EQUIPO NIZKOR |
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05mar06
Texto de la carta de Salvatore Mancuso a Sergio Caramagana, delegado de la OEA.
De mi mayor estima y consideración:
Ante la gravedad de los hechos acerca de los cuales Usted se ha manifestado públicamente en días recientes, sobre su labor de verificación al proceso de desarme, desmovilización y reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia, he creído conveniente dirigirle esta CARTA ABIERTA la cual inicio con unas consideraciones preliminares, sobre aquellos tópicos más sensibles de este para mayor ilustración suya y de la Opinión Pública.
Cuando pusimos en manos del Alto Comisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo en representación del Gobierno nacional, el proceso de desmovilización y reinserción de los grupos de AUC, le transferimos al Gobierno nacional no solo la responsabilidad por la defensa de las diferentes regiones y sus pobladores, sino también la exigente labor de cuidar de cada uno de los desmovilizados en su regreso exitoso a la vida civil. Esto lleva consigo, entre otras cosas, la necesidad de implementar el trabajo psicosocial que los ex combatientes requieren y la creación de las diferentes empresas productivas que les den oportunidad y cabida. En ambos campos de responsabilidad estatal subsisten serias falencias que de no subsanarse en el corto plazo presagian situaciones de mucha gravedad sobre las cuales, precisamente, alerta a la comunidad nacional e internacional su reciente Informe como Jefe de la MAPP-OEA en Colombia.
Desde los inicios de los diálogos de paz en Santa Fe de Ralito, personalmente he solicitado sin cesar en muchísimas oportunidades, ante el alto Gobierno, y como testigos los representantes de la Iglesia, Usted y todos los miembros de la MAPP-OEA, que de no actuar el Estado con una agresiva campaña de erradicación de cultivos ilícitos donde estos existen, no sería posible concebir espacios de paz en aquellas zonas que liberamos de la guerrilla y entregamos al gobierno tras nuestra desmovilización y serían esos territorios el combustible que generaría el regreso de las guerrillas, de narcotraficantes, delincuencia común o nuevas fuerzas de autodefensas que llegarían a tomar el control de estos cultivos y su cadena de comercialización. A Usted le consta nuestra preocupación por la posibilidad que tras la desmovilización se fueran a presentar situaciones como las que hoy con razón preocupan a la OEA.
He aquí el meollo del asunto. El argumento es solo uno y de una simpleza aplastante: mientras existan cultivos ilícitos, habrá narcotráfico, y mientras haya narcotráfico, guerrilla, narcotraficantes y delincuencia común, en medio de regiones tan abandonadas y con tanta pobreza, siempre habrá alguien dispuesto a arriesgar su vida para beneficiarse de esta actividad, y mientras exista la subversión armada ésta persistirá en apoderarse de todos los cultivos que puedan servir para robustecer su capacidad militar y de toda índole, por lo tanto el que quiera preservar zonas con cultivos ilícitos sin ser guerrillero, deberá armarse en número considerable para así mantener a raya militarmente a la guerrilla u otros actores que quieran pretender el dominio.
Esta preocupación de parte de las AUC no es nueva ni nació con la firma de los Acuerdos de Ralito. En 1997 fui invitado a participar de un encuentro donde las AUC nos reunimos con los Comisionados de Paz de esa época Daniel García-Peña y José Noé Ríos, además del presidente del Senado Julio Guerra Tulena y otras personalidades del Alto Gobierno del presidente Ernesto Samper que acompañaban a la Comitiva. Ante ellos y en nombre de las AUC les entregué un listado que contenía la ubicación, cantidad de hectáreas, nombres y datos de los propietarios y ubicación satelital de los cultivos ilícitos existentes en el Parque Nacional del Paramillo. Las AUC les estábamos exigiendo a los campesinos la erradicación de los cultivos ilícitos con el plazo máximo de diciembre de 1997 si el Gobierno se comprometía a apoyar la erradicación y sustituir los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Las AUC no queríamos que estos campesinos se murieran de hambre o fueran a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, o que no tuvieran más remedio que ingresar a las filas de los actores armados ilegales. El Gobierno jamás nos contestó. Llegados a diciembre de 1997 les hicimos saber a los campesinos que al Gobierno no le interesaba su problemática en esta zona y que por lo tanto no estaban obligados a erradicar. Entonces les pusimos ciertos controles como que no podrían talar bosques vírgenes para sembrar coca, sólo lo harían en los rastrojos o tierras limpias dentro del Parque, que fue creado por el Gobierno Nacional, sin tener en cuenta que existían poblaciones dentro de él, que quedarían sin titulación de tierras y sin acceso a créditos bancarios entre otros.
Menciono esto referido a 1997 únicamente para que la Opinión pública conozca que la preocupación de las AUC por esta problemática viene de bastante lejos. Lamento mucho que hayan pasado ya casi diez años de los hechos a los que hago mención más arriba sin que los Gobiernos de Colombia hayan querido ponerse en la tarea de dar solución integral a este drama social y económico que viene de tan atrás. En el contexto de lo que estoy manifestando aquí se comprenderá mejor porqué no puedo sino recibir con beneplácito la preocupación expresada por el doctor Sergio Caramagna en su Informe dirigido a las más altas instancias de la OEA. Puede que ahora sí, con la intervención de la OEA en el planteo y solución del problema, se comience a dar respuesta al clamor de millares de campesinos que en la zona del Alto Sinú y San Jorge, en el Catatumbo y otras regiones del país, esperan desde hace décadas menos abandono estatal y estigmatizaciones y más respuestas favorables a sus justos reclamos por una vida más digna y una seguridad realmente eficaz.
Desde el mismo momento en que comenzó a planificarse la desmovilización de las tropas AUC que hacían presencia en el Catatumbo y el Alto Sinú y San Jorge, efectivizadas en diciembre de 2004 y enero de 2005, reiteré ante los representantes del Gobierno, la Iglesia y la OEA en la Mesa de Ralito mi preocupación por la tranquilidad futura de esas zonas. Tiempo después de mi desmovilización los alerté en su momento sobre el surgimiento de grupos delincuenciales armados con fusiles en estas regiones y reiterativamente les he estado informando sobre el crecimiento y evolución de estos grupos y las pugnas y matanzas por el control de los cultivos ilícitos, también les ofrecí mi colaboración –sin recibir respuesta- al lado de otros excomandantes, entre ellos Vicente Castaño, para mostrarles como estaban ubicados y diseminados estos cultivos ilícitos y nos ofrecimos además para ayudar en la erradicación de los mismos.
Más recientemente, durante el mes de febrero de 2006, reiteré ante el Ministro del Interior y Justicia Dr. Sabas Pretelt de la Vega, en ocasión de una reunión en la Sierra Nevada, mi preocupación ante lo que yo considero un exceso de dilación por parte de las autoridades en poner freno a una situación de orden público alterada en extremos graves por la persistencia e incremento de las situaciones delictivas a las que hago referencia.
Hago público este reclamo e insisto en la necesidad de ponerle remedio a la situación planteada ante la demora por parte de las autoridades competentes del Estado en implementar medidas de seguridad y prevención del delito toda vez que, en estas condiciones de vulnerabilidad de las zonas en cuestión, el proceso de desmovilización y reinserción se ve seriamente afectado, así como la tranquilidad de la población civil.
También hago un vehemente llamado a los desmovilizados de los distintos bloques de autodefensas en especial de los frentes que operaron en esa zona del Catatumbo y del Alto Sinú y San Jorge que no se presten de ninguna manera a las maniobras de quienes pretenden retrotraer su voluntad de paz a épocas y situaciones felizmente superadas por el Proceso de Paz en curso.
Desde el mismo momento de mi desmovilización fui claro, tajante y radicalmente honesto con la sociedad y el gobierno, mi desarme y desmovilización fue total, pero es necesario comprender que al tiempo que desactivé mis estructuras de combate y me sometí a la legislación dispuesta por el gobierno, depuse también mi mando sobre los hombres de los frentes que operaban bajo mi directa responsabilidad. De ninguna manera puede ahora esperarse que retome la dirección de un grupo humano ya disperso, bajo el falso presupuesto de obediencia debida.
Desde mi conciencia, rechazo las acusaciones en cuanto me tocan y reitero que a partir de mi desmovilización el 10 de diciembre de 2004, soy responsable solamente por mis propias acciones. En ningún caso aceptaré que las actitudes o la conducta delictiva de otros, manche lo que es un compromiso de vida, que he asumido de frente y a la luz de la cotidianidad, muchas veces incluso ante la incomprensión de quienes consideran exagerada mi exposición publica.
Episodios como este, prueban que mi opción de mantenerme visible, es lo único que podrá garantizar los rasgos de mi conducta ante el país.
Valoro positivamente su posición asumida como jefe de la MAPP-OEA y destaco los esfuerzos que Usted dirige para sensibilizar al Gobierno nacional y la Comunidad internacional acerca de que toda la fuerza e inteligencia del Estado, así como los recursos económicos nacionales e internacionales, sean puestos al servicio del Proceso de Paz, y en particular de las comunidades expuestas todavía hoy a la acción nefasta de los delincuentes que "enfusilados" asolan la región del Catatumbo y del Alto Sinú y San Jorge cuando ya pasó más de un año de la desmovilización de los combatientes de las AUC en esa zona.
Por otra parte, esperar que quienes fuimos comandantes respondamos ante las autoridades civiles, judiciales o militares, por la conducta colectiva o individual de los desmovilizados en cualquier numero plural, resulta descabellado e inadmisible.
Es el gobierno quien debe responder por estos ciudadanos a los que prometió oportunidades. El gobierno en cuanto al orden y las garantías, y la sociedad y el gobierno otra vez, ante las oportunidades y la no discriminación.
El Estado y la sociedad no pueden trasladar sus responsabilidades a quienes con honestidad pedimos perdón, soltamos las armas y diariamente tratamos de forjar un espacio viable de reinserción.
Le saludo muy atentamente,
Salvatore Mancuso
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 05mar06]
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