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04oct16
Los caminos jurídicos del presidente Santos tras la derrota en el plebiscito
La incertidumbre que generó el resultado del plebiscito del pasado domingo no cesa. A la espera de que los delegados del Centro Democrático se sienten a dialogar en la mesa de concertación que abrió el gobierno de Juan Manuel Santos, el panorama sigue siendo oscuro, pues no se han escuchado propuestas nuevas ni es claro cómo se van a negociar los puntos que, se supone, resultaron ser obstáculos en la votación del domingo. Ni siquiera hay consenso sobre esos puntos. En lo político, es poco lo que puede hacer Santos: su deber es respetar el mandato del pueblo que rechazó, por un margen muy estrecho (0,5%), el Acuerdo Final con las Farc. (Vea aquí el especial: A construir la paz)
Sin embargo, en el ámbito jurídico los caminos del presidente podrían ser más amplios. Por lo menos eso explican fuentes conocedoras del tema consultadas por este diario. Para un profesor de Derecho Constitucional, que pidió reservar su nombre porque trabaja para el Estado, el presidente todavía tiene la potestad de aplicar el Acuerdo, pues el artículo 189 de la Constitución, que define sus funciones, se lo permite.
Pero este camino tiene un obstáculo imposible de desconocer: el punto seis del Acuerdo Final, sobre implementación, verificación y refrendación señala que el Gobierno y las Farc respetarían el mecanismo que la Corte Constitucional determinara como adecuado para preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con el Acuerdo Final con esa guerrilla. El alto tribunal dijo que era el plebiscito. El problema es que ni el Gobierno, ni las Farc ni la propia Corte contemplaron el escenario que hoy vive Colombia.
Ante esta situación, otro de los caminos que tendría el Gobierno para seguir adelante con el proceso de paz es esperar los resultados de la mesa entre el Gobierno y el Centro Democrático y volver a convocar un plebiscito para refrendar un acuerdo modificado. Esta posibilidad es más complicada pues exige recursos y, por ahora, es necesario esperar también a los resultados del encuentro de este miércoles entre Santos y Uribe.
La potestad que tiene el presidente de aplicar el Acuerdo Final e ignorar el mandato popular ha sido discutida desde que el tema llegó a la Corte Constitucional en enero pasado. En la audiencia pública que se realizó en el alto tribunal, fueron varios los intervinientes que explicaron que, como se trataba del derecho a la paz, no era válido que se pusiera en manos del pueblo una decisión relacionada con acabar el conflicto y así conseguir la paz. Así lo dijeron Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Participación de las Víctimas, y el magistrado Alberto Rojas, en su salvamento de voto en el fallo del plebiscito.
Este argumento lo esgrimió también el máximo comandante de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), en un comunicado que se conoció ayer. "Es la paz un derecho contra-mayoritario, porque es un derecho configurador y esencial de la dignidad humana. Así lo admite la Corte Constitucional, que además consigna en reciente sentencia que la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político (…) Las Farc permanecerán fieles a lo acordado. La paz con dignidad llegó para quedarse", declaró.
Hay juristas que se atreven a ser más creativos. Un exmagistrado de la Corte Constitucional aseguró que expedir decretos con fuerza de ley, similares a los que haría un presidente en un estado de excepción, también podría ser una posibilidad para implementar el Acuerdo Final. "Podría hacerlo sin necesidad de decretar un estado de excepción. Sería solamente implementar normas transitorias que contengan los puntos más urgentes del acuerdo de paz", explicó el jurista.
Sin embargo, para conocedores del tema como el exmagistrado del Consejo de Estado Augusto Hernández, lo ideal sería que el presidente implementara proyectos de ley y decretos para promover los puntos del Acuerdo tal y como están hoy.
"Creo que la opción de un estado de excepción no sería posible pues la Corte Constitucional no lo permitiría. Acudir al Congreso sería lo más sensato. Esta es una vía que debe ensayar el presidente", aseguró el exmagistrado. Podría además, expresó un abogado que ha estudiado a fondo el Acuerdo Final, expedir un decreto para ponerle un plazo a la mesa que el presidente Santos abrió con el Centro Democrático. Los días que pasan desde la derrota del Sí son esenciales, pues el acompañamiento internacional está en juego.
Para la profesora de Derecho Constitucional del Externado Magdalena Correa, la ruta planteada por Hernández es también la más acertada en estos momentos. "Hay que aplicar toda la capacidad creativa y luchar para que las herramientas constitucionales que tenemos sirvan en estos momentos. Uno podría extenderse y buscar interpretaciones. Pero eso genera inseguridad. Hay que ser ortodoxos y aplicar las herramientas que ya tenemos: proyectos de ley, decretos, reformas y fortalecimiento a las instituciones estatales y comités de estudio", advierte Correa.
[Fuente: Por Redacción Judicial, El Espectador, Bogotá, 04oct16]
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