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20dic15
La moñona de los militares
Esta semana los militares hicieron moñona: el coronel Plazas Vega fue absuelto por las desapariciones del Palacio de Justicia; la Fiscalía legalizó los bombardeos de la Fuerza Pública a las bandas criminales; y el acuerdo de justicia transicional para los militares acabó con una teoría de Roxin, que tenía a varios altos mandos en la cárcel o a punto de entrar en ella.
Ayer, el presidente Juan Manuel Santos anunció, en la ceremonia de ascenso a los nuevos generales, el "Compromiso del gobierno nacional" para la aplicación de la jurisdicción especial para la paz a los agentes del Estado.
El acuerdo reconoce varios principios que eran fundamentales para los militares: el de legalidad, que presume que las acciones de los miembros de la Fuerza Pública son legales (mientras no se pruebe lo contrario); el de seguridad jurídica, que determina que el Tribunal de Paz será la última instancia para los delitos de los militares y que esas "decisiones solo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo tribunal".
Es decir, que tendrán la certeza de que ningún juez podría luego revocar lo que decida la jurisdicción de paz, y que, además, lo que decida este Tribunal tumbará lo que hayan hecho o estén haciendo otras autoridades como la Fiscalía, la Procuraduría o la justicia penal militar.
También determina que las sanciones serán de la misma duración y tipo a las que se decidieron para los guerrilleros (un mínimo de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad para los que confiesen sus crímenes y reparen y un máximo de 20 de prisión para los que no hagan ni lo uno ni lo otro). Y que los que paguen cárcel estarán en centros penitenciarios especiales para militares.
Pero quizás lo más importante para los militares es lo que determina el acuerdo respecto a la responsabilidad del mando y otros superiores, que tumba de un tajo la 'teoría de Roxin' que venía usando cada vez más la justicia penal para investigar y sancionar a los coroneles y generales.
"La responsabilidad de mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de la jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permiten, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes", dice el Compromiso del gobierno.
Este punto era fundamental para los militares porque hay un intenso debate penal sobre qué es lo que se necesita para que una persona en un rango de jerarquia sea sancionada por actos criminales de sus subalternos. Se ha discutido mucho en los diferentes tribunales a medida que avanza el dih y la discusión se mueve entre dos extremos: el que dice que si tiene la jerarquía lo puede sancionar y el que dice que solo el que lo hace directamente puede ser sancionado.
Una teoría intermedia fue la del autor alemán Roxin, que -como lo explicó en una columna el actual ministro de Justicia Yesid Reyes- "permite castigar no sólo a quien de manera genérica pide a sus subalternos cometer un delito, sino a quien efectivamente lo perpetra".
Para eso debía probarse la emisión de la orden y también la existencia de una organización criminal que puede serlo de manera integral como ocurre con los guerrilleros y paramilitares pero también que puede existir dentro de una organización legístima como el Ejército.
"Esa estructura de poder con fines delictivos permite responsabilizar a quien solicita la comisión de delitos sin necesidad de probar que directamente convenció a quien los ejecuta (la instrucción no va dirigida a nadie en particular), y este último deja de ser considerado como un simple instrumento ajeno a la responsabilidad penal", explicó Reyes, que en ese momento creía en la teoría pero que firmó el Compromiso del Gobierno que ahora la tumba.
Bajo esta teoría, por ejemplo, podían terminar sancionados generales si se probaba que habían consentido y estimulado las alianzas con los paramilitares o los falsos positivos así no hubiera ninguna prueba de que habían dado la orden específica de haber hecho algo ilegal.
Con lo acordado ayer, esa teoría del 'aparato organizado de poder', por el que se condenó por ejemplo al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, queda por el piso puesto que la responsabilidad de los mandos deberá fundarse "en el control efectivo de la respectiva conducta". Esto podría salvar la responsabilidad penal, entonces, a muchos de los altos mandos que más temor tenían frente a la justicia transicional.
Los de menor rango también salieron beneficiados puesto que -en aras de tener una simetría frente a las amnistías que tendrán los guerrilleros rasos- se acordó que "a quienes no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos más graves y representativos, se podrá aplicar, según el nivel de responsabilidad, medidas de resolución de la situación jurídica, como por ejemplo la suspensión de la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal, entre otros."
En conclusión, los altos mandos quedaron contentos porque salvo que se les pruebe que pudieron haber evitado los crímenes de sus subalternos o que los determinaron no tendrán que pagar una condena. Y los de menor rango, porque sus penas eventualmente se podrán suspender o porque se beneficiarán del principio de oportunidad.
La condición para todo esto es que cuenten toda la verdad, reparen a sus víctimas y garanticen la no repetición.
Entonces, como ya había analizado La Silla, en la Comisión de la Verdad es donde podrían sufrir un golpe los militares y donde se podría establecer si en efecto hubo algo parecido a una "política institucional" en temas como la alianza con los paramilitares o desapariciones de personas que se creían vinculadas con la guerrilla.
La directiva
Este triunfo en la justicia transicional, siguió a otro que obtuvieron los militares en la Fiscalía.
El 17 de diciembre, Eduardo Montealegre firmó la directiva 003 de 2015, mediante la cual legaliza el bombardeo de las bandas criminales cuando cumplen con las condiciones objetivas de un 'grupo armado' según el derecho internacional humanitario.
El ministro de Defensa Luis Carlos Villega aplaudió la directiva porque dijo que ahora sí tendrían los instrumentos que necesitaban para combatir a las organizaciones criminales.
Aunque en realidad la directiva solo dice que bombardearlas sería legal, la declaración del Ministro indicaría que la decisión política de hacerlos ya está tomada en el Alto Gobierno.
Si es así, significaría que Santos dio un giro de 180 grados frente a la directiva asumida en su primer Consejo de Seguridad, tras el cual en una alocución pública el Presidente dijo: "Las bandas criminales son eso, bandas criminales, no son grupos armados ilegales, son parte de una banda de crimen organizado, que eso quede bien claro".
A pesar de que él lo dejó muy claro en el 2011, la presión de los militares por obtener la autorización para bombardear a las bandas criminales como los Usuga continuó encabezada por el entonces ministro Juan Carlos Pinzón.
Su argumento, que a la postre triunfó, es que algunos de estos grupos usan armas largas, tienen un control efectivo del territorio y una capacidad de combate real que desborda las capacidades de la Policía.
El Presidente no quería hacerlo porque las implicaciones de aceptar que las bandas criminales son un grupo armado parte del conflicto son múltiples, como lo analizó la Silla en este artículo.
La principal es que entonces los militares conservarán su rol de pelear contra un 'enemigo interno' y por lo tanto continuará existiendo en Colombia un conflicto armado.
Si, en cambio, se mantiene la política original de que son una banda de crimen organizado su combate sería similar al de una banda de apartamenteros en manos de la policía y con la inteligencia judicial como principal arma.
Hace un poco más de un mes, el ministro de Defensa Villegas tomó la decisión de bombardear a los Úsuga en el Chocó, contrariando la directiva del Presidente de 2011. Preguntado, el Ministro dio explicaciones contradictorias sobre si había habido o no un bombardeo y al final lo terminaron excusando con el argumento de que junto a los Úsuga estaba el Eln que sí es un objetivo militar.
En unos meses se sabrá si poder atacar a estas organizaciones con los mismos criterios que utilizan para combatir a las guerrillas les permitirá acabar con su creciente expansión en el país.
También se abre el debate sobre si sus víctimas -que hoy están por fuera de la ley de víctimas- tambén tendrán derecho a la reparación, algo que ellas vienen pidiendo hace años.
Pero lo que ya está claro es que con esta directiva, y la decisión tácita del Presidente de cambiar su política, el Ministro Villegas ya no tendrá la necesidad de mentir y los militares podrán conservar su rol interno y con ello su presupuesto, su relación con Estados Unidos y su poder.
Y como cereza del pastel, el miércoles 16, la Corte Suprema tumbó la condena al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia y lo dejó en libertad tras siete años preso, poniendo fin a lo que se había convertido para los militares en un ícono de la injusticia y de la persecución de la justicia en su contra.
La semana que termina podría ser una de las mejores que han tenido los militares colombianos en décadas.
[Fuente: Por Juanita León, La Silla Vacía, Bogotá, 20dic15]
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