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03abr11
Todos contra todos
En el enfrentamiento entre el entonces presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia, las acusaciones e intrigas que hicieron funcionarios del gobierno y magistrados dejan en evidencia lo bajo que se alcanzó a llegar. Lo que la opinión pública vio a través de los medios fue tan solo un pálido reflejo de lo que se mostró en la Embajada de Estados Unidos. Allí comenzaron a llegar señalamientos pocas veces vistos en el país, que convirtieron esta sede diplomática en una suerte de ring paralelo de la confrontación institucional.
Por ejemplo, en un momento en que los gringos buscaban orientación de lo que sucedía, acudieron al hoy presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, quien puso a sus colegas magistrados en entredicho ante el gobierno de Estados Unidos. Lizcano le dijo al embajador que "los fallos de la Corte Suprema de Justicia son cuestionables y políticos". A la par que comentó cómo "numerosos medios de comunicación habían detallado los vínculos sospechosos entre magistrados de esa Corte con un reconocido narcotraficante". En los cables califican a Lizcano de "aliado incondicional" del presidente Álvaro Uribe.
Esa es una sola muestra de cómo por la Embajada pasaron altos funcionarios del Estado lanzando fuertes acusaciones contra sus homólogos. Por un lado, señalando a magistrados de supuestos nexos con paramilitares y afirmando que sus fallos, además de obedecer a intereses particulares, eran movidos por venganza contra el primer mandatario. Por el otro, diciendo que la reacción del Ejecutivo era o por temor del presidente a que las investigaciones por parapolítica llegaran a él, o como una forma de proteger a sus cuestionados aliados.
Corría 2008 cuando una seguidilla de incidentes atizaba las diferencias del Ejecutivo con el poder judicial. Uno de estos fue cuando el presidente Uribe anunció que el magistrado que investigaba la parapolítica, Iván Velásquez, estaba sobornando testigos. En aquel momento, Edmundo del Castillo, entonces secretario jurídico de la Presidencia, aseguró que los magistrados Yesid Ramírez y César Julio Valencia "influían en los juicios cuando se trataba de aliados del gobierno", y que lo que había por parte del magistrado auxiliar Velásquez era una "venganza" contra Uribe, a tal punto que ya estaba fabricando testigos en su contra. Según narra el cable, Del Castillo les confió que el abogado de alias 'Don Berna' le había contado que el magistrado Velásquez ofreció "beneficios" al jefe paramilitar a cambio de su testimonio contra Uribe. Lo llamativo de este cable es que la Embajada lo emite el 23 de abril a las nueve de la noche, justo dos horas después de la controvertida visita de alias 'Job' al Palacio de Nariño.
Cuando la Embajada consultó a otros altos dignatarios de la rama judicial, encontró también toda suerte de versiones. El magistrado Francisco Javier Ricaurte, en ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, ofreció tres teorías de por qué Uribe había casado la pelea con ellos. La primera, dijo, podía ser que el presidente mantenía la idea errada de que la Corte lo investigaba y que de nada había servido que él le asegurara que no era así. La segunda, según registra el cable, "Uribe teme que 'todos los caminos conduzcan a Roma' y que las investigaciones contra los aliados del gobierno eventualmente lo puedan incriminar"; y la tercera, que simplemente el presidente trataba de bloquear las pesquisas de la Corte por parapolítica, obedeciendo a la presión que sobre él ejercían sus aliados. "Ricaurte no dijo cuál de las tres él cree", reseña el embajador estadounidense.
Por su parte, el general Óscar Naranjo confirmó a la Embajada su percepción de que algunos magistrados habían permitido que la política influyera en sus decisiones. Y fue más allá. En el cable se menciona que "el magistrado Yesid Ramírez tenía vínculos con el narcotraficante Giorgio Sale", aunque aclaró que la mayoría de los magistrados de la Corte estaban "limpios". Para Naranjo era claro que por parte de Uribe no había ningún complot contra la Corte, pues el presidente era muy incisivo en reforzar los esquemas de seguridad de los magistrados. Pero Naranjo no opinaba lo mismo de Mario Uribe, primo del mandatario, ni del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, de quienes dice "han orquestado" con paramilitares de Antioquia esfuerzos para desacreditar al magistrado Velásquez, incluido el famoso episodio del paramilitar Tasmania, que al final se retractó de su versión.
Otro incidente vino cuando el gobierno impulsó una apresurada reforma a la justicia con la que buscaba, entre otras, darles otra instancia de juzgamiento a los investigados por la Corte Suprema, como es el caso de los parapolíticos. Jorge Mario Eastman, asesor de comunicaciones de la Presidencia, les dijo a los gringos que el gobierno había calculado mal la reacción de la rama judicial y del Congreso cuando presentaron el proyecto que, según el cable, habían preparado él, José Obdulio Gaviria y Fabio Valencia Cossio, entonces ministro del Interior. También agregó que las relaciones entre el presidente y las Cortes habían llegado a "un punto de no retorno". Y dijo que aunque no tenía pruebas, sabía de "la relación de magistrados con paramilitares y con personas de la oposición".
Para los funcionarios de la Embajada era motivo de inquietud que la confrontación entre el Ejecutivo y el poder judicial se estuviera instalando en la Corte, como sucedió tras el fallo de la Corte Suprema que condenó a Yidis Medina por haber recibido dádivas a cambio del voto que abrió el camino de la primera reelección, en el que se incluía el nombre del exministro de Protección Diego Palacio. Este último interpuso una tutela, que le fue concedida por el Consejo Superior de la Judicatura y que ordenaba a la Corte eliminar las referencias a Palacio en la condena a Yidis. La decisión fue entendida por algunos sectores de la opinión como una interferencia en las investigaciones de la Corte y como una forma de proteger a Uribe.
La Corte Constitucional fue la encargada de resolver este choque de trenes entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema. Adelantándose, los gringos empezaron a hablar con magistrados de este tribunal. Fue el caso de Manuel José Cepeda, quien aprovechó para manifestar su inquietud por la toma del poder judicial que había hecho Uribe. Dijo que había temor de que a la Corte Constitucional le sucediera lo mismo que le pasó al Consejo de la Judicatura, que, según él, quedó en manos de Uribe y sus aliados en el Congreso "bajo presión, debido a las investigaciones de la parapolítica", lo que llenó ese tribunal "de leales en lugar de expertos en materia judicial", que estaba usando para atajar a la Corte Suprema. Comentó cómo en ese tribunal habían modificado su posición frente a la tutela, en un esfuerzo por bloquear al Consejo Superior de la Judicatura, que las recibía para retar sus fallos.
Cepeda hacía cuentas de cómo para el momento en que a la Corte Constitucional llegara la revisión del fallo que ordenaba sacar al ministro Diego Palacio de la sentencia contra Yidis ya se habrían cambiado seis de los nueve magistrados, lo que daba a entender que era incierto cuál sería la respuesta de este alto tribunal. Finalmente, a comienzos de 2009 la Corte Constitucional tumbó la decisión del Consejo Superior de la Judicatura.
El cálculo de lo que podía pasar con los relevos previstos en las Cortes era algo en lo que coincidía el también magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, pero con una valoración diferente. González, quien había sido secretario jurídico de Presidencia, contó que esperaba que la nueva Corte que llegara "fuera más amigable con Uribe", al mismo tiempo que confirmaba que con la Corte vigente en ese momento no había posibilidad de que se aprobara un tercer mandato presidencial. Las reflexiones de los funcionarios de la Embajada apuntaban en ese mismo sentido. Comentaban cómo "las batallas entre los diferentes tribunales podían afectar un tercer mandato de Uribe". Paradójicamente, después fue al mismo magistrado González, (que votó a favor de la segunda reelección de Uribe) a quien le correspondió anunciar, como vocero de la Corte Constitucional, que no se aprobaba la perpetuación de Uribe en el poder.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 03abr11]
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