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20feb13

Infiltrados pendientes de lo que hacen las víctimas

A medida que comienzan a salir las primeras sentencias de restitución de tierras y que las instituciones de la Ley de Víctimas cumplen su primer año de funcionamiento, muchas de las principales organizaciones de víctimas sienten que el nivel de riesgo para las víctimas y los reclamantes está aumentando. Y lo seguirá haciendo, porque es una realidad que a las víctimas les toca convivir a diario con sus victimarios. Como admiten en voz baja muchos de los líderes y las organizaciones, sus espacios se ven con frecuencia infiltrados por personas posiblemente vinculadas a los grupos armados que los victimizaron, que podrían estar buscando comprobar de primera mano cómo marchan los procesos de reparación y restitución.
"Todo el mundo sabe que esto sucede. Llegan a las reuniones como cualquier víctima, para enterarse de lo que está sucediendo. No suelen hacer preguntas ni nada, sino que están ahí sentaditos escuchando", le dijo a La Silla una líder de víctimas de la Costa, quien pidió -como los demás líderes consultados para esta nota- no revelar su nombre debido a la sensibilidad del tema. "Uno va con mucha frecuencia a municipios donde no conoce a todo el mundo, pero los líderes locales sí tienen una idea así que tenemos nuestros propios códigos para comunicarnos eso".
Las correrías de los líderes de víctimas
La mayoría de los líderes y organizaciones conocen personalmente a las decenas de víctimas con quienes trabajan, pero desde que el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011 sus responsabilidades y las expectativas que recaen sobre sus hombros han aumentado considerablemente.
También lo ha hecho el nivel de riesgo que enfrentan día a día. Los asesinatos en diciembre de los líderes Miller Angulo en Nariño y Óscar Mejía en La Guajira, así como el aparente suicidio esta semana de Angélica Bello en Cesar, han aumentado su preocupación.
Como contó La Silla, muchas organizaciones sienten que paradójicamente su presencia en espacios convocados desde el Gobierno para su participación ha generado un recrudecimiento en las amenazas de grupos interesados en que sus reclamos no prosperen, como el autodenominado Ejército Antirrestitución.
El aumento en el número de llamadas telefónicas y sobre todo de panfletos amenazadores, con nombres exactos de líderes y asociaciones, son dos de los hechos que han prendido las alarmas. Y que los ha llevado a temer que los esquemas de seguridad individuales y colectivos del Gobierno no son suficientes.
A estas preocupaciones se añade esta otra. Gran parte del trabajo de los líderes se lleva ahora a cabo en comunidades que no son las suyas, para orientar a personas que nunca han denunciado lo que les sucedió ni se han inscrito en el Registro único de víctimas que lleva la Unidad de Víctimas dirigida por Paula Gaviria.
En este tipo de reuniones informales suelen brindarles información sobre cuáles son los beneficios que les otorga la Ley 1448 y cómo se accede a ellos. Y se convierten en un apoyo imprescindible para muchas víctimas en el proceso administrativo, ayudándoles a realizar sus denuncias ante la Fiscalía y la Policía, hacer el registro ante la Unidad de Víctimas o llevar su caso a la Unidad de Restitución de Tierras.
No hay un consenso entre los líderes de víctimas sobre el perfil de estas infiltraciones, pero sí sobre el hecho de que éstas se presentan a lo largo del país. Para algunos, es mucho más notorio en regiones como la Costa o en zonas donde ha sido más fuerte la influencia de los grupos paramilitares. Para otros, es menos visible -pero igualmente común- en zonas con presencia guerrillera.
Todos coinciden, sin embargo, en que sienten una mayor presión en zonas donde se adelantan procesos de restitución de tierras. Los temores de las víctimas en las doce zonas piloto donde comenzará la devolución de predios despojados son tan grandes que dos organizaciones de Antioquia pidieron al Gobierno, como contó La Silla, decretar una prohibición al porte de armas en ellas.
"Vemos que hay una mayor incidencia en los municipios donde hubo un despojo masivo o donde hay iniciativas de recuperación de predios. El problema no es con la asistencia humanitaria ni con las indemnizaciones, sino que el quid del asunto es la tierra. Es ahí donde se verán afectados los intereses de muchas personas", le dijo a La Silla otro líder de víctimas de la Costa.
"No están interesados en crear una asociación de víctimas, sino en saber cómo funcionamos para ver cómo pueden torpedear después los procesos o hacer que los líderes tiren la toalla", añade.
La mayoría es firme en afirmar que no creen que se trate de una infiltración de victimarios o personas cercanas en los propios movimientos de víctimas, sino que les resulta fácil colarse en estos espacios informales sin mayor problema. La misma naturaleza de estas reuniones se los permite.
"El trabajo de un líder de víctimas o una organización de víctimas es abierto por naturaleza. Se trata al fin y al cabo de ayudar a todas las personas que lo necesiten, de socializar la información de la ley y de orientar a la gente. Cuando uno convoca una reunión partimos de la base de que son víctimas si así lo dicen, pero nos es muy difícil saber quiénes son todos los que asisten", le dijo a La Silla otro líder de víctimas de los Llanos Orientales.
La Silla estuvo presente en una reunión informal en un municipio de la Costa donde se advirtió la presencia de al menos dos personas locales a quienes no se les conocía un historial de victimización y de quienes los líderes sospechaban que tenían vínculos con los grupos que operan en la zona. Con un par de señas, los líderes locales advirtieron a la líder que les estaba informando sobre varios beneficios contemplados en la Ley de Víctimas. "Uno toma nota y procede con más cuidado", comentó después del encuentro.
Algunos líderes creen que estas visitas no se deben sólo a un afán por recolectar información. "Yo diría que les puede servir para varios objetivos. Primero, para observar los roles y mirar quiénes están a la cabeza. Segundo, para ver qué ofertas tiene el Estado para las víctimas. E incluso para intimidar, porque en algunos lugares han llegado a sacar aparte al líder y decirle que no siga fregando con eso", le dijo a La Silla otro líder en el centro del país.
Una Ley de Víctimas en medio del conflicto
Desde que el proyecto que dio forma a la Ley de Víctimas fue presentado al Congreso, resultaba claro que su implementación sería difícil. A lo largo de su primer año de vida, se han podido identificar muchos de los escollos que podrían obstaculizar su puesta en marcha y muchos de los problemas de su recién creada institucionalidad a la hora de enfrentarlos. Pero también ha quedado claro que para algunas realidades, como la infiltración de estas reuniones informales, es muy difícil tomar medidas concretas o efectivas.
"Es perfectamente esperable y explicable que esto suceda, pero no creo que sea una especificidad de Colombia. Esta situación seguramente se produce en todos los procesos de este tipo en un contexto global. Donde hayan operado estas lógicas de ocupación territorial y de desplazamiento de la población, cualquier intento por recuperar el status quo original pasará por este tipo de dificultades", le dijo a La Silla Iván Orozco, un politólogo que ha estudiado las relaciones entre víctimas y victimarios.
También es una realidad que en muchas de estas zonas los grupos armados aún tienen mucho poder. "Es un hecho que en ciertas zonas del país hay una gran proximidad social entre víctimas y victimarios. Y les toca convivir mucho más de lo que uno se imaginaría", le dijo a La Silla la politóloga Angelika Rettberg.
Como prueba, Rettberg recuerda que cuando realizó el trabajo de campo para una encuesta nacional para el Centro de Memoria Histórica sobre las percepciones en torno a la Ley de Justicia y Paz, muchas víctimas señalaron que quienes las habían victimizado estaban en el mismo espacio en el momento de responder.
Y también se corre el riesgo de que esa interacción forzada frene otros procesos que vienen adelantando las víctimas además del administrativo y que se produzca una revictimización. "Ni siquiera en estos espacios las víctimas cuentan con la seguridad y libertad para expresar sus opiniones y para el trabajo colectivo que muchas de las asociaciones y organizaciones de víctimas están haciendo en torno a la recuperación de las memorias no oficiales sobre el conflicto o la misma superación del duelo", le dijo a La Silla Mariana Delgado, una investigadora colombiana de la Flacso en México, quien ha trabajado el tema de las víctimas como sujetos políticos.
En una cosa parecen coincidir todas las víctimas. Como señala uno de los líderes, "este año la discusión será más álgida a medida que avanzan los procesos de restitución y el trabajo que tienen que hacer los jueces. Con ello, también seguirá aumentando el nivel de riesgo".
[Fuente: Por Andrés Bermudéz Liévano, La Silla Vacía, Bogotá, 20feb13]

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