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23sep15
Gobierno y Farc anuncian final de la guerra a más tardar para marzo de 2016
Este miércoles el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko', revelaron detalles del histórico acuerdo que alcanzaron en uno de los temas más importantes y polémicos del proceso de paz que se adelanta en La Habana: el de justicia transicional (restaurativa y reparadora), y anunciaron que se acordó que a más tardar en seis meses, es decir en marzo de 2016 deberá estar firmado el Acuerdo Final del Proceso de Paz.
Timoleón Jiménez, Raúl Castro y Juan Manuel SantosPrincipalmente, lo que se acordó en el punto de justicia fue crear una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial. Éstos estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y una participación, minoritaria de juristas extranjeros.
La función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo "acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".
En declaraciones entregadas desde La Habana, el Jefe de Estado y el máximo cabecilla de las Farc se explicó que el componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.
La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.
Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias. De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.
Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.
Fundamentalmente, el acuerdo señala que todo tratamiento especial está condicionado a la verdad plena, la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición de los delitos cometidos.
Se hace claridad de que la participación en ese sistema de justicia por parte de las Farc está sujeta a la dejación de las armas a más tardar a los 60 días de la firma del acuerdo final.
Por último, se reconoce en la declaración conjunta del presidente Juan Manuel Santos y de alias 'Timochenko', que la transformación de las Farc en un movimiento político legal es un objetivo compartido y tendrá apoyo del Gobierno.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 23sep15]
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