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11mar14
FARC-EP exige propuestas concretas para diálogos de paz
El XXI ciclo de diálogos para la paz en Colombia concluyó en esta capital con la exhortación de las FARC-EP al Gobierno de ese país suramericano a presentar propuestas concretas para solucionar el problema de las drogas ilícitas.
Tal demanda fue expresada por el jefe de la delegación insurgente de paz, Iván Márquez, al cierre de esta ronda de conversaciones, que culminó sin que las partes lograran elementos objetivos en torno a la cuestión de los estupefacientes, tercer tema que se discute de una agenda de seis puntos.
Márquez instó al Ejecutivo a presentar "propuestas concretas de solución, que faciliten con prontitud salidas sensatas a la temática", luego de que la insurgencia expusiera más iniciativas antidrogas, ante el tradicional silencio del gobierno, característico de estos diálogos iniciados hace 15 meses.
En su alocución a la prensa, el líder guerrillero criticó también la actuación del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a quien acusó de "disparar todos los días contra el propósito de la paz en Colombia" y de estar involucrado en un entramado de corrupción dentro de las fuerzas armadas y de las instituciones del Estado.
A ello se suman en este ciclo los reproches insurgentes al gobierno por manejar un doble discurso, con dos agendas diferentes para la conducción de los destinos del país: "aparte de la Agenda de paz de La Habana, la agenda de guerra se sigue urdiendo en conciliábulos oscuros con el gobierno de Estados Unidos", aseguran.
Por su parte, el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, acusó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) de crear obstáculos -con sus declaraciones sobre Pinzón- al proceso de paz.
De la Calle manifestó que el proceder de las FARC-EP parece estar orientado a impedir los avances de las conversaciones y llamó a la insurgencia a hacer "menos declaraciones y más acuerdos".
Sin embargo, tales afirmaciones sobre presuntas trabas de la guerrilla a las pláticas contrastan en un escenario donde la insurgencia ha mostrado compromiso al presentar un total de 50 propuestas mínimas para la solución al problema de las drogas ilícitas.
Desde enero, la guerrilla expuso detalladamente su política antidrogas, contraria a la visión del Ejecutivo de erradicación forzosa de cultivos ilícitos a través de la llamada guerra contra las drogas, que las FARC-EP rechazan por su nula efectividad e impacto negativo en la población y medio ambiente.
Al respecto, las FARC-EP consideran que las estrategias del gobierno de Bogotá, entre ellas el Plan Colombia, para erradicar los cultivos y la producción de narcóticos fracasaron, de ahí el sentido de las propuestas de la guerrilla para acabar mediante otras vías con el problema de las drogas.
La iniciativa insurgente prevé la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, mediante programas de desarrollo alternativo que garanticen ingreso, bienestar y trabajo digno para las comunidades campesinas involucradas.
Tales planes persiguen superar las condiciones de pobreza y miseria de esas comunidades, que se han visto forzadas, por su situación socioeconómica, a la producción de cultivos ilegales.
La otra vía propuesta por la insurgencia para la sustitución de los usos ilícitos aboga por la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado de la hoja de coca, amapola y marihuana.
Todo ello con base en el reconocimiento y estímulo a los usos alimenticios, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de esos cultivos.
Propuestas más destacadas del Ciclo XXI
A lo largo de este ciclo, las FARC-EP ahondaron en aspectos de su política antidrogas, como la descriminalización de los consumidores, a partir de tratar el consumo de drogas sicoactivas desde una perspectiva de salud pública.
En ese sentido, la guerrilla hizo énfasis en la responsabilidad central del Estado en la prevención del consumo de estupefacientes y el reconocimiento del fenómeno como una cuestión de salud.
Sobre ese asunto, las FARC-EP subrayaron que es un deber del gobierno garantizar el tratamiento terapéutico y rehabilitador de los afectados, así como el financiamiento de políticas contra el consumo.
Para atender los casos de personas dependientes a las drogas, propusieron crear centros gratuitos de atención ambulatoria y programas enfocados a la reducción de riesgos y daños, incluida la desintoxicación y recuperación de la autoestima.
Asimismo, la insurgencia consideró que las acciones diferenciadas de política criminal deben golpear a las grandes redes de comercialización y sus principales beneficiarios.
Por otra parte, la guerrilla demandó el desmonte de las estructuras narcoparamilitares entronizadas en el Estado colombiano, a las que calificó además de criminales y mafiosas.
Para ello, la insurgencia consideró que debe darse una depuración del Estado en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial, y el desmonte real y efectivo del poder narcoparamilitar.
Sobre tal punto, las FARC-EP plantearon la necesidad de depurar los órganos de control del Estado, en especial de la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, Notariado y Registro y la Registraduría Nacional.
Igualmente, demandaron la depuración de las fuerzas militares, la policía y los servicios de inteligencia; en atención -señaló la guerrilla- a los comprobados nexos estructurales que tienen con el narcoparamilitarismo.
Entre otras de las propuestas insurgentes más destacadas en este ciclo se encuentra la de un acuerdo político subregional de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, para formular iniciativas soberanas en la lucha contra las drogas.
La guerrilla propuso además la realización de una Conferencia Internacional sobre producción y tráfico de drogas ilícitas, para avanzar en la construcción de propuestas y acuerdos tendientes a la reforma sustancial del sistema internacional de control de drogas de Naciones Unidas.
También las FARC-EP solicitaron la conformación de una Comisión especializada de la Verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico, que incluya a representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de Unasur.
Con esta última iniciativa se busca lograr la identificación, persecución y expropiación de activos provenientes del negocio de las drogas ilícitas, así como el establecimiento de regulaciones financieras y auditorías especiales.
Más allá de sus diferencias en cuanto a visiones para resolver el problema, guerrilla y gobierno proseguirán en el próximo ciclo con el tema de drogas ilícitas, tras alcanzar en 2013 acuerdos esenciales en la cuestión agraria y la participación política.
Como resultado de ello, se logró consenso en cuestiones como el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, las fronteras agrícolas y la protección de zonas de reserva.
Además, se reconoció el derecho de reunión, a la libre circulación y expresión, la libertad de conciencia y también los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en una democracia tras el fin de la beligerancia, puntos cardinales propuestos en diferentes plataformas por la guerrilla.
[Fuente: Por Jorge Hernández Alvarez, Prensa Latina, La Habana, 11mar14]
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