo Zamora...
111. Testimonio de Josué Giraldo en: 'Ceder es más terrible...', o.c, pag. 269
112. Ibidem., pág 268.
113. Quien participó en el asesinato del senador por la Unión Patriótica, Pedro Nel Jiménez Obando, en 1986.
114. Testimonio de Josué Giraldo. En 'Cederes más terrible...', o.c., págs. 245.
115. En este caso se evidencian por lo menos dos mecanismos para garantizar la impunidad:
• Los apoderados de la parte civil constituida por los familiares de la víctima fueron amenazados hasta el punto de que el Dr. Ricardo Rodríguez Henao sufrió un atentado y se vio obligado a abandonar e! país. Similar situación padeció quien lo sustituyó en el caso, el doctor Frankiin Pérez Almeida.
• Se omitió valorar pruebas que tendían a establecer la responsabilidad en concreto de William Gongora Sierra y John Rodríguez Niño identificados a través de reconocimiento fotográfico por la cónyuge de la victima (Testigo presencial de los hechos) como algunos de los autores materiales del crimen, y no obstante existir esta prueba eficaz se profirió la sentencia absolutoria en favor de los implicados
116. El 6 de abril de 1992 se formuló queja disciplinaria ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos que radicó el expediente con el No. 008-122988. El 27 de abril de 1992 se abrió indagación preliminar, se dispuso la practica de algunas pruebas y se comisionó a la Procuraduría Provincial de Villavicencio. El 30 de abril de 1992 se recibieron las diligencias en la Procuraduría Provincial y se dispuso practicar las pruebas. En inspección judicial llevada a cabo a la sede de la Permanencia Central en el libro de retenidos se hizo figurar sólo a Edisson Prieto Rojas a quien se acusó de ataque a la autoridad, figurando como ofendido el Sargento Primero Isidro Onega Echavarría, denuncia que le correspondió a la Inspección Primera municipal. Esta funcionaría el 11 de mayo de 1992 absolvió de todo cargo al implicado al no existir prueba de la materialidad de las lesiones personales invocadas por el militar. Por su parte el abogado visitador de la Procuraduría Provincial rindió informe en el cual solicita se investigue la conducta del uniformado Braulio Pardo Vargas por tratar al público en forma inculta, negligencia en prevenir o reprimir las infracciones contra la disciplina, encubrir las faltas de sus subalternos, omitir su deber de informar a los superiores, y también la conducta del Sargento Ortega Echavarría por tratar al público en forma inculta y despótica y algunas faltas contra el servicio, de abuso de autoridad, de negligencia en el mando y contra la cortesía militar. El 28 de septiembre de 1992 el Procurador Delegado para los Derechos Humanos ordenó la practica de otras pruebas. El 16 de julio de 1993 se profiere providencia ordenando el archivo del expediente en la cual advierte que «no hay elementos de juicio que demuestren la materialidad de las presuntas torturas; pero no se descarta que pudo haber un procedimiento irregular lllevado a cabo por el señor Sargento Primero Ortega Echavarría Isidro, cuando ejercía labores de reclutamiento, profiriendo maltratos a los ofendidos».
117. Por resolución del 28 de febrero de 1996 la Fiscalía Regional de Oriente avocó conocimiento del proceso seguido contra los militares Jairo Alberto Pachón, José Clodomiro Pardo Saiz y los policiales José Hoover Hernández López, John Jairo Granda Upegui, Joaquín García Rique, Benjamín Quiroga Castro Y Hernán Velandia Pérez. Luego de que se cerró la investigación, para alegatos precalificatorios, el agente del Ministerio Público solicitó resolución de acusación contra el Sargento Segundo Pachón Sánchez, preclusión para los demás implicados y compulsar copias para investigar el comportamiento del Comandante del Batallón Albán, Teniente Coronel Wladislao Reinóse Marín y el Mayor Pedro Antonio Montaña Meza. . La Fiscalía Regional de Conocimiento luego de recibirles indagatoria a los policías y militares comprometidos se abstiene de decretarles medida de aseguramiento. El Fiscal Cuarto Delegado ante los Jueces Regionales, el 15 de julio de 1997 calificó la investigación adelantada contra los sindicados con preclusión de la instrucción y ordenó compulsar copias para que se continuara en indagación preliminar. Dando por sentado que los victimarios abandonaron el lugar de la escena del crimen por otra vía diferente a la donde estaba instalado aún el retén de Policía y Ejército; de otro lado, asegura que el Sargento Pachón no se encontraba en el retén luego de sucedidos los hechos, ya que el ciudadano que avisó de los sucesos, cuando pasó por el lugar del retén no vio al Ejército. Lo anterior, no significa que no haya estado, por cuanto su puesto era debajo del puente y porque desconoció que otros policías informaron que él se quedó como hasta las 7:10 de la noche en el lugar. En la providencia de la Fiscalía se pone en duda el móvil político del crimen, porque los retenidos no tenían antecedentes de ser subversivos.
118. La auditoria 14 del Batallón de Ingenieros Carlos Albán, en Villavicencio, abrió indagación preliminar por estos hechos. El Comando de la Séptima Brigada, como Juez de Instancia, se abstuvo de abrir investigación formal por la desaparición forzada de los señores Néstor Alvaro Martínez, José Arquimedes Beltrán, y José Fabián Sarmiento, un mes después de ocurridos los hechos, 18 de marzo de 1993, luego de recepcionar las declaraciones de los ocupantes del vehículo asaltado, los familiares de las victimas y los uniformados apostados en el retén en día de los hechos. En la providencia se aduce que no existió infracción penal, refiriéndose a la desaparición forzada de las tres personas, no le dio crédito a lo expresado por los testigos acerca de la presencia del vehículo en que fueron sustraídas las victimas, en el mismo lugar del retén y su posterior paso ya con los secuestrados por el sitio donde aún continuaban los militares y la policía.
119. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos inició la indagación preliminar el 27 de abril de 1993. El 7 de septiembre de 1993 se abstuvo de abrir formal investigación y ordenó el archivo de la indagación preliminar. Por su parte la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, abrió una indagación preliminar, practicando una serie de pruebas tratando de dilucidar la materialidad del delito y la responsabilidad de sus autores. En un extenso examen de las pruebas, el 3 de diciembre de 1993, sugirió que se reabriera la investigación penal militar ya que había indicios acerca de la participación por «omisión» de los militares, así mismo que se investigara el comportamiento del Juez de Instrucción Militar que se abstuvo de abrir formal investigación sobre estos hechos. La Delegada para los Derechos Humanos mediante auto del 24 de octubre de 1995 decidió abrir formal investigación, practicar algunas pruebas y vincular al Sargento Segundo Jairo Alberto Pachón, orgánico del Batallón Carlos Albán, compañía C. Ordenó el 31 de julio de 1998 la evacuación de otro material probatorio. Y posteriormente procedió nuevamente a archivar provisionalmente el expediente «porque no existe evidencia suficiente para predicar responsabilidad en cabeza de los implicados..» La Policía Nacional no adelantó investigación interna por los hechos contra sus agentes, que ese día instalaron el retén en el puente del río Guatiquia. Internamente, el Ejército tampoco adelantó ninguna investigación disciplinaria contra los militantes comprometidos.
120. El 14 de febrero de 1995 se presentó demanda contenciosa administrativa de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Mediante el oficio 011097, fechado el 11 de septiembre de 2000, el Director Seccional de Fiscalías (e), respondió a un derecho de petición que el mencionado anónimo "se trasladó a la Jefe División de Investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía con oficio Nº 0082279 del 21 de julio del año en curso, para que se adelanten las labores de verificación pertinentes"
121. Adelanta la investigación la Unidad de Fiscalía Delegada para los Jueces del Circuito Especializados de Villavicencio.
122. Roa Fabio, 'Metamorfosis de una persecución policiva en contra de mí(Fabio Roa)', Julio 8 de 1988, mimeo.
123. El Juzgado Tercero de Instrucción Criminal con sede en Puerto López inició indagación preliminar el 21 de julio de 1988. El 7 de septiembre de 1988 se remitieron las diligencias al Juzgado quinto de Instrucción Criminal por inventario, quien reanudó la indagación preliminar. El 6 de octubre del mismo año las suspendió y se enviaron al Cuerpo Técnico de Policía Judicial. El 10 de mayo de 1989 se remitieron las diligencias al Juzgado 20 de Instrucción Criminal que había iniciado investigación por el hallazgo de la fosa común, adelantando el proceso penal Rdo. No. 021, al cual ordenó agregarlas. El Juzgado 20 de Instrucción Criminal Ambulante el día 11 de abril de 1989 abrió la indagación preliminar y se identificó el cadáver hallado dentro de la fosa común con el de la víctima por la vestimenta que llevaba el día en que fue desaparecido. Se acumuló el proceso al radicado No. 019 que se adelantó en el Juzgado Cuarto de Orden Público, a cargo de Marcela Fernández, quien el 18 de mayo de 1990 profirió sentencia absolutoria a favor de Víctor Carranza y los demás implicados, a pesar de la confesión de uno de los autores y del hallazgo de varios cuerpos de personas hasta entonces desaparecidas.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
• El cadáver de la victima fue abandonado en un sitio donde era difícil el acceso de las autoridades investigativas o de sus familiares, como lo era la propiedad privada de Julio Carranza Niño, a donde en primera instancia no se recurriría en la búsqueda.
• Se omitió valorar y profundizar probatoriamente en la relación laboral existente entre la víctima y Víctor Carranza Niño.
• Se observa la inactividad de los funcionarios instructores en el diligenciamiento de la Indagación preliminar, para la identificación de los responsables, lo que provocó la suspensión de las mismas, hasta que fue acumulado al Rdo. 019 del Juzgado Cuarto de Orden Público, despacho que posteriormente absolvió a todos los implicados
124. El Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de Puerto López inició investigación preliminar, el 22 de agosto de 1989; el 28 de noviembre del mismo año fue suspendida y remitida al Cuerpo Técnico de Policía Judicial por no haberse identificado e individualizado a los presuntos responsables del hecho. El 10 de junio de 1989 se remitieron para ser acumuladas al radicado No. 019, adelantado en el Juzgado Cuarto de Orden Público de Villavicencio.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
Se observa la inactividad de los funcionarios instructores en el diligencianüento de la indagación preliminar, para la identificación de los responsables, lo que provocó la suspensión de las mismas, hasta que fue acumulado al Radicado 019 del Juzgado Cuarto de Orden, despacho que posteriormente absolvió a todos los implicados.
125. El proceso penal fue acumulado al proceso 019 del Juzgado Cuarto de Orden Público de Villavicencio. El 18 de mayo de 1990 profirió sentencia absolutoria contra todos los implicados, por todos los hechos acumulados.
126. La Fiscalía 34 Seccional de Puerto López inicio la investigación previa. El 25 de junio de 1992 se inhibió el Despacho de dictar la apertura de la instrucción, archivándose las diligencias el 7 de julio de ese mismo año.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
Se presenta inactividad en la acción de la Justicia, ya que la investigación por esta masacre, no pasó de indagación preliminar, y se encuentra suspendida.
127. El Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de Puerto López inició investigación el 13 de septiembre de 1988 y la suspendió el 18 de noviembre del mismo año para remitirlas al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial. El 10 de junio de 1989 fue remitida para ser acumulado al proceso radicado No. 019 adelantado en el Juzgado Cuarto de Orden Público, que el 18 de mayo de 1990 profirió sentencia absolutoria para todos los implicados en los casos acumulados.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
Se observa la inactividad de los funcionarios instructores en el diligenciamiento de la Indagación preliminar, para la identificación de los responsables, lo que provocó la suspensión de las mismas, hasta que fue acumulado al Rdo. 019 del Juzgado Cuarto de Orden, despacho que posteriormente absolvió a todos los implicados
128. Según la confesión de Zamora Guzmán, el verdadero motivo del dueño de la finca Potosí, para mandar a cometer el crimen, era no cancelarles las obligaciones laborales que tenía para con los labriegos. "Este mismo señor nos había mostrado más o menos otras catorce personas que decía que eran guerrilleras para que liquidáramos, pero nosotros nos dimos de cuenta que no era así, sino por no pagarles", dice en uno de los apartes de la confesión.
129. Declaración de Camilo Zamora ante la Juez 4* de Orden Público, el 10 de abril de 1989.
130. El Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de Puerto López mediante auto del 19 de septiembre de 1988, adelantó indagación preliminar por la desaparición forzada de los hermanos Casallas Ramírez, que fue radicada con el No. 375. El 21 de Noviembre suspendió la misma y ordenó enviarlas al Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Este despacho reanudó la indagación preliminar el 28 de noviembre de 1988 y en Mayo 10 de 1989 remitió lo actuado al Juzgado 20 de Instrucción Criminal Ambulante para que lo acumulara al proceso radicado con el No. 021 adelantado por el hallazgo de la fosa común en la finca la Sesenta o San Pablo de propiedad de Julio Carranza Niño.
En virtud de ese proceso el Juzgado 20 de Instrucción Criminal Ambulante, se desplazó a la ciudad de Bogotá y le recibió indagatoria a Camilo Zamora Guzmán el 18 de abril de 1989, a Willian Gongora Sierra el 21 de abril de 1989, y a Víctor Carranza el 11 de mayo de 1989, en la cual éste desconoció todos los cargos imputados por los confesos paramilitares y atribuyó la acción de estos como un acto de infiltración de la guerrilla, además acusó a Zamora Guzmán de guerrillero, cultivador de coca con la misión de asesinarlo.
El 15 de mayo rindió indagatoria Julio Carranza Niño. El 19 de mayo de 1989 el Juzgado resolvió la situación jurídica a los implicados, absteniéndose de decretar medida de aseguramiento en contra de Amulfo Castillo Agudelo, Pablo Emilio Rodríguez, Jaime Ramón Lozano Neira, Juan Carlos Rodríguez Uribe, Jairo Rodríguez Niño, Daniel Rodríguez Garzón, Willian Gongora Sierra, Hernando González Hueso, Leopoldo Martínez Torres, Julio Alberto Carranza Niño (propietario de la finca donde fue hallado el cuerpo de la víctima), Víctor Carranza Niño, jefe de grupo paramilitar que asesinó a los hermanos Ramírez Casallas).
En la providencia sólo decretó la detención preventiva en contra de Camilo Zamora Guzmán, Jorge Monzaide Vergara Patino y José Fidel Mahecha. El 23 de mayo fue remitido el proceso al Juzgado Primero de Orden Público de Villavicencio.
El proceso fue acumulado al radicado No. 019 que adelantó el Juzgado Cuarto de Orden Público, que terminó con sentencia absolutoria para todos los implicados, de mayo 18 de 1990.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
• Se abandonaron los cadáveres de las víctimas en un sitio donde era difícil el acceso de las autoridades investigativas o de sus familiares, como lo era la propiedad privada de Julio Carranza Niño, a donde en primera instancia no se recurriría en la búsqueda.
• Se evidenció en un primer momento de la investigación una poca actividad tendiente al esclarecimiento del crimen y de sus autores, ya que se abrió indagación preliminar y luego se suspendió, hasta que fue acumulado al Rdo. 019 del Juzgado Cuarto de Orden Público que posteriormente absolvió a todos los implicados.
• Se otorgó plena credibilidad a las versiones rendidas por Víctor Carranza Niño y su hermano Julio Carranza, no obstante existir la declaración de Camilo Zamora Guzmán y WilliamGongora y la flagrancia en el hallazgo de caletas con armas, municiones, y principalmente las fosas comunes con los cuerpos de las victimas. Asi mismo se le concedió plena credibilidad a la versión de Luis Eduardo Guamizo Guamizo (propietario de la finca Potosí), en contravia de la declaración de Camilo Zamora, quien acertó en la identificación del propietario de la Finca, tal como lo demuestran las declaraciones de los familiares de las víctimas, y la versión que rindió ante agentes del DAS el señor José Fidel Mahecha, administrador de la finca La Sesenta.
131. El es el Jefe de todos los grupos, encargado de comprar las armas, los carros robados, el que está pendiente de los cursos. Era quien comandaba el grupo que le correspondía ejecutar acciones en Bogotá.
132. Declaración de Camilo Zamora ante la Juez 4º de Orden Público, el 10 de abril de 1989.
El Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de Puerto López inició investigación preliminar, la cual fue suspendida el 9 de diciembre de 1988 al no identificarse los autores del crimen y remitida al Cuerpo Técnico de Policía Judicial. En el proceso declaró Camilo Zamora Guzmán y el 10 de junio de 1989 se remitió para ser acumulada al proceso radicado con el Nº 019 que se adelantó en el Juzgado Cuarto de Orden Público.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
Es evidente la inactividad de los funcionarios instructores en el diligenciamiento de la Indagación preliminar, para la identificación de los responsables, lo que provocó la suspensión de las mismas, hasta que fue acumulado al Rdo. 019 del Juzgado Cuarto de Orden, despacho que posteriormente absolvió a todos los implicados.
133. Declaración de Camilo Zamora
134.ACTUACION DE LA JURISDICCION PENAL ORDINARIA: El Juzgado Primero de Orden Público de Villavicencio inició indagación preliminar el 7 de enero de 1989, con el radicado 035, por el delito de secuestro. El 14 de abril de 1989, abrió indagación preliminar, luego de conocer la identificación de la victima dentro de los occisos allados en la finca La Sesenta o San Pablo en Puerto López.
El 28 de junio de 1989 ordenó abrir formal investigación contra Orlando Peña, Camilo Zamora, NN Vergara alias "Saraviado", Antonio Guzmán alias "Comandante Cortico" y el agente del DAS, Hedor Julio Saavedra Leyton y se le recibió injurada a Camilo Zamora Guzmánel 21 de junio de 1989. El 5 de agosto resolvió situación jurídica a Zamora Guzmán absteniéndose de decretar medida de aseguramiento y extinguiendo la pena por la colaboración eficaz que habia brindado al aparato de justicia para la identificación de los autores y participes de la desaparición forzada de García Briñez y su posterior homicidio.
De otro lado, por el hallazgo de una fosa común en la finca la Sesenta o San Pablo de propiedad de Julio Carranza Niño, se practicó el levantamiento de unos cadáveres el 7 de abril de 1989 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto López, posteriormente se hizo presente el Juzgado 20 de Instrucción Criminal que avocó conocimiento el 10 de abril de 1989 y radicó el proceso con el Nº 025.
Se recibieron declaraciones de los testigos presenciales y el 18 áe abril de 1989 rindió indagatoria Camilo Zamora Guzmán, quien confirmó su participación en los hechos y la de otras personas, la financiación del grupo paramilitar por Víctor Carranza, el apoyo de la fuerza pública y el lugar donde se encontraba el cuerpo.
Entre el 20 de abril y el 5 de mayo de 1989, fueron escuchados en indagatoria los siguientes sindicados: José Fidel Mahecha, administrador de la finca La Sesenta o San Pablo, el 20 de abril; Willian Gongora Sierra, el 21 de mayo; Libardo Martínez Torres, el 25 de abril; Daniel Rodríguez Garzón, el 26 de abril; Pablo Emilio Rodríguez, el 26 de mayo; Jorge Monzaide Vergara Patino, el 27 de abril de 19891 Juan Carlos Rodríguez Uribe, el 28 de abril; también el 28 de abril, Jairo Rodríguez Niño; Jaime Ramón Lozano Neira, el 3 de mayo de 1989; el mismo día amplió indagatoria Willian Gongora; Arnulfo Castillo Agudelo, el 4 de mayo, y finamente el 5 de mayo, Hernando González Hueso.
El 10 de mayo de 1989 se acumularon a este proceso, las diligencias preliminares adelantadas por la desaparición forzada de los hermanos Enrique y Manuel Ramírez Casallas y de José Omar Molina Rojas. También el 10 de mayo, Víctor Manuel Carranza Niño presentó solicitud para ser oído en indagatoria pues tenia conocimiento que contra él se estaban endilgando cargos dentro del proceso de la referencia, esta solicitud le fue aceptada el mismo dia.
El 11 de mayo de 1989 se le recibió injurada a Víctor Carranza Niño, en la cual adujo que la finca la sesenta o San Pablo no es de su propiedad, sino de su hermano Julio, la cual fue dada en arriendo al extinto Gilberto Molina, que desconocía la procedencia de las armas incautadas y justificó el hallazgo de las caletas para su protección por las amenazas de la guerrilla-Y en relación con las personas capturadas que forman parte de la estructura paramilitar dirigida y financiada por él, expresó no conocerlos, aunque abre la posibilidad de que sean trabajadores de él en sus hatos ganaderos. Negó todos los cargos que le hicieron Camilo Zamora Guzmán y Willian Gongora Sierra.
También el ll de mayo de 1989 Julio Carranza Niño presentó solicitud para que el despacho le recibiera en indagatoria, petición que le fue aceptada el 12 de mayo, y el 15 de mayo le fue tomada aduciendo que el rara vez frecuenta la finca la Sesenta o San Pablo, debido a sus labores de explotación de una mina de esmeraldas, dejándolo a cargo de terceras personas y que en el último año la arrendó a Gilberto Molina.
En desarrollo de la investigación penal el Juzgado 20 de Instrucción Criminal el 19 de mayo de 1989 resolvió la situación jurídica a los implicados, absteniéndose de decretar medida de aseguramiento en contra de Arnulfo Castillo, Agudelo, Pablo Emilio Rodríguez, Jaime Ramón Lozano Niera, Juan Carlos Rodríguez Uribe, Jairo Rodríguez Niño, Daniel Rodríguez Garzón, Willian Gongora Sierra, Hernando González Hueso, Leopoldo Martínez Torres, Julio Alberto Carranza Niño (propietario de la finca donde fue hallado el cuerpo de Ramiro García), Víctor Carranza Niño, jefe de grupo paramilitar que asesinó a García Briñez). En la providencia sólo decretó la detención preventiva en contra de Camilo Zamora Guzmán, Jorge Monzaide Vergara Patino y José Fidel Mahecha.
El Juzgado 20 de Instrucción Criminal envió el expediente a los Jueces de Orden Público reparto, correspondiéndole el proceso al Tercero de Orden público, despacho que dispuso el envío inmediato al Juzgado Cuarto de Orden Público, siendo acumulado al radicado 019, el 26 de junio de 1989.
El Juzgado Cuarto de Orden Publico mediante oficio No. 731 del 14 de julio de 1989, informó al Juzgado Primero de Orden Público -el cual hasta esa fecha venia conociendo de la desaparición forzada de la victima (secuestro)- que estaba conociendo del delito de homicidio de Ramiro García Briñez, el cual, el 15 de agosto de 1989 propuso colisión positiva de competencias al.fuzgado Cuarto de Orden Público que venía conociendo dentro del proceso radicado con el 019 por acumulación, del homicidio de Ramiro García Briñez.
El 28 de agosto de 1989 el Juzgado Cuarto de orden Público se negó a remitir el proceso iniciado por el homicidio de Ramiro García Briñez al Juzgado Primero de Orden Público y envió el preciso al Tribunal de Orden Público para que resolviera lo concerniente a la colisión positiva de competencias. Mientras se resolvía lo pertinente, el 7 de noviembre de 1989 el despacho le recibió indagatoria a Arnulfb Castillo Agudelo alias "Rasguño" por el secuestro y posterior asesinatode Ramiro García Briñez, quien en su versión negó conocer a Víctor Carranza, pero según una historia clínica del hospital militar aportada al proceso, "Rasguño" laboraba en la empresa Ganadería Nare, de la cual es socio Carranza y su familia. El Juzgado le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación el 23 de noviembre de 1989.
El incidente de colisión de competencias propuesto por los Juzgados Cuarto y Primero de Orden público fue resuelto por el Tribunal Superior de Orden Público, el 18 de diciembre de 1989 en favor de la acumulación de procesos solicitada por el Juzgado Cuarto de Orden Público, argumentando que "resulta más jurídico y saludable pura la misma investigación que todos tos hechos cometidos por todos estos individuos bajo el mismo acuerdo continúe su tramite en el mismo Juzgado", no obstante advertir que el Juez Primero de Orden Público tenía razón en negarse a que el proceso de Ramiro García Briñez se tramitara conjuntamente con los otros homicidios, porque se había presentado una válida causal de rompimiento de la unidad procesal y era jurídico seguir el tramite por separado. Sin embargo dispuso la acumulación del proceso al radicado 019 adelantado por el Cuarto de Orden Público, que finalmente absolvió a todos los implicados, en sentencia del 18 de mayo de 1990.
En ese caso se identificaron los siguientes mecanismos para garantizarla impunidad: • El cadáver de la victima fue abandonado en un sitio donde era difícil el acceso de las autoridades investigativas o de sus familiares, como lo era la propiedad privada de Julio Carranza Niño, a donde en primera instancia no se recurriría en la búsqueda. • Las diferentes instancias investigadas (Juzgado 20 de Instrucción Criminal y Juzgado Cuarto de orden Público, especialmente este ultimo) dieron plena credibilidad a las versiones dadas por los victimarios, ya fuera agentes oficiales o particulares, a pesar de las contundentes testimonios de William Gongora Sierra y Camilo Zamora Guzmányde las evidencias que en sentido contrario fueron recopiladas en la investigación. Particulares privilegios recibieron los hermanos Carranza Niño.
135.El Juzgado Segundo de Orden Público inició él proceso radicado con el N0.026 en contra de Ángel María Roa, Antonio Guzmán y Guillermo León Torrea Arango. Decretó medida de aseguramiento contra Guillermo León Torres Arango de detención preventiva sin beneficio de excarcelación. El a de enero de 1990 se acumuló al radicado 019 adelantado por el Juzgado Cuarto de Orden Público, y el iyde enero de ese mismo ano, ésta Juez le revocó la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado Segundo.
La Juez Cuarta de Orden Público, Marcela Fernández al revocar la medida de aseguramiento impuesta contra Guillermo León Torres Arango dentro del proceso seguido por el Juzgado Segundo de Orden Público, le restó credibilidad al testimonio de cargos del proceso rendido por Camilo Zamora Guzmán, contrariando una decisión del Juzgado Segundo de Orden Público que con base en la misma declaración había resuelto situación jurídica en contra de Torres Arango. Llama poderosamente la atención, como la defensa de los implicados en el proceso matriz 019 solicitó la acumulación de otros procesos que se adelantaban por distintos hechos, e inmediatamente, solicitó como en este caso, la revocatoria de las medidas de aseguramiento impuestas por otros despachos y el juzgado Cuarto de Orden Público inmediatamente concedió la libertad de los implicados con la revocatoria de las mismas.
136. La investigación preliminar fue iniciada el 17 de abril de 1989, en el Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de Puerto López, radicada con el No. 434, Este proceso inicial se extrañó,. Posteriormente, como consecuencia de la indagatoria rendida por Camilo Zamora Guzmán, paramilitar, ante el Juzgado de Orden Público, el 10 de abril de 1989, en la cual confesó sobre los crímenes acaecidos en esta región y los victimarios, para esta época el proceso investigativo por estos crímenes se acumuló al radicado 019 que se adelantó en el Juzgado Cuarto de Orden Público, el cual terminó en absolución alodos los implicados, el 18 de mayo de 1990.
137. Roa Fabio,doc.cit.
138. Procuraduría Departamental del Meta, oficio del 26 de octubre de 1990, Ref: Exp. Nr. 096-08015. Asi mismo, la Procuraduría Delegada para la Policia Nacional, abrió indagación preliminar el 23 de marzo de 1990 y la archivó el 21 de agosto de porque el hecho no lo cometió el acusado.
139. Testimonio PNM
140. Nelson Restrepo fue posteriormente desaparecido por paramilitares asentados en Puerto Gaitán, quienes el 21 de abril de 2000, lo sacaron del establecimiento comercial de su propiedad y se lo llevaron con rumbo desconocido. Para esa éopca, Restrepo Rodríguez, conocido como "Fotofoto", lideraba una serie de denuncias por corrupción de la administración municipal, con base en las cuales, la Procuraduría sancionó al Alcalde con suspensión del cargo durante tres meses.
141. Declaración de Camilo Zamora Guzmán, el lo de abril de 1989, ante la Juez Cuarta de Orden Público, Marcela Fernández Castañeda.
142. La Unión Patriótica finalmente ganó la demanda, al día siguiente de haber sido proferido el fallo, fue asesinado Néstor Rojas, candidato por ese movimiento, en compañía de otros lideres de esa misma organización política.
143. El Juzgado Primero Especializado de Villavicencio inició la investigación penal, por el secuestro de Hernando Méndez (radicado No. 101). El 12 de abril de 1988, dictó auto cabeza de proceso y ordenó la práctica de pruebas. El 14 de abril de 1988 la Dirección Seccional de Instrucción Criminal designó al Juzgado Segundo de Instrucción Criminal Ambulante para que continuara con la investigación, mediante resolución No. 229. A este proceso se acumularon las diligencias preliminares iniciadas en el Juzgado Tercero de Instrucción Criminal de Villavicencio, con el Rdo. No. 316. Este Despacho asumió el conocimiento del proceso el 18 de abril de 1988 y se desplazó para la practica de pruebas al municipio de Puerto Gaitán. Mediante Resolución No. 0152 del 5 de mayo de 1988 la Dirección Nacional de Instrucción Criminal designó al Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá para que continuara adelantando las diligencias procesales. El 23 de mayo de 1988 el Juzgado Tercero de Orden Público revocó el auto cabeza de proceso y dispuso que la actuación hasta ahora desarrollada quedaría en Indagación preliminar, por no haberse identificado e individualizado a los autores de la retención.
El 10 de junio de 1988 se venció la comisión impartida al juzgado de orden público y remitió el expediente a la Dirección de Instrucción Criminal de Villavicencio para lo de su competencia. El 30 de junio reasignaron el proceso al Juzgado Tercero Especializado de Villavicencio, el cual, el 8 de julio de 1988 suspendió la indagación preliminar con base en el artículo 347 del C.P.P. y la remitió al Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La unidad de indagación preliminar de Villavicencio ordenó a la SIJIN de la Policía la practica de todas las pruebas que consideraran conducentes. Y el 22 de diciembre de 1988 remitió nuevamente la actuación preliminar al Juzgado Tercero Especializado de Villavicencio, el que a su vez la envió por competencia a los Juzgado de Orden Público de esa misma ciudad.
Por reparto le correspondió al Juzgado Primero de Orden Público (radicado 030) que abocó conocimiento el 3 de enero de 1989 y ese mismo día nuevamente suspendió la Indagación preliminar y la remitió a la Unidad de Indagación preliminar del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Puerto López. El 17 de enero de 1989 reanudó la indagación preliminar y se decretaron pruebas tendientes al esclarecimiento de los autores materiales del crimen. El n de mayo de 1989 la Unidad de Indagación Preliminar remitió el expediente al Juzgado 20 de Instrucción Criminal para lo de su cargo.
Procedentes del Juzgado 20 de Instrucción Criminal que adelantaba indagación preliminar, Rdo. 023 por el secuestro del Personero y Tesorero de Puerto Gaitán, remitió lo actuado el Juzgado Primero de Orden Público el día 23 de mayo de 1989. Este Despacho el 24 de mayo de 1989 abrió la investigación penal y decretó la práctica de pruebas entre ellas, la declaración de Camilo Zamora. El 12 de junio de 1989 se aceptó la designación como agente especial del Ministerio Público al Dr. Héctor Acosta. El 19 de junio de 1989 el Despacho le recibió testimonio a Camilo Zamora Guzmán. El 20 de junio de 1989 se dictó orden de captura contra Ángel María Roa, Rafael Novoa, chofer de los paramilitares de Víctor Carranza, quien conducía el vehículo en que fue cometido el hecho, Ramón Plazas, Edison, alias "Tomachipan", y N. Vergara, alias "Saraviado".
El 23 de enero de 1990 el Juzgado Primero de Orden Público remitió el proceso al Juzgado Cuarto de Orden Público para que lo acumulara al radicado No. 019. Este despacho judicial el cinco de marzo de 1990 levantó las órdenes de captura proferidas contra los implicados argumentando que «como quiera que del informe policial ... se extracta que los únicos incriminados debidamente identificados o individualizados son Ángel María Roa Martínez, Josué Orlando Peña Díaz y Héctor Julio Saavedra Layton, quienes ya fueron indagados por todos los cargos que aparecen en su contra, dentro del proceso 019 y acumulados, se tendrán entonces como debidamente vinculados, para todos los efectos de las investigaciones acumuladas; en consecuencia, al haberles sido resuelta favorablemente su situación jurídica, se ordena cancelar las órdenes de captura impartidas por el señor Juez Primero de Orden Público", En relación con los otros implicados que no se encuentran debidamente identificados e individualizados "con lo cual se contrarían los mandatos contenidos en los artículos 127 y 128 del CPP, como bien lo hace notar el especial agente del Ministerio Público, Dr. Héctor Acosta... se revoca el mandato de vinculación y se ordena cancelar las órdenes de captura, por improcedimentales".
Otras personas mencionadas en las diligencias realizadas por la retención y posterior desaparición y asesinato de los dos funcionarios judiciales, y obviamente cobijados con la sentencia absolutoria, fueron:
• Héctor Hernando Lozano Garzón; según Camilo Zamora fue uno de los responsables de la desaparición forzada de los dos funcionarios de Puerto Gaitán. Zamora Guzmán también afirmó en su declaración, que Lozano Garzón había sido asesinado en una discoteca, situación que fue corroborada por la Juez Cuarta de Orden Público en diligencia de inspección judicial al proceso radicado con el No. 1141 del Juzgado Noveno de Instrucción Criminal de Villavicencio. Al momento de su deceso se encontraba en compañía de Josué Orlando Peña Diaz
• Juan Herrera, quien participó en la detención, desaparición y asesinato de las víctimas,según testimonio de Camilo Zamora Guzmán.
• Sebastián Benavides Rodríguez, quien fue capturado luego del asesinato del precandidato a la Alcaldía de Puerto López, Fabio Roa, y de su cuñado, con revólveres, escopetas y pistolas
• Leopoldo Martínez Torres. Fue capturado luego del asesinato del precandidato a la Alcaldía de Puerto López y de su cañado, con revólveres, escopetas y pistolas. Había sido detenido en la finca la Sesenta de propiedad de Julio Carranza, cuando fue encontrada una fosa común con seis cadáveres el 7 de abril de 1989, fue dejado en libertad y absuelto posteriormente por el Juzgado Cuarto de Orden Público.
• Guillermo León Torres Arango: Fue capturado luego del asesinato del precandidato a laAlcaldía de Puerto López y de su cuñado, con revólveres, escopetas y pistolas. En la época de estos asesinatos, era el administrador de las fincas de Víctor Carranza..
En este caso, los mecanismos identificados para mecanismos para garantizar la impunidad, fueron:
• Los autores del crimen tuvieron libre movilización por una vía pública donde la policía de Puerto Gaitán había montado un reten en el cual las victimas fueron objeto de requisa, sin que a los autores del crimen hubieran sido observados, requisados y detenidos por las autoridades policiva.
• Se otorgó absoluta credibilidad a la versión rendida en especial por Ángel María Roa Martín, sobre quien pesaba una orden de captura, solicitó su propia indagatoria y una vez rendida fue puesto en libertad y el Despacho se abstuvo de decretarle medida de aseguramiento y posteriormente se profirió en su favor sentencia absolutoria, sin haber practicado ninguna diligencia probatoria que sustentara o le diera veracidad a sus dichos en contravia de las afirmaciones dadas por el testigo Camilo Zamora, las cuales se confirmaron en lo relativo a la coincidencia del lugar de residencia de Ángel María Roa en el barrio Veraguas de la ciudad de Bogotá, la coincidencia en su nombre, y además, si supuestamente no conocía a los otros implicados, de qué manera se enteró de que en su contra existía un proceso penal.
144. La denuncia por estos hechos quedo radicada en la Fiscalía General de la Nación bajo el No 011507 del 14 de marzo de 1995.
145. Fiscalía General de la Nación, unidad de Fisacalía 32, oficio Nº0570, Puerto Gaitán 24 de abril de 1995
146. Declaración de Camilo Zamora ante la Juez Cuarta de Orden Público, el 10 de abril de 1989
147. Ibídem.
148. El caso fue investigado por la justicia ordinaria, cuya actuación se resume a continuación: El Juzgado Promiscuo municipal de Cumaral inició la investigación penal el 5 de agosto de 1988, según Radicado 067. El Juzgado 31 de Instrucción Criminal Ambulante fue comisionado para continuar con la investigación por disposición de la Dirección Seccional de Instrucción Criminal de Villavicencio, mediante Resolución No. 468 del 12 de agosto de 1988 y se radicó con el No. 3225. El 30 de agosto de 1988 se remitió de nuevo el proceso al Juzgado Promiscuo municipal de Cumaral, y inició la indagación preliminar. El 11 de enero de 1989 se envió el expediente por no haberse individualizado e identificado a los presuntos responsables al Cuerpo técnico de la Policía Judicial con sede en Villavicencio. El 12 de junio de 1989 la Juez Cuarta de Orden Público envió el oficio No. 474 a la Unidad de Indagación preliminar del Cuerpo Técnico de Policía Judicial informando de la captura de Camilo Zamora y de la declaración que en relación con éste crimen había rendido, acusando a varias personas como responsables de los hechos. El 13 de junio de 1989 se remitieron las diligencias preliminares al Juzgado 31 de Instrucción Criminal, quien a su vez las remitió al Juzgado de Instrucción Criminal reparto, correspondiéndole el conocimiento del asunto al Juzgado Octavo de Instrucción Criminal. Por competencia, este despacho envió el proceso a los Juzgados de Orden Público reparto el 21 de junio de 1989, asumiendo la investigación con el radicado 032 el Segundo de Orden Público que abrió formal investigación y ordenó vincular mediante indagatoria a Camilo Zamora el 10 de julio de 1989. El 9 de octubre de 1989 se le recepcionó indagatoria a María Dolores Cruz Bedoya y el 14 de diciembre a Guillermo Torres Arango El 15 de diciembre de 1989 se abstuvo de decretar medida de aseguramiento. El 2 de enero de 1990 la Juez Cuarta de Orden Público solicitó a la Segunda remitir el proceso seguido por el homicidio de Luis A. Bonilla para acumularlo al proceso al radicado No. 019. El 12 de enero de 1990 se remitió el expediente para su acumulación.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
• Las diligencias preliminares fueron suspendidas al no identificarse a los autores del crimen y luego fueron acumuladas al expediente 019, y aunque hubo identificación de los autores del crimen, fueron absueltos.
La Juez otorgó absoluta credibilidad a las versiones de los acusados en el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica Luis A. Bonilla, omitiendo valorar aspectos trascendentales dela declaración de Camilo Zamora en relación con la responsabilidad de los implicados, al respecto, éste sostiene que fue un Concejal del municipio de Cumaral de nombre Ornar quien señaló a la victima a los victimarios, situación que se comprobó en tanto se identificó a Ornar Alvarado Rojas corno concejal del municipio de Cumaral. De otro lado, coincide el testigo con el rango y cargo de quien se encontraba como comandante de la Policía de Cumaral para la época de los hechos, esto es, el Capitán Alirio Vicente Navarrete Tovar, quien también
para la fecha de la captura de Camilo Zamora era tal como lo afirmó, aún comandante de laPolicía de esa localidad. Asi mismo se confirmó lo dicho por Camilo Zamora en el sentido de que era un Mayor de apellido Forero el jefe del F-2 de la Policía de Villavicencio, y efectivamente se trataba del Mayor Jorge Mario Forero Rivera quien fue Jefe de la Sijin (F2) de Villavicencio, desde octubre de 1987 hasta el 30 de septiembre de 1988. En relación con María Dolores Cruz Bedoya se logró demostrar las versiones de Camilo Zamora en la medida en que se estableció que ésta, efectivamente era la Secretaria privada de la Gobernación del Meta, vivía en inmediaciones del F2, y que era conocida de Víctor Carranza. Obviando todas estos elementos indicativos de la veracidad del testimonio de Zamora Guzmán, la Juez Cuarta de Orden Público lo subvaloró, dando pleno crédito a las exculpaciones de los acusados, sin mediar siquiera prueba que corroborara las versiones de aquellos. Asi mismo la Juez Cuarta de Orden Público omitió tener en cuenta y valorar que desde las declaraciones de los testigos presenciales del homicidio y la diligencia de levantamiento del cadáver, quedó claro que el hecho sucedió en el billar La Olla, cuando la victima se encontraba jugando, situación que es idéntica a la referenciada por Zamora Guzmán. Asi mismo, en lo que tiene que ver con la marca y el color del carro utilizado por los asesinos, tal como la mencionan los testigos es de las mismas características de las descritas por Zamora Guzmán en su testimonio.
149. Se inició investigación previa con el Rdo. 1414 de la Fiscalía 11 Seccional. El 28 de julio de 1995 fueron suspendidas.
La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares abrió indagación preliminar y archivó el expediente aduciendo que «ninguno de los hechos denunciados adquirió elementos de comprobación, por la dificultad de obtener la información, especialmente e los hechos denunciados de posible ocurrencia en las veredas de La Uribe..»
150. Se inició investigación previa Rdo 2264 en la Fiscalía 11 Seccional. El 3 de marzo de 1995 fueron suspendidas.
151. El 21 de Junio de 1992 se formuló denuncia por estos hechos a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional.
152. Por estos hechos se formuló denuncia ante la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos el 17 de septiembre de 1992. Mediante auto 2394 del 23 de septiembre de remitió a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares.
153. En este caso se evidencian los siguientes mecanismos para garantizar la impunidad:
• Se armó un escenario de manera que el crimen pareciera un crimen pasional, y hasta se retuvo al sicario quien también dio la misma versión; no hubo investigación profunda que guiara las pesquisas hacia quienes podrían tener interés en quitar de en medio a la victima, teniendo en cuenta los antecedentes de persecución y su calidad de miembro de una organización política señalada, hostigada y perseguida desde varios frentes, cuyos miembros venían siendo víctima de asesinato.
• Se produjo de inmediato el señalamiento de éste como un crimen pasional por las circunstancias inmediatas, sin mirar qué podría haber de fondo, de acuerdo a la persona de la víctima y a las circunstancias de victimización de su organización política.
• La investigación se orientó solamente teniendo en cuenta las versiones y la credibilidad que podían dar a versiones oficiales de los hechos, sin que se practicaran diligencias que ahondaran sobre los hechos y que controvirtieran «la lógica» que parecía tener el crimen.
• La justicia investigó únicamente la versión más fácil que era la de crimen pasional, responsabilizando a la victima de su propia muerte, y así lo hizo aparecer, tal como las autoridades locales que tuvieron que ver con los hechos.
• La investigación se siguió solamente sobre las pistas evidentes del hecho, y a pesar de la existencia de documentos y otras evidencias que habrían podido dar otro rumbo a la investigación éstas no se contemplaron.
154. Se inició investigación previa por la Unidad de Fiscalía de San José del Guaviare, la cual fue remitida a la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio.
155. El Juzgado 20 de Instrucción Criminal inicio investigación vinculando a Héctor Guayabo Hernández o Hernández Guayabo, Uda Rosa Perilla, Yofre Cesar Vallejo Forero, Germán Cubillos Zambrano, Flavio Cruz Rodríguez y otros. El 21 de abril de 1989 ante el Juzgado 20 de Instrucción Criminal Ambulante de Villavicencio, William Góngora Sierra, paramilitar, realizó la declaración, en la cual señala a los victimarios y sus estructuras, en varios casos de asesinatos políticos en la zona. Mediante oficio No. 219 del 17 de febrero de 1992 se remitieron las diligencias a la Sección Jurisdiccional de Santafé de Bogotá.
156. En la jurisdicción penal ordinaria, el Juzgado 10 de Instrucción Criminal de Villavicencio dio inicio a la investigación, y dictó resolución de acusación por los delitos de homicidio simple y lesiones personales y cesación de procedimiento por el delito de hurto. Le correspondió por reparto el conocimiento de los hechos al Juzgado Cuarto Superior de Villavicencio, que profirió sentencia condenatoria el 19 de febrero de 1990. Inconformes con la decisión, los defensores de los militares interpusieron recurso de alzada, que fue resuelto por el Tribunal Superior de Distrito judicial de Villavicencio el 24 de mayo de 1990, confirmando la condena impuesta de 136 meses de prisión para el Cabo Segundo Juan Bautista López Ditta y 105 meses de prisión para el Cabo Primero Alexander Rincón Castro.
De otra parte, en la jurisdicción penal militar, El Juzgado 31 de Instrucción Penal militar inició investigación en virtud del informe rendido por el Mayor Victoriano González Garaydirigido al Comandante del Batallón ASPC N0.7 donde consigna que según versiones del personal de soldados que prestó servicios en las casas fiscales hay posibilidad de la vinculación a los mismos de los suboficiales CS López Ditta Juan y CP Rincón Castro Alexander. El Juzgado de Instrucción Penal militar condenó a los militares por el delito de abandono del cargo.
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD:
• No se investigaron la totalidad de los delitos cometidos por los autores, ya que se obvió lo relativo al hurto del arma de propiedad de una de las victimas. Ni las circunstancias agravantes al delito de homicidio, lo que dio lugar a la imposición de una pena que no se corresponde con la gravedad del delito cometido.
157. El 22 de abril de 1991 se dictó sentencia condenatoria a 28 años de prisión, en contra de Luis Femando Mosquera Moreno por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio. El 31 de mayo de 1993 el Juzgado Séptimo penal del Circuito de Villavicencio dictó sentencia condenatoria en contra de Leonor Bravo de Ospina y Henry Tapiero Landata, condenados a la pena privativa de la libertad de 29 y 20 años respectivamente
158. El 14 de septiembre de 1993 se formuló denuncia ante la Defensoria del Pueblo.
159. Se inició investigación previa ante la Procuraduría Provincial del Meta, por queja recibida de la Personería del municipio de Granada desde el 28 de octubre de 1994.
160. La Fiscalía 32 de Puerto Gaitán inició la investigación, radicado 122. El acusado se encuentra privado de la libertad en la Cárcel de Facatativá. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación inició el correspondiente trámite. El Comando de la Policía del Departamento del Meta inició investigación disciplinaria.
161. Titulo de un libro de García Márquez.
162. Giraldo Josué, Testimonio de Vida de Josué Giraldo Cardona". En 'Ceder es más terrible que la muerte', o.c., pág. 304
163. Ibídem,págs.286 y 287.
164. La Fiscalía Seccional de Villavicencio, remitió el proceso a la Fiscalía Sexta Delegada para Jueces Penales Especializados, mediante oficio No. 1586 y se encuentra en practica de pruebas.
165. Giraldo Josué, doc.cit., pág. 288.
166. Ibídem, pág. 285.
167. Ibídem, pág. 290.
168. Ibídem, pág. 289 y 290.
169. El 19 de abril a las nueve de la noche se formuló denuncia de la retención de que fue objeto la victima ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de Villavicencio. La oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría con sede en Villavicencio, puso a disposición de la Fiscalía Dieciséis Permanente de Villavicencio a Hernando Moreno Martínez a quien le fue decomisado el vehículo marca Chevrolet Monza de placas FS 4677, al día siguiente de la retención de Delio Vargas Herrera. El día 21 de abril de 1993 se abrió proceso y se ordenó vincular mediante indagatoria al retenido. El mismo 21 de abri/93 por reparto extraordinario le correspondió a la Fiscalía Regional de la Unidad ante la Sijin el proceso que se venia adelantando y ordenó recepcionarle indagatoria al detenido. La Fiscalía Regional, Unidad de Terrorismo de Santafé de Bogotá el 11 de mayo de 1993 le profirió medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación a Moreno Martínez, por el delito de secuestro extorsivo cometido en perjuicio de Delio Vargas Herrera. El 10. de julio de 1993 un testigo con reserva de identidad reconoció al sindicado como quien días antes de la desaparición forzada de Delio Vargas, anduviera por la vecindad en un carro Trooper de color rojo. Igualmente obra en el expediente una constancia de rectificación de la cédula de ciudadanía del sindicado, el 23 de mayo de 1991 en la cual se agrega el primer apellido -Moreno-, por reconocimiento del padre, coincidencialmente, había sido vinculado al atentado contra el dirigente de Festram y militante de la Unión Patriótica, donde perdió la vida Alvaro Orlando Trujillo López y fue lesionado Jair Camelo Higuita (Rdo 9927 de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá) y el atentado contra la vida de Roso Adolfo Murcia Cárdenas presidente de Festran y el desaparecimiento de otro militante de la Unión Patriótica. Se estableció dentro del plenario que las placas del vehículo utilizado correspondían a otro automotor y que el chevrolet Monza había sido hurtado en la ciudad de Bogotá el 22 de enero de 1993 y que una póliza de seguro encontrada al interior del mismo, también era falsa. El 4 de abril de 1994 se cerró la investigación y se corrió traslado para alegar. Dentro del término legal la defensa interpuso recurso de reposición contra este auto de substanciación, que fue desatado desfavorablemente. En alegato precalificatorio el Agente del Ministerio público distinguido con el No. B6i6 solicitó de la Fiscalía se profiera resolución de acusación en contra del sindicado. El 27 de mayo de 1994 se profirió resolución de acusación en contra de Moreno Martínez. Este proveído fue apelado por la Defensa el 16 de junio de 1994 y confirmado por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional el 3 de agosto de 1994. El 18 de agosto de 1994 se abrió juicio a pruebas ante los Jueces regionales de la ciudad de Santafé de Bogotá. El 20 de septiembre de 1995 un Juzgado Regional profirió sentencia condenatoria en contra de Hernando Moreno Martínez a la pena principal de 40 años de prisión.
170. Giraldo Josué, doc.cit., pág. 290.
171. Víctor Julio Garzón fue asesinado el 3 de marzo de 1997. Para esa fecha era dirigente de la Federación de Trabajadores Agrícolas -Fensuagro-, y recientemente había participado como representante de los campesinos cocaleros del sur del país en las negociaciones con el Gobierno Nacional, para levantar la protesta que realizaban en varios departamentos. Dos paramilitares irrumpieron en su oficina, en el centro de Bogotá, amordazaron a las empleadas, lo esperaron hasta que llegó, hada las 10 de la mañana, y le propinaron varios disparos.
172. Giraldo Josué, doc. .cit-, pág. 291.
173. Ibídem, págs. 292 y 293.
174. Ibídem, pág. 293.
175. Ibídem, págs. 293 y 294.
176. Ibídem, págs. 294 y 295.
177. Ibídem, pág. 295.
178. Ibídem, págs. 295 y 296.
179. Ibídem, págs. 297.
180. Ibídem, pág. 298.
181. Ibidem, págs. 299 y 300
182 Ibidem, pág. 296.
183. A Pedro Malagon y su hija de 17 años fueron asesinado por paramilitares con apoyo de la SIJIN y coordinados por los coroneles Mican y Hernández de la séptima brigada, el 20 de junio de 1996 en Villavicencio
184. Giraldo Josué, doc. .cit-, págs. 301 y 302
185. ibidem, págs. 305 y 306.
186. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso No 11.690, carta remisoria a los peticionarios del 19 informe del Estado colombiano sobre el caso. El subrayado es nuestro.
La impunidad en este crimen ha sido total, pues se han presentado hechos que la han facilitado:
• Personas que denunciaron el crimen fueron amenazadas
• La morosidad en el desarrollo de las investigaciones, pues en febrero del 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la investigación adelantada por la Fiscalía, respecto al proceso y hasta la fecha se adelantaba una investigación por un atentado realizado contra la víctima, perpetrado 9 años antes de su asesinato.
187. Giraldo Josué, doc. .cit., pág. 307
