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17oct15
Así se armaría la Jurisdicción para la Paz con las Farc
Desde hace 25 días el país político no habla de otra cosa que del acuerdo de justicia al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). La pepa de la controversia ha orbitado en torno a que se desconocen los detalles de la Jurisdicción Especial para la Paz. "El diablo está en los detalles", se oye decir tanto a tirios como a troyanos en Colombia. El Espectador conoció todos los detalles del acuerdo de justicia, algunos de los cuales, sin embargo, están todavía terminándose de afinar por parte de los negociadores en la isla. El objetivo es blindar este proceso de la intervención de tribunales internacionales mientras se equilibran las verdades de la guerra y las penas a los actores de un conflicto de medio siglo.
El acuerdo de justicia tiene 27 páginas y está dividido en cuatro partes: la primera desarrolla principios jurídicos generales en contextos de guerra; la segunda se refiere a los parámetros de amnistía, indulto y tratamientos diferenciados para integrantes de las Fuerzas Armadas; la tercera reglamenta la competencia y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz; y la cuarta compendia las sanciones aplicables a los postulados a este sistema de justicia transicional. El texto tiene 75 numerales. Allí se esboza con todo detalle este abecé jurídico que está terminando de cocinarse varias semanas después del histórico apretón de manos del 23 de septiembre pasado entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko.
La Jurisdicción Especial para la Paz estará integrada por 25 magistrados, cinco de los cuales serán jueces internacionales. Este punto ha causado mucha roncha en las altas cortes colombianas, hasta el punto de que algunos magistrados han expresado privadamente que tienen sus reservas sobre este modelo de justicia pero, sobre todo, se han quejado porque perciben una especie de usurpación de sus funciones. En contraste, la idea de que magistrados extranjeros puedan impartir justicia en Colombia, tal como ocurrió en otros tribunales, como el de Sierra Leona y la Antigua Yugoslavia, parece gustarles mucho a varios sectores que, en principio, consideran que estos juristas no fallarían desde una orilla del conflicto, en tanto podrían ser más impermeables a la polarización de un país en guerra.
"Esta Jurisdicción para la Paz fue pensada para todo aquel que directa o indirectamente haya cometido o apoyado crímenes internacionales y graves violaciones de derechos humanos. Se creó para ayudar a desmontar las estructuras que reproducen la guerra. No es un sistema para la impunidad. Aquí fue necesario construir un balance entre el propósito de la paz y las demandas por la justicia, es una jurisdicción que va más allá de las posibilidades que brinda el actual ordenamiento constitucional. Por eso es concebido como un sistema integral en el que se habla de sanciones y no de penas para aquellos que se someterán voluntariamente a este pacto de justicia transicional", le contó a El Espectador una fuente que conoce bastante bien las minucias de La Habana.
Al interrogarlo sobre cómo serán elegidos los 25 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, la misma fuente contó que serán escogidos con un método similar al que será utilizado para integrar la Comisión de la Verdad. Es decir, tanto el gobierno como las Farc nombrarán una comisión previa de selección que tendrá la responsabilidad de elegir por su perfil y trayectoria a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, incluidos jueces extranjeros. En ese contexto, en estricto rigor, no serán las Farc o los integrantes de la Fuerza Pública que decidan acogerse a este modelo de justicia quienes elegirán a dedo a sus jueces, tal como ha venido denunciándose. Sin embargo, el desafío de imparcialidad que encarará esta comisión será definitivo, no sólo para evitar la mano de la Corte Penal Internacional en el futuro, sino para que Colombia pueda pasar a la página de la reconciliación, al tiempo que cicatriza su pasado.
Este diario conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá cuatro salas: una de verdad y reconocimiento de responsabilidad, en donde se evaluarán los testimonios entregados por los postulados; una segunda sala que definirá la situación jurídica de los procesados, a fin de valorar si perpetraron crímenes internacionales de competencia de esta jurisdicción; una tercera sala encargada de acusar formalmente a estos actores de la guerra, tal cual como hoy lo hace la Fiscalía General de la Nación; y una cuarta sala dedicada a estudiar amnistías e indultos y que valorará casos de guerrilleros o agentes de la Fuerza Pública ya condenados, los delitos conexos a la rebelión, y la facultad de archivar expedientes que todavía no han sido fallados por la justicia ordinaria.
Esta última sala, si así lo define, puede negar indultos y enviar esos expedientes al Tribunal Especial para la Paz. Este tribunal, que constituye el corazón de la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá a su turno tres salas que muy seguramente serán ocupadas por los 25 magistrados de este sistema de justicia transicional. La primera sala impondrá las penas restaurativas o sanciones con cárcel, según se defina, de acuerdo con los estándares de verdad aportados por los postulados, al tiempo que contrastará sus confesiones con las constancias históricas de la Comisión de la Verdad. La segunda sala operará como una segunda instancia para dirimir los conflictos más álgidos en torno a la valoración de ciertos crímenes y las penas. Y una tercera sala de revisión que podría examinar, reconsiderar e incluso anular sentencias contra generales de la República, parlamentarios con nexos con grupos ilegales y miembros de la sociedad civil que patrocinaron, agazapados o no, los ejércitos ilegales de medio siglo de guerra.
"Esta Jurisdicción para la Paz descansa sobre el ofrecimiento de verdad, el reconocimiento de responsabilidad y las garantías de no repetición por parte de todos los actores del conflicto. A partir de allí se definirán las sanciones a imponer, entre 5 y 8 años para quienes confiesen todo, y hasta 20 años de prisión para los que terminen siendo vencidos en juicio. Todo ello en un contexto en el que la restricción de la libertad resulte efectiva, al tiempo que se privilegian procesos de reparación. Es una mezcla de justicia restaurativa y prospectiva", señaló, a modo de conclusión, otra fuente que ha venido acompañando este catálogo jurídico que pretende hallar fórmulas para la reconciliación. Al margen de la controversia, en La Habana todo parece ir conforme a lo planeado. En Colombia, sin embargo, el avispero político está más alborotado que nunca. Estos son unos primeros datos para aportar al debate.
[Fuente: Por Juan David Laverde Palma, El Espectador, Bogotá, 17oct15]
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