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12oct17
Acuerdo de Paz, una política de Estado por 12 años
Más de tres meses duró la Corte Constitucional en tomar una decisión sobre uno de los temas fundamentales del Acuerdo de Paz: el blindaje jurídico de lo acordado en La Habana. En una sala extraordinaria en el alto tribunal, los nueve magistrados se reunieron en la tarde de ayer para darle los toques finales a una decisión que se esperaba con ansias. La posición de la Corte es contundente: dentro de los próximos 12 años, los tres gobiernos de turno deberán respetar lo que se pactó entre el Gobierno y las Farc en Cuba para acabar con una guerra de más de cinco décadas, y lo deberán hacer como política de Estado.
Se trata de una decisión que pasará a la historia del país, pues los nueve magistrados del alto tribunal se pusieron de acuerdo para darle un respaldo al intento del Gobierno y las Farc de conseguir la paz y de los esfuerzos que se necesitan para lograrlo. Aunque hubo tres magistrados que presentarán aclaraciones a sus votos, Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes, la votación fue unánime: nueve votos a favor de declarar exequible el acto legislativo para darles la seguridad suficiente a los esfuerzos por intentar construir un país sin guerra. Una muestra de que en la Corte lo primordial es proteger el derecho a tener un país en paz. (Lea también: Farc y Gobierno celebran blindaje que la Corte aplicó al Proceso de Paz)
"La Corte determinó que la incorporación del Acuerdo al ordenamiento jurídico exige su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución", explicó el alto tribunal mediante un comunicado de prensa que entregó el presidente de la corporación, Luis Guillermo Guerrero, para divulgar la decisión en la que, después de casi un año, participaron los nueve magistrados titulares de la Corte Constitucional: Alberto Rojas, Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo, Carlos Bernal, Cristina Pardo, Diana Fajardo, Gloria Stella Ortiz, José Fernando Reyes y Luis Guillermo Guerrero.
La decisión, sin embargo, no la tuvieron nada fácil. Hace aproximadamente tres meses, el magistrado Guerrero presentó un proyecto de fallo a sus compañeros de Sala Plena, en el que propuso que se declarara inexequible uno de los puntos claves del Acto Legislativo 02 de 2017, en el cual, precisamente, se establecieron las normas que obligan a los próximos tres presidentes a respetar la palabra del Acuerdo de Paz. En esa ponencia, Guerrero planteó la tesis de que obligar a las instituciones y autoridades del Estado a cumplir con los acuerdos iba en contra de la Constitución.
Su planteamiento, al comienzo, fue apoyado por los magistrados Carlos Bernal, Gloria Stella Ortiz e Iván Escrucería, conocidos como los "conservadores de la Corte". Los opositores de esta ponencia: Alejandro Linares, Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, han presentado sus reparos a la tesis de Guerrero. Para los magistrados liberales, como son conocidos, el acto legislativo va acorde con la Constitución sin ninguna condición o limitante. Para ellos, es claro que el blindaje jurídico es un punto fundamental de lo que se negoció con la guerrilla y cumple con todos los requisitos para introducirlo en la carta política, tal cual se aprobó en el Congreso.
El tema fue discutido en decenas de salas plenas. Desde finales de agosto, en los pasillos de la Corte se escuchaba decir que ya estaba todo listo para la votación que estaba casi empatada. El 6 de septiembre pasado, el comentario pasó de ser un rumor a cobrar relevancia, pues se supo que, en la sesión de la mañana, los magistrados no habían aceptado el impedimento de la magistrada Cristina Pardo -por haber sido la secretaria jurídica del presidente Santos-, y que, en la reunión de esa misma tarde, esperaban tomar una decisión de fondo. A última hora, dos recusaciones que presentó la exministra Martha Lucía Ramírez torpedearon la intención de los magistrados de votar.
El cambio de planes obligó a la Sala Plena a definir, primero, si aceptaban los argumentos de Ramírez, que planteaban que los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo no podían participar de este expediente por su cercanía con el Gobierno. La Corte los rechazó y fue así como, de nuevo, se dedicaron a discutir de fondo el proyecto de fallo que había presentado Guerrero. Tras semanas de discusiones, en la sesión de la tarde de ayer, el resultado de la última votación en la Sala Plena fue no sólo favorable para el acto legislativo, sino unánime.
Para muchos, que el alto tribunal declarara inconstitucional el blindaje jurídico constituía un duro golpe a lo acordado en La Habana y a los esfuerzos por implementar lo pactado. La preocupación se concentró en qué pasaría si después de la desmovilización o de la entrega de armas llegaba un gobierno que no estuviera dispuesto a cumplir con el Acuerdo. Por esta razón, las partes convinieron que, durante los próximos tres gobiernos, exista la obligación de respetar lo pactado. El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en alzar su voz al respecto y dijo que, si el Centro Democrático llega a la Presidencia, su deber será cambiar ciertos puntos del Acuerdo, como el de la justicia y la participación en política.
Con la decisión de la Corte, el respiro de alivio de unos es una estocada para otros. "El blindaje de los acuerdos de las Farc es un seguro de destrucción democrática", señaló el senador y expresidente Álvaro Uribe. Sus palabras, bien es sabido, representan la oposición al gobierno Santos y al Acuerdo de Paz. "El anuncio de la Corte es una invitación a las autoridades y a la institucionalidad en general, a adoptar el Acuerdo Final como un referente de interpretación", dijo, desde otra orilla, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que celebró que esta decisión sea una "garantía jurídica" para que la implementación del Acuerdo sea fiel a sus propósitos originales.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 12oct17]
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