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23oct04
Fue el gobierno quien manejó el programa de reinserción del l M-19', dice Otty Patiño.
Advierte que el Gobierno quería usar el tema del punto final para desprestigiar a ese grupo en el marco del debate sobre el Palacio de Justicia.
Patiño agrega que él no es el vocero de los desmovilizados sino una especie de albacea del acuerdo de paz que se firmó, que nunca actuó como intermediario para 'cuestiones económicas entre la gente y la oficina de reinserción' y que, además, el M-19 ya no existe como organización.
"Nos quieren hacer ver como una organización dividida y, primero, no somos organización y, segundo, ya no existimos como tal. Yo milito en el Polo Democrático".
Añade que es falso que el punto final no se haya firmado aún por las divisiones internas y asegura que desde un comienzo él objetó el texto del mismo porque le parecía 'indigno y horrible' que el Gobierno pretendiera conseguir paz y salvos por todas las obligaciones pendientes, quitándole a la gente la posibilidad de hacer alguna reclamación: "Esto jurídicamente está por fuera del sentido común y políticamente es horrible. Los acuerdos de paz no se honran pagando una plata".
Dice que no sabe si adrede se aceptó la interlocución con otros sectores 'con el cuento de que el vocero no representaba a todo mundo', aprovechándose de las necesidades de la gente y permitiendo que presentaran sus pretensiones y proyectos que alcanzaron los 15 mil millones de pesos.
"El Gobierno abrió esa compuerta y a él le corresponde definir cómo va a canalizar estas solicitudes (...) Yo solo propuse que el dinero fuera manejado en una fiducia (...) que no fuese un bulto de plata tirado a la furia para que se mataran entre sí, para que no se convirtiese en un elemento de pugnacidad".
No obstante, advierte que si el Gobierno va a girar unos recursos que lesionen la dignidad de la gente, él no firmará el punto final.
También asegura que todos los desmovilizados recibieron ayuda, cobertura en salud y que todos tuvieron la oportunidad de validar primaria y bachillerato y estudiar una carrera.
"Si no son bachilleres es responsabilidad de ellos. A todos se les dio oportunidad. Por eso se debe hacer un censo para establecer quiénes se beneficiaron realmente".
En este sentido, reconoce que algunos recibieron más ayuda que otros porque emprendieron proyectos productivos que valía la pena apoyar y en donde se vio mucho trabajo y esfuerzo.
Pero aclara que los voceros tan solo definieron políticas generales de reinserción, que fue el Gobierno el que manejó el programa y que él nunca señaló a las ONG que debían ejecutar los dineros. Además, que si quienes protestan creen que hay delitos, que denuncien: "Para eso estamos en un Estado de derecho".
Por eso, cree que es el Gobierno quien debe hacer el corte de cuentas: "Pero que se haga con claridad, no de una manera tan machetera como la que está planteando".
Dice que la parte política que él está exigiendo que quede plasmada en el punto final hace referencia a cosas ya pactadas que no se cumplieron. Entre otras, la creación de una comisión para estudio del narcotráfico; la revelación de los nombres de miembros de grupos paramilitares; el esclarecimiento del crimen del dirigente Carlos Pizarro; la depuración de las bases de datos donde desmovilizados siguen figurando con prontuarios; y el cumplimiento de los acuerdos de estudio (con el Icetex) y de entrega de tierras (con el Inurbe).
En estos puntos coincide con los ex combatientes que hoy lo desconocen.
Finalmente, dice que ni Antonio Navarro ni ningún otro dirigente tienen que ver con este tema.
Patiño dice que sospecha que el Gobierno está poniendo a pelear a la gente porque se gastó la plata de los acuerdos de punto final en la política de reinserción.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 23oct04]
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