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15dic15
Pacto sobre víctimas es avance histórico para Colombia, opina senador
El senador colombiano Iván Cepeda, uno de los facilitadores de las pláticas pacifistas, consideró hoy como avance histórico el acuerdo sobre víctimas del conflicto interno anunciado por el Gobierno y las insurgentes FARC-EP.
Tal consenso convierte en realidad las aspiraciones de los perjudicados por la guerra y las demandas de organizaciones defensoras de derechos humanos, subrayó el congresista en su cuenta en Twitter.
Según el legislador se trata de un pacto sustancial, que deberá ser analizado a fondo por los ciudadanos.
Cepeda destacó las posibilidades que brinda la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), concebida con la finalidad de examinar la responsabilidad de todos los actores de la larga confrontación bélica.
Cada día tiene su propio afán, hoy celebramos este sustancial convenio, insistió el congresista por el Polo Democrático Alternativo, quien alertó sobre la persistencia del fenómeno del paramilitarismo como uno de los factores que pudieran atentar contra el proceso a favor de la distensión.
El 2015 fue un año de pasos trascendentales rumbo al fin del conflicto, confiamos en que 2016 sea el de la paz, enfatizó.
El cierre del polémico tema sobre las víctimas despeja el camino hacia futuros consensos, hemos avanzado en casi el 80 por ciento de la agenda pactada inicialmente entre las partes beligerantes, manifestó a la prensa Ariel Ávila, experto de la Fundación Paz y Reconciliación.
Representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), dieron a conocer este martes el convenio conclusivo para resarcir a personas perjudicadas directamente por la contienda, la cual ha dejado unos 300 mil muertos en el transcurso de más de medio siglo.
Con medidas para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el acuerdo incluye la conformación de la JEP, metodología en virtud de la cual serán creados tribunales encargados de investigar, juzgar y sancionar a los involucrados en la confrontación.
Tal mecanismo prevé el otorgamiento de indultos o amnistías en casos de delitos políticos y conexos, pero cero impunidad ante crímenes de lesa humanidad.
En etapas venideras los negociadores, reunidos en Cuba desde 2012, deberán establecer los términos del cese el fuego bilateral, la dejación de las armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los ahora combatientes.
La fórmula para refrendar los pactos por la vía popular es otro de los asuntos en disputa pues mientras el Ejecutivo aboga por un plebiscito, con el apoyo del Congreso, las FARC-EP piden la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente.
[Fuente: Prensa Latina, Bogotá, 15dic15]
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