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27oct14


Fiscal Eduardo Montealegre desmiente enfermedad a su regreso de la visita a la CPI y al Tribunal Europeo de Estrasburgo


De regreso del viaje que lo llevó a reunirse en La Haya con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, el fiscal Eduardo Montealegre admite que su posición de no cárcel para los máximos responsables de la guerrilla en aras de la paz tuvo poca acogida.

Montealegre, que sostuvo encuentros con altos funcionarios judiciales y del Ejecutivo de Alemania, desmiente una supuesta afección de salud y señala a dos exministros de estar detrás de esa versión.

¿Cómo evalúa la posición de la Fiscal de la CPI frente a las propuestas para avanzar en el proceso de paz?

La fiscal Bensouda valora todo el esfuerzo que ha hecho la Fiscalía colombiana, relacionado con las investigaciones en contexto y la priorización de casos. Este nuevo sistema ha permitido fortalecer el análisis criminal e introducir la 'investigación en contexto', con el fin de satisfacer los derechos a la justicia, la verdad y reparación de las víctimas. Es un sistema tomado de los tribunales internacionales y tiene tres aspectos que están muy relacionados entre sí: priorizar, contextualizar y asociar casos.

¿Pero fue una respuesta positiva al modelo?

Fue muy buena la recepción. Puedo anticipar que próximamente vendrán funcionarios de la CPI para ayudar en el fortalecimiento de los nuevos modelos de investigación de la Fiscalía colombiana.

Varias de sus propuestas frente al proceso de paz han sido polémicas. ¿Cuál es su percepción de la posición de la Fiscal de la Corte Penal Internacional frente a ellas?

La Fiscal considera que un proceso de paz es importante y no tiene objeciones sobre la forma como se va a construir el sistema de justicia transicional, tal y como está consagrado en el Marco Jurídico para la Paz. Es decir: centrado en la investigación de máximos responsables, en sistemas de selección y priorización de casos y en la investigación en contexto. La Fiscal tampoco cuestiona la capacidad institucional de investigación que tiene Colombia.

Ninguno de estos aspectos es considerado por la CPI, que estima que existe voluntad y capacidad institucional en Colombia para realizar las investigaciones. El punto en donde existen "profundas" diferencias es el relacionado con la pena para imponer a quienes sean encontrados responsables por delitos de competencia de la CPI, como los de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

¿Entonces, cree que la Corte Penal Internacional no se opondría a que los responsables de delitos graves no vayan a prisión?

En el pasado, la Fiscal de la CPI se pronunció en el sentido de considerar que una decisión de suspender la pena de prisión de los máximos responsables de los crímenes de guerra y contra la humanidad iría en contra del Estatuto de Roma. La opinión de la Fiscal es que el Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, sino también de castigar a los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas de la libertad. Es decir, en criterio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sin prisión efectiva no hay justicia. En una reunión que sostuve en la Corte Europea de Derechos, expresé mis críticas a la posición de la Fiscal y a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Señalé que, en Colombia, el proceso de paz debe construirse a través de sistemas de justicia distintos a los retributivos, es decir, a aquellos que consideran que solo con la cárcel es posible hacer justicia.

¿Cree que la posición de la Fiscal de la CPI podría afectar el proceso de paz?

No. De ninguna manera. La posición que tiene la Fiscal de la Corte Penal Internacional es todavía debatible, y existen sectores nacionales e internacionales de gran reputación que comparten nuestra posición y en los que encontramos un gran apoyo al proceso de paz. El paso por seguir es preparar una argumentación de altísimo nivel para defender en su momento, ante los jueces de la Corte Penal Internacional, nuestra visión de la compatibilidad de nuestro modelo de justicia transicional con el Estatuto de Roma. La posición de la Fiscal de la CPI no necesariamente debe ser la misma que la de sus jueces. Y son los jueces, no la Fiscal, los que deciden acerca de la admisibilidad de un caso ante la CPI.

¿Cómo quedan sus relaciones con la CPI?

En cualquier caso, las relaciones con la Fiscal de la CPI son de amplia colaboración y están en diálogo con el principio de complementariedad positiva. Por ejemplo, en relación con la admisibilidad de las conductas, la Fiscalía de la CPI ya ha venido reconociendo que en Colombia se han producido acciones judiciales importantes, en relación con conductas que son de competencia de la Corte, especialmente contra máximos responsables.En el reporte del 2012, la Fiscalía de la CPI expresamente señaló que no existía motivo para poner en duda la autenticidad de estas acciones. También ha destacado la implementación de la directiva de priorización, las actividades de investigación de la Dirección de Análisis y Contexto y el desarrollo de acciones judiciales contra todos los actores armados del conflicto.

¿Cómo cree que se está mirando en esas instancias internacionales lo que está pasando en Colombia?

Tienen un gran interés en el proceso de paz. La comunidad internacional es consciente de que estamos frente a una verdadera posibilidad de lograr una salida negociada del conflicto. Los tribunales internacionales siguen muy de cerca el curso de este proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con el eventual tratamiento jurídico que se les dé a los guerrilleros desmovilizados. Al mismo tiempo reconocen y ven con buenos ojos los esfuerzos institucionales por configurar un proceso de justicia transicional respetuoso con los derechos de las víctimas y ajustado a las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Ni la comunidad internacional ni la Corte Penal quieren ser un obstáculo para que Colombia logre la paz. Personalmente reafirmé una idea acerca de los sistemas de justicia transicional. No existe ningún modelo perfecto, ni todos los sistemas que se han adoptado en el mundo pueden ser trasladados mecánicamente al caso colombiano. Tenemos que buscar nuestro propio modelo de justicia transicional, en donde se atiendan cuidadosamente las críticas que se han elevado contra otros procesos, nacionales e internacionales, y ajustarlo a nuestra propia realidad. Una recepción automática de cualquiera de los modelos de justicia transicional foráneos sería un grave error.

Antes de emprender su viaje, usted planteó una tesis polémica acerca de un cierre definitivo de procesos por los diálogos de paz. ¿Sigue sosteniéndola?

Sí, efectivamente, planteé la necesidad de pensar en un cierre definitivo de todos los procesos con un alcance de cosa juzgada universal. Esta postura personal es el resultado de evaluar otros sistemas de justicia transicional. Estamos ante un dilema: ¿queremos que se investiguen caso a caso todos los delitos?, o ¿queremos identificar las causas estructurales que nos llevaron a esta situación? Si es lo segundo, la fórmula de investigación para hacerlo es la imposición de sanciones a través de macrosentencias que sean el resultado de macroprocesos.Por ejemplo, es muy importante una investigación concreta acerca de un caso de violencia sexual ocurrida en el marco del conflicto.

No obstante, es más importante aún identificar cuál fue la política sistemática de violencia sexual, para combatirla y evitar que nunca más vuelvan a ocurrir ese tipo de situaciones. Si no hay cierre definitivo para todos los actores, el conflicto armado se volverá una historia sin fin.

Colombia debe permitir un cierre definitivo de los casos, siempre y cuando el sistema de justicia transicional trate de investigaciones sistemáticas, a través de análisis y construcción de contextos que recojan las grandes situaciones.

Este cierre debe abarcar a todos los actores -Fuerza Pública, insurgencia y paramilitarismo- y solo puede hacerse cuando se han investigado las causas estructurales y se han establecido las responsabilidades y sistemas de reparación, centrados en el modelo de solo juzgar a máximos responsables e investigar solo los delitos de competencia de la CPI.

En relación con el paramilitarismo, por ejemplo, todavía falta una fase que no se ha investigado.

No sabemos cuál fue la responsabilidad de muchos colaboradores del paramilitarismo, de políticos, de empresarios vinculados con esas organizaciones y de varias personas que rodearon a los actores del conflicto.

El gran reto con un sistema de cosa juzgada universal radica en que esta debe estar muy bien sustentada en los estándares internacionales. Ninguna cosa juzgada es oponible ante los tribunales internacionales. El gran reto será demostrar que este sistema está justificado porque se hizo una investigación sistemática y se eliminaron las causas que originaron el conflicto.

Montealegre desmiente enfermedad

¿Es cierto que el verdadero motivo de su viaje a Alemania fue un tratamiento médico?

Hay dos exministros de Estado, Fernando Londoño Hoyos y Alfonso Gómez Méndez, quienes se inventaron el cuentazo de una supuesta enfermedad mía. Nada más falso y mentiroso. Cuando escuché las declaraciones de Londoño me acordé de un ensayo de Mario Vargas Llosa sobre el libro de Heinrich Böll Opiniones de un payaso, que se refiere a las contradicciones entre aquellos que orientan su vida conforme a una rigurosa moral cristiana, pero a la hora de las realizaciones políticas se fundamentan en la mezquindad y el engaño.

El rumor falso que tratan de expandir los exministros de Justicia merece incluirse en el libro de Borges Historia universal de la infamia. Los ataques de Londoño no me sorprenden, porque en la medida en que avance el proceso de paz, aumentará la histeria colectiva de la 'derecha carnívora' de Colombia, protectora de siempre de los señores de la guerra, tan responsables de la violencia en Colombia como la insurgencia guerrillera. En cuanto a Gómez Méndez, se está convirtiendo en una especie de Funes el memorioso, el personaje de Jorge Luis Borges, poseedor de una gran memoria y que solo vive para recordar y odiar. Estamos en el escenario del mundo al revés: cuando el Procurador viaja a La Haya a desprestigiar el proceso de paz, la extrema derecha lo consagra como prohombre de la patria. Cuando viaja el Fiscal a defender la solución negociada del conflicto, está dilapidando los recursos del Estado, según algunos, o en grave estado de salud, como lo dice ese ejemplo de virtud y ética llamado Fernando Londoño.

[Fuente: El Tiempo, Bogotá, 27oct14]

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