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04dic12

¿De las conversaciones de paz a una Asamblea Constitucional?

Comienzan a concretarse los mecanismos de participación ciudadana, pero para legitimar los acuerdos que se logren en La Habana sería necesario un pacto político que incluya a todos los sectores.
Los ausentes
Durante los primeros intercambios en La Habana se han oído diversas opiniones y críticas a propósito del papel de la sociedad colombiana en la definición de los acuerdos para construir la paz.
Por el momento no se ha propuesto a nadie para participar como una tercera parte con voz y voto en la mesa de negociación que instalaron el gobierno y las FARC. Eso sí, se han señalado muchas ausencias: las mujeres han sido marginadas; los ganaderos y los grandes propietarios rurales no se sienten representados; el uribismo no ha sido invitado ni quiere participar, y al Congreso de la República le dieron a medias la tarea de recorrer el país, junto con el PNUD.
Para completar el cuadro, los voceros de las Zonas de Reserva Campesina quieren tener presencia permanente y los indígenas han dicho que en la mesa de negociación no se sienten representados y que tampoco consideran que ese sea el lugar apropiado para ser consultados o concertar los planes y las normas que garanticen el goce efectivo de sus derechos.
La idea
Resulta curioso cómo en medio de un debate que intenta definir cuál es el mejor camino para que el pueblo raso sea tenido en cuenta en la negociación de La Habana, la única confluencia improbable se haya dado entre Iván Márquez, vocero de las FARC, y el senador uribista Juan Carlos Vélez: ambos han defendido la idea de convocar a una Asamblea Constituyente.
"Esta puede ser la herramienta para concretar un acuerdo con las FARC (…). Aquí puede estar la alternativa", dijo Vélez hace un mes.Iván Márquez, por su parte, retomó la vieja tesis en declaraciones para ANNCOL el pasado 16 de noviembre: "Nosotros queremos que lo que se acuerde en la mesa de negociaciones tenga fuerza constitucional (…) una buena manera de lograrlo es crear una Asamblea Constituyente, donde todos los sectores de la sociedad decidan".
Lo que ha sido acordado
El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera establece un proceso en donde se distinguen tres fases o momentos:
Fase exploratoria: ya ocurrió de manera secreta y concluyó al acordar el propósito de "terminar el conflicto y construir la paz".Fase de negociación: consta de la concertación del pacto que le pondría fin a las hostilidades y de una agenda de cinco puntos que trazará los caminos para completar la construcción de la paz.Fase de verificación e implementación de los pactos, cuyo propósito es lograr que la paz sea sostenible y duradera.En el Acuerdo también se define un criterio general sobre la participación de los ciudadanos, al reconocer que la paz "es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción". En esta afirmación compartida no se precisan las formas de participación en cada una de las etapas, pero se entiende que en cada una se adoptarán los mecanismos para la participación real "de todos, sin distinción".
El Acuerdo da a entender que a medida que se logren las condiciones propicias, se irá pasando de una mesa bilateral a un proceso multilateral. Así, de la incipiente negociación entre gobierno y FARC que hoy avanza en el extranjero, se pasaría a la tercera fase donde la sociedad legitime los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación.
El numeral 6 del Acuerdo habla explícitamente de la participación durante la segunda fase del proceso: "Para garantizar la más amplia participación posible, se establecerá un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones, por medios físicos o electrónicos. De común acuerdo y en un tiempo determinado, la Mesa podrá hacer consultas directas y recibir propuestas sobre dichos puntos, o delegar en un tercero la organización de espacios de participación". El Acuerdo habla de "la más amplia participación posible", pero parece que el gobierno y las FARC aún no logran ponerse de acuerdo sobre el alcance y detalles de esa participación. En todo caso hay que tener en cuenta que el Acuerdo le otorga a la presencia de ciudadanos y organizaciones en la Mesa de Negociación una función de consulta, por lo cual las presiones para que terceros intervengan con voz y voto son impertinentes e inútiles.
El comunicado conjunto Nº 5 del pasado 25 de noviembre dice textualmente que ambas partes "han convenido poner en marcha el primer espacio de participación de la Mesa de Conversaciones, mediante la convocatoria del Foro denominado Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial), en la ciudad de Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre próximo. Esto, con el objetivo de que la Mesa reciba insumos y propuestas provenientes de la participación ciudadana de utilidad para la discusión del primer punto de la Agenda."
Cómo ampliar la participación
Durante esta segunda fase podría promoverse la participación sin alterar el carácter bilateral de la mesa de negociación, por medio: (a) de invitados ocasionales que se incorporen a la delegación de alguna de las partes, (b) de sesiones especiales abiertas o (c) de una mesa paralela que haga seguimiento permanente al proceso y contribuya a la información calificada. Incluso se ha llegado a proponer (d) una oficina de enlace que funcionaria en Bogotá o en otra ciudad de Colombia para facilitar la "organización de espacios de participación"; esa oficina o tercero delegado también cabria dentro del Acuerdo General.
Por su parte "la más amplia participación posible" que prevé el Acuerdo podría darse en varios escenarios de la segunda fase. Por ejemplo, en sesiones abiertas de las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes que están evaluando la agenda para preparar los subtemas, o en mesas paralelas que funcionen permanentemente en Colombia y que acojan la experiencia realizada por estas Comisiones.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Paz y la eventual "oficina de enlace" pueden cumplir este papel si promueven comisiones permanentes de dialogo entre diversos grupos y sirven para articular acciones como las que han emprendido alcaldes y gobernadores, gremios empresariales, iglesias, mujeres y jóvenes, entre otros.
Un gran acuerdo político
Una vez queden establecidas las formas de participación ciudadana y su alcance en la mesa bilateral, no se podrá escamotear el ejercicio del derecho constitucional: la paz es "un derecho y un deber" de todos los colombianos.
Otros procesos de negociación bilateral en Colombia y en otros países han mostrado la importancia de articular los acuerdos principales con otros pactos políticos que les den apoyo y viabilidad, y que además creen las premisas para una fase posterior de ejercicio de la democracia participativa y de la soberanía popular.
Aunque cada momento trae su afán y nada se repite en la historia, son útiles las experiencias de pactos políticos en Suráfrica (1994), Irlanda (1998), o en Colombia (1989-1990 y 2000). En esos ejemplos puede observarse cómo entre mas incluyente sea el pacto político que acompaña a la mesa bilateral de negociaciones, mayor será el alcance que puede tener la paz en las etapas de transición y postconflicto.
En cada intento de negociación de paz que se ha hecho en Colombia, desde 1957 hasta hoy, los pactos políticos han tenido un papel central en los éxitos o fracasos de los acuerdos:

- el pacto bipartidista que permitió el Plebiscito de 1958 y condujo al Frente Nacional tras una década de dictaduras, genocidios y guerras civiles.
- el acuerdo político de mayo de 1989, cuando el Senado, los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y las ONGs se reunieron para comprometerse a impulsar una Asamblea Constituyente.
- en 1990 se firmó el Acuerdo para la Asamblea Constitucional, que comprometió al presidente, al Congreso y a los jefes de todos los partidos a someter a la refrendación del constituyente primario la composición y elección de esa Asamblea; la Corte Suprema de Justicia completó la tarea.
- en El Caguán, durante el año 2000, se avanzó mediante la firma del Compromiso Político de San Francisco de la Sombra, con presencia de los directores de los partidos. Pero el documento de Los Notables se quedó por el camino, cuando hubiera debía enrutar el proceso con el visto bueno de todas las fuerzas políticas y de la mesa bilateral, por supuesto.

Para que resulte exitoso el Pacto Político por la Paz que se propone en este momento, es preciso que participen también los sectores uribistas y el propio expresidente Uribe, quien ha criticado el proceso y reclama un cese unilateral de hostilidades permanente por parte de las FARC.Un proceso de largo aliento en esta segunda fase de negociación bilateral y, sobre todo, en la siguiente fase que prevé la construcción de una paz duradera, requiere la presencia de antagonistas y guerreros de la talla de Álvaro Uribe, así como el respaldo de los demás expresidentes.
La Asamblea Constitucional
Algunos opinan con razón que la agenda que se está abordando en La Habana tiene la virtud de ser corta y realista, pues no pretende ni alcanzar la revolución por contrato ni se limita a someter a la guerrilla a la desmovilización sin acuerdos sustantivos.
No obstante, es evidente la complejidad de los temas y subtemas que forman parte del desarrollo rural y agrario, la política antidrogas y la apertura política, sin olvidar los derechos de las victimas a la reparación integral y los de la sociedad a la verdad histórica. En cada uno de estos asuntos puede esperarse que la mesa bilateral llegue a acuerdos sobre ciertos puntos mínimos de ejecución inmediata que estén dentro de las competencias del gobierno y de las posibilidades de las FARC.
Pero en los temas de mayor calado, los pactos probables solo podrán surgir mediante procedimientos que se acuerden para la tercera fase de manera que puedan participar el Congreso de la República y otras instituciones.
Si realmente estos diálogos están encaminados a la construcción de la paz, entendida como democracia y desarrollo con equidad -- tal como dice el Acuerdo General -- la mesa bilateral y el pacto político que resulte de ella tendrán que abrir la ruta para construir otra agenda para mantener la paz, más allá de lo acotado para el Pacto de La Habana.
En este punto resulta pertinente retomar las propuestas de Iván Márquez y de Juan Carlos Vélez, a las que me atrevo a sugerir una enmienda para que se hable en términos de Asamblea Constitucional: el nuevo pacto político tendría como eje impulsar esa Asamblea para introducir ajustes y complementos a la actual carta política.
Este proceso sería compatible y respetuoso con la propia Constitución del 91, pues no se propone desmontar los puntales del Estado Social de Derecho, sino todo lo contrario: fortalecerlos para completar la tarea inconclusa de instituir la democracia participativa de equidad y de solidaridad.
[Fuente: Por Camilo González Posso, Razón Pública, Bogotá, 04dic12]

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