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10oct16
Ponencia sobre el acuerdo de paz
Soy una de las 170 mil 946 personas que anularon su voto en el plebiscito del pasado 2 de octubre, quienes por primera vez en la historia colombiana habrían podido cambiar el resultado final de unas elecciones.
Jamás votaría NO al lado de asesinos como alias Popeye y miembros de la clase de dirigente del país que deberían estar proscritos socialmente y procesados penalmente. No le tengo miedo al rayo homosexualizador, ni al imperio castrochavista, ni a ningún otro mensaje fanático y mentiroso con que los promotores del NO lograron el triunfo en contra del acuerdo con las FARC.
Tampoco hago parte de los esperanzados, los convencidos de que la paz es el resultado del anhelo de un conjunto de almas bienintencionadas y por ello hay que aceptarla a toda costa. No acepté la invitación a participar como víctima en La Habana, porque considero indigno que uno de los negociadores del gobierno haya sido un general retirado con orden de investigación por el asesinato de Jaime Garzón.
Leí el acuerdo final en su totalidad, y considero que un 40 por ciento del mismo es inocuo, pues sus enunciados y futuras consecuencias no son más que la profundización o cumplimiento de normas ya existentes y de la propia Constitución. Otro 40 por ciento es demagógico y está cargado de buenas intenciones.
Pero el 20 por ciento restante, en especial lo relacionado al "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", no sólo no modifica la situación de impunidad que ha perpetuado la violencia en nuestro país, sino que tiene el efecto del Gatopardo: que todo cambie para que nada cambie. Se crea una justicia que no podrá tocar expresidentes y altos funcionarios, una comisión de la verdad cuyas conclusiones no serán vinculantes ni podrán ser usadas en procesos penales, frente a la cual además se mantiene la reserva de los archivos secretos.
Las FARC y el gobierno han pactado la creación de un fuero carcelario para militares y policías violadores de derechos humanos, privilegio inexcusable para quienes con el poder del Estado y en nombre de la patria han atacado gravemente a la población civil. Como si ello fuera poco, el proyecto de ley que desarrolla el acuerdo final en lo que respecta a miembros de la fuerza pública permitirá la amnistía de facto (llamada renuncia a la persecución penal) de no menos de 3.500 uniformados involucrados en graves crímenes.
Se nos dice que estarán excluidos los responsables de delitos de lesa humanidad, pero en Colombia menos del 1% de éstos son declarados como tales.
Ante el falso dilema de paz o justicia ha ganado la posición sustentada por la denominada "justicia transicional", que justificada en "la paz", en abstracto, convierte el Derecho Internacional, y en especial el Derecho Penal Internacional, en papel mojado. De esta manera, se privilegia el modelo de impunidad que ha sido la vía de acuerdos de paz como los de Guatemala y El Salvador. Por lo tanto, sus efectos sociales y políticos serán los mismos.
He preferido ser relegada a la insignificancia política y social a suscribir un nuevo pacto de impunidad para Colombia, como todos los ya ensayados en el pasado, cuyo único resultado ha sido la mutación de todas las formas de violencia que nos han azotado. Se modificarán los nombres y los métodos de los actores armados, y la reducción de las cifras ocultará el aumento de violaciones a los derechos humanos contra víctimas selectivas, como ha venido sucediendo.
No soy enemiga de la paz y deseo, como todos los ciudadanos, la desmovilización de las FARC.
Pero la falsa dicotomía que se ha planteado entre justicia y paz, y la pretendida imposición del perdón como política colectiva, sólo han llevado al desconocimiento de los compromisos internacionales del Estado y los derechos reales de las víctimas, y a la polarización de un país que está cerca de lograr la paz con la guerrilla, pero que hoy afronta un reto mucho mayor: lograr la reconciliación entre colombianos.
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, Equipo Nizkor en el Foro Víctimas: La voz de la Paz organizado por el Senador Juan Manuel Galán, Capitolio Nacional, Bogotá, 10oct16]
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