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17may14
Paso histórico cierra tercer punto de agenda de La Habana
Por primera vez en casi 30 años de intentos de paz entre el Estado colombiano y las Farc, esa guerrilla se comprometió a "poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado" con el narcotráfico.
El histórico pronunciamiento es el eje central del tercer acuerdo de la negociación entre el Gobierno y ese grupo armado, firmado este viernes en La Habana y por el cual las partes reconocen que "la construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país".
Son cuatro los ejes principales del tercer punto firmado en Cuba (que es en realidad el cuarto de la agenda).
El primero, la voluntad del Estado de cambiar el énfasis de la política antinarcóticos, que desde 1994 se basa en la fumigación y ahora tendrá como eje la sustitución voluntaria de cultivos y, cuando esta no funcione o se incumpla, la erradicación manual de coca.
El Gobierno, entre tanto, "se reservará la posibilidad de recurrir a la aspersión en casos extremos", según dijo Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Estado, pese a que las Farc dejaron expreso que no comparten esa posición. (Lea también: La meta: liberar al país de cultivos ilícitos y producción de cocaína)
La contraprestación de las Farc será contribuir al desminado del país entregando información sobre la ubicación de esas trampas mortales. Es un asunto clave porque las minas sembradas por todos los actores armados han matado en los últimos 20 años a 2.200 colombianos y han mutilado a 8 mil, casi todos campesinos.
Hoy, las Farc comparten con las bandas criminales presencia en todas las zonas de cultivo, pero son más fuertes en las áreas con más coca: el Catatumbo, el eje Meta-Guaviare, en Chocó y Nariño. Allí está más de la mitad de las casi 50 mil hectáreas de coca que hay en Colombia y muchas siembras ilegales están protegidas con minas, para frenar a los equipos de erradicadores.
El tercer punto es el reconocimiento del Estado de que se necesitan soluciones más efectivas para ofrecerles oportunidades de desarrollo a las familias -poco más de 60.000- que viven de los cultivos ilícitos, y la disposición a utilizar fórmulas de sustitución de cultivos que sean concertadas en las regiones. "La aspiración es que todos los cultivadores y las comunidades en esos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa, que estará en cabeza de la Presidencia", dice el comunicado oficial.
El acuerdo incluye también la revisión, con fines de fortalecimiento, de la legislación contra el lavado de activos, las finanzas del narcotráfico y la corrupción oficial derivada de ese negocio. Así mismo, la descriminalización de los "eslabones más débiles" en la cadena del negocio del narcotráfico -los consumidores y los cultivadores- y el compromiso del Gobierno para seguir impulsando en foros internacionales el replanteamiento de las políticas represivas frente al fenómeno.
El viernes, las partes reiteraron la condición inicial de que los puntos ya firmados solo se harán efectivos cuando se firme el Acuerdo Final. Horas antes, las Farc y el Eln anunciaron una tregua unilateral entre el próximo miércoles y el jueves siguiente a la primera vuelta presidencial . Es la primera vez que esto sucede para unas elecciones para Presidente de la República.
Desminado, un punto fundamental
Los campos minados se convirtieron en los últimos cinco años en la principal arma de la guerrilla para frenar el avance de la Fuerza Pública hacia sus zonas de retaguardia, y, sobre todo, para impedir la erradicación manual. Tan solo este año han muerto 11 erradicadores y policías, pero son los civiles los que siguen poniendo el mayor número de víctimas. El acuerdo dice que las Farc colaborarán con el "suministro de información" sobre la ubicación de campos minados "en los términos que se consignen en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto".
Sustitución de cultivos y desarrollo
Con la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el Gobierno entraría a zonas con cultivos ilegales y a guiar a la comunidad para que la erradicación voluntaria termine en el reemplazo de sembradíos ilícitos en lícitos.
Sobre ese punto, el Gobierno, de la mano con organismos internacionales, viene invirtiendo cada año casi 450.000 millones de pesos.
Pero sumado a eso, el país se compromete en el acuerdo a buscar soluciones a las condiciones de pobreza de las casi 61.000 familias que se dedican a los cultivos ilícitos, según el censo del Simci. Eso traduce en asegurar la presencia del Estado, no solo con Fuerza Pública sino con educación, salud, entre otros. "El compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir", señala el acuerdo.
Ese desarrollo será diseñado en "planes integrales" con la participación de la comunidad y las autoridades.
Fumigación de cultivos ilícitos pasa a segundo plano
La estrategia de erradicación manual forzosa será la base de la estrategia de choque contra el narcotráfico. Esto no es nuevo para el Estado, que en el 2008 alcanzó la mayor cifra de erradicación manual con casi 96.000 hectáreas.
En el acuerdo del viernes se fijó que la erradicación forzosa, la que hace la Fuerza Pública y los Grupos Móviles, solo procederá cuando los cultivadores reincidan en la siembra o se nieguen a optar por la vía voluntaria y la sustitución. En todo caso, antes de aplicar el mecanismo forzoso el Estado deberá informar al cultivador. Además, intentará prevalecer la erradicación manual y no la fumigación, que será aplicada en casos excepcionales. La aspersión ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico. En el 2006 se fumigaron 172.000 hectáreas.
Énfasis en prevención
Las partes acordaron que la política contra el narcotráfico tendrá como uno de sus ejes el reconocimiento de que los consumidores necesitan tratamiento y que no deben ser perseguidos judicialmente, como tampoco los cultivadores.
"La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas tendrá un enfoque de derechos humanos y de salud pública, un enfoque diferencial y de género. Se fundamentará en la evidencia y se construirá e implementará con participación de las comunidades", dice el acuerdo.
El Estado se concentrará "en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización o agrupación criminal relacionados con la producción y comercialización de drogas ilícitas".
Esto, a través de "una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico mediante un proceso de mapeo del delito por parte de un grupo de expertos, la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas".
Extradición, pendiente
En el acuerdo no quedaron explícitos varios temas que tendrán que ser abordados de nuevo en la mesa de La Habana.
Uno fundamental tiene que ver con la situación jurídica de los jefes de las Farc, casi todos, que tienen procesos por narcotráfico en Colombia y, sobre todo, en EE. UU. Este país incluso ofrece recompensas de hasta cinco millones de dólares por los miembros del Secretariado y pidió en extradición al menos a dos decenas de cuadros de esa guerrilla. Tampoco hay claridad sobre qué va a pasar con los bienes conseguidos por la guerrilla con dineros provenientes del narcotráfico. Muchos de ellos están en este momento siendo ocupados por el Estado a través de la política de restitución de tierras.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, 17may14]
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