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22ago15
Así quieren implementar los acuerdos con las Farc
Fue el 21 de abril pasado, en el discurso del acto de apertura de la Feria del Libro de Bogotá, que el presidente Juan Manuel Santos dijo estar dispuesto a sacrificar todo su capital político y su popularidad para alcanzar la paz en Colombia. Una apuesta que se comenzó a jugar a fondo hace tres semanas, cuando planteó crear un "congresito" para desarrollar los eventuales acuerdos que se firmen con las Farc en La Habana, y mucho más ahora, cuando se sabe que una de las ideas es que le den facultades extraordinarias para sacar adelante reformas sociales acordes con la reconciliación nacional, como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desarrollo rural.
De eso se habló en la reunión del pasado martes en la Casa de Nariño con los voceros de los partidos que representan las mayorías en el Congreso. Ahí estuvo también Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en Cuba, quien previamente, en una declaración pública, dio puntadas cuando dijo que un acuerdo de fin de conflicto es una posibilidad de impulsar cambios positivos para Colombia, lo cual implica "reformas de diversa índole" que harán necesario "expedir normas nuevas y reformar otras". Y enfatizó que si lo acordado necesita reformas constitucionales para hacerse realidad, hay que hacerlas: "Reformar la Constitución no es violarla", sentenció.
Así las cosas, lo que se busca es un acuerdo político para llevar al Congreso, en unas dos semanas, un proyecto de acto legislativo que sería el soporte legal para blindar jurídicamente los acuerdos de La Habana. Para el Gobierno, se trata de una fórmula inmersa en la institucionalidad, y el hecho de que se requieran dos vueltas --es decir, ocho debates para su aprobación-- otorga espacio para que avancen las negociaciones en Cuba y se concrete el acuerdo. Dicho proyecto, precisamente, incluiría facultades al jefe de Estado y la creación de una "comisión legislativa especial", en otras palabras, el "congresito" del que habló Santos.
"Es apenas una de las opciones dentro de los varios mecanismos de implementación posibles", había dicho De la Calle. Sin embargo, según conoció El Espectador, el camino ya está trazado y el objetivo es que esa comisión especial esté integrada por senadores y representantes, posiblemente de las comisiones primeras, segundas y quintas, con presencia de delegados de las Farc, a lo cual sólo se llegaría siempre y cuando se haya dado el paso de la firma de la paz y la dejación de armas. Esta célula tendría la misión de acoplar lo aprobado en la negociación a la normatividad, con la posibilidad de tramitar leyes en poco tiempo en materia de justicia transicional, víctimas o participación en política, puntos neurálgicos en los diálogos.
Ahora, todo lo que saque adelante esa comisión legislativa especial significaría algo así como el primer debate. El segundo sería en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, las cuales sólo podrían decir sí o no, pues no se pueden dar cambios en asuntos que ya fueron acordados en las conversaciones en Cuba. Por cierto, para que una eventual objeción proceda se deberían tener mayorías. Como quien dice, una jugada clave en el entendido de que el uribismo --crítico acérrimo de la manera como se ha desarrollado el proceso de paz-- es hoy una oposición minoritaria y las posibilidades de sumar respaldo a su causa son escasas.
El acto legislativo incluiría igualmente la creación de dos tribunales especiales, que serían los encargados de juzgar a guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública procesados por hechos dentro del conflicto. Una fórmula necesaria para acallar aquellas voces que cuestionan al Gobierno acusándolo de haber igualado a soldados y policías con guerrilleros. Al mismo tiempo les cerraría el paso a los que hablan de impunidad. De hecho, el viernes pasado en Bucaramanga, a instancias del diario Vanguardia Liberal, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que los mecanismos específicos que se aplicarían en ese tribunal aún tienen que ser acordados con las Farc en La Habana: "Tenemos que negociarlos, porque tienen que ser de común acuerdo", indicó.
Lo cierto es que son todavía muchos los detalles por revisar y muchas las dudas que persisten, incluso en los partidos de la Unidad Nacional. Para algunos, el tema de entregarle facultades extraordinarias el jefe de Estado --por muy amarradas que sean-- puede verse como un acto dictatorial frente a un tema como la paz, que tiene respaldo y acogida ante la comunidad internacional. Otros piensan que el mecanismo de la comisión legislativa especial, con el visto final del Congreso, es más que suficiente. Ahora, como le dijo un senador a este diario, si se llegan a dar, se reglamentarían para dejarlas claras y que se sepa que antes tuvieron un juicioso estudio del Congreso. Mejor dicho: facultades extraordinarias, sí, pero limitadas.
Por otro lado, es claro que parte de la estrategia apunta a que las Farc se "bajen" de la idea de una asamblea constituyente, pues en el Gobierno y en la mayoría de la Unidad Nacional consideran que su convocatoria implica un dispendioso proceso, podría ser un salto al vacío y en su conformación podrían ganar mayorías sectores enemigos del proceso de paz, léase uribismo. "Ellos tienen que entender que no es una cuestión corporativa y que no se decide a dedo quién forma parte de ella. Si las votaciones no dan para tener mayorías suficientes, todo puede salir mal, además de que nos gastaríamos mucho tiempo, que es lo que no hay", expresó otro legislador de la coalición santista.
Como se ve, es un calculado juego de ajedrez político en el que el presidente Santos apuesta prácticamente sus restos. Con un escollo aún por superar: la refrendación, sobre todo porque, así muchos digan que quizás no es necesario y que esa facultad puede recaer perfectamente en el Legislativo, el primer mandatario insiste en que él honra sus compromisos y va a someter los acuerdos al juicio de los colombianos. Hay ideas, como que la comisión especial diseñe caminos diferentes a los que hoy contempla la Constitución o adapte uno de ellos, sin que exista el riesgo de que se caiga lo acordado. Todos saben que es casi imposible o un "suicidio" someterse a un referendo con 60 preguntas. La misión es buscar algo más expedito, como se dio recientemente en Grecia, donde en ocho días se armó y los ciudadanos votaron sí o no por el rescate económico.
Múltiples ideas en las que, por lo que se ve, el Gobierno quiere dejar intacto el ejercicio del poder constituyente derivado del Congreso de la República, hoy por hoy la gran angustia de quienes lo conforman, sean o no de la coalición santista. Aun sí, las dudas persisten, pues hay fronteras funcionales, creadas por la jurisprudencia constitucional mediante la teoría de la "sustitución de la Constitución". Y como tal, no le está permitido al Congreso delegar su capacidad de reforma de la Carta Política en otro organismo que no sea una asamblea constituyente o en el pueblo por referendo. Dice el exsenador y constitucionalista Darío Martínez: "El afán explicable de lograr la paz no puede justificar una equivocación institucional en la escogencia de las vías que están trazadas en la ley de leyes, acudiendo a un novel e improvisado experimento constitucional, con la falsa creencia de que el derecho es un obstáculo para la paz".
La idea de una papeleta en las elecciones locales y regionales del 25 de octubre, como una manera de que los colombianos expresen su apoyo a la paz, es visto sólo como algo simbólico, mas no efectivo. Las próximas semanas serán de polémica y deliberación. La tarea del Gobierno y sus aliados políticos en el Congreso es darle legitimidad a esa delegación de poderes en cabeza del mismo jefe de Estado con facultades extraordinarias y en la comisión legislativa especial o "congresito". Nada fácil en un año electoral en el que el uribismo sabe que su capital político depende de ejercer la oposición.
Las otras facultades de Santos
La negociación de paz no ha sido el único argumento al que ha apelado el presidente Juan Manuel Santos para que el Congreso le otorgue facultades extraordinarias para hacer profundas reformas sin necesidad de que formen parte del articulado de una iniciativa legislativa.
La usó cuando realizó la reforma a la estructura del Estado cuando se crearon los nuevos ministerios, también fue empleada para reformar la Fiscalía en lo que se denominó una 'Fiscalía para la paz', las mismas facultades se emplearon para reformar la Defensoría del Pueblo y en el Plan de Desarrollo se le otorgaron para ajustar impuestos territoriales, para reformar las estructuras del sector agropecuario y para modificar entidades del orden central.
[Fuente: Por Hugo García Segura y Felipe Morales Mogollón, El Espectador, Bogotá, 22ago15]
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