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23oct17
Crece la protesta social por incumplimientos en el acuerdo de paz
En mayo de 2013, las Farc y el Gobierno acordaron una reforma rural integral que modernizara el campo y enfrentara los problemas estructurales que le han dado paso a la violencia en Colombia. Han pasado cuatro años desde ese día y es el capítulo que más lento va en la implementación de lo pactado en La Habana. Por eso no sorprende que hoy las organizaciones sociales y campesinas se hayan lanzado a un paro nacional indefinido. Reclaman, básicamente, el cumplimiento de lo acordado en Cuba y, en particular, que se materialice aquella promesa de que lo incluido en los textos de paz tendría un enfoque territorial. Y a eso, por supuesto, se le suman las demandas frente a los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que, por el momento, han sido más un problema que una solución.
Ayer, precisamente, hubo una reunión entre los representantes de dichas organizaciones y el Gobierno. El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, los recibió en su oficina, pero las horas de diálogo no sirvieron para detener la intención de miles de personas que, desde hace varias horas, se movilizan por todo el país para exigir una reforma política seria, un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. "Nuestro diálogo con el Gobierno en nada va a paralizar la gran movilización nacional a la que estamos convocando", dijo a El Espectador David Flórez, vocero de Marcha Patriótica.
Guaviare, Nariño, Meta y Cauca fueron los primeros departamentos en comenzar con esta gran manifestación. A lo largo de la semana se sumará una decena más que no está conforme con el paso parsimonioso con el que avanza la implementación de la paz. Y cada organización tiene una exigencia distinta. Por ejemplo, en el caso del Cauca, la comunidad indígena protesta por la tardanza en actualizar el Decreto 982 de 1999 que permite a la Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Política Indígena de ese departamento proponer la asignación de recursos en el presupuesto nacional, tanto para los acuerdos con estas comunidades como para la atención integral de las mismas y llevar al Gobierno propuestas de proyectos de ley para radicar en el Congreso, en aras de cumplir con dichos objetivos.
A eso se le suma, inevitablemente, el grave problema de seguridad que afrontan estas comunidades, pues, junto con su vecino, Nariño, y más arriba, en Antioquia, han visto caer en las últimas semanas a líderes de los programas de sustitución de cultivos ilícitos en crímenes aparentemente selectivos. Es el caso, por ejemplo, de José Jair Cortés (en Tumaco, Nariño), quien fue asesinado poco tiempo después de denunciar presiones por parte de las bandas criminales que se oponen a los problemas de sustitución voluntaria. O Miguel Pérez un campesino cocalero, quien adelantaba procesos de sustitución en el Bajo Cauca Antioqueño y también fue asesinado.
Mientras tanto, en el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, una de las zonas priorizadas en el marco del Acuerdo de Paz, protestan por la construcción de una hidroeléctrica que afecta, según sus pobladores, a la represa de Salvajina, en donde se registra, además, incremento de la minería ilegal del oro y concentración de cultivos de coca. "Denunciamos el incumplimiento sistemático de los Acuerdos de Paz. Ni los planes en torno a la sustitución de cultivos se han activado ni tampoco hay participación social ni reconocimiento de las autoridades étnicas en la construcción de los PDET, y no definen nada sobre la circunscripción especial de paz. Exigimos, además, que se lleve a cabo la consulta previa del Plan de Operación de la represa de la Salvajina, que debió hacerse antes de su construcción", dijo una de las voces de la comunidad.
En últimas, es un rosario de demandas el que aqueja a las personas que están en paro desde ayer, entre ellas 11 comunidades agrarias de distintos departamentos del país: Anzorc, la Coccam, Fensuagro, Marcha Patriótica, Proceso de Comunidades Negras, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, el Movimiento Ríos Vivos, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos. Y, esta vez, el presidente Juan Manuel Santos no tendrá motivo para repetir aquella lamentable frase que hoy, cuatro años después, aún le cobra cuenta de cobro: "El tal paro nacional agrario no existe".
De hecho, la semana pasada, el jefe de Estado estuvo en Popayán y, para sorpresa de quienes lo siguieron, advirtió de una realidad que no conocía, según dijo, desde que comenzaron los diálogos de paz de La Habana y desde que arrancó su Gobierno, hace siete años: "Nunca nos imaginamos las dificultades logísticas de llegar a las zonas veredales cuando se escogieron en dónde se iban a hacer. Llegamos a 'gatas' porque no había medios de comunicación, no había vías". Es decir, se enteró de que todavía hay un país que reclama por las más mínimas condiciones vitales apenas después de firmado un Acuerdo de Paz. Pero, según su concepto, las necesidades de la gente siempre serán superiores a las capacidades de los Estados para suplirlas.
En ese sentido, el único llamado que hizo a quienes pretenden continuar protestando es el de no acudir a las vías de hecho o, de otro modo, "el Gobierno no puede ser imparcial, tiene unas obligaciones y nuestra obligación para quien se ponga por fuera de la ley, es hacerla respetar. Las vías de hecho no conducen a nada", dijo Santos. Aunque, eso sí, aclaró que los reclamos ante las promesas incumplidas deben venir con la certeza de que muchas se van a quedar así: inconclusas.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 23oct17]
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